Tras décadas de ocupación y posesión, con las tierras donadas vía tratado internacional y numerosas acciones judiciales, más de 5.000 habitantes de la Colonia Barbero Cue, conocidos normalmente como barbereños, siguen sin acceder a los títulos de propiedad que les corresponde. Se trata de un inmueble de 17.343 hectáreas ubicado en la zona de Aguaraymí, del distrito de San Pedro del Ycuamandyyú (departamento San Pedro), que la República de Italia donó el 12 de junio de 2012 al Estado Paraguayo para contribuir con la reforma agraria. Fue vía tratado internacional, ratificado por la ley 4.732/12.
El nombre de “Barbero Cue” proviene de la historia que tuvo el científico y humanista Andrés Barbero (1877 – 1951) con la zona. Hijo de inmigrantes italianos, Barbero también fue un notable médico, filántropo y un enamorado total de la cultura indígena paraguaya. Compró las 17.000 hectáreas – hoy en disputa aún – y las donó al estado Italiano para que campesinos de ese país perjudicados por la segunda guerra mundial pudieran vivir, rehaciendo sus vidas en estas tierras. Finalmente, Italia donó el inmueble a Paraguay en 2012, con el objetivo de destinarlo a la reforma agraria.
La comisión vecinal “Un Pedacito de Italia” viene peleando jurídicamente desde entonces para conseguir los títulos de propiedad, pero la lucha social comenzó hace al menos 40 años, según cuenta doña Celia Candia, una de las lideresas de la comunidad.
Con el logro de la donación, los pobladores no imaginaban los sucesivos atropellos que se iban a venir, añade. De hecho, uno de los intentos de sacarles sus tierras comenzó en un proceso dos años antes del tratado, en 2010, y tuvo como protagonista al entonces intendente de San Pedro de Ykuamandyyú, Pastor Vera Bejarano (PLRA[1]), hoy diputado nacional (2018-2023).
Durante su gestión como jefe comunal, Vera Bejarano había vendido irregularmente una deuda que el gobierno italiano tenía con el municipio en concepto de impuesto inmobiliario impago. La venta se hizo a favor de los ciudadanos Luis Ortigoza, que años después sería presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), y Benjamín Adaro Monzón, a menudo publicado en medios de prensa nacionales por negociados de tierras.
En el tratado del año 2012 se lee que “Paraguay no requerirá a la República Italiana el pago de impuestos, tasas u otras contribuciones que pudieran pesar sobre el citado inmueble”. Aún así, en el año 2014, Ortigoza, ya como titular del INDERT, solicitó al juez de San Pedro, Guillermo Lezcano, que dicte sentencia de embargo ejecutivo para llevar adelante el remate judicial de las tierras, a lo que el magistrado respondió favorablemente. Este remate fue frenado gracias a acciones judiciales promovidas por la comisión vecinal de Barbero Cue, pero la lideresa de la comunidad sufrió una denuncia por difamación que promovió en su contra Vera Bejarano, cuando éste ya tenía el cargo de diputado nacional.
“Las tierras se fueron al remate y todo. Defendimos con inteligencia ese juicio de remate y ganamos, pero yo gané además una querella criminal. Una lucha muy desigual, porque te podés imaginar, él ya era diputado en ese entonces y yo apenas una pobladora. Al final yo gané el juicio en todas las instancias y no me pagó las costas hasta hoy (2020)”, relata doña Celia.
Pero ese no fue el único atropello que sufrieron los barbereños debido a acciones de Ortigoza. Durante su presidencia en INDERT, entre 2012 y 2013, promovió una mensura judicial de la colonia. El resultado fue que, supuestamente, el inmueble sólo tenía 14.090 hectáreas, una dimensión distinta a la oficial que se lee en el título de propiedad, hasta hoy a nombre de Italia en Registros Públicos, identificado como finca 231 padrón 682 de 17.343 hectáreas. ¿Qué pasó con las 3.253 hectáreas restantes? Los documentos muestran que algunas empresas dijeron tener derechos sobre esa superficie y el perito de la mensura, en lugar de asentar en la tierra lo que dice el título y solo tomar nota al margen de las afirmaciones de los supuestos afectados, benefició a los agroganaderos que se presentaron, pese a que solo una sentencia tras un proceso judicial puede definir quién tiene mejor derecho sobre una propiedad, cuando existe superposición de títulos. La mensura es solo una medición técnica (Art. 668 del Código Procesal Civil).
Esa no fue la última actuación de un presidente del INDERT en detrimento de los derechos de campesinos de Barbero Cue. Años después, entre 2013 y 2018, estuvo al frente del instituto agrario Justo Cárdenas, quien procedió a finiquitar los trámites de la citada mensura y posteriormente a inscribirla en los Registros Públicos.
Así, Cárdenas llevó adelante la transferencia de la finca 231 por escritura pública ante la entonces escribana mayor de gobierno Marta Narvaja, sin la participación de Italia, lo que se tradujo en la amputación de las 3.253 hectáreas donadas para los campesinos.
“Sufrimos todo tipo de atropellos. Llevamos siete años de lucha consecutivos con esta estructura mafiosa que enfrentamos pidiendo justicia. Estas tierras fueron donadas por el Gobierno italiano para los campesinos, pero el INDERT actuó a favor de ganaderos, sojeros y terratenientes. Así inscribió la mensura mau[2] y la directora de Registros Públicos inscribió. También la escribana mayor de gobierno”, relata doña Celia.
Para la abogada Leticia Almada Paoli, representante legal de la comisión vecinal Un Pedacito de Italia, la “conducta delictual” de Luis Ortigoza y Justo Cárdenas ha dado lugar a varias acciones y medidas cautelares promovidas por sus mandantes contra estos actos, para impedir la repartición de tierras sobre la base de esa transferencia irregular. Son acciones que han tenido sentencias favorables y están firmes. De esta manera, la batalla jurídica con la que los campesinos respondieron a los atropellos consiguió anular lo que en la comunidad bautizaron como “la mensura de la vergüenza”.
Almada cuenta además que Cárdenas protagonizó otro negociado con las tierras de Barbero, al comprar vía excepción una fracción de la finca 231, después de que la misma ya había sido donada al Estado. Es decir, pagó más de G. 14.000 millones por tierras que ya eran del Estado y como si fuera poco, los beneficiarios potenciales que estaban en una lista ni siquiera eran de la colonia y además, en dicha nómina se encontró nombres de personas fallecidas, añade (proceso con ID Nº 297227 en Contrataciones Públicas).
“La corrupción siempre fue sistemática y de décadas en este caso. 40 años lleva esta lucha de todos ellos. La corrupción ha sido tan imperante en el país que ha deteriorado el nivel de la vida de la población y particularmente de los pobladores de Barbero Cue, que han sido privados de asistencia del Estado en materia de Salud, Educación, infraestructura. Los poderes fácticos y políticos han pretendido, además de todo lo que ya sufrieron, arrebatarles sus tierras, sometiéndose a una justicia corrompida”, resalta la abogada.
Según subraya, los campesinos siempre han respetado los derechos, no han invadido, mientras que sus tierras sí fueron invadidas. “La corrupción socava todos los cimientos de la democracia. Incluso los fallos judiciales. Siempre hubo detrás una asociación criminal, empresarial, política y gubernamental, de distintas instituciones, todas en complicidad. Los logros que obtuvimos no los hubiéramos tenido sin la participación de la prensa, sin la participación ciudadana, las protestas, todo eso fue fundamental”, asegura.
Los líderes de la comisión vecinal “Un Pedacito de Italia” cuentan que se sienten avasallados desde todo punto de vista. Además de la problemática de tierra, sufren fumigaciones de los sojeros, precisamente a los que los extitulares del INDERT beneficiaron. Las fumigaciones les perjudica su producción de cedrón capi’i, cedrón Paraguay, sésamo, que al exportar a Europa, no debe tener alto contenido de agroquímicos, lo cual no es posible cuando los productores de soja rocían toda la zona. Pero su principal objetivo es tener títulos de propiedad, según apunta Víctor Caballero, presidente de la comisión vecinal.
Agrega que el encargo legal del Estado Paraguayo es apoyar a los campesinos, precautelar sus intereses y recibir en su forma íntegra la donación de Italia para transmitirles después a los campesinos; hacer lo contrario es ilegal y nulo, y eso es lo que ha ocurrido hasta ahora, afirma. “Luchamos incansablemente contra un poderoso que es el Estado Paraguayo: La intendencia, el INDERT, la Procuraduría, el Registro Público, Catastro y el Poder Judicial. Lo más doloroso es que hasta hoy siguen violando nuestro derecho porque las costas nosotros tenemos que pagar a nuestro abogado y no tenía que ser así. Somos avasallados”, indica el líder campesino.
Caballero, al igual que los demás miembros de la comisión, esperan que la actual presidenta del INDERT, Gail González Yaluff[3], tome cartas en el asunto y resuelva de una vez la distribución de los lotes a los campesinos, con los títulos respectivos. Para ello, el Poder Ejecutivo debe aceptar la donación de Italia con la inscripción de una mensura correcta en los Registros Públicos y transferencia del título al Estado. Se reunieron con ella este año, pero la funcionaria solo les dijo que “va a ver qué puede hacer”.
“Tenemos un poquito de esperanza, pero vamos a ver qué pasa. Nosotros no somos violentos, ellos son los violentos. Y vamos a ver hasta cuándo sigue así”, puntualiza el líder de la comisión, al momento de advertir que no cesarán en su lucha.
Desde el equipo jurídico que acompaña a los barbereños identifican numerosos derechos violentados en todos estos años de batalla jurídica. “Se ha violado el derecho de igualdad ante la ley en la no aplicación estricta de la ley. El derecho de propiedad también fue vulnerado al ser rapiñada por el ente regulador de la reforma agraria, causando graves daños a los barbereños. El derecho de la libertad de expresión en el caso Ña Celia, y yo también sufrí persecución, como persona y en mi condición de profesional por defender a los barbereños, con la amenaza de cancelarme mi matrícula”, subraya la abogada del caso y coincide con Caballero en que, aunque Paraguay es un país “donde impera el dinero, el poder y la corrupción”, no van a retroceder ni un centímetro en la lucha, y seguirán resistiendo hasta que se haga justicia en favor de los beneficiarios de la donación de Italia, que son los campesinos de Barbero Cue.
[1] Partido Liberal Radical Autentico
[2] Palabra perteneciente a la jerga popular paraguaya. Proviene del portugués “Mal” /’maw/ y se utiliza para hacer referencia a algo que es falso, ilegal, pirata, trucho, corrupto, robado, etc.
[3] Designada como titular de la institución en Octubre del 2020.