Ocho meses después de esos terribles momentos, Aquino habla aliviado por las lluvias que cayeron en el último mes de ese año y dieron un respiro a la calamitosa falta de agua. “Hace tiempo que esperamos a las autoridades para hacer la excavación de un pozo, de manera a tener agua segura para la comunidad. Yo escuché de un programa de Acueducto aquí en el Chaco Central, pero finalmente sólo llegó a las zonas urbanas de Filadelfia, y salieron a decir que habían llegado a los pueblos indígenas, pero no fue verdad”, reclama el líder de Campo Loro.
El mismo indica que la gobernación de Boquerón distribuye agua en los municipios de Mariscal, Loma Plata, Neuland y Filadelfia, pero no a las comunidades indígenas, por lo que siguen buscando una salida al problema del agua, que suelen solucionar pidiendo ayuda a la Municipalidad o la Gobernación, y en algunos casos ayudan y en otros, no. “Nuestra comunidad crece y nuestras necesidades también”, expresa, detallando que por el alto número de familias en la comunidad, ésta es la más afectada.
Aquino llegó a enfrentar a los funcionarios técnicos de la comuna, indicándoles que para los animales que se crían en esta zona eminentemente ganadera, copada en su mayoría por productores de colonias menonitas, no falta comida. El ganado tiene suficiente pastura y agua, y si se enferman son atendidos por los veterinarios, a diferencia de ellos, que sufren de falta de comida, de agua y de atención médica, a lo que los asesores solo respondieron con miradas entre ellos.
“Nos instalaron acá una bomba para que la gente pueda tomar agua de los tajamares, pero la gente no quiere tomar eso porque esos tajamares son muy viejos y el agua no es agua potable”, reclamaba Aquino al inicio de la cuarentena a través de la organización Iniciativa “Amotocodie”.
Las políticas de subsidios del Gobierno Nacional tampoco llegaron a la comunidad, según detalla. “Acá en nuestra zona hay muchas dificultades para recibir a algunos pagos, porque (el subsidio) Tekopora siempre pagaba el Banco Nacional de Fomento (BNF). El BNF siempre trajo dinero para pagar a los beneficiarios, pero la última vez ellos le dieron al Correo Paraguayo y el correo hizo más desastre que el BNF. Un ejemplo que puedo contar, porque pasó en mi familia, es que una de mis hijas siempre cobró Tekopora cuando trajo el BNF, pero cuando el Correo Paraguayo llegó, le dijeron que no va a cobrar, porque ella trabaja en la municipalidad de Filadelfia y tiene un salario de 900.000 guaraníes. No le pagaron. ¿De dónde sale que ella gana ese dinero en la municipalidad?”, cuestiona.
La cuarentena golpeó duramente la economía de la comunidad al no haber más disponibles trabajos temporales que dan los colonos menonitas a los indígenas en las estancias, y los reclamos a las autoridades no se hicieron oír, en palabras de Aquino, por el desprecio que les tienen a los indígenas.
La dependencia exclusiva de la lluvia
Mateo Sobode Chiqueno es uno de los fundadores de Campo Loro hace más de 40 años, y recuerda que el primer año intentaron construir ellos mismos un pozo de agua, pero que no lograron hacer efectivo el sueño del agua propia por la falta de herramientas acordes y equipos adecuados.
Relata que la fundación de la comunidad se dio con la iglesia evangélica estadounidense Misión Nuevas Tribus, y que en la actualidad, de dicho grupo, solamente quedó dentro de la comunidad Campo Loro una familia norteamericana ocupando una casa con otros indígenas de la etnia Yshir (etnia de la misma familia lingüística que los Ayoreo, el Zamuco).
Mateo es miembro del Consejo de Campo Loro, y subraya que necesitan ayuda para poder construir un pozo con los elementos que garanticen el agua potable para todas las familias. Se muestra molesto porque las autoridades locales se llenan la boca diciendo que ayudan a los indígenas, pero que no dicen qué comunidad es la que recibe ayuda, porque ellos, que también son indígenas,no reciben hasta ahora una solución real a sus problemas, comenta.
“El agua es buena por acá, hay un lugar donde se puede realizar el pozo, pero no tenemos los recursos ni el apoyo real de las instituciones… Acá hay un tanque grande que puso el Gobierno Nacional hace más de 30 años, y está ahí sin ser utilizado, porque no tenemos cómo cargar”, explicó.
Contó que en el 2018 se culminó la construcción de unas 96 viviendas sociales de la entonces Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) -hoy Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat-, cuyo proyecto incluía la construcción de aljibes para cada casa, pero que estos aljibes son muy pequeños (5 mil litros cada uno) y algunos ya se rompieron.
El reclamo sobre los aljibes se debe a que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo estimado de agua por persona al día debe ser de unos 100 litros. Según la organización Pacto Global en Paraguay, en el departamento Central, el consumo promedio es de entre 150 y 200 litros al día, pero en el Chaco esta cifra baja a 60 litros por día entre consumo y la higiene personal y del hogar.
Ronald Picanerai, docente y actualmente supervisor de las escuelas indígenas ayoreas de la zona, cuenta que se mudó a vivir a Campo Loro en el año 2017, tras abandonar la comunidad de Tunucojnai debido a la falta de energía eléctrica y otras situaciones precarias. “Los primeros años que nos mudamos en el 2017 tuvimos agua suficiente pero después de la larga sequía de este año (2020) tuvimos una difícil situación. La gente tenía que pedir ayuda a la gobernación y la municipalidad, que acarreaban agua de aljibes comunitarios, pero si no, teníamos que comprar agua de las comunidades vecinas, que tienen aljibes de 30 mil litros o más”, explica.
Detalla que la sequía en el 2020 duró nueve meses y que recién a fin de año, en diciembre, se dieron lluvias importantes que lograron cargar algo los aljibes de la comunidad y los tajamares, pero que antes la situación era desesperante. Sobre todo en medio de la pandemia, cuando varios indígenas dieron positivo y algunos murieron.
“En los últimos meses, antes de que lleguen las lluvias, la gente estaba muy preocupada, pensando en cómo iba a traer agua, porque es muy peligroso también buscar agua de las estancias vecinas, porque hay algunos patrones que no dejan entrar en su campo”, detalló.
Dijo que finalmente, gracias a la gestión del líder y el Consejo, lograron que la Municipalidad de Filadelfia, la Gobernación de Boquerón y hasta la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) consiguieran camiones cisternas que acarrearon agua de las comunidades vecinas hasta Campo Loro.
Ronald señala que en algún momento llegaron funcionarios de una institución que realizó un relevamiento de los aljibes de las casas de Senavitat que se encontraban rotos, y que prometieron volver para las reparaciones, pero que a la fecha no han vuelto.
Entre los documentos que guardan relación con este proyecto, se encuentra la Declaración DGCCARN Nº 1112/2016, donde la entonces Secretaría del Ambiente (SEAM) – hoy Ministerio del Ambiente – aprobaba el estudio de Impacto Ambiental para la obra y en la misma señala que la superficie intervenida es de 228 viviendas rurales con dos dormitorios de 41,25 m2 cada uno, correspondientes a 9.405 m2.
Sin embargo, la Resolución Nº1.788 del 2017 de la Senavitat, donde se aprueba el número de beneficiarios, señala que el número total de viviendas sería de 96, lo cual da una diferencia de 132 viviendas menos que el documento anterior. El mismo documento autoriza el desembolso a la empresa Arquitectónica SRL, responsable del trabajo, detallando que el monto total a ser abonado por la institución es de G. 5.901.609.740, y el aporte de los beneficiarios (los indígenas), de G. 310.611.039 (ya que varios programas de viviendas de la cartera de Estado prevé un aporte Estatal más contrapartida de la familia beneficiaria).
En búsqueda de una salida sostenible
Tanto Aquino como Mateo manifiestan que hasta diciembre no han tenido ninguna propuesta concreta de solución al problema de suministro de agua potable para las casi mil personas que componen la comunidad de Campo Loro.
Indicaron que fueron a golpear muchas puertas de instituciones públicas, y que solamente escucharon sus problemas, sin dar respuesta alguna a la cuestión de fondo, que es la necesidad de un pozo que suministre permanentemente agua potable.
Pero el problema de la necesidad de agua potable es un denominador común para las poblaciones del Chaco paraguayo, y en este sentido, existen ya varios estudios realizados, como por ejemplo el publicado por el Centro Paraguayo de Ingenieros (CPI) de la consultoría hecha en el 2003 por los ingenieros Guido Duarte, Silvano Frutos, José Ortíz Guerrero y el doctor Juan H. Palmieri, denominado “Estudio de Alternativas de Abastecimiento de Agua para el Chaco Central“, financiado por el BID y la Secretaría Técnica de Planificación (STP).
El trabajo incluye a la comunidad de Campo Loro, en el desarrollo del Acueducto Rio Paraguay – Chaco Central, como uno de los objetivos a largo plazo. “El acueducto es una obra trascendental, que apunta a satisfacer de agua potable a toda la región del Chaco Central, y a largo plazo deberá desarrollarse en todo su potencial, extendiéndose mediante la construcción de los ramales a Lolita, Mcal. Estigarribia y Campo Loro, integrándose con los sistemas existentes”, señala el estudio.
El 13 de noviembre de 2020, se presentó el anteproyecto del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT) de Filadelfia a la mesa conformada por distintos sectores de la sociedad, entre ellos dirigentes de los barrios latinos (paraguayos), de las aldeas y barrio Centro de los Descendientes europeos, líderes de las comunidades indígenas, además de organizaciones de la sociedad civil, PCI, ASEC, Cruz Roja, Cooperación Vecinal Fernheim y representante de la Cooperativa.
Este emprendimiento es impulsado por la Municipalidad de Filadelfia y cuenta con el apoyo de la “Alianza para el Desarrollo” con fondos de la USAID, administrados por la WWF y cuenta con un equipo técnico de un Consorcio Geam, Alter Vida y Mingara. La elaboración del proyecto tuvo un costo de USD 140.000.
Mingara es la organización que llevó adelante talleres de diagnóstico con las comunidades indígenas, y en lo que refiere a Campo Loro, la misma se realizó el 19 de febrero de 2020, y como primer punto de los problemas señalados, figura el agua.
Julio Rodas, de la organización Mingara, manifiesta que no tiene conocimiento de un proyecto puntual o detallado que plantee la solución definitiva al problema del agua potable en la comunidad de Campo Loro.
“El Plan de ordenamiento no tiene jurisdicción sobre las tierras indígenas, porque ellos se rigen por el Estatuto Indígena… lo que se incluyó es que alrededor de las comunidades indígenas haya un área de protección y no se practiquen cultivos con uso de agrotóxicos, por ejemplo”, explica Rodas.
Indica que existen varias opciones que se manejan ante la problemática del agua en la zona del Chaco Central, como un reservorio grande de agua, aljibes más grandes, y los pozos someros, donde se filtra el agua.
“Todas estas soluciones son complementarias, porque también necesitan para cultivos, animales y subsistencia, no hay un sistema que solucione todos los problemas… Las cañerías del Acueducto se supone que van a llegar en algún momento… La primera fase va de Puerto Casado hasta Loma Plata, otra segunda que va de Loma Plata a Filadelfia y Neuland, y otro ramal que va por Teniente Irala Fernández hasta Lolita, y ahora hay una tercera etapa que se van a construir redes internas en las comunidades, y una cuarta etapa de las cañerías que van a subir de Filadelfia hasta Mariscal Estigarribia, donde también hay varias comunidades indígenas en el camino”, detalla, pero aclara que Campo Loro no se encuentra entre estas.
Mientras los técnicos y los indígenas señalan que no tienen conocimiento de un proyecto puntual para Campo Loro sobre su problema de agua potable, la Fundación Aquae publicó en noviembre de 2020 que el Premio al Mejor Trabajo Fin de Máster, valorado en 2.500 euros, lo ha recibido Loisa Lariño Mora, de la Universidad de Santiago de Compostela, en España, por su trabajo “Desarrollo de una Comunidad Sostenible en la comunidad ayoreo de Campo Loro: diseño de un sistema fotovoltaico de bombeo y tratamiento de agua como parte de una Acción de Buena Voluntad”.
Tanto indígenas de Campo Loro como los técnicos de las distintas organizaciones locales no están al tanto del citado trabajo ni del premio otorgado por la citada Fundación. En conclusión, pese a los estudios preliminares y la identificación plena por parte de los organismos del Estado de un problema de acceso al agua de una numerosa comunidad indígena, no hay indicios mínimos de que este problema será abordado como corresponde para ser solucionado, por lo tanto, el derecho del acceso al vital líquido sigue sin tener respuesta.