Este dossier es una selección de sólo 20 casos, considerados representativos, a través de los cuales se pretende visibilizar las diversas situaciones que las comunidades deben afrontar día a día. Los reportajes fueron elaborados por un equipo periodístico seleccionado cuidadosamente por su compromiso con los derechos humanos y el medio ambiente.
El documento está dividido en tres columnas principales: asuntos forestales, donde se desarrollan las problemáticas de deforestación e incendios forestales; agronegocio, que abarca la fumigación de la soja y su impacto social y ambiental, las empresas y derechos humanos, así como la titulación y asuntos de la tierra. Por último, se habla sobre los derechos básicos universales, haciendo foco en el acceso al agua y su vínculo con la salud.
En la fase inicial se realizó un proceso de talleres con el objetivo de que las distintas organizaciones y asociaciones de la sociedad civil locales manifiesten, en primera voz, las distintas situaciones y problemáticas a las que se enfrentan sobre sus derechos humanos, cómo esto afecta al medio ambiente. Este proceso demostró, una vez más, como a lo largo de las últimas décadas, la deforestación se ha convertido en un elemento recurrente en lo que se refiere a violaciones a los derechos humanos. El factor común es que las víctimas principales son comunidades rurales, indígenas y campesinas de las regiones Oriental y Occidental del país, con diferentes matices.
Si bien son regiones diferentes en cuanto a biodiversidad, son parecidas en los problemas que acarrean los desmontes para las comunidades; como la pérdida de sus servicios ecosistémicos y la migración forzada a zonas urbanas. Los bosques nativos además sirven de hogar para la sobrevivencia socio-cultural y la subsistencia económica de varias comunidades indígenas.
Las actividades económicas ligadas a la agricultura y la ganadería requieren de muchas hectáreas para su crecimiento y se expanden con tanta fuerza en la región Oriental, que en 2004, con apenas 20% del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA) en pie, el Estado paraguayo se vio obligado a emitir una legislación para evitar la destrucción total de los bosques. Así nació la conocida “Ley de deforestación cero” promulgada ese mismo año y cuya última renovación se logró a finales de 2020, asegurando su vigencia hasta 2030.
El Bosque Atlántico del Alto Paraná es una ecorregión que forma parte de las 200 más importantes del mundo, identificada así por la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU). El BAAPA cubre 10 de los 14 departamentos de esta región y a pesar de normativas en contra, cada año, sigue siendo víctima de deforestación, fragmentación y degradación de los remanentes boscosos.
A pesar de la triste experiencia del BAAPA, el Gobierno paraguayo no aprendió la lección, y esta región tuvo que llegar a un punto de degradación extrema para que actuaran en su defensa. Ignorando este precedente, el Estado continúa sometiendo a ese mismo riesgo a otras regiones sensibles. En todos estos años no se previeron políticas públicas ambientales, sistemas de control y fiscalización eficientes ni la actualización de normativas ambientales que sean lo suficientemente efectivas para asegurar la conectividad de los ecosistemas, ni la restauración de ecosistemas degradados a nivel país. El Chaco-Pantanal es entre estos, el que mayor peligro corre.
En la Región Occidental, la expansión de la producción ganadera se ha convertido en la principal causa de la deforestación. Aunque en los últimos años también el agronegocio está extendiendo sus dominios en territorios chaqueños. Esta región forma parte del Gran Chaco Americano y el Pantanal, un amplio territorio compartido con Brasil, Bolivia y Argentina.
En 2019 se registraron varios focos de incendio en todo el Chaco, que afectaron a comunidades humanas asentadas históricamente en estas tierras que hoy se convierten en un hervidero, por las llamas y por el humo que impregna todo el ambiente. El gran Pantanal, que comparte territorio entre Brasil, Bolivia y Paraguay, también fue víctima de los fuegos. Solamente en este gran complejo ambiental se estima la pérdida de 768 mil hectáreas.
Los incendios forestales que se tuvieron a gran escala en 2019 y 2020 destruyeron comunidades enteras, tanto en zonas rurales como urbanas en todo el país, además de la evidente afectación a la flora y fauna local. A pesar de que el propio Ministerio del Ambiente habla de que el 99% de los incendios se da por intervención humana, también este delito queda absolutamente impune en el país. Una de las costumbres dentro de la práctica agrícola, por ejemplo, es la quema de pastizales dentro del trabajo de cambio de uso de suelo.
Si bien el principal problema con la pérdida de bosques en el país obedece al modelo de agronegocio actual, desde mediados de los años ‘90 un nuevo y violento actor entró a escena: el narcotráfico. Miles de hectáreas de bosques se perdieron en los últimos 10 años en plenas áreas protegidas del BAAPA por el cultivo de marihuana, un negocio manejado por narcotraficantes de frontera que hasta ahora no dejó ni una sola persona detenida por la destrucción de los bosques, pero sí mucho dinero para los financistas.
Este reporte también se enfoca en el derecho a la tierra. La lucha de comunidades indígenas, como los Yshir Ybytoso, un pueblo indígena que habita hace 500 años la zona de Bahía Negra, Alto Paraguay, pero que hoy encuentran que, a gran parte de sus cielos, sus tierras, ríos y bosques, le ponen un cerco con cartel de “propiedad privada”. Una situación que resulta difícil de comprender para quienes creen que el ambiente no pertenece a nadie, sino que es de todos y que, por lo tanto, lo cuidan como su hogar. A pesar de esto, los yshir se adecuan a los documentos y papeles que dictan los tiempos modernos, por lo que están luchando a través de ellos para conseguir que sus tierras ancestrales sean reconocidas y respetadas.
Estas problemáticas no se limitan a zonas rurales. Una comunidad enclavada en plena ciudad de Luque, a 14 kilómetros de Asunción, sufre desde hace tiempo lo que es vivir en una cloaca a cielo abierto por la contaminación que generan las curtiembres de la zona.
Las comunidades resisten, pese a todo. Luchan día a día por algo tan básico como el acceso al agua potable, un derecho humano universal violado en numerosos puntos del país como el Chaco, e incluso en el Pantanal, el humedal de agua dulce más grande del mundo.
El acceso al agua potable, la contaminación, la lucha por la tierra, la pérdida cultural que sufren las comunidades indígenas y el atropello a sus tierras con la deforestación, con el avance del agronegocio o la lenta muerte de las áreas protegidas, y en general, el abandono del Estado, son algunas de las situaciones que se presentan y que este material muestra con un relato detallado.
Se trata en varios de los casos, de historias de resistencia ante un sistema judicial ineficiente, que parece negar estos atropellos. Un poder legislativo que los ignora y un ejecutivo que no ha hecho más que falsas promesas. Muchos de los casos que podrán leer en este documento, pudieron solucionarse hace muchos años, pero en cada causa se podrá leer el patrón común: el desinterés de un Estado que los mantiene olvidados a su suerte.
Exponer los problemas e intentar encontrar soluciones para estos pueblos es lo que se pretende relatando cada uno de los casos, dar un alivio a aquellos valientes dirigentes que no descansan en su lucha, pero también a aquellos que no pueden más que pelear día tras día por respirar, por beber y por tener un plato de comida en su mesa.