De hecho, ese mismo año, se había aprobado el Estatuto Indígena, vigente hasta hoy día, donde se reconocía el derecho a la tierra y que esta sea otorgada por el Estado paraguayo de manera gratuita, una vez la comunidad esté reconocida jurídicamente por el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).
A través del expediente número 5.687/81, los Guaraní Ñandeva de Loma esperaban conseguir un pedazo de tierra en su territorio ancestral, ubicado en la frontera con Bolivia, cerca de la frontera con Argentina. Tres años después, el IBR emitió la Resolución Nº 640/84 donde declaraba Colonia Nacional Indígena y adjudicaba un total de 10.079 hectáreas en Infante Rivarola, distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.
*El Instituto de Bienestar Rural (IBR) funciona hoy con el nombre de Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).
La adjudicación del IBR no vino acompañada de ningún tipo de ayuda, ni siquiera del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), que tampoco dio el seguimiento siquiera para la titulación de las tierras a favor de la comunidad, por lo que hasta la fecha en los registros figura a nombre del Estado, es decir, del actual Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).
Juan Mozo, uno de los miembros de la comunidad, habló de las penurias que pasaron tratando de lograr condiciones de desarrollo en el lugar, pero que la falta de agua no permitió sostener la permanencia estable en las tierras. “Nosotros íbamos y veníamos, no importaba que hacía mucho calor, porque es acá donde nos hallamos, y con un pozo de agua ya podemos estar tranquilos para poder vivir y cultivar”, manifestó bajo el sol intenso del Chaco, con la esperanza puesta en el pozo recién construido y en lograr en algún momento energía eléctrica.
INVASIÓN Y CONFLICTO
Miño Ordoñe, vocero de la comunidad Loma, relató que la falta de agua los tuvo yendo y viniendo a las tierras que el IBR les había adjudicado, y que en este lapso de tiempo fue que los tres ganaderos, Miguel Angel Muñoz, Kurt Friesen Schroeder y Óscar Hein Ratzlaff, invadieron sus tierras, en total 3.307 hectáreas de las 10.079.
“Ellos pidieron en el 2010 al INDERT que se les adjudique nuestras tierras, como si fueran tierras fiscales libres, pero estas tierras son nuestras por resolución del IBR y no puede ser adjudicadas, por eso fuimos a exigir al presidente que no adjudique las tierras, y conseguimos que vengan a verificar y corroborar que son nuestras tierras”, explicó Ordoñe.
La abogada de la comunidad Loma, Emilia Cano, detalló que los ganaderos aprovecharon la poca capacidad de los indígenas de defender su territorio que según el Art. 64 de la Constitución Nacional, son irrenunciables; es decir que no pueden cederlas ni venderlas. Pero debido a su falta de asesoramiento y al nulo control del Estado, los productores lograron que algunos firmen supuestos documentos de renuncia de las tierras (personas sin representación), con lo que fueron hasta el INDERT a solicitar la adjudicación.
Las gestiones de la comunidad para defender legalmente sus tierras llevó a que el INDERT reconsidere la solicitud de los ganaderos y finalmente emita una resolución, la número 2.413 del año 2011, que sentenció el rechazo a las pretensiones de los tres empresarios.
Sin embargo, con las copias de los documentos de gestión en el INDERT, los ganaderos lograron licencias ambientales del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a pesar de que ya se les había rechazado la solicitud.
Esto abrió la puerta a una serie de conflictos entre los indígenas y los ganaderos por la deforestación sistemática que se dio con los bosques dentro del territorio de 10.079 hectáreas. Según el Instituto Forestal Nacional (INFONA), tras atender la denuncia por deforestación de tierras de los indígenas Guarani Ñandéva presentada contra los tres ganaderos, se confirmó una pérdida de 3.307 hectáreas de cobertura forestal sin permiso alguno.
Los miembros de la comunidad llegaron a retener las máquinas de los ganaderos que realizaban tareas de deforestación, ante la inacción de la Fiscalía a las denuncias presentadas. Pero esto motivó la denuncia de los ganaderos contra los indígenas, quienes cuentan con procesos abiertos por el fiscal Andrés Arriola.
Los ganaderos iniciaron juicios de interdicto de retener la posesión con lo que lograron medidas cautelares de no innovar que afectan los intereses de los indígenas, como por ejemplo la llegada de la energía eléctrica, clave para poder extraer agua.
“Pedimos encarecidamente al juez que levante la medida cautelar para poder tener energía eléctrica y acceso al agua, porque es un derecho humano y necesitamos para vivir y regar nuestros cultivos”, reclamó Ordoñe.
La comunidad sufrió el ataque de varios medios de comunicación que siguieron la línea de los ganaderos y falsearon datos, señalando que los indígenas fueron manipulados por una oenegé, de nombre Alter Vida, utilizando a indígenas que no eran de la comunidad, sino de otra, según lo reveló el propio líder de la comunidad Timoteo, Bernabé Flores, que reconoció a los miembros de su comunidad simulando pertenecer a la comunidad Loma.
Ciro Rojas, uno de los técnicos de la oenegé Alter Vida, explicó que desde el 2019 iniciaron un proceso de producción hortícola con la comunidad Loma, a partir de la construcción del pozo de agua y el uso de un generador de energía, pero que a la larga, esto genera inconvenientes por la falta de energía eléctrica.
“Este mes vamos a traer aves, unas 20 para cada familia, de manera que tenga huevo para consumir, y también la parte agrícola que no podemos extender por la falta de energía. Tenemos ahora agua, pero cuando falla el generador debemos enviar a Filadelfia a reparar y mientras tanto los cultivos ya se quedan sin agua, y por eso no se puede tener una producción contínua. Una vez que entre la energía eléctrica vamos a poder extender el cultivo agrícola”, explicó, indicando que ya habría un dictamen favorable de la ANDE (Administración Nacional de Electricidad) para el ingreso de la energía eléctrica.
Miño Ordoñe indicó que gracias a la ayuda de Alter Vida, lograron asentarse oficialmente desde el 8 de noviembre del 2018 en unas 200 hectáreas de las 10.079 que ocupaban históricamente, inicialmente con unas 45 familias. Si bien se menciona que en total son 62 las familias interesadas en vivir en Loma, la precaria realidad, la falta de agua y luz, genera que los grupos se vayan alternando entre la ocupación del territorio y otras comunidades del Pueblo Ñandeva de la zona.
La esperanza está puesta en que el INDERT finalmente culmine el traspaso de la documentación de la mensura judicial realizada a las 10.079 hectáreas, ya con el aval de la Dirección de Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para que posteriormente el INDI culmine los trámites de titulación a favor de la comunidad Loma.
Sin embargo, un problema aún latente son las acciones judiciales iniciadas por los tres ganaderos que pretenden forzar la adjudicación al IDERT. Los mismos iniciaron un juicio de retención de inmueble por mejoras introducidas, solicitando un pago de G. 6.000 millones cada uno, o sea G. 18.000 millones como indemnización por supuestos daños y perjuicios.
En total son tres juicios ordinarios en el Juzgado Civil de la Región Occidental, donde los ganaderos solicitan la retención de las fracciones y el pago de indemnización por mejoras introducidas, y, por otro lado, accionaron en el Tribunal de Cuentas contra la resolución del INDERT que rechazó sus solicitudes de adjudicación.
La Comisión de Pueblos Indígenas del Senado lleva el seguimiento de estos casos y ya ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que, a través de la Superintendencia. El titular de dicha comisión, el senador Miguel Fulgencio Rodríguez, manifestó que una de las causas ya se ha logrado destrabar.
El escenario ideal para los indígenas es que las causas presentadas por los ganaderos contra el INDERT finiquiten de una vez a favor del ente estatal, de manera a que no generen trabas para el proceso de titulación que vienen reclamando hace años a través de cierres de ruta y otras acciones.
Este caso es un fiel ejemplo de cómo las instituciones del Estado paraguayo actúan de manera negligente en su rol de hacer cumplir los derechos de los pueblos indígenas. El proceso de lucha por el derecho a la tierra de la comunidad Guaraní Ñandeva cobra fuerza recién en 1981, cuando la dictadura militar de Alfredo Stroessner se vio obligada a aprobar un Estatuto Indígena, según lo exigían los tratados internacionales.
Y si bien la comunidad consiguió en 1984 que el Estado resuelva adjudicarles 10.079 hectáreas, esta adjudicación nunca se formalizó en 36 años, ni se garantizó la ocupación y acceso a derechos fundamentales en el territorio, lo cual denota el abandono de varias instituciones del Estado como el INDERT, el INDI, y por otro lado, las instituciones del Poder Judicial que fueron y son utilizados para perseguir a los indígenas y beneficiar a sectores ganaderos que pretenden las tierras.