Aviones agrícolas recorren hasta hoy en día los sojales que rodean la casa familiar en donde vivía Sofía, fumigando los cultivos. Ahora hay una barrera viva de yuyales, que es obligatorio por ley ambiental para alejar a las comunidades de los sojales y luego están las plantaciones, aunque ya es demasiado tarde. No solo hubo contaminación del aire mediante las fumigaciones con avionetas, sino también del pozo de donde la familia sacaba el agua para consumo. Sin darse cuenta, el veneno se iba acumulando de a poco en su cuerpo.
Sofía Talavera tenía en su sangre cantidades elevadas de glifosato y otros tipos de plaguicidas como fenol y carbamatos cuando, a los 16 años, dio a luz a Vidal Samuel Ocampo Talavera, en 2006. Tras semanas en incubadora y luego de meses de internación, el pequeño murió a los siete meses de edad por una hidrocefalia congénita producto de la exposición de la madre a estos agroquímicos. Su muerte sigue impune y probablemente quedará así, ya que la Fiscalía ni ninguna institución del Estado se interesa en actuar de oficio.
Además de la constante exposición, dos años antes de su embarazo el sojero Herman Schelender, manipulando una fumigadora, roció y contaminó una bolsa con carne y fideos que se usó para preparar un almuerzo que afectó a Sofía, a sus hermanos y a su madre Petrona Villasboa, según se comprobó en juicio. Fue lo que desencadenó una serie de tragedias familiares que luego de 17 años sigue afectando a sus hermanos, padres e hijo.
Sofía vivía con sus nueve hermanos en la compañía Pirapey, a 35 kilómetros del centro de Edelira y a 145 de Encarnación. En el lugar aún vive Petrona, mamá de Sofía y abuela de Vidal.
“Cuando nosotros sufrimos ese envenenamiento, acá a quince metros de mi casa ellos echaron el veneno cuando había viento fuerte. Y ahí rociaron todo en nuestra casa, todo”, cuenta la abuela, quien decidió no callar y enfrentarse a los sojeros y a las transnacionales.
Es que la muerte del pequeño Vidal fue la segunda tragedia de la familia, pues en el 2003, tres años antes, Silvino Talavera, hermano de Sofía, falleció cuando tenía 11 años de edad por intoxicación con agroquímicos. El niño fue empapado con plaguicida cuando llegaba a su casa con una bolsa con la carne y los fideos que Petrona utilizó para preparar una comida y que terminó por intoxicar y enviar a internación a casi toda la familia. El niño venía de hacer compras y recibió en todo su cuerpo el veneno de la fumigadora. En un principio la familia no dimensionó las consecuencias de la imprudencia criminal de los empresarios de la soja.
El Estado no actuó con diligencia. Doña Petrona denunció, se manifestó e insistió en la Fiscalía para que se abra una investigación. Lo hizo por su hijo. Y en la muerte de su nieto respeta la decisión de su hija de no lidiar con la dilación y la burocracia del servicio de justicia y con los amedrentamientos de los empresarios y sojeros.
Cuando la familia comenzó a sentir los estragos de la contaminación, en 2003, varios de sus integrantes se hicieron pruebas de sangre y Sofía dio positivo a varios tipos de agroquímicos, recuerda doña Petrona. A pesar de que todos quedaron hospitalizados y Silvino estaba grave, otro sojero, Alfredo Laustenlager, volvió a fumigar sus cultivos de soja a escasos 15 metros de la casa de la familia Talavera.
“Hicimos el análisis a tres de mis hijos y mi hija tenía tres clases de veneno en su sangre. Nos fuimos a hacer en la ex-Lacimet, pero no a toda la familia porque son (pruebas) muy caras. Pero sabemos que todos tenemos veneno en nuestra sangre”, cuenta Petrona.
Como Sofía sabía que fue expuesta a plaguicidas, durante su embarazo tomó recaudos y siguió tratamientos médicos. De igual forma, no sorprendió cuando los médicos le indicaron que el feto tenía complicaciones.
“La criatura nació por cesárea. Entró en incubadora por cuatro días y después, durante dos semanas, lloraba y lloraba desesperado mientras le crecía su cabecita”, recuerda. Si bien la hidrocefalia puede ser por predisposición genética, también es ocasionada por influencias ambientales durante el desarrollo del feto, como el caso de la exposición a plaguicidas.
El pequeño estuvo internado varios meses en el Hospital Materno Infantil de San Lorenzo y se sometió a dos operaciones en las que los médicos intentaron tratar la acumulación excesiva del líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo. Fue en vano. Murió el 11 de septiembre de 2006. “Tenía mucha presión alta. No iba a vivir luego”, acota.
La muerte de su primer hijo no fue lo único que sufrió Sofía Talavera. Quedó con secuelas de la intoxicación y tuvo que seguir un régimen de fertilidad para poder concebir otra vez. En el 2019 dio a luz. El hermano de Vidal tiene en su sangre rastros de los plaguicidas y el bebé sigue un tratamiento médico que busca garantizarle una mejor calidad de vida.
Y si bien la muerte de Vidal Samuel quedó impune, la de su tío, Silvino, es el primer caso con condena por una muerte asociada al uso de agroquímicos. Petrona denunció y se mantuvo firme en su lucha para pedir justicia por su hijo. Cuando parecía que los responsables iban a ser castigados, la tragedia de su nieto volvió a enlutar a la familia.
Nueve meses antes del nacimiento de Vidal, en julio de 2005, los sojeros Schelender y Laustenlager fueron condenados a dos años de prisión -pena excarcelable- acusados de “utilizar en forma desproporcionada agrotóxicos en cultivos de soja” según el Tribunal, lo que ocasionó la muerte del niño Silvino Talavera. También fueron condenados a pagar una indemnización de G. 50 millones. Sin embargo, nunca pisaron la cárcel y tampoco fueron procesados por la muerte del hijo de Sofía.
El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) es el órgano encargado de autorizar y controlar la comercialización y uso de fertilizantes, insecticidas, herbicidas y otros productos afines, de acuerdo a la Ley Nº 3742/08.
La normativa establece en los casos de pulverización aérea la obligatoriedad de una franja de protección de 200 metros entre la zona de fumigación y todo establecimiento humano. En el rociado terrestre debe ser de 100 metros, de acuerdo a los artículos 70 y 71.
También es una obligación que antes de la fumigación se haga una inspección de la zona para comprobar que no haya personas, animales o cursos de que puedan ser afectados. La ley hasta contempla sanciones y multas para los infractores.
Petrona y todos en Edelira saben que en la práctica estas disposiciones poco se cumplen. Sus vecinos sojeros se adecuaron a las normativas después de que los llevó ante la Justicia. La contaminación sigue siendo constante y si no hay denuncias, el SENAVE ni el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) toman cartas en el asunto, lamentó.
“Yo conozco muchas criaturas que salieron así, con hidrocefalia o que no tienen pierna. Hay muchas criaturas que nacen con malformaciones y es por el veneno de los sojeros. Pero las familias no hablan porque tienen miedo. Yo, por ejemplo, no tengo miedo de los dueños de los cultivos, de las empresas transnacionales y eso que hasta ahora sufro amenazas de muerte. Igual nomás yo no tengo miedo para hablar y denunciar las cosas”, dice enfáticamente doña Petrona.
Y es que los casos de Vidal Samuel y de su tío Silvino no son aislados. La docente y pediatra del Hospital Regional de Encarnación, Stela Benítez Leite, se percató de un aumento de los nacimientos de niños con deformaciones congénitas en este hospital público, cabecera del departamento de Itapúa. Se abocó a estudiar las posibles causas y confirmó una conexión de las patologías con los plaguicidas.
El 34,61% de los niños nacidos en el Hospital de Itapúa con malformaciones congénitas entre marzo de 2006 y febrero de 2007 eran hijos de madres que vivían a menos de un kilómetro de los campos fumigados. Son datos de la investigación liderada por Benítez Leita que concluyó que vivir cerca de campos fumigados representó en ese periodo dos veces más riesgo de tener hijos con malformaciones, comparado con aquellas mujeres que no vivían cerca. El paper se publicó en agosto de 2009 en una Revista Chilena de Pediatría.
Igualmente, la investigación de Stela Benítez no se limitó a Encarnación e Itapúa, ya que encabezó otros estudios relacionados al tema. Uno publicado en 2017 reveló daño genético en niños expuestos a agroquímicos. En este último trabajo se detectó daño en el material genético analizado de 43 niños de una población rodeada por cultivos de soja, en Canindeyú, que se comparó con el de 41 chicos de una comunidad que no estaba expuesta a plaguicidas ni cerca de campos de monocultivo.
Las malformaciones congénitas también pueden tener otros perjuicios y no solo son en el campo de la salud. Por ejemplo, se estima que los niños y adolescentes con estas patologías podrían tener dificultades escolares. En esa línea, los estudios sobre las consecuencias de los agroquímicos en áreas de monocultivo continúan en Paraguay.
En Alto Paraná un equipo de docentes investigadores analiza la relación entre problemas de aprendizajes con las malformaciones congénitas asociadas al uso de plaguicidas, trabajo que se publicaría pronto.
Cada nueva investigación que sale a la luz confirma y reconfirma que las muertes y enfermedades no son accidentes. Vidal y Silvino murieron por la avaricia de productores que se niegan a adecuarse a las normativas sobre el uso de plaguicidas y por vivir en un país en el cual el Estado no garantiza los derechos de su gente, no impone multas ni muestra un mínimo interés en el resguardo de la población.