Las comunidades Yakye Axa, Sawhoyamaxa (pueblo énxet) y Xákmok Kásek (pueblo sanapaná) decidieron iniciar estrategias jurídicas y políticas para recuperar sus territorios tradicionales y sus derechos, con el acompañamiento de organizaciones locales como Tierraviva e internacionales como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Las tres están ubicadas en el departamento de Presidente Hayes: Sawhoyamaxa está en el kilómetro 375 de la ruta Pozo Colorado-Concepción; Yakye Axa en el kilómetro 350 de la misma ruta; y Xákmok Kásek, en el desvío del kilómetro 340 de la ruta Transchaco, que conecta Paraguay con Bolivia.
Con todas las puertas de la justicia local cerradas, recurrieron a la CIDH y lograron tres históricas sentencias. En 2005, 2006 y 2010 la CIDH condenó al Estado paraguayo por haber violado los derechos a su propiedad tradicional, a la identidad cultural y la vida digna.
Su lucha frente a los invasores, en los tres casos empresarios ganaderos vinculados a los partidos políticos mayoritarios, el colorado (ANR) y liberal (PLRA), les mantuvo más de 25 años viviendo casi en la indigencia a la vera de la Transchaco, la ruta internacional que cruza todo el horizonte chaqueño. Aún hoy siguen luchando para que el Estado acate la totalidad de las sentencias.
Los Sawhoyamaxa fueron expulsados de sus tierras en 1993 por Heribert Roedel, un terrateniente llegado de Alemania, donde había sido condenado a seis años de prisión por falsificación de documentos y fraude a 157 inversionistas alemanes. Medio millar de personas que hasta entonces habían vivido de la recolección, la agricultura y la caza en un vasto terreno de la región del Chaco paraguayo se vieron obligados a subsistir en precarias condiciones al borde de un camino.
“El Estado ha hecho mucho daño a la comunidad, a mi familia, han muertos muchos miembros por el camino en esta lucha”, rememora Leonardo González, líder de la comunidad.
El Congreso paraguayo aprobó en 2014 la expropiación de 14.404 hectáreas de tierra de Roedel, “una decisión histórica” porque fue una de las mayores extensiones de tierras que se ha devuelto a una comunidad indígena en la era democrática en Paraguay, según Julia Cabello Alonso, abogada de la ONG local Tierraviva, que representa a los nativos. Hasta hoy siguen esperando las inversiones del Gobierno para ser independientes en suministro de agua potable, electricidad y caminos de todo tiempo; además de los mínimos servicios de salud y educación previstos.
Otro caso es el de los Xakmok Kasek, quienes desde la sentencia de 2010 de la Corte IDH esperaban reingresar a sus tierras ancestrales, unas 10.700 hectáreas, repartidas entre una empresa agrícola y la propiedad de un gran terrateniente, el estadounidense Roberto Eaton, quien les expulsó a principios de la década de 1980.
La Corte sentenció al Estado paraguayo a restituir toda esa extensión a los indígenas antes de 2014. En marzo de 2015 seguían esperando la restitución. La comunidad, formada por miembros de los pueblos sanapaná y énxet, no aguantaba más.
Durante 30 años han sobrevivido en un reducto de tierra prestada, de suelo improductivo, donde apenas podían cultivar o tener ganado y carecían de acceso a servicios públicos básicos como agua, luz, educación o salud.
En 2015, en una larga asamblea que reunió a ancianos, hombres, mujeres y niños, los Xákmok Kásek hicieron recuento de todos sus pasos judiciales a nivel nacional e internacional, y de sus esfuerzos de comunicación con la prensa y el Gobierno. Y concluyeron que nada de eso les había ayudado a volver a su hogar, por lo que decidieron ocupar las tierras.
Embolsaron sus pocas pertenencias: útiles de cocina, colchones, mantas, poca ropa y algunos animales domésticos y caminaron los 18 kilómetros de trecho embarrado que les separaba del exilio. “Volvimos porque este es nuestro lugar, necesitamos esta tierra para estar juntos, pase lo que pase, vamos a entrar y no vamos a retroceder, queremos trabajar y cultivar”, contó entonces Castorina Dermos Delarrosa, una de las líderes comunitarias. Delarrosa recuerda que su marido nació y creció en la estancia ganadera Salazar, propiedad de Eaton, quien estuvo por décadas en poder de las 7.701 hectáreas de tierra de las 10.700 pertenecientes al territorio ancestral de los Xákmok Kásek. Aseguró que durante décadas Eaton obligaba a los hombres “a trabajar de sol a sol a cambio de nada. Comida y nada más, no a cambio de salario”.
“El Estado debe acatar la sentencia”, dijo Milcíades González Ruiz, otro miembro de la comunidad. “Esta tierra nos pertenece y en ella conseguiremos el desarrollo que queremos”, manifestó.
El origen de las actuales violaciones de derechos territoriales indígenas en Paraguay se remonta a la Guerra de la Triple Alianza, cuando Paraguay fue arrasado por Argentina, Brasil y Uruguay.
Veinte años después de la derrota, el Estado paraguayo vendió en la bolsa de valores de Londres dos tercios del Chaco, que ocupa la mitad occidental del país, para financiar la deuda impuesta tras el conflicto bélico.
La división y venta de esos territorios fue realizada con desconocimiento de la población que los habitaba, que en ese entonces era exclusivamente indígena, recuerda la Corte IDH en su sentencia.
El proceso de colonización de Paraguay en el Chaco afectó a todos los pueblos indígenas que como la comunidad Xákmok Kásek vieron desaparecer su territorio milenario entre vallas para ganado de los nuevos terratenientes paraguayos y extranjeros.
En la región del Chaco hay presencia de hasta 17 de las 20 etnias indígenas que existen en Paraguay, divididas en cinco familias lingüísticas diferentes.
Yakye Axa, la primera comunidad en obtener la sentencia fue la última en recibir sus tierras
La última comunidad en lograr acceso a sus tierras fue Yakye Axa, paradójicamente, la primera que obtuvo la sentencia a su favor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en junio de 2005.
El fallo de la Corte IDH estableció que el Estado paraguayo debía restituir las tierras a estas cerca de 300 personas, en su mayoría niñas, niños y adolescentes, y garantizar las condiciones para que la comunidad pueda vivir de forma adecuada en el territorio, uno de los puntos fundamentales establecidos era la construcción de un camino público y de todo tiempo para ingresar a sus tierras.
Pero cuando ya poseían el título de sus hectáreas comunitarias, no podían entrar en ellas por la falta de un camino público. Como en el feudalismo, el dueño de las tierras que rodean a las suyas decidió impedirles pasar durante décadas sin que ni el Gobierno, ni la Justicia ni el Congreso intervengan. Los propietarios de dos haciendas ganaderas, incluida la familia del exvicepresidente paraguayo Oscar Denis Sánchez, rechazaban la construcción de un camino por sus estancias para que los nativos lleguen a su terreno, recuerda Albino Gómez, un líder de la comunidad Yakye Áxa, “isla de palmeras” en idioma énxet.
Solo 15 años después y tras muchas acciones de exigencia por parte de la comunidad, el Ministerio de Obras Públicas comenzó los trabajos para la construcción del camino. El trazado consta de aproximadamente 30 kilómetros desde la Ruta Pozo Colorado-Concepción hasta las tierras de Yakye Axa, una primera parte del camino ya está construido y atraviesa la comunidad Sawhoyamaxa, también del pueblo énxet, por lo que sólo restan por construir aproximadamente 20 kilómetros.
“Por eso no podemos decir gracias a las autoridades”, dice la también lideresa de Yakye Axa, Verónica Fernández. “Fue demasiado larga la lucha y de mucho sacrificio. Si bien estamos muy contentos por el avance de las obras sentimos profundamente que muchos indígenas ancianos hayan fallecido sin poder acceder a sus tierras por la falta de un camino”, cuenta Fernández.
El siguiente paso en la comunidad debe ser la construcción de viviendas, de los caminos internos, electricidad y agua potable; al igual que la instalación de sistemas de salud y educación; todos elementos que deben contar con el apoyo económico del Gobierno, como estipula la sentencia. “Nada de estos derechos aún no se concretaron para los indígenas quienes de a poco ya se trasladan a sus tierras adquiridas”, explica la ONG Tierraviva.
Julia Cabello destacó que para recuperar su territorio, la Comunidad Yakye Axa recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2002 y en el 2003 el caso fue elevado a la Corte IDH. Acompañada por Tierraviva y el CEJIL, logró un fallo favorable. En 2012, el Estado paraguayo adquirió las tierras para la comunidad, pero las 60 familias de Yakye Axa nunca pudieron acceder a ellas hasta hoy por falta de camino.
Esta calzada también beneficiará a otras comunidades cercanas como Payseyamexyempa’a, Kelyenmagategma y Sawhoyamaxa, todas del pueblo enxet, creando un territorio indígena continuo de unas 40 mil hectáreas.
En 2017 el Estado había cumplido 6 reparaciones de un total de 36, varios años después y con todos los plazos vencidos. En noviembre de ese año una comitiva de la Corte IDH visitó Paraguay para verificar en las comunidades el grado de cumplimiento, además se entrevistó con líderes, abogados y autoridades estatales para acordar compromisos.
“Estas sentencias no pueden demorar más tiempo. Los pueblos, las comunidades indígenas viven en condiciones muy complejas, para su salud, su vida, su educación. Y es necesario y urgente tomar medidas. Eso es lo que se ha hecho, se han fijado compromisos, se han fijado plazos, y yo como juez encargado de vigilar el cumplimiento de estas sentencias estaré muy pendiente de que se cumplan”, dijo entonces el juez de la Corte IDH Patricio Pazmiño, que encabezó la visita. Desde entonces no hubo avances significativos en el cumplimiento integral de las medidas.