Cuando indígenas de la comunidad La Patria del pueblo Angaité marcharon en agosto de 2020 fue porque en el Chaco pasaban hambre. Durante cinco días, hombres, mujeres, niñas y niños se manifestaron para reclamar víveres a un gobierno que les pedía quedarse en casa, pero no les daba alternativas de subsistencia. Habían pasado cuatro meses desde la última vez que las autoridades llevaron alimentos.
La pandemia de covid-19 no era lo más preocupante para las mil familias que se quedaron sin fuente de ingresos durante el confinamiento en esta comunidad de Puerto Pinasco, Presidente Hayes, ubicada a 462 kilómetros de Asunción, capital de Paraguay. Desde marzo, los estancieros dejaron de darles changas. También limitaron el acceso de los indígenas a sus establecimientos para que puedan pescar, mariscar (cazar) o recolectar miel.
La Patria tiene 22.520 hectáreas y está rodeada de estancias. Las tierras ancestrales de los Angaité están más allá de los límites de su comunidad, lo que significa que las estancias están en su antiguo dominio. La ley garantiza a los indígenas el acceso a esas tierras para que puedan realizar sus actividades de subsistencia. Pero en la práctica, dependen de la buena voluntad de los estancieros.
Indígenas no tienen garantías para ejercer su derecho a la subsistencia
«Una vez a la semana los muchachos salen. Los ganaderos tienen lagunas lindas, si les dan permiso de entrar, entran, si no, no entran» comenta Amancio Pinasco, líder y comunicador de la aldea Karoa’i, esposo y padre de tres niños.
Situaciones así vulneran el derecho de los indígenas a ejercer su economía tradicional. Esto está previsto en la ley 234 que aprobó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas en su artículo 14: «En los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia».
Las autoridades simplemente no intervienen. El cumplimiento de las leyes que buscan salvaguardar los derechos de las y los indígenas quedan así al arbitrio de los dueños de establecimientos ganaderos. La investigadora Tina Alvarenga explica que en estos casos deberían intervenir la policía, la fiscalía y el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). «Pero si las instituciones que deben hacer cumplir la ley no lo hacen, es muy difícil», lamenta.
Por otro lado, los recursos para abastecer esa economía de subsistencia desaparecen a medida que la ganadería extensiva y el agronegocio avanzan. La deforestación para pastura tiene un alto impacto sobre la pérdida de bosques y de biodiversidad: el Chaco abarca 78% de toda la superficie deforestada en 2019. Mientras, los efectos de este modelo de producción extensivo agrícola ganadero conlleva un gran cambio de uso de suelo.
Esto implica la disminución o pérdida de hábitat para la biodiversidad. El cambio de uso de suelo a su vez, está vinculado a los eventos climáticos extremos como las sequías intensas, inundaciones e incendios forestales recurrentes.
Sea para cazar en el monte o trabajar en la chacra, los indígenas dependen en gran medida de los estancieros.
«Trabajo por víveres cuando sale algo, ¡qué vamos a hacer! Tengo siete hijos, el menor tiene dos años y el mayor 15», cuenta Felipe Fernández de la aldea Tres Quebrachos, una de las 18 aldeas de la comunidad, y presidente de la Asociación Angaité para el Desarrollo Comunitario (Asadec). Dice que le puso ese nombre a la aldea en honor a tres grandes quebrachos que había cuando llegó.
Felipe y sus vecinos caminan al menos cinco kilómetros para llegar a una laguna donde todavía pueden pescar. Tienen que conformarse con los peces que agonizan en el lodazal para llevar el sustento a casa, «porque no hay otra cosa».
La pobreza es una condición de riesgo en la pandemia
Hasta el 5 de diciembre, La Patria no registra casos confirmados de la covid-19. La enfermedad más frecuente sigue siendo el resfriado común. Los indígenas resaltan que tienen un puesto de salud equipado en La Leona, que es una de las aldeas de la comunidad, pero faltan médicos y medicamentos.
Según datos de la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), el departamento más afectado por covid-19 ha sido Boquerón, Chaco, donde se registraron 20 de los 25 fallecimientos por la enfermedad hasta diciembre de 2020. Con una población indígena de 117.150 personas, los casos confirmados llegan a 250 en 14 de los 19 pueblos indígenas.
FAPI señala que aunque la propagación del virus y las muertes entre las comunidades indígenas de Paraguay son de las más bajas de la región, la pandemia ha tenido un severo impacto sobre ellas por condiciones preexistentes como la pobreza. En el país, seis de cada 10 indígenas vive en la pobreza. Esto ha agravado la inseguridad alimentaria durante el confinamiento.
Agua, caminos y vivienda: Derechos que en La Patria son privilegios
La prolongada sequía de 2020 empeoró la situación en La Patria. Como casi no llovió en un año, los aljibes estaban vacíos. Los indígenas cuentan que los camiones cisterna del gobierno traían agua para cargar los aljibes, pero resultó que era agua de tajamar, que no es potable. Como si ellos no fueran a darse cuenta. Por eso dejaron de pedir auxilio y ellos mismos van al tajamar.
«Los chaqueños sabemos cómo es el agua de tajamar. Se queda amansado el pira (pez), yacaré, un ky’a kua (sucio). Si no estás acostumbrado no vas a tomar. Pero así se sirven los compañeros, no hay otra cosa», dice Amancio.
La recomendación del Ministerio de Salud de lavarse las manos constantemente para prevenir contagios es de cumplimiento imposible en La Patria. Sin embargo, el cierre de la comunidad que implementan desde marzo ha tenido éxito para mantener el virus afuera. Solo dejan ingresar a los macateros, que son los vendedores ambulantes que les llevan provistas.
Para comprar víveres y productos básicos, la comunidad depende de los macateros que vienen cada 15 días. Les venden cinco kilos de arroz a G. 20.000, la bolsa de fideos a 25.000, medio litro de aceite a 10.000 y el combustible también a 10.000. Lo último es muy importante para quienes tienen moto. Para las familias de La Patria, estos productos son caros.
«Vienen los macateros, el que tiene plata compra, el que no, mira» bromea Amancio, aunque después aclara que así pasa en la vida real. Comenta que hay aldeas tan inaccesibles que ni siquiera los vendedores se animan a ir.
Moverse dentro de la propia comunidad es difícil, sobre todo para las aldeas que están al fondo. Casi no hay caminos internos, solo las picadas que se van marcando por el uso. Es el caso de la aldea Laguna Teja, donde ni siquiera llegan los macateros. Lo mismo en Monte Cue, Carpincho, Tatare, Colonia 24 y Laguna Hu. Para llegar a esta zona se debe cruzar el riacho González, algo imposible cuando hay crecida. Por eso los indígenas piden la construcción de caminos internos.
La necesidad de una vivienda digna es otra condición preexistente a la pandemia. La propia Constitución Nacional establece que el acceso a una vivienda digna es un derecho de “todos los habitantes de la República” y un deber del Estado buscar los mecanismos para hacer realidad ese derecho.
Sin embargo, los indígenas reclaman que el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH)-anteriormente Senavitat- termine las casas en las nueve aldeas que faltan. Denuncian que las obras quedaron paradas hace más de dos años. Explican que la ex Senavitat construyó viviendas en las aldeas que son visibles desde la ruta, «entonces parece que la comunidad está demasiado bien, pero no es así». La mayoría se hace de techo con remiendos de karanda’y, chapas y carpas. También piden la electrificación de seis aldeas que están al fondo.
El subsidio a las madres y la miel dan un respiro a la comunidad
Amancio cuenta que algunas familias pudieron sobrellevar la pandemia gracias a las transferencias monetarias de Tekoporã. Este programa social del Gobierno Central consiste en un bono familiar de G. 450.000 (USD 68) de pago bimestral, cuando el salario mínimo actual en Paraguay es de G. 2.192.839 (USD 331). Con esto, las madres compran víveres para sus hijos, aunque a veces los pagos se retrasan incluso tres meses.
La incidencia de este subsidio, sin embargo, es mínima para la necesidad que hay en La Patria. Por eso los indígenas reclaman que el Gobierno se olvidó de ellos: la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) les llevó provistas dos veces en nueve meses: 18 kilos por familia en abril y 40 kilos por familia en agosto, tras la manifestación de una semana. Nada más.
Desde septiembre, las familias de La Patria comenzaron a recolectar miel. Amancio cuenta que la «miel multifloral angaité» se convirtió en una fuente de ingresos para la comunidad.
«Nos estamos dedicando solo a la miel. Los compañeros van a las estancias a pedir permiso para recolectar, algunos se niegan, pero la mayoría nos permite entrar. Así está pasando la gente ahora».