Rubén y su pareja Isabel se encontraban trabajando en la chacra cuando fueron alcanzados por agrotóxicos que se lanzaron desde una avioneta. Esa mañana, Rubén le había dicho a su madre, doña Hermenegilda Cáceres, que el veneno estaba muy fuerte y por eso abandonaron lo que estaban haciendo, cuenta la mujer en el documental “Rubén Portillo: la muerte de un campesino”, estrenado el 3 de diciembre del 2020, fecha en que se recuerda el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas.
La madre de Rubén y su familia siguen viviendo en Yeruti, colonia campesina habilitada por el entonces Instituto de Bienestar Rural -hoy Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)- en 1991. La colonia fue establecida sobre 1.225 hectáreas que fueron devueltas al Estado paraguayo por parte de Juan Emigdio Riveros, alto funcionario del Ministerio de Educación durante la dictadura de Stroessner, época en que se entregaban de manera ilegal tierras del Estado a altos mandos y afines al gobierno, detalla el Informe Agresiones al Derecho a la Alimentación, Situación en comunidades campesinas e indígenas. A pesar de habilitar la colonia, el Estado no brindó garantías para el desarrollo de la comunidad, dejándolos sin acceso a servicios básicos, asistencia técnica para el desarrollo, entre otros, explica el abogado Hugo Valiente, quien representó a la familia ante instancias internacionales.
De acuerdo a pobladoras de la zona, como Norma e Inocencia Portillo, hermana y prima de Rubén respectivamente, hasta el 2011 todavía eran muchas las familias que poblaban Colonia Yeruti, creen que allí vivían unas 400 personas. Hoy resisten no más que siete familias, asfixiadas por la expansión de monocultivos genéticamente modificados, negocio que tiene impacto directo en sus vidas.
La problemática de los monocultivos además se resiente cada vez más de manera global, con el cambio climático, dice Valiente, preocupado porque Paraguay existe aislado de las discusiones globales relacionadas, por ejemplo, al impacto que los modelos de producción actual tienen y tendrán en nuestras vidas.
“Los sojeros empezaron a entrar a la colonia mediante presiones y plata. Empezaron a comprar las derecheras o lotes de los campesinos -hecho que está prohibido por ley – destinados a la reforma agraria, que directamente se convertían en grandes extensiones de soja. Así esa comunidad que tenía alguna vez mucha población quedó diezmada y la mayoría de los lotes que antes estaban ocupados por familias campesinas, hoy día los acaparan los sojeros”, cuenta Valiente.
La muerte de Rubén y la intoxicación de una veintena de personas por efectos de los agrotóxicos, fue denunciada en ese momento por la propia directora del Hospital de Curuguaty, Dra. Angie Duarte, y mediante ello se inició una intervención del Ministerio de Salud, de la Secretaría del Ambiente (SEAM) y del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE). El informe de la SEAM -según reprodujo un periódico en esa época- señala que los establecimientos intervenidos en el marco de la investigación fueron Cóndor Agrícola S.A. y Hermanos Galhera Agrovalle del Sol S.A. De acuerdo con el documento, ninguna de los emprendimientos agrícolas contaba con licencia ambiental y en el primero había mala disposición de los envases de agroquímicos. Ninguno de los establecimientos tenía la franja antideriva reglamentaria ni tampoco los bosques de reserva requeridos en la ley.
Una persona que formó parte del equipo interventor y prefiere no revelar su identidad por miedo a represalias, comentó que cuando llegaron a la comunidad verificaron el agua de pozos y de un arroyo que estaba cerca. Exhibe una fotografía impresa que guarda de ese trabajo donde se puede apreciar el agua del arroyo con un color blanquecino pálido.
“Era soja y más soja sin barreras vivas, era soja por donde mirábamos. La casa de Rubén estaba rodeada de soja, nunca me voy a olvidar (…) el olor a veneno se sentía a leguas al entrar allí, entramos y el arroyito que está antes de la casa de Rubén tenía color blanquecino y se tomó muestra de eso. En ese entonces estaba vivo don Pablo Medina y él se fue a hacer seguimiento y justo frente al silo se estaba levantando vuelo para fumigar y está prohibido fumigar así nomás, tienen que haber las condiciones climáticas, la humedad, el viento….”, recuerda.
Valiente explica que en Paraguay las normas para mitigar el impacto de estas fumigaciones están muy bien delimitadas, la velocidad del viento, el nivel de humedad, etcétera. Sin embargo, nada se respeta. No hay voluntad política ni capacidad institucional, concluye. Norma Portillo, dice que esas mismas empresas y personas siguen operando en la zona, que nada ha cambiado a pesar de la enorme – y a veces solitaria – lucha que emprendió desde la muerte de su hermano.
La toma de muestras de agua fue clave, en el resultado aparecieron residuos de agroquímicos prohibidos, entre ellos Aldrín y Lindano, este último prohibido en Paraguay desde 1993 en todas sus formulaciones y usos por ser altamente tóxico; así como Endolsufan, cuya importación y uso fue prohibida gradualmente desde fines de 2010 hasta aproximadamente dos años después.
¿Cómo un plaguicida altamente tóxico prohibido desde la década de los 90’ estaba presente en el agua que utilizaban los miembros de la comunidad en 2011, casi veinte años después? Ni esta ni ninguna otra pregunta fue respondida por la investigación que la Unidad Especializada de Delitos Ambientales se vio obligada a iniciar ante las denuncias.
La Fiscalía no ordenó la autopsia del cuerpo de Rubén Villalba, no llamó a ninguna persona a declarar en la investigación, extravió el informe médico que contenía todas las historias clínicas de las personas que habían llegado al hospital de Curuguaty con síntomas de intoxicación y también los resultados de las pruebas del agua en la zona donde ocurrieron los hechos.
“La carpeta fiscal de Yeruti es un monumento a la impunidad y con certeza a la corrupción institucionalizada. La manera en que el fiscal del caso se dedicó a malograr pruebas fundamentales, es muy esclarecedor de la voluntad que tuvo el Ministerio Público de evitar que se esclarecieran los hechos y se establecieran responsabilidades”, afirma Valiente, quien considera que existen elementos suficientes para sospechar que el entonces fiscal Miguel Ángel Rojas, bajo motivaciones indebidas, podría haber incurrido en una negligencia deliberada que después le valdría a Paraguay una demanda y ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, puesto que aquí, no se hizo justicia.
En agosto de 2019, dicho comité dictaminó que el Estado paraguayo violó los derechos a la vida, a la inviolabilidad del domicilio y el derecho al acceso a un recurso judicial efectivo en el caso Rubén Portillo.
Abel Irala, abogado y miembro de la organización Base Investigaciones Sociales, que ha estudiado ampliamente el efecto de la soja en los derechos de las personas en el campo, señaló que hoy el problema que suponen los agrotóxicos traspasan las fronteras de lo rural. Quienes se ven afectados ya no son solamente las personas que están en sus chacras, sino la población urbana, que sufre los problemas ambientales y de salud derivados de la expansión del modelo de negocio que apuesta a la expansión del monocultivo.
A pesar de la condena que recibió el Estado paraguayo, a más de un año de la sentencia no se avanzó en el acuerdo de reparación, que supone hacer cumplir las leyes ambientales y de la tierra que ya existen, para evitar que casos como el de Rubén se repitan.
Actualmente la situación en la Colonia Yeruti sigue igual de difícil según cuenta Norma Portillo. Recientemente cerraron la escuela, a pesar de que aún hay niños en edad escolar, comenta. “Seguimos todo igual (…) ellos siempre siguen con su trabajo de fumigación, ellos hacen su fumigación sin compasión de nosotros. Todo sigue igual. A mí y estoy pidiendo que la justicia que no llega todavía, y estoy esperando hace muchísimo tiempo ya (…) Yo no tengo donde irme por eso sigo acá”, lamenta.
Menciona que si la respuesta del gobierno no llega pronto, y de conseguir los recursos, se juntarán entre familiares y llegarán hasta Asunción, distante a unos 300 kilómetros de Yerutí, para manifestarse y exigir que el Estado paraguayo cumpla con lo establecido por el Comité de DD.HH. de Naciones Unidas.
“Acordate de mi que no va a suceder eso más todavía viniendo de este señor que es descendiente de -nada más y nada menos- que un ex secretario de Stroessner, acordate de mí que jamás va a suceder. Lastimosamente tenemos que decir as, es un mita’i (niño) prepotente que se subió ahí, le digo mita’i porque no tiene madurez (…) por la forma en que se comporta y es terrible como esta manejando nuestro país”, sentencia Inocencia sobre la posibilidad de que el acuerdo de reparación avance durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, hijo de Mario Abdo Benítez, uno de los pilares de la dictadura militar de Alfredo Stroessner.
Para Valiente, lo que el Estado debe hacer no es nada extraordinario, sino hacer cumplir la ley del INDERT, para recuperar los lotes destinados a producción campesinas y las leyes ambientales, que, como citan más arriba, son claras, pero no se cumplen. “Estas personas sobre todo lo que están exigiendo es la recuperación de la colonia, ellos quieren volver a vivir en la colonia como se vivía antes, con vecinos y no rodeados de soja”, describe.
La muerte de Rubén Portillo de la Colonia Yeruti es un caso emblemático, por ser la primera vez que un organismo internacional condena a un estado en el mundo, por una cuestión ambiental vinculada a la expansión de cultivos genéticamente modificados y a las consecuencias ambientales y de derechos humanos que implican, dice.
La historia de Yeruti es dolor e impunidad, memoria y resistencia, es pasado, presente y futuro. Un futuro en el que, de seguir por esta senda, más personas podrán (podremos) correr con la suerte de Rubén, y más pueblos, desaparecerán (desapareceremos) como la Colonia Yeruti.