El BAAPA forma parte de una de las 200 ecorregiones más importantes del planeta, identificadas así por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Integra lo que se conoce como el Bosque Atlántico, que originalmente cubría más de 1.300.000 km² (130 millones de hectáreas) desde la costa atlántica de Brasil hasta la zona noreste de Argentina y el este de Paraguay, país en el que toda la riqueza natural corre un grave peligro.
La devastación de los bosques, que empezó en la región Oriental de Paraguay en los años 70 con el ingreso de la agricultura mecanizada, obligó a que las autoridades piensen en maneras de proteger los bosques y el hábitat de miles de especies que estos alberga. Así fue que se establecieron diversos instrumentos legales, siendo el más importante la creación, en 1994, a través de una ley, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Paraguay (SINASIP).
Dos años después de la creación del SINASIP, se promulgó, en 1996, la Ley 716 que sanciona delitos contra el medio ambiente. No fueron las únicas normativas creadas. Desde 1990 hasta esta parte, se han formalizado al menos diez leyes bien específicas y concretas que guardan relación directa con la protección ambiental, que procuran resguardar los bosques, los ríos y hasta los suelos. Quizás la más famosa sea la que se dio a conocer como “Ley de Deforestación Cero”, Ley 2.524/2004, que entró en vigencia en 2005 y prohíbe la tala o el desmonte de bosques en toda la región Oriental, debido a las alarmantes cifras de deforestación que se tenían en esos tiempos. A pesar de todas estas normativas, la destrucción del Bosque Atlántico en Paraguay no ha parado.
Un informe de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) señala que la región Oriental tenía una superficie boscosa de 5.650.000 hectáreas en 1984. Para 2018, la misma se redujo a 2.745.156 hectáreas, de acuerdo con un informe del Instituto Forestal Nacional (INFONA). Es decir, el 48% de la superficie boscosa se perdió en 34 años. Datos satelitales de GFW apuntan a que la región de influencia del Bosque Atlántico, que abarca 10 de los 14 departamentos de la Región Oriental, pierde un promedio de 49.000 hectáreas al año pese a la Ley de Deforestación Cero.
La extracción de madera, los cultivos de granos y las plantaciones de marihuana figuran como las principales causas. De estas tres actividades, la última es la que se ha instalado con total impunidad en las áreas protegidas de toda la región, destruyendo bosques nativos.
Sin embargo, históricamente, la soja ha sido y sigue siendo la principal razón de tantos desmontes en la zona de influencia del Bosque Atlántico. Según datos del Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO), en la campaña agrícola 2019-2020 la soja ocupó 3.637.511 hectáreas en departamentos que forman parte del BAAPA. Esto le sirvió a Paraguay para convertirse en el quinto mayor productor de soja en el mundo, con una producción de 9,9 millones de toneladas. Así señala el informe del departamento de Agricultura de Estados Unidos, país que es el segundo productor mundial con 96,8 millones de toneladas, por detrás de Brasil, que sigue siendo el mayor productor sojero del planeta con 125 millones de toneladas en la referida campaña.
Según la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosa (CAPECO), en la zafra de 1996 – 1997, el territorio de siembra de todos los granos en todo el territorio Paraguayo abarcó un total de 1.050.000 hectáreas, incluyendo la soja, maíz y el arroz, entre otros. En esa misma época, la superficie boscosa en la región Oriental de Paraguay era de 4.208.700 hectáreas, según datos del Ministerio del Ambiente. Veinte años después, la realidad ya se torna diferente; la soja llegó a las 3,6 millones de hectáreas solamente en la región Oriental, mientras que la superficie boscosa bajó a 2.745.156 hectáreas, según informes satelitales de la GFW.
Actualmente, una gran parte de este remanente boscoso se mantiene en zonas de reservas o parques nacionales, que están cada vez más asfixiados por las plantaciones de soja que, en la mayoría de los casos, sobrepasan las líneas de amortiguamiento que deben servir para proteger el núcleo de los bosques. Actualmente, en la Región Oriental, al menos 1.700.000 hectáreas están dentro de áreas protegidas, monitoreadas mediante el SINASIP. Para proteger todo este territorio, el Ministerio del Ambiente cuenta con 53 guardaparques, cuando la cantidad ideal, según los propios técnicos de esta institución, sería al menos 250 guardaparques para hacer un control eficaz. La falta de presupuesto ministerial hace imposible contratar mayor personal forestal.
La Global Forest Watch (GFW) forma parte de un proyecto del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) y Google, que cuenta con información y colaboración de 40 instituciones internacionales. Se trata de una herramienta que hace un monitoreo diario de las pérdidas de bosques en todo el mundo en tiempo real, gracias a un diverso sistema satelital. La base de datos abarca información desde el 2001 hasta el 2019.
En lo que respecta a Paraguay, los datos de la GFW son brutales. Durante ese periodo el país perdió 6.033.095 hectáreas de cobertura arbórea, es decir, el 14% del territorio país (40.675.200 hectáreas), cifra que en toda Sudamérica es únicamente superada por el gigante del continente, Brasil, que se ubica como el número uno en desmonte a nivel mundial con 56 millones de hectáreas perdidas de 2001 a 2019, pero que en porcentaje representa el 6% de todo su territorio. Es decir, respecto a su superficie, Paraguay perdió más hectáreas de bosques que el mismo Brasil en los últimos 19 años.
El Tekoha Guasu en peligro
La reserva para Parque San Rafael es el territorio ancestral de la comunidad indígena Mbya Guaraní. Este remanente boscoso de unas 73.000 hectáreas, enclavado entre los departamentos de Itapúa y Caazapá, es conocido por los indígenas como su “Tekoha Guasu”, que más que un nombre, es una forma de entender la vida para los indígenas. No se trata solamente del lugar de residencia, sino que es el conjunto de cosas; El ambiente, el suelo, el agua, el aire que respiran, la lluvia, el frío, el calor, toda esa conjunción de una vida armoniosa con animales y plantas.
Allí han vivido generaciones enteras de los Mbya Guaraní, que han sido testigos en primera persona de la deforestación a gran escala de su territorio. Los Mbya Guaraní han visto cómo el lugar sagrado que es su Tekoha Guasu se va destruyendo año tras año. Han sufrido la desidia de las autoridades estatales y sobre todo, han sentido lo que es el olvido.
A principios de 2015, se juntaron casi 10 mil firmas para convertir la Reserva San Rafael/Tekoha Guasu en un parque nacional, para finiquitar el proceso de “Reserva para Parque”. Una denominación oficial que aparece en el propio Decreto 13.680 de 1992 mediante el cual se formó esta área protegida.
Entre las 10 mil firmas, no había una sola que sea de los indígenas Mbya Guaraní. Debido a eso, desde las organizaciones indígenas se movilizaron para que sean tenidos en cuenta con respecto a lo que se haría con las tierras en las que habitan. Por décadas, los indígenas que viven en el Tekoha Guasu/Reserva para Parque San Rafael han sido ignorados como parte de la vida misma de esta área protegida.
Arroyo Moroti es una comunidad indígena del pueblo Mbya que vive dentro de la Reserva para parque San Rafael/ Tekoha Guasu. Cerca de 50 familias hacen parte de esta comunidad, que viven en condiciones de extrema pobreza. Los incendios de noviembre de 2020 consumieron sus plantaciones de yerba mate y varias de las precarias viviendas de esta gente.
La comunidad tiene al menos 1.000 hectáreas tituladas dentro del Tekoha Guasu. Eusebio Chaparro, líder de Arroyo Moroti, dice que no reciben ninguna ayuda estatal desde hace tiempo, ni siquiera luego de los incendios ni durante la pandemia. Mientras Chaparro habla, unos niños de la comunidad se sientan en el suelo y escuchan. La pequeña escuela prácticamente dejó de operar desde mediados de marzo de 2020, con la llegada del Coronavirus a la región, cuenta Chaparro.
Chaparro es un hombre de estatura pequeña que habla lento. Dice que los indígenas de la zona se sienten totalmente abandonados, ya que deben soportar las consecuencias de la deforestación en sus diferentes facetas. Desde la expansión de grandes cultivos hasta la penetración de grupos narcos a sus reservas y bosques.
En toda el área protegida viven 22 comunidades indígenas que están dentro mismo del núcleo de la Reserva para Parque / Tekoha Guasu y 14 se ubican en la zona de influencia de la misma.
La debilidad estatal
Rodrigo Zárate, directivo de Guyra Paraguay, una organización que trabaja hace 20 años en la conservación del ambiente en la zona del Bosque Atlántico, sostiene que la situación actual es catastrófica, ya que a pesar de que existe una ley de prohibición, la destrucción de bosques no ha parado.
Zárate recuerda que en principio, los problemas eran los traficantes de madera y los cazadores furtivos, que se convirtieron en grandes dolores de cabeza para los guardaparques, para la gente que trabajaba en la protección del área protegida y para las comunidades indígenas.
Esta problemática fue mutando, señala Zárate, puesto que con el paso de los años, la zona empezó a ser un caldo de cultivo para productores de marihuana, que encontraron en las áreas protegidas de la región Oriental un lugar seguro para extender sus cultivos. Esta situación afectó la vida de las comunidades campesinas e indígenas que viven en la zona.
Un informe de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) indica que desde 2018 hasta mitad de 2020 se han decomisado 81.982 kilogramos de marihuana, que fueron procesados en parcelas dentro de cuatro áreas protegidas que forman parte del SINASIP en la región Oriental, que son las de San Rafael, Mbaracayú (Canindeyú), Reserva Morombí (Caaguazú y Canindeyú) y el Parque Nacional Caazapá (Caazapá).
En la denominada “lucha contra las drogas”, la presencia de estas áreas protegidas se convirtieron en un territorio efectivo para que los narcotraficantes operen con impunidad. Si bien hay cantidades importantes de parcelas destruidas cada año por los agentes antidrogas, la realidad es que no hay ningún responsable detenido o procesado por la destrucción ambiental.
Para quienes trabajan en la conservación de estas áreas protegidas, el ingreso del mundo narco se ha sumado a una serie de ilícitos ya existentes como el tráfico de rollos, la invasión de tierra y la expansión insaciable de las plantaciones de soja, que van acogotando los bosques.
El Ministerio Público tiene 27 agentes especializados en la Unidad Ambiental. En algunas zonas sensibles, como los departamentos de Canindeyú, Guairá, San Pedro o Itapúa, la fiscalía tiene apenas un agente por cada localidad, y en muchos casos, estos agentes tienen que atender también otros casos penales.
José Luis Cartes, director de Guyra Paraguay, cuenta que la Reserva para Parque San Rafael/Tekoha Guasu es un reflejo de todo lo que ocurre en todos las otras áreas protegidas de la región. “Los problemas se fueron agravando cada vez más. Cada época de elecciones políticas las cosas se ponen peor, con mayor cantidad de hechos ilegales, de invasiones” dice. Cartes recuerda que la Ley 352/94 de áreas silvestres protegidas establece que si existe un excedente de tierra fiscal – que es lo que alegan generalmente quienes invaden las tierras de las reservas o parques nacionales- el mismo debe pasar a formar parte del área protegida de forma automática, explica Cartes.
Actualmente, la Reserva para parque San Rafael/Tekoha Guasu soporta dos grandes incursiones de grupos de personas. La preocupación de las organizaciones que trabajan en la conservación de este lugar se basa en que este tipo de situaciones termina, casi con seguridad, con el desmonte de más bosques, a criterio de Cartes.
Los desmontes por incendios
A todo lo citado se suman también los incendios, que forman parte de los sucesos que provocan desmontes. Estas tragedias ambientales perjudican enormemente a las comunidades indígenas, a la fauna y la flora, en suma, a toda la biodiversidad.
En la sede operativa de la Organización Pro Cordillerana San Rafael (PRO COSARA), que trabaja en pleno corazón de la Reserva para Parque San Rafael/Tekoha Guasu, al menos 25 familias de la comunidad campesina Santa Ana, colindante con la zona de amortiguamiento del área protegida, fueron evacuadas debido a los incendios que azotaron toda la zona en noviembre de 2020 y destruyeron sus hogares.
Los operarios de PRO COSARA, que trabajaron durante días contra los incendios y también para evacuar a las personas, siguen en la labor de conseguir alimentos para esta gente, sobre todo a los niños y niñas, que hay en buena cantidad.
Para Alicia Eisenkölbl, directora ejecutiva de PRO COSARA, el hecho puntual que genera toda esta cadena de situaciones desfavorables es la indefinición legal de la Reserva San Rafael/Tekoha Guasu, que hasta ahora no aparece como Parque Nacional en el orden jurídico nacional.
“El San Rafael es un área que no está consolidado como Parque Nacional y ese es un gran problema. La pérdida de biodiversidad que tenemos con los incendios y con los desmontes después es muy importante”, relata Alicia.
Para la ambientalista, la problemática no se reduce solamente a un problema ambiental, sino que arrastra una carga social muy importante, ya que las comunidades -sobre todo indígenas- que viven en la Reserva para Parque San Rafael/Tekoha Guasu se ven muy afectadas por la deforestación que sufre el área protegida, ya sea por desmonte (para mecanizada o plantaciones de marihuana) o incendios.
Eisenkölbl tiene fe en que mínimamente las áreas protegidas puedan estar bajo resguardo.
Las reservas y parques son la última esperanza para que las generaciones futuras puedan disfrutar de bosques naturales y las comunidades indígenas puedan seguir viviendo mínimamente en sus entornos en la región Oriental del Paraguay.