Eshnuwerta, la diosa del agua, cuida a los Yshir Ybytoso desde hace siglos. Pero esta deidad al parecer se ve sobrepasada por la contaminación que según los yshyro viene de aguas arriba, de los campos productivos de Brasil y Bolivia, sin contar con los residuos que deja el intenso tráfico fluvial en la zona. Cuidar del agua y de todos los seres que la habitan, al parecer ya no es una tarea fácil ni para los dioses.
A pesar de ello, cinco de las seis comunidades de esta etnia viven apostadas a la vera del cauce en el departamento de Alto Paraguay, y siguen bebiendo directamente de allí. “Algunos que trabajan y pueden, compran sulfato para tratar su agua. Cada frasco cuesta 36.000 guaraníes (5,2 usd) pero la mayoría tiene que tomar agua cruda”, dice Nancy Vierci, lideresa de Karcha Bahlut – Puerto 14 de Mayo. El nombre originario significa “gran caracol sagrado”. Allí, a 30 km de Bahía Negra, viven 38 familias que lavan, beben y se bañan en el mismo río que es fuente de subsistencia mediante la pesca.
Con temperaturas que suelen sobrepasar los 40 grados, aplacar la sed tampoco es tan glorioso porque no existe energía eléctrica como para darse el lujo de refrigerar un poco el líquido vital antes de beberlo. “La gente toma agua sucia y caliente, claro que se enferma. Pero no existe otra opción”, se lamenta.
Un tratamiento peligroso
Pablo Barboza es funcionario contratado del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), desde hace ocho años y es el encargado de asistir técnicamente a las comunidades con las instalaciones de agua que llegan a sus casas. Las canillas funcionan, pero el agua que sale de ellas viene desde el río sin ningún tipo de tratamiento.
Al caminar por las calles de Puerto Diana se pueden observar desde lejos los tanques o enormes bidones de agua. Varios de ellos tienen encima un frasco de un kilo, se trata de sulfato, cuya medida es de dos cucharadas por cada tambor de 200 litros y la medida debe ser exacta ya que de lo contrario puede causar diarrea y deshidratación.
“Lo más común es que las familias compren sulfato para tratar su agua. Pero además de que la dosis debe ser muy justa, esto solo sirve para aclarar el agua, una especie de filtro que no mata los gérmenes que contiene”, explica Pablo, pero para ello se necesita cloro, un lujo que ya casi nadie puede permitirse.
Andrés Ozuna, secretario general de la Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Yshir (UCINY) reconoce que el agua es una de las necesidades más urgentes de las seis comunidades que son Puerto Diana, Puerto 14 de Mayo (Karcha Bahlut), Puerto Esperanza (Ynishta), Puerto Pollo, Puerto Caballo y Dos Estrellas. Esta última, habitada por 15 familias, es una aldea de agricultores que utilizan agua colectada de las escasas lluvias que caen en la zona.
A pesar de esto, el agua potable no es una de las prioridades de la organización en este momento: se enfoca en la titulación de las tierras en conflicto como las de Puerto Pollo y Puerto Ramos, cuyos títulos de propiedad llevan años en disputa.
Proyectos que dan esperanza
La exconcejala de Bahía Negra Leticia Rosales estuvo encargada durante el año 2020 de la consolidación del Consejo de Aguas de la Cuenca del Río Negro. Se trata de un grupo conformado por distintos sectores de la sociedad civil con el objetivo de gestionar la provisión de agua en la zona y un plan para poder costear esto desde instituciones gubernamentales o de organismos internacionales. Durante este año, se enfocaron en el diagnóstico de la situación. “Tenemos toda la documentación y un plan de trabajo con presupuesto listo. Ahora buscamos financiamiento para hacer posible esto. El centro urbano de Bahía Negra es el único que cuenta con una planta de tratamiento, pero está tan desgastada que solamente su reparación requiere alrededor de G. 500 millones (USD 71.428), con esto se cubrirá a 250 usuarios. En cambio para las comunidades indígenas donde no existe ninguna base, el presupuesto promedio es de G. 2.000 millones (USD 285.000)”, explica.
La intención del plan desarrollado por Rosales es encontrar una fuente de financiamiento, ya sea estatal o de algún organismo internacional que sea capaz de solventar la instalación de los sistemas de distribución. El mantenimiento, según explica, se podrá obtener cobrando mensualidades a los usuarios con precios que sean acordes a los ingresos promedio de la zona que son bajos.
“La mayoría de la gente no tiene sueldo fijo, viven de changas. La paga es irrisoria, oscila entre G. 400.000 a G. 800.000 en época de mucho movimiento. Eso no da para vivir con lo caro que es acá el costo de vida”, explica Nancy Vierci. La situación es preocupante porque estos montos equivalen a 60 a 120 dólares, cuando el salario mínimo en Paraguay es de 331 dólares (G. 2.112.562).
Rosales lamenta el desinterés histórico hacia estas poblaciones. “Vivimos a la vera del río, materia prima hay, lo que se nota es que nunca hubo interés real de proveer el agua a las comunidades indígenas. Anteriormente todos tomábamos directamente del río, incluso los que vivimos en el centro urbano de Bahía Negra, pero ahora ya no se puede. La gente tiene problemas de piedras en los riñones, arenillas y otras enfermedades estomacales a consecuencia de esta agua, además del típico problema de diarrea especialmente en épocas de bajante, incendios o fumigación aguas arriba”, dice.
En Puerto Diana habitan 180 familias, aproximadamente el 50% de ellas cuenta en sus hogares con las instalaciones para provisión de agua del río. En Puerto Esperanza viven otras 170 familias, más de 80 de ellas también tienen cañerías instaladas y en 14 de Mayo, tienen instalaciones unas 20 casas. “Calculamos que el ahorro con esto es importante, pero se debe gestionar los recursos para la construcción de las plantas de tratamiento y asegurar que funcionen”, señala Leticia.
Pero el Concejo de Aguas no es el único con un plan avanzado. La organización Pro Comunidades del Chaco (PCI), es otra de las organizaciones de la sociedad civil involucradas en la búsqueda de una solución concreta ante la inacción estatal. Gracias a su gestión, lograron el apoyo del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), y tiene un avanzado proyecto que pretende dotar de plantas de tratamiento a 18 comunidades indígenas del departamento de Alto Paraguay. Este avanzado proyecto sería financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con un fondo de USD 1.200.000, para las seis construcciones, según explica Derlis Martínez, de PCI.
Para César Barboza, concejal municipal de Bahía Negra y líder de Puerto Diana, la prioridad principal son los niños. “Los escueleros no pueden tomar esa agua contaminada. Les da diarrea, les debilita. Ellos tienen que estar sanos y fuertes para aprender en la escuela”, señala.
El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
Abandonados en pandemia
En el mes de mayo de 2020 se remitió una solicitud al Gobierno Nacional para la provisión de insumos de purificación de agua para las 795 familias Yshir de Alto Paraguay. El total solicitado era de 397,5 kilos de sulfato y 795 litros de lavandina. Con estos insumos se pretendía paliar las necesidades de higiene y cuidados ante la pandemia por el covid-19. Mientras en todo el país se oían serias recomendaciones del Estado para el cuidado extremo, constante lavado de manos y limpieza, los yshiro aguardaban sus insumos para cumplir con los protocolos sanitarios. Sin embargo, estos nunca llegaron.
“Nosotros respetamos un tiempo lo que decía el Gobierno, pero somos un pueblo pobre que vive del día a día, la gente tenía que salir a pescar, tenía que vender sus productos y no tenía agua limpia para lavarse a cada rato. Seguimos nuestra vida hasta ahora y afortunadamente no hubo casos graves”, relata César Barboza.
Leticia Rosales opina que hasta ahora es una suerte que el virus no se haya propagado gravemente en la zona, ya que no se aplican medidas de bioseguridad, ni siquiera con el uso de tapabocas. Para Nancy Vierci, es una constante preocupación: “Acá no tenemos hospitales, ni siquiera hacen test para que podamos saber si hay o no casos positivos. Puede que mucha gente haya tenido el virus y ni siquiera se haya enterado”, dice.
Una cuestión de supervivencia
El cacique Bruno Barras, líder de la Nación Yshir Ybytoso, dice que es fundamental que el Gobierno apoye a las comunidades indígenas en el cumplimiento de este derecho humano. “Hace años no era necesario, los yshyro bebían directamente del río porque el agua era pura. Eshnuwerta protegía el cauce y a todos los seres que la habitaban, pero los tiempos han cambiado y la contaminación provocada por el hombre blanco trae consecuencias en la salud de nuestros pueblos. Todavía hay mucha gente que no puede acceder al agua tratada. Nuestra cultura debe preservarse y nuestro pueblo es un patrimonio por el que el Gobierno tiene que velar”, finaliza.