Es el mismo cauce hídrico, que a lo largo de los kilómetros cruza los asentamientos San Pedro II, San Pedro I y otras comunidades, llevando a su paso no solo agua, sino también basura, restos de animales que varias empresas depositan en bolsas y luego son tiradas al arroyo.
Doña Irma, del asentamiento San Pedro II, se levanta temprano e inicia su jornada de madre soltera, trabajadora y en el 2020, también de maestra de sus hijos mellizos, José y Cristofer, de siete años, debido a la suspensión de clases presenciales por la pandemia. Su vivienda, ubicada al costado del arroyo, es tomada por las aguas con cada crecida varias veces al año y por el olor insoportable, cada vez que una empresa de la zona arroja los despojos de animales directamente al agua, sin tratar previamente sus desechos y ante la omisión de sanciones severas por parte de la Municipalidad y del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).
Nos recibe en su casa y nos muestra hasta dónde llega el agua cuando hay crecida o bien, cuando las basuras tapan las zonas estrechas del arroyo y al no poder continuar su curso normal, esa mezcla de agua, basura y restos de animales se desborda sobre los patios de las precarias viviendas ribereñas.
“Cuando viene la crecida, se tranca y se desborda. Y una vez a la semana, la matadería suelta sus desechos”, nos cuenta, mientras señala el cauce que pasa al lado de su casa. Suspira. “Inetereí”, agrega, en un guaraní descriptivo (huele muy mal). Y así, en un tradicional jopara (una mezcla de español y guaraní), nos va contando lo que ella y sus vecinos sufren permanentemente. “Yo a veces no puedo ni comer. Demasiado mal olor hay. Hasta dolor de panza me da. Esto siempre fue así. Yo estoy acá desde hace siete años y siempre fue así”, añade.
José y Cristofer juegan en el patio, sin estar conscientes del problema ambiental y social que tienen frente a sus rostros. Hoy pueden hacerlo, esta mañana no se ve actividad en la matadería San Jorge, de Félix Santiago Candia, pero no siempre es así. Doña Irma nos explica que hay ocasiones en que deben estar encerrados para tratar de no aspirar lo que parecería el olor de la cloaca, como si vivieran exactamente dentro de ella. “A veces, les tengo encerrados a mis hijos para que no se bajen al arroyo”, cuenta la joven madre.
El matadero San Jorge es uno de los que arrojan sus desechos en el arroyo y es al que la pobladora hace referencia. Tiene una canaleta que utiliza para que los despojos de vacunos, según cuentan los vecinos, lleguen al Paso Carreta.
Las lideresas del asentamiento están organizadas y visitan permanentemente la Municipalidad de Luque y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), pues hay un proyecto de mejoramiento del barrio que beneficiaría a 12 territorios sociales y que incluye la descontaminación de las aguas, instalación de desagües, planta de tratamiento general, plazas, puentes y otras infraestructuras, de acuerdo con los testimonios recogidos. También se enteraron de una intervención del Ministerio del Ambiente ante la contaminación de las aguas, a inicios de 2020, que no tuvo el efecto esperado, pues las empresas continuaron depositando sus desechos al arroyo.
Olga Saldívar, presidenta de la comisión vecinal en el asentamiento San Pedro II, que está compuesto por 143 familias, nos recibe en su casa, ubicada a unas cuadras más hacia el Norte. Cuenta que está al frente de la organización desde hace dos años y que en todo este tiempo, el Ministerio del Ambiente ni una sola vez se ha comunicado con ella para hablar del problema ambiental.
Esperanzada en que se lleve adelante el proyecto “Mejoramiento del Arroyo Paso Carreta en la Ciudad de Luque”, a cargo del Ing. Jorge Pusineri del MOPC, comenta que es un plan diseñado por el Ministerio de Obras tras la lucha vecinal, que podría entrar en el presupuesto 2021 de la cartera, requiere de un financiamiento de US$ 15 millones y la aprobación depende del Congreso, indica, mientras muestra los planos de la obra.
Ana Jara, secretaria de la comisión vecinal, y Marta Flores, síndica, se unen a las voces anteriores para sumar sus testimonios.
Ana señala que Frigo Luque, de Felipe Acuña, tiene una zanja donde tira sus desperdicios y que “el olor agarra cuadras”. “Nosotros siempre denunciábamos en la municipalidad. Después los dueños hablaban con las autoridades y quedaba todo en la nada”, relata.
Ana y Marta, así como Olga, nos acompañan en un recorrido en la zona del arroyo, para graficar lo que previamente nos contaron. Cuentan que injustamente, la sociedad culpa a los lugareños de tirar sus basuras en el arroyo, pero que en realidad, las que lo hacen son las empresas, ante la impunidad de la justicia paraguaya y ante la resignada mirada de los ribereños, que impotentes sólo pueden convivir con el problema.
Precisamente, periódicos de alcance nacional publicaron al respecto en más de una ocasión. Uno de ellos fue el Diario ABC Color, que el 31 de enero del 2020 informaba sobre la noticia de intervenciones del Ministerio del Ambiente en tres mataderos de la zona que operaban irregularmente. “Los mataderos J&M, La Milagrosa y Tío Kele, ubicados en la compañía Ykua Karanda’y de esta ciudad, fueron los intervenidos por los funcionarios del MADES luego de denuncias de pobladores de la zona. Los lugareños expresaron que el hedor de los establecimientos es insoportable, y a eso se suman los buitres que se posan en los árboles, los techos y las murallas de las casas”, se lee en el artículo periodístico de referencia.
Pero lo que más se destaca en el material es que al parecer todas las denuncias fueron corroboradas. Por ejemplo, que los hechos son de pleno conocimiento de las autoridades municipales y aún así éstas no intervienen; que no hay planta de tratamiento en las empresas (al menos no en funcionamiento), que algunas de éstas usan zanjas como lugar de acumulación de cueros de caballos y burros, también vísceras agusanadas y en estado de putrefacción. Se llegó a encontrar, además, un horno donde al parecer queman los huesos de los animales, el pelaje desechado y parte del cuero y esto precisamente es lo que estaría provocando en gran medida el olor nauseabundo, de acuerdo con la nota periodística.
Los datos indican que el Ministerio del Ambiente ordenó en enero de 2020 el cese de actividades de las empresas intervenidas, hasta tanto regularicen sus documentaciones.
En otra publicación del diario La Nación, de julio de 2020, se evidencia que el problema seguía vigente a mediados de año. Fiscalizadores del Ministerio del Ambiente volvieron a intervenir uno de los mataderos y hallaron que la empresa incumplía su plan de gestión ambiental, según se lee en la nota. La inadecuada disposición de residuos sólidos, la instalación de obras no previstas en el permiso ambiental, entre otras anomalías, se suman a la lista de irregularidades que persisten.
De hecho, los pobladores coinciden en que si bien desconocen qué documentos habrá proporcionado el empresariado desde inicio de año a diciembre, hay algo que saben muy bien y es que la situación continúa siendo la misma. Lo saben cada vez que llega hasta sus casas el fétido olor que proviene de los mataderos y del arroyo. Lo constatan al llegar hasta el cauce y ver cómo esos desechos son arrojados al mismo, sin tratamiento previo.
Pero, ¿qué dicen al respecto desde la Municipalidad de Luque?
En defensa de las empresas
En la Municipalidad de Luque minimizan las denuncias de los vecinos sobre el funcionamiento irregular de las mataderías, pues sostienen que el terrible hedor que deben soportar los pobladores es por la carencia de un sistema cloacal, no por el desecho de residuos directamente al arroyo Paso Carreta por parte de estas empresas.
El director de Salubridad de la comuna local, Pedro González, sostiene que todas las mataderías ubicadas en Ykua Karanday cuentan con un sistema de tratamiento de efluentes, y están habilitadas por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).
“Ellos (dueños de las mataderías) no desembocan desperdicios en el canal como hacen creer los vecinos. Incluso hay una empresa que todos los días retira desechos, como sangre. Ellos no tiran sus desechos directamente al arroyo. El problema es cloacal, no de las mataderías”, insiste.
Pero deja entrever que no está del todo seguro de esa afirmación, pues deslinda responsabilidades de la Comuna. Precisamente, González alega que la municipalidad cumple un rol “administrativo, no operativo”. Eso responde al ser consultado si la municipalidad realmente controla que los mataderos de animales vacunos y equinos cumplan con las normas ambientales.
Finalmente, añade que la Comuna no puede cerrar estas empresas, sino más bien suspenderlas temporalmente en caso de que sea detectada alguna irregularidad.
El MADES sí habla de anomalías detectadas
Contrariamente a la defensa del directivo municipal hacia las empresas, desde el MADES sí reconocen que se detectaron anomalías. Varias intervenciones realizadas por inspectores ambientales a lo largo de 2020 comprueban las denuncias de los vecinos sobre el manejo irregular en que funcionan estos mataderos.
El ingeniero Julio Marecos, director de Fiscalización del MADES, explica que el equipo del ministerio pudo corroborar que “muchas mataderías no cumplían con las medidas de mitigación de descarga de efluentes” y que estas arrojan sus desechos sin tratar al cauce hídrico, conocido como Paso Carreta. “Eso hizo que muchas sean multadas y otra cerrada, como la matadería Maidana”, explica.
Algunos mataderos, como el caso de “Tío Kele”, recibió a inicios de 2020 una multa de 60 millones de guaraníes (unos 10 mil dólares americanos) por arrojar los desperdicios de equinos faenados directamente al arroyo local, y, aún así, una semana después de la sanción pecuniaria se constató que la empresa seguía con la misma práctica, por lo que nuevamente fue intervenida.
El ingeniero Marecos indica que estas empresas cuentan con piletas de tratamientos de efluentes, pues gracias a eso fueron habilitadas, pero que muchas de ellas simplemente dejan de usarlas por diversos motivos, lo que genera un grave daño ambiental.
“Muchas ponen como excusa que no funciona el sistema de bombeo. Sea voluntario o involuntario, hay un daño ambiental y el MADES sanciona porque está estipulado en la declaración de impacto ambiental que ellos tienen un compromiso de velar por el buen funcionamiento de sus mataderos. Además de ser un delito ambiental, es un delito penal”, asevera el fiscalizador ambiental.
De acuerdo con las explicaciones, el Ministerio de Ambiente interviene un matadero cuando se realizan denuncias de vecinos o cuando existe una solicitud de la Intendencia. En cuanto a la problemática ambiental vivida en la zona de Paso Carreta, Marecos cree que la Comuna debe impulsar mayores controles y definir su ordenamiento territorial, pues varios barrios hoy día rodean las mataderías y padecen del olor nauseabundo. Así, las declaraciones del referente del MADES muestran el descontento con el rol de la municipalidad y dejan también entrever el deslinde de responsabilidades y sobre todo, esto indica la falta de coordinación entre ambas instituciones estatales que deberían trabajar de manera conjunta ante el problema socioambiental en la zona.
No obstante, el ingeniero del MADES coincide en algo con el directivo municipal. Y es en lo referente a que el arroyo Paso Carreta no solo sufre la contaminación de los mataderos, sino también la falta de una red cloacal para que viviendas ubicadas a los lados del arroyo no arrojen sus desechos directamente al curso hídrico.
“Lastimosamente este arroyo sufre una contaminación muy alta. Cruza por barrios donde, antes de que lleguen a las mataderías, ya viene con una contaminación porque los mismos vecinos tienen sus cañerías de cloacas directamente conectadas al cauce hídrico, o negocios como lavaderos de vehículos, que descargan sus aguas al arroyo”, precisa.
El ingeniero considera que hay mucho por hacer aún desde la Municipalidad de Luque y el Ministerio del Ambiente para desarrollar una red sanitaria que permita tratar los afluentes y así frenar el daño ambiental que se registra en Ykua Karanday desde hace décadas. Los vecinos están de acuerdo con esto y depositan sus esperanzas en un proyecto que, de ejecutarse, promete mejorar su calidad de vida.