Esta población indígena, que por autodeterminación decidió llamarse la “gran Nación Yshir” y antes era denominada como la de los chamacocos, tiene siete comunidades entre los distritos de Bahía Negra y Fuerte Olimpo, del departamento de Alto Paraguay, dentro del área conocida como el Pantanal paraguayo; y una en la ciudad de Luque, en Central, según la organización Tierra Viva. De todas, cuatro tienen problemas con sus tierras.
Tal es el caso de Puerto Ramos, llamado Eshmá en lengua yshir que significa “abundancia”. Las familias de este lugar se manifestaron en agosto de 2020 para exigir avances en la gestión para la restitución de 8.500 hectáreas de sus territorios ancestrales, que están a nombre de la empresa Paraverde SRL, perteneciente a Mustafa Arpaci, de nacionalidad turca. Para los yshir, Mustafa es simplemente “El turco”.
A pesar de que en Puerto Ramos los yshir viven desde hace 500 años, en el 2010 apareció la firma Paraverde SRL con un supuesto título de propiedad del predio. Desde entonces, la situación con los indígenas fue de tensión constante. Hay denuncias en las que los indígenas hacen constar que los guardias que se instalaron en el lugar dispararon contra ellos cuando pasaban por el lugar.
Paraverde SRL fue beneficiada en 2015 con una licencia ambiental por la entonces Secretaría del Ambiente (SEAM) -ahora Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)- para desmontar 3.230 hectáreas de la propiedad para la explotación ganadera.
Sin embargo, el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) accionó judicialmente contra la licencia de la SEAM. Además, el INDI inició un juicio de reconocimiento territorial a favor de los Yshir, exigiendo además una medida de no innovar contra el territorio. Esto significa que Paraverde no podía hacer una compra-venta, ni realizar ningún tipo de proyectos de obras en el predio. En setiembre de 2016, el Juzgado de Primera Instancia de la Capital aceptó el pedido del INDI. Paraverde SRL apeló rápidamente esta medida.
En agosto de 2019, el tribunal de Apelación Civil y Comercial de la Capital, primera sala, decidió ratificar la medida de no innovar que había planteado el Juzgado de Primera Instancia y de esta manera, ratificar el territorio de Puerto Ramos a favor de los Yshir.
César Barboza, concejal indígena de Bahía Negra y miembro de la UCINY, dice que actualmente la propiedad no es habitada por indígenas, pero sí hay hombres de las comunidades Yshir que trabajan como peones de la empresa, lo cual no deja de parecerle estratégico de parte del empresario turco, que hace cinco años ni siquiera les dejaba pasar por el lugar. Barboza recuerda los casos en los que fueron amenazados por los guardias de “el turco” para no ingresar a Puerto Ramos. Cuenta que incluso hubo ocasiones en que los guardias hacían disparos al aire para asustar a los suyos, cuando veían que estaban dentro de Puerto Ramos. Dice que las denuncias que se hicieron en su momento no tuvieron repercusión, ya que el Ministerio Público nunca tomó intervención.
Puerto Ramos es considerada una tierra sagrada por los indígenas debido a su vasta biodiversidad que permite encontrar alimentos todo el tiempo y porque es un paraíso para la pesca.
El Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) envió una nota con fecha 5 de julio de 2020 dirigida a Paraverde SRL solicitando la remisión de una carta oferta “en caso de que estuviera dispuesta la venta de la propiedad”. Para los yshir, hablar de propiedad privada sobre los bosques o los ríos que ellos, desde sus antepasados, habitaron siempre, resulta extraño.
César Barboza relata que hasta el momento no se resolvió nada y al mismo tiempo repudió que la tierra que defendieron sus ancestros en la Guerra del Chaco (1932-1935) ahora tenga que estar en manos de un extranjero.
El director de Ordenamiento Territorial del INDI, Osmar Ubeda, señala que Paraverde SRL no contestó con documentos al pedido de oferta que hizo la cartera estatal. La empresa hizo saber, a través de su representante legal, que no tiene interés en poner a la venta la propiedad reclamada por los indígenas, incluso solicitó al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) una mediación para llegar a una solución al respecto. Para los yshir, sin embargo, la cuestión es simple. Para ellos, Puerto Ramos es tierra ancestral.
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Antes de que iniciara el conflicto bélico por el territorio chaqueño entre Paraguay y Bolivia en 1932, los yshir ocupaban 3.460.000 hectáreas de la Región Occidental de Paraguay, dato que registró el antropólogo y militar ruso Juan Belaieff hace 88 años cuando trazó un mapa de las tierras indígenas, según un informe de la organización Tierraviva.
Otras comunidades como Puerto Pollo, Puerto Diana y Puerto La Esperanza también enfrentan el peligro de perder las tierras de sus ancestros, debido a la ausencia del Estado para garantizar sus derechos territoriales en el departamento de Alto Paraguay.
Sin embargo, la Constitución Nacional paraguaya sostiene en su artículo 64 que los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida.
“El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales, ni de ser arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributos. Se prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos”, señala.
Puerto Pollo, a la espera de la recuperación
En una situación similar a la de Puerto Ramos se encuentra Puerto Pollo, de 918 hectáreas. Documentos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) señalan que estas tierras tienen como propietario a Blas Roque Gadea y un informe del MADES, cita como apoderado a João Vieira de Medeiros Neto, de nacionalidad brasileña, identificado como el “dueño” por parte de los indígenas.
Sin embargo, los yshir aseguran que Puerto Pollo también es tierra ancestral. En el Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA) del padrón Nº 468 con Matrícula Nº 58R02, del año 2013, reza que los dos solicitaron la habilitación del predio para la explotación ganadera, con una inversión de USD 350.000.
Varias familias yshir habitaban en este lugar, pero a partir del momento que comenzaron los conflictos por la titulación territorial, una gran parte decidió migrar a otras comunidades de la misma etnia, de los alrededores. La mayoría fue a la más cercana, que es Puerto Diana, donde el mismo brasileño en cuestión es también denunciado por invasión y deforestación.
Lo cierto es que datos la Dirección Nacional de Catastro aseguran que Puerto Pollo desde hace siglos fue habitado por indígenas, quienes le dan un valor incluso espiritual al sitio, porque su tradición sostiene que ahí peleó en la Guerra del Chaco el Capitán Pintura, considerado un héroe por la Nación Yshir. Cuenta la leyenda que él era un guía espiritual que fue a la contienda con el cuerpo pintado para unirse a las tropas paraguayas. Dicen que con sus vastos conocimientos del terreno ayudó a los soldados a conseguir agua y alimentos de la naturaleza para sobrevivir en la zonas inhóspitas y soportar las altas temperaturas del Chaco.
En el caso de Puerto Pollo también intervino el Estado tras los reclamos, a través del Instituto Paraguayo del Indígena, que frenó la intención de explotar el inmueble para la ganadería. Se presentó un interdicto de posesión en agosto de 2017 para que los yshir lo puedan recuperar. Asimismo, se pidieron oficios al Indert y al Ministerio del Ambiente sobre esos bloques territoriales en relación a esa propiedad y la titulación, de los que no se tuvieron más novedades.
Mientras el proceso sigue, se va despoblando el territorio que por derecho les corresponde a los indígenas, y actualmente ya solo quedan cinco familias.
El INDI debía entablar una segunda demanda respectivamente para la restitución de tierra, debido a que la primera no prosperó. La Justicia paraguaya rechazó por la falta de documentación original que acredite la legalidad de las tierras a favor de los pobladores originarios.
El camino que atraviesa Puerto Diana
La comunidad más poblada de toda la Nación Yshir en el Chaco es Puerto Diana, donde viven 287 familias y tiene una superficie de 2.345 hectáreas. Su población está pegada, prácticamente, al casco urbano del distrito de Bahía Negra, en el que hay acceso a algunos servicios del Estado paraguayo.
Es donde se centralizan varias de las actividades indígenas debido a que en el lugar cuentan con el local de la Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Yshir (UCINY), hay una especie de pequeña cooperativa que ayuda a buscar mercados del extranjero para las artesanías, una escuela, incluso un estadio de fútbol que pertenece al Club Capitán Pintura (CCP).
Entre Puerto Diana y Bahía Negra se instaló un embarcadero de la firma Frigorífico Concepción en 2016. Los pobladores esperaban que fuera una fuente de trabajo local, pero la idea quedó solo en expectativas. Al menos instalaron un surtidor de combustible en el predio de la empresa, el único hasta hoy en toda la zona.
Marciano Barboza, ex líder de la comunidad, denuncia que propietarios de una estancia colindante, ubicada en la zona Dos Estrellas, abrieron un camino dentro de sus territorios ancestrales en 2017, cerca de un lugar sagrado para los indígenas: el cementerio de sus ancestros.
Funcionarios de la Dirección Étnica del Ministerio Público se constituyeron en el lugar tras las denuncias presentadas a la institución y el denunciado alegó que contó con la autorización de uno de los líderes para hacer el trabajo. En varias comunidades muchas veces se da con frecuencia que los ganaderos o invasores de tierras indígenas alegan que tuvieron la “autorización” de otros líderes para operar en tierras que son consideradas ancestrales. Se trata de una práctica que se va haciendo más común, debido a la falta de control de las autoridades competentes que deben regular y controlar con mayor rigurosidad las tierras indígenas. En el caso de Dos Estrellas, hasta ahora el camino sigue estando en territorio de los indígenas.
En consecuencia de este tipo de situaciones, después de nueve años de trabajo de diferentes comunidades indígenas, se logró que el Poder Ejecutivo promulgue en 2018 el Protocolo de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado con los Pueblos Indígenas que habitan en el Paraguay, mediante el cual es posible la participación de una o varias comunidades indígenas en cualquier ley o proyecto de empresas públicas o privadas que puedan afectar a sus tierras.
Sin embargo, previo a la ley promulgada, los estancieros tampoco solicitaron a la Municipalidad de Bahía Negra la apertura del camino ni a la Gobernación de Alto Paraguay. De todos modos, el INDI, ex SEAM y la Comuna cuando tomaron conocimiento del hecho intentaron solucionar el conflicto, pero no se avanzó en el tema.
Ocupación en tierras de Puerto La Esperanza
Además de Puerto Diana, otra comunidad que tiene un problema de invasión de tierras es Puerto La Esperanza, de 21.330 hectáreas. El concejal indígena de Bahía Negra, César Barboza, dice que un estanciero, también de nacionalidad brasileña, ocupa desde hace unos 20 años cerca de 2.700 hectáreas de este territorio, por ello la comunidad se encuentra finalizando un plano con apoyo de la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) para reclamar la restitución de sus tierras.
Puerto Esperanza, donde viven 80 familias, perdió en enero de 2019 alrededor de 2.000 hectáreas de sus montes, según constató el propio Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible tras denuncias. Los intervinientes responsabilizaron del desmonte a la estancia El Dorado, propiedad de Pablo César Medeiros.
Los fiscalizadores del Gobierno afirmaron a medios locales que la extensión de tierra fue transformada a pastura para ganado, y que los encargados no contaban con licencia ni plan de gestión ambiental en el momento de la intervención. Aún así, 10 meses después los responsables no fueron sancionados. Las autoridades pertinentes alegaron en su momento que estaban definiendo el monto de la multa.
Medeiros presentó ante un requerimiento fiscal una mensura judicial y títulos del inmueble con lo que justificó solo 1.376 hectáreas a su nombre, menos que las 2.000 hectáreas verificadas como presuntamente deforestadas.
La pérdida de territorio para las comunidades indígenas también significa perder la propia posibilidad de mantener viva la espiritualidad, su tradición y costumbre. En los bosques realizan sus ritos y se abastecen de agua y alimentos de la naturaleza para la subsistencia. “Nosotros trabajamos gracias al bosque, de ahí sacamos el Karanda’y para nuestros productos, de ahí sacamos la miel y la materia prima para nuestra artesanía”, expone Barboza.
Los yshir también se dedican a la artesanía, un sector que en mayor parte es ocupado por las mujeres, quienes trabajan en productos que sacan de los montes, para crear collares, pulseras, canastas y pantallas para soplar. Los hombres, en su mayoría, se dedican a la pesca y algunos optan por el trabajo en las estancias.
Un ejemplo que grafica la desidia estatal con respecto al cuidado de las tierras ancestrales es que la ley que regula y delimita el “régimen para la regularización de los asentamientos de las comunidades indígenas” data de 1989. Nunca se actualizó. La normativa tiene consideraciones o términos que ya no se adecuan a los tiempos actuales, como por ejemplo esto de mencionar “asentamientos” a los que hoy se considera territorios ancestrales.
La debilidad estatal también se ve en el incumplimiento de los derechos indígenas en la comunidad Virgen Santísima, ubicada en Fuerte Olimpo, en la viven 71 familias, y está en condición de “cedido” por la Municipalidad local. Es decir, la titulación está en manos del gobierno local y no en manos de sus verdaderos dueños.
La Nación Yshir habita hace más de 500 años un vasto territorio del Chaco, y para no perder sus territorios tiene que afrontar burocráticos procesos judiciales y la falta de cumplimiento de las leyes indígenas. No da tregua en la lucha por la recuperación de sus tierras ancestrales, aunque esto le cueste grandes peleas jurídicas-sociales.