“Hay muchos políticos interesados en nuestras 20.000 hectáreas”, cuenta Héctor Acosta, expresidente de la “Comisión Vecinal Colonia Puerto La Esperanza”, haciendo referencia a solo una parte de la larga historia de lucha de las familias, que son originarias del lugar ya que anteriores generaciones fueron poblando el territorio de propiedad estatal, hasta entonces no habitado.
El distrito Carmelo Peralta se ubica a unos 730 km de Asunción, capital del Paraguay, y allí se encuentra el ex Puerto Sastre, cuyo nombre oficial hoy es Puerto La Esperanza, donde la población campesina se dedica principalmente a la pequeña ganadería y cría de otros animales, y en menor medida al comercio. Muy pocas familias son indígenas, aunque también las hay y viven de la recolección de miel y caza, cuenta por su parte Derlis Martínez, un docente de la zona.
La propiedad está registrada en la Dirección General de Registros Públicos como Finca N° 14.565 Padrón N° 10.509 a nombre del Ministerio del Interior y a través de la ley 4.230 del año 2010, se transfirió “a título gratuito” al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), institución encargada de administrar inmuebles del Estado paraguayo en las áreas rurales y adjudicarlos a las familias campesinas, conforme al Estatuto Agrario (Ley 1.866).
Tanto Derlis Martínez como Héctor Acosta narran las innumerables trabas que vienen soportando los pobladores, desde enfrentamientos políticos porque varias autoridades quieren “adueñarse de la causa” hasta intereses económicos, pues van apareciendo supuestos “dueños” de porciones de sus tierras. Un problema común en Paraguay, donde principalmente los sectores vulnerables como de los campesinos e indígenas son los que más dificultades enfrentan para el acceso a la tierra propia, derecho garantizado en la Constitución Nacional pero violado ante la inacción del INDERT y otros entes estatales.
Para graficar la complejidad de la problemática, basta con recordar los datos del Servicio Nacional de Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, donde tienen registrados inmuebles que totalizan una extensión territorial de más de 550.000 km2, mientras que la superficie oficial de Paraguay en total es de 406.752 Km2. Eso, debido a que personas inescrupulosas del sector privado, en connivencia con funcionarios públicos corruptos, consiguen títulos con origen ilegítimo.
Y a esos datos y los relatos de lugareños se suman los documentos que dibujan la historia completa: Hay fuertes intentos por que, en lugar de 20.000 hectáreas, a los pequeños productores les quede una propiedad “mutilada”. A través de una mensura judicial, el INDERT quiso inscribir solo 17.237 hectáreas en los registros oficiales pero el Servicio Nacional de Catastro lo impidió, porque encontró inconsistencias y realizó observaciones. Y además del intento de despojo, dentro de las 17.237 hectáreas se encuentran políticos que dicen ser dueños de partes de la propiedad.
El expediente judicial 66/2015 para esa medición lo tramitó el propio INDERT durante la presidencia del extitular Justo Cárdenas y fue ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Sexto Turno de la Capital, a cargo de la Abog. Gizela María Palumbo Arambulo, Secretaría 11.
Resulta que “no encontraron” 2.762 hectáreas y por eso solo quedaron las 17.237 que intentaron inscribir. ¿Cómo “desaparecen” casi 3.000 hectáreas? ¿Solo en Paraguay ocurre que las tierras “se pierden”? Son algunas preguntas que se hacen los pobladores. El topógrafo Gustavo Caballero Riveros fue el profesional responsable de la mensura y como en otras mediciones que se llevan a cabo en Paraguay, en lugar de asentar en el terreno lo que dice el título -pues una mensura es eso, asentar exactamente lo que indica el título de propiedad-, este topógrafo también decidió descartar miles de hectáreas porque encontró otros supuestos derechos sobre 2.762 hectáreas. Se trata de un proceso que, según el Código Civil, debe definirse en los estrados judiciales. Solamente una sentencia puede definir legítimamente quién tiene más derecho sobre una propiedad cuando hay títulos superpuestos, no un agrimensor, como en este y tantos otros casos se dan. De hecho, la mensura no puede afectar la posesión o la propiedad sobre un inmueble; es una operación técnica para determinar la extensión del título sobre un terreno (Art. 668 del Código Procesal Civil).
“Esperábamos tener tierras a partir de la mensura, pero eso no fue posible”, apunta Martínez mientras va comentando los pormenores de la lucha por los títulos para las familias.
Desde la ley de transferencia en 2010 se trató de hacer la mensura judicial y después, el correspondiente loteamiento. En 2011 se avanzó con el censo de la población y cuando por fin lograron la ansiada medición, resultó en un trabajo considerado irregular, porque no arrojó lo que decía el título.
“Siempre venía gente adinerada, familiares de políticos y trababan la mensura. Tenemos campos comunales que vienen a invadir. Vienen incluso de hacia Filadelfia. No sabemos quién les manda. Nadie vino nunca mostrando título, pero hay gente que consiguió mensura particular del INDERT. Un ingeniero estaba solicitando 8.000 hectáreas y después retrocedió el señor cuando los pobladores se enteraron”, comenta el docente.
Tanto él como Acosta, el expresidente de la Comisión Vecinal, coinciden en mencionar a los mismos políticos como usurpadores de sus tierras. Daniel D’Ecclesiis, pariente del diputado colorado de San Pedro, Freddy D’Ecclesiis, se habría adueñado de unas 3.500 hectáreas. También está el diputado colorado Clemente Barrios, con 300 hectáreas, así como Nardi Gómez, el exdiputado colorado de Presidente Hayes, con 800 hectáreas. Los tres nombres figuran efectivamente en el expediente del Indert sobre el caso (Exp. N° 7.596/08).
“Ellos se nos adelantaron. El problema es que nosotros estamos dispersos. 60% de la población que está hacia el río tiene sus lotes bien amojonados. El otro 40%, no. Y cuando le reclamábamos al INDERT (esta situación), nos decía que no podía hacer nada porque no está inscripto todavía (el inmueble a nombre del INDERT) y nos íbamos al Ministerio del Interior y nos decían: ‘Pero nosotros ya transferimos’. Se pasan la pelota”, comenta Acosta.
El plano de la mensura muestra otros datos que aportan complejidad a la historia, ya que indica quiénes son colindantes e incluso, algunos también se encuentran dentro de la propiedad en disputa. Están: Los Fariña hacia el Norte; Rancho Alegre hacia el Sur; hacia el Oeste el Grupo Cartes del expresidente de la República con su estancia Cerro Guazú hoy Niña Pora; hacia el Este, Estancia Campo Verde.
Acosta apunta además que José Domingo Adorno, gobernador de Alto Paraguay, es miembro de la Junta Asesora del INDERT en representación del Consejo de Gobernadores “y lastimosamente no dice nada, él no hizo nada por nosotros durante su mandato. Solamente por Casado que es su localidad”. Y como si el intento de robo de sus tierras fuera poco, los pequeños productores deben soportar las rencillas políticas en la zona, donde las autoridades se disputan quién se embandera con la causa para captar eventuales votantes. “Lastimosamente en nuestro departamento hay puja política, entre el gobernador (José Domingo Adorno) y la diputada Marlene Ocampos. Si le pedimos favor a uno, el otro ya se enoja. Y al final ninguno de los dos está”, añade.
Por ahora, la regularización de las tierras sigue postergada, pues el caso está varado en INDERT, donde ni siquiera autorizaron la renovación de la comisión vecinal solicitada en febrero de 2020 a través de una nota. Los pobladores creen que eso no es casualidad, pues la comisión impulsa la regularización pero eso va en contra de otros poderosos intereses.
En la dirección de la Región Occidental del Indert se encuentra el expediente N° 7.596 del año 2008 “Comisión Colonia Puerto La Esperanza”. En la carpeta constan denuncias contra algunos de esos ocupantes irregulares, como la que se hizo en 2016 contra Daniel D’Ecclesiis por supuestamente haber mandado quemar viviendas de lugareños. Sobre esto hubo publicaciones periodísticas en medios de alcance nacional.
La directora general de la Región Occidental del Indert, Liz González, señala sobre el expediente que efectivamente se encuentra paralizado. El último movimiento registrado fue la designación como encargada del caso a la abogada Blanca Arana, directora jurídica, el 9 de junio, comenta. “Por la pandemia también se estaban atrasando todos los trámites y quedó hasta ahora prácticamente parado. Hoy nos encontramos con un cambio de autoridades (en la Dirección Occidental) y estamos con trámites paralizados hasta nuevo aviso, así que por ahora el expediente no se va a mover”, señala.
No es una respuesta que los pobladores del ex Puerto Sastre desconocieran y ante esta realidad, hoy no saben a qué instancias recurrir, pues casi todas las puertas les fueron cerradas. Ya vivieron lo mismo en 2019, durante el actual Gobierno, cuando la Comisión de Tierras de la Cámara de Diputados pidió al INDERT informe sobre el caso. El ente agrario respondió, enviando un breve resumen, pero los trámites quedaron allí en simple intercambio de información, sin que sirviera para ayudar a los pequeños productores, que siguen esperando el loteamiento de 100 hectáreas por familia, tal y como establece la ley que los hizo “beneficiarios”.