Adelaida Álvarez falleció antes de ver a un médico. La Unidad de Salud Familiar del pueblo no contaba con personal ni equipamiento, según admitió después el entonces ministro de Salud, Antonio Barrios (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 2014), mientras que su hermana, Adela, falleció el 22 de julio luego de que en el Hospital de Curuguaty se le negara la internación, bajo el argumento de que su cuadro era leve, según relata su padre Benito Álvarez.
El asentamiento de Huber Duré, parte de la organización Federación Nacional Campesina (FNC), de donde ambas niñas eran oriundas, se encuentra en el Departamento de Canindeyú, y en él viven aproximadamente unas 300 familias. En la semana del fallecimiento de las niñas, Tomás Castillo, dirigente de la FNC y poblador del asentamiento relata que la comunidad tuvo contacto con las fumigaciones aéreas de agrotóxicos, provenientes de las estancias productoras de cultivos transgénicos colindantes como el maíz, trigo y la soja. Otras 40 personas de Huber Duré terminaron consultando en el hospital de Curuguaty en la misma semana del 21 de julio, 22 de ellas quedaron internadas según relatos de campesinos y campesinas refrendados por la comisión parlamentaria y técnica que visitó el lugar a raíz de los fallecimientos. La comunidad también denunció que, luego del entierro de las niñas, 319 gallinas, 43 vacas y 30 cerdos fallecieron de manera súbita.
A raíz de las fumigaciones y el fallecimiento de las niñas, Castillo relata que hicieron una denuncia por posibles delitos ambientales en el Ministerio Público, la investigación estuvo a cargo del fiscal Benjamín Maricevich. A raíz de la denuncia, la Fiscalía pidió una autopsia de las dos niñas. El informe final, a cargo del forense Pablo Lemir, dictaminó que la causa de muerte fue una «asfixia por insuficiencia respiratoria por bronconeumopatía». Y que la muerte de las vacas fue por «tristeza bovina».
El informe forense, aceptado por el Ministerio de Salud y el Ministerio Público, es cuestionado tanto por la comunidad como por otros especialistas, como la doctora e investigadora Stela Benitez Leite y el doctor José Barreto, patólogo. Benitez Leite es autora del estudio que concluyó la existencia de daño genético en niños y niñas expuestos a fumigaciones en otra comunidad rural del mismo departamento donde se encuentra Huber Duré (DNA damage induced by exposure to pesticides in children of rural areas in Paraguay, Indian Journal of Medical Research, 2019) y critica que «el informe (de autopsia) se hizo con una macroscopía». Es decir, se hizo una descripción del estado de los órganos en la autopsia. Al acceder a la documentación de la autopsia realizada por Lemir para la Fiscalía, la doctora Benítez buscó la opinión de su colega José Barreto. Luego de la lectura del informe, la opinión de Barreto es que «todo lo que hizo el forense fue determinar si hubo o no una intoxicación por organofosforados (como el glifosato). No se investigaron otros compuestos potencialmente tóxicos. No existe un informe sobre los estudios histológicos». Es decir, no se buscó la posible existencia de otros agroquímicos, como el paraquat, el segundo herbicida más utilizado en Paraguay y prohibido en los países de donde se importa. Tampoco se hizo un análisis microscópico de los tejidos de las niñas. El doctor Barreto definió esa ausencia como una «vergüenza». «Sin el análisis microscópico no es suficiente para saber si hubo intoxicación», según la doctora Benítez, quien fue parte de la comitiva de comunicadores, especialistas, miembros de organizaciones sociales y senadores que relevaron denuncias en la comunidad en 2014.
También es criticada la rapidez con la cual el ministro de salud Barrios, aún antes de la existencia de los resultados del informe final, prácticamente deslindó la posibilidad de que se tratase de una intoxicación por agrotóxicos, bajo el argumento de que según su par del Ministerio de Agricultura, Jorge Gattini, “en esta época del año y este me dijo que no se realizan fumigaciones, porque lo que actualmente se puede plantar es maíz, que no es soja y no es la época” (Declaraciones oficiales en el sitio del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 2014).
Aunque es cierto que durante el mes de julio no se realiza la gran zafra de soja, si se realiza el de maíz transgénico como parte de cultivos rotativos en la misma tierra generalmente adoptados en la agricultura mecanizada de Paraguay. También, hasta junio, se realiza en muchas ocasiones una zafriña de soja, una plantación a menor escala que se da entre la rotación de cultivos. Y según la guía técnica de cultivo realizada por la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA[1] en 2019, el maíz transgénico utiliza glifosato, el agroquímico más utilizado en Paraguay y por el cual su empresa productora y principal exportadora a Paraguay, Bayer/Monsanto, tiene unas 125 mil demandas en todo el mundo. Los campesinos y campesinas entrevistados en Húber Duré hablan de glifosato y hablan también de los carbamatos, que se usan para el control de plagas.
Otro organismo que realizó una investigación cuestionada es el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), principal organismo público responsable del cumplimiento de la Ley N° 3742 de control de productos fitosanitarios en Paraguay. Junto al fiscal Maricevich, técnicos de la Senave visitaron el asentamiento. Según Benito Álvarez, padre de Adela y Adelaida, “hicieron un rastrillaje gua’u (de mentira) en las tierras de los brasileños (cercanas a Huber Duré). No revisaron si tenían venenos falsos» (sic). Por «venenos falsos» se refiere a agroquímicos utilizados sin receta legal exigida por el Senave.
Los productores denunciados por las fumigaciones ilegales fueron Ulises Rodrígues Teixeira, Pío Ramírez, Marcelo Abente y Basilio Ramírez. El presidente de Senave, Regis Mereles, dijo que no había registro de fumigaciones en la zona, que no es lo mismo que decir que no había fumigaciones en la zona. Según la ley fitosanitaria, las fumigaciones aéreas están prohibidas en zonas cercanas a asentamientos humanos, o cuando existan vientos por encima de los 20 kilómetros por hora, por el peligro que conlleva la dispersión. Las declaraciones de Mereles son cuestionadas puesto que antes de ser titular del ente público, presidió la Asociación de Productores de Soja (APS), por lo que la Federación Nacional Campesina sospecha de conflicto de intereses. Uno de los productores acusados de fumigar ilegalmente, Pío Ramirez, era entonces titular de la Asociación de Productores Agropecuarios de Canindeyú, parte de la APS.
Con el informe forense y de la Senave, el Ministerio Público no realizó investigaciones adicionales sobre las muertes. Los familiares de Adela y Adelaida y la Federación Nacional Campesina exigen, sin embargo, la reapertura del caso, sobre todo luego de que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas haya fallado en 2019 contra el Estado paraguayo por no investigar de manera imparcial un caso similar, la muerte de un joven campesino bajo sospechas de intoxicación por agroquímicos en la Colonia Yerutí, también en el departamento de Canindeyú, en 2011. «Paraguay es responsable de violaciones de derechos humanos en contexto de fumigaciones masivas con agroquímicos», reza el fallo.
Una de las dificultades que encuentran comunidades campesinas como Huber Duré es la falta de datos y criterios del Ministerio de Salud, que no reporta cuántos casos denunciados como intoxicación de agroquímicos llegan a hospitales, unidades de salud familiar o puestos de salud. Según la doctora Benitez Leite, «existe una “Ficha de Notificación de Intoxicación Aguda por Plaguicidas” por parte del ministerio que se encuentra en los servicios de urgencia. Pero no todos los casos llegan a los hospitales, excepto los graves, y por ello es probable que exista un subregistro de intoxicaciones que no llegan a los diferentes servicios». Mas la ficha no está socializada por el Ministerio de Salud, por lo que hoy queda a criterio subjetivo de los profesionales decidir si lo que tiene un paciente es una intoxicación. Así, los síntomas que fueron registrados como posible intoxicación por plaguicidas en el caso Yerutí no fueron reconocidos como tales en el caso Adela y Adelaida, pese a sus amplias similitudes. Un reclamo persistente de organizaciones como la Federación Nacional Campesina es la existencia de un protocolo más claro para reportar, denunciar e investigar casos sospechosos de intoxicación por plaguicidas.
Otro problema es la práctica inexistencia de investigaciones científicas sobre posibles efectos de agroquímicos en Paraguay, pese a su utilización extendida por parte de la agricultura mecanizada y las, cada vez más, documentadas denuncias de mal uso de agroquímicos, como el glifosato y el paraquat, muchas veces prohibidos en los países de origen. Debido a conflicto de intereses, el agronegocio no tiene intención de apoyar ese tipo de estudios. Y luego de la publicación de la investigación de la doctora Benitez Leite, que fuera financiada por el Estado paraguayo, representantes del agronegocio fungiendo también de representantes en el órgano científico público[2] modificaron el mecanismo de selección de proyectos para que prime el criterio parcialista a la hora de decidir qué investigaciones apoyar. Además, existe un problema metodológico «No podemos hacer ensayos clínicos doble ciegos porque a un grupo no podemos darle venenos y a otro grupo no darle y luego buscar los efectos o resultados. Lo mismo pasaba con el tabaquismo. Lo que corresponde, según ella, es realizar estudios epidemiológicos y de cohortes para indagar efectos en la salud humana y en la biodiversidad.
Seis años después del fallecimiento de las niñas, sus familiares y demás miembros del Asentamiento Huber Duré siguen denunciando la presencia de fumigaciones que violan la ley fitosanitaria y afectan a animales, personas y cultivos en la comunidad.
[1] Universidad Nacional de Asunción
[2] Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)