Los Avá Guaraní Paranaenses no conocían el hambre, las enfermedades ni las fronteras hasta finales de la década del setenta, según contó Carmen Sixta Martínez, una de las mujeres que vivió en la otra comunidad de Puerto Sauce, en el departamento de Alto Paraná en ese tiempo, y que hoy lucha por recuperar esas tierras, refundando la comunidad de Tekoha Sauce.
Hablando en guaraní la mayor parte del tiempo, explicó que en ese tiempo, la vida era tranquila y con mucha abundancia en peces y alimentos. En un momento dado le salió el portugués, y detalló que transitaban al lado brasilero a visitar parientes y viceversa, así como también hacían de taxis fluviales en sus canoas, además de intercambiar productos con las demás aldeas a través del sagrado río Paraná, con el que mantenían una estrecha relación de dependencia material y espiritual.
Recordó que algunos trabajan en los obrajes de los alrededores, pero que principalmente la abundancia de sus chacras, de los montes y del río, le daban un buen vivir. Con lágrimas en los ojos, dijo que volver a sus tierras y morir allí era lo único que quería hacer, ya que allí se encontraban sus antepasados.
Los estudios históricos y antropológicos ordenados por Itaipú antes del inicio de las obras tuvieron en su primera etapa al antropólogo Bartomeu Melià, pero él mismo contó que solamente logró realizar un par de viajes y participar de un informe, ya que luego fue exiliado por la propia dictadura militar de Alfredo Stroessner (1954-1989).
Fueron las dictaduras militares de Paraguay y Brasil, quienes iniciaron el proceso de destierro de los Ava Guaraní en ambos países, a partir del Acta de Foz de Iguazú en 1966 y luego el Tratado de Itaipú en 1973, firmado para construir la mayor represa hidroeléctrica del mundo.
En cumplimiento de dicho tratado, Paraguay aprobó en 1979 la Ley Nº 752, por el cual expropiaba 165.000 hectáreas de tierras entre Hernandarias y Salto de Guairá (departamentos de Canindeyú y Alto Paraná) como área de aprovechamiento y obras de la hidroeléctrica, afectando así a varios sectores de la población, entre ellas, 38 comunidades indígenas, una de ellas, Puerto Sauce, según los estudios antropológicos de Mariblanca Barón.
Los estudios preliminares a la gran obra de ingeniería se encuentran en la biblioteca de Itaipú, y detallan[1] que en 1975, Puerto Sauce estaba compuesta por 36 familias (190 individuos), en una zona conocida como Paraguay Pyajhú, en tierras pertenecientes al Estado bajo el título de Reserva 8, del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR).
Respecto a la tenencia de la tierra, el informe habla de la compleja situación de los indígenas a la hora de lograr títulos de propiedad de sus tierras, y de cómo funcionarios del Estado intentaron engañarlos.
“En Puerto Sauce se ha orientado hacia un régimen de equiparar al indígena con el colono paraguayo, en una cesión de tierras hecha por un funcionario, sin embargo no competente ni autorizado para efectuar ese tipo de trabajo. En algunos casos, prácticamente no se han hecho gestiones de ningún tipo. Solamente algunas personas de paso por los lugares, dan alguna esperanza a los indígenas, y en el mejor de los casos, insisten en la recomendación que no abandonen sus lugares, que se hagan fuertes en la ocupación, única manera que pueden dar base a sus exigencias”[2].
El propio Melià manifestó que el estudio de Itaipú nunca fue completo y que los indígenas Avá Guaraní Paranaenses merecían ser restituidos en sus derechos luego del destierro. La propia binacional no reconoce el número total de comunidades afectadas, que según los estudios fueron 38 comunidades[3].
El destierro y la diáspora
La traumática historia de destierro de los avá guaraní paranaenses se da a principios de los años ochenta, durante la dictadura militar del general Alfredo Stroessner en Paraguay, y del general João Baptista de Oliveira Figueiredo en Brasil.
Paraguay y Brasil habían firmado el Tratado de Itaipú en 1973, documento por el cual se establecieron las condiciones para construir la mayor hidroeléctrica del mundo en ese entonces, y una de esas, el del artículo 17, establecía la expropiación de tierras en la denominada Área de Aprovechamiento Hidroeléctrico.
En el lado paraguayo, esto consistió en una zona de 1.524 kilómetros cuadrados que va desde Hernandarias, departamento de Alto Paraná, hasta Salto del Guairá, en el departamento de Canindeyú. Las expropiaciones se establecieron a través de la Ley 752/79, que determinó una superficie de 165.000 hectáreas en total y entre los cientos de afectados, se encontraban las comunidades Avá Guaraní que vivían a orillas del río Paraná.
Cristóbal Martínez, actual líder de la comunidad Tekoha Sauce, contó que él era un niño cuando llegaron los del denominado “Proyecto Guaraní”, responsables de los traslados de las comunidades afectadas por Itaipú. Su padre era el líder de la comunidad en ese entonces, y recuerda que no querían irse, que fueron los últimos en ser trasladados en los camiones porque no creían en las amenazas de que todo se inundaría y no tendrían a dónde ir.
Carmen Sixta recordó que los del Proyecto Guaraní les prometieron que iban a volver si no se inundaban totalmente las tierras, como de hecho pasó, pero nunca se cumplió esa promesa, que en ese momento de desesperación era una luz de esperanza, explica.
Subieron a los camiones que proveía Itaipú para el desalojo con lo poco que podían llevar a cuestas de sus pertenencias, llenos de miedo porque no sabían adónde los llevaban, miedo que iba en aumento a medida que se iban alejando del río cientos de kilómetros tierra adentro. Según el relato de Julio Martínez, los del Proyecto Guaraní llegaron a dar dinero a algunos indígenas para que salgan, pero montos ínfimos comparados a la tierra que abandonaron.
El estudio ordenado por Itaipú recomendaba crear 23 nuevos asentamientos, pero lo que hizo la binacional fue distribuir a las 38 comunidades en ocho asentamientos donde ya existían otros grupos, y en tierras compradas en su mayoría por la Iglesia Católica, según la investigación de Mariblanca Barón, publicada por el Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica de Asunción (Ceaduc), en el 2017.
La ley Nº 63/68, que ratificó el Convenio relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas, establecía en ese momento que los indígenas debían ser trasladados en tierras de las mismas características que poseían, en este caso ribereñas, pero el relato de los mismos es que los arrojaron sin nada a kilómetros del río, en una zona seca y sin montes.
Carmen Martínez relató que todo fue un gran engaño, detallando que los bajaron a la noche, en medio de la oscuridad, en un lugar llamado Vacareta, y de allí tuvieron que caminar varios kilómetros hasta Yukyry, una comunidad de 3.200 hectáreas (actualmente habitado por 40 familias y con varios intentos de ocupación por parte de campesinos y hasta políticos) donde no había agua, montes ni comida, y ya estaba ocupado por otros grupos.
“Sinceramente nos engañaron muy grande, porque nos llevaron a un lugar a morir, murieron muchos ancianos y niños”, dijo, detallando que apenas a los 15 días murió la primera mujer llamada Ña Juana, y a ella le siguieron un gran número de personas a quienes ni siquiera podían enterrar en cajón, porque no tenían madera, por lo que usaban la corteza de un árbol para envolver los cuerpos.
“Yo tenía anotado el nombre de todos los muertos, pero de tantas veces que nos mudamos perdí todos los papeles”, relató.
Es importante resaltar que los Ava Guaraní, así como otros Pueblos Indígenas de la región Oriental del Paraguay, comenzaron a perder territorios desde la época de la Colonia Española, y sobre todo luego de la gran venta de tierras públicas tras la Guerra Grande (1864-1870), donde empresarios extranjeros compraron del Estado paraguayo miles de hectáreas con poblaciones dentro, tanto indígenas como campesinas.
La diáspora de los Avá Guaraní Paranaenses, así como de otros pueblos, se agudizó con la caída del negocio de la yerba mate, momento en que los empresarios extranjeros, propietarios de grandes extensiones, comenzaron a vender las tierras en partes a productores brasileños en su mayoría.
Los hoy llamados brasiguayos obtenían créditos del propio Estado Brasilero para comprar tierras arables en Paraguay, en este caso, Alto Paraná y Canindeyú, según señala Alberto Alderete, ex presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra. La destrucción del Bosque Atlántico del Alto Paraná y otros ecosistemas de la región acabó con el hábitat natural de los indígenas, y la ausencia de políticas públicas concretas permitió y permite la violación de sus derechos humanos fundamentales.
El regreso y la búsqueda del Tekoha
Cristóbal cuenta que la gente moría de tristeza, porque no eran felices en un lugar totalmente diferente al que estaban acostumbrados, y recalca que en el lugar también vivía un grupo Aché Guaraní, otro grupo reasentado, que no aguantó y se fue.
Relata que, años después, cuando se hizo adulto, decidieron mudarse a Arroyo Guasu, una comunidad que también recibió indígenas Avá Paranaenses afectados por Itaipú, dijo que lo hicieron con la promesa de que iban a volver a sus tierras originales, ya que sabían que no se había inundado todo y que incluso varios sojeros se quedaron con tierras donde estaban los Avá Paranaenses, como el caso de Kiritó.
Kiritó es otra de las 38 comunidades indígenas Ava Guaraní que fueron desplazadas por Itaipú, y cuyas tierras, al igual que Sauce, no se inundaron finalmente, pero quedaron en manos de sojeros brasiguayos, según relatan los miembros de dicha comunidad. En Paraguay, los títulos falsos avalados por la Justicia generan que en el Servicio Nacional de Catastro (SNC) estén registradas más superficies de tierra de las que posee el territorio nacional.
En el año 2015, luego de identificar el lugar donde había quedado el antiguo cementerio de la comunidad de Puerto Sauce antes de Itaipú, y animados por la información de que en la zona había un excedente fiscal, Cristóbal y su grupo ingresaron en las tierras que posteriormente reclamó el empresario sojero German Hutz, pariente político del ex vicepresidente de la República (2013-2018) y actual senador (2018-2023) por el partido colorado (ANR) Juan Afara.
El excedente fiscal saltó por la mensura judicial realizada por el propio Hutz, donde se evidenció que en su propiedad habían restos de tierras públicas en esta zona de Alto Paraná, lo cual implicaba que podía ser reclamado por sujetos de la reforma agraria, como lo son los campesinos e indígenas.
La comunidad logró asentarse un año en este lugar, montar sus casas, su templo y escuela, así como sus chacras y animales, consultando en paralelo si había alguna denuncia en el Ministerio Público o Juzgado respecto a su estadía, según detalló Amada Martínez, docente y lideresa en la comunidad.
Pero al poco tiempo de celebrar un año, el viernes 30 de setiembre del 2016, llegó la orden de desalojo que no escatimó en recursos, ya que fueron utilizadas doce patrulleras, agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional, un escuadrón de la Policía Montada y funcionarios del (Instituto Nacional del Indígena (INDI), quienes arrasaron con todo lo que habían construido, quemaron sus casas y robaron sus pertenencias.
No muy lejos de las supuestas tierras de Hutz (ya que una mensura señala que ocupa tierras fiscales)[4], la comunidad decidió refugiarse en otro punto antes de que lleguen los policías, y llegaron así hasta el lugar donde se encuentran hasta ahora, que es una pequeña porción de la franja de seguridad de Itaipú, cerca de la Reserva Limoy, en el distrito de San Alberto, departamento de Alto Paraná.
La Itaipú Binacional inició entonces un proceso judicial buscando desalojar a los indígenas, sin escuchar sus reclamos, como ya lo había hecho con las notas presentadas años anteriores, pero el escándalo por la fuerza desmedida con que se había desalojado a la comunidad Sauce, la repercusión en los medios de comunicación y las redes sociales, así como la intervención de miembros del Parlamento, obligó a postergar esta intención.
Las distintas publicaciones en medios locales e internacionales llevaron a un estado público al caso Sauce, que se convirtió en punta de lanza para un reclamo histórico que afectó a miles de familias Avá Guaraní Paranaenses.
Actualmente el caso sigue en estudio con el acompañamiento de la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado, Amnistía Internacional, la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), entre otros. La posición de Itaipú es que la comunidad ya fue reasentada en su momento, aunque no coincide su versión con la de los indígenas en el lugar, y sostienen que no son merecedores de una indemnización, por lo que los consideran invasores.
La propuesta de la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado, que se encuentra actualmente en estudio, es modificar por ley la categoría de unas 5.000 hectáreas de la Reserva Limoy para ceder a los indígenas, manteniendo la categoría de reserva silvestre y utilizando un Plan de Manejo especial, propuesta a la que Itaipú mantuvo sus reservas.
Dicha Reserva se encuentra dentro del territorio ancestral de los Avá Guaraní Paranaense de Puerto Sauce, quienes hoy se autodenominan Tekoha Sauce. El temor de la binacional es que de pie a otros reclamos, ya que tan solo es una comunidad de las 38 afectadas, si bien las familias originales terminaron dispersas y se formaron nuevos núcleos con las nuevas generaciones, cada una conoce su historia y su causa.
Según los estudios antropológicos, unos 20 mil indígenas en Paraguay y 40 mil en Brasil fueron los afectados por la hidroeléctrica. En Paraguay, la historia de lucha organizada se remonta a la conformación de la Asociación Avá Guaraní del Alto Paraná y Canindeyú, que presentó una nota el 29 de abril de 1997 al entonces director paraguayo de Itaipú, Miguel Luciano Giménez Boggiano.
La nota pedía que la Itaipú devuelva las tierras indígenas, y si bien la aún débil organización finalmente retiró la nota en octubre de 1997, marcó el inicio de una reivindicación histórica que luego cobraría otras formas.
La reivindicación territorial y denuncia de violación de derechos humanos sufrido por los Avá Guaraní Paranaenses aparece en el Informe de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), que inició su trabajo en el 2004 y presentó su informe final en el 2008, detallando las violaciones a los Derechos Humanos cometidos por la Dictadura Militar de Alfredo Stroessner (1954-1989).
[1] Investigaciones Históricas, Socioculturales y Arqueológicas del Área de Itaipú. Informe Final Primera Etapa, Asunción, 1975. Biblioteca de Itaipú Binacional. Pág 70.
[2] Ibid. Pág 74.
[3] “Los Avá Guaraní Paranaenses. Un etnocidio sistemático”. Mariblanca Barón. Ceaduc. Asunción, 2017.