El asesinato de un reconocido líder indígena no ha servido de aliciente al gobierno peruano para emprender acciones efectivas que protejan a los defensores de los derechos humanos y garanticen los derechos colectivos al territorio de su comunidad.
Este viernes 29 de noviembre de 2024, se cumple un año del asesinato del apu Quinto Inuma Alvarado en respuesta a su labor como defensor indígena de los derechos humanos medioambientales, tanto en su comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu como a nivel internacional. Era líder indígena peruano del pueblo kichwa, y miembro del Grupo Directivo de la Iniciativa Tolerancia Cero (ZTI, por sus siglas en inglés), una coalición mundial que trabaja para poner fin a las amenazas y los homicidios en las cadenas mundiales de suministro.
De las siete personas presuntamente implicadas en el asesinato de Quinto, cuatro se encuentran en prisión preventiva, entre ellas el maderero ilegal que supuestamente pagó a los sicarios que asesinaron a Quinto. Aunque esto supone un paso adelante en la búsqueda de justicia, dos de los sospechosos que fueron detenidos inicialmente en relación con el asesinato de Quinto han sido puestos en libertad y los fiscales no han emprendido nuevas
investigaciones que descarten definitivamente su implicación.
Aún más preocupante es que el hombre identificado por uno de los sospechosos como la persona que apretó el gatillo del disparo que mató a Quinto, sigue en libertad. Los miembros de la comunidad han informado de que ha vuelto al territorio comunal y ha seguido amenazándolos, al igual que los familiares de los sospechosos actualmente en prisión preventiva. A pesar de ello, las autoridades no han emitido una orden de detención en su
contra.
Hasta que no se identifique y enjuicie a todas las personas implicadas en el asesinato del apu Quinto Inuma y en las continuas amenazas contra miembros de la comunidad-y no sólo a los sicarios que apretaron el gatillo-, la comunidad, la federación indígena local FEPIKECHA y la familia de Quinto seguirán corriendo el riesgo de sufrir nuevos actos de violencia.
Al parecer, los sospechosos detenidos están vinculados a la tala ilegal y a redes delictivas locales, e incluyen a personas que habían sido denunciadas anteriormente por Quinto por actividades ilegales. Entre los detenidos hay presuntos sicarios a sueldo que confesaron que sólo les pagaron 1000 soles (260 USD) por llevar a cabo el asesinato.
América Latina es la región más mortífera para los defensores territoriales y de derechos humanos, con el 70% de todos los asesinatos a nivel mundial, según un informe de Global Witness publicado en 2024. La violencia perpetrada contra estos defensores no cesa, y la impunidad de los autores sigue siendo un hecho habitual. Entre las recomendaciones del informe figuran las siguientes:
«Mientras las represalias contra los defensores permanezcan impunes, es probable que continúen. Por eso es esencial que los defensores tengan acceso a un sistema de justicia imparcial y no discriminatorio y que se respeten sus derechos fundamentales.»
«Los defensores deben poder ejercer libremente sus funciones sin temer por su vida. Las leyes y mecanismos existentes que protegen y reconocen a los defensores-al tiempo que abordan las causas de los ataques contra ellos- deben priorizarse y aplicarse.»
Informe Anual sobre Defensores 2023/2024 de Global Witness, publicado el 10 de
septiembre de 2024.
A pesar de estas recomendaciones, un año después, la muerte del apu Quinto ha tenido poco efecto en las acciones del gobierno peruano para proteger a los defensores de los derechos humanos, en especial a los defensores indígenas. Su vida estuvo dedicada a que su comunidad obtuviera la titulación legal de su territorio, pero a los pocos meses de su muerte, la autoridad forestal regional otorgó derechos a terceros sobre el territorio reclamado por la comunidad, colocándola en una situación de vulnerabilidad aún mayor.
El 25 de marzo de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares (de protección) a favor de la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu e indicó al Estado peruano que la falta de protección legal del territorio estaba directamente relacionada con las causas de las amenazas. Sin embargo, esto no ha fomentado la voluntad política para desbloquear los obstáculos y avanzar hacia la titulación definitiva del territorio de la comunidad.
La comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu, el movimiento indígena y el equipo técnico que los acompaña, exigen al Estado peruano las siguientes acciones concretas para proteger la vida en la comunidad, acceder a la justicia por el asesinato del apu Quinto y asegurar el territorio de la comunidad definitivamente:
1) Acceso a la justicia para la familia y la comunidad de Quinto. Todos los responsables deben rendir cuentas para sentar un precedente de acceso a la justicia para los defensores indígenas de derechos humanos en Perú que siguen perdiendo la vida por salvar la Amazonia y nuestro planeta.
2) Titulación de tierras para Santa Rosillo de Yanayacu. Esto ayudaría a abordar la causa estructural de las amenazas y la violencia hacia los miembros de la comunidad.
3) El establecimiento de un Puesto Policial de Auxilio Rápido en la comunidad, ya que la comisaría más cercana se encuentra a 10 horas y media de distancia (según el último informe policial).
4) El respeto a las figuras de autoridad ancestrales reconocidas legítimamente por la comunidad, elegidas según sus propios estatutos y tradiciones. Esto incluye la destitución de los cargos de agente municipal y teniente gobernador, nombrados por el gobierno dentro de la comunidad, que han sido posiciones políticas que han socavado la autoridad comunal tradicional y fomentando la parcelación individual del territorio.
5) Reparación para la familia de Quinto y la comunidad.
6) Protección efectiva de los defensores indígenas, no sólo sobre el papel.
Mientras la comunidad internacional recuerda al apu Quinto y su lucha, el gobierno peruano no muestra el compromiso necesario para proteger a los defensores de derechos humanos, en especial a los defensores indígenas.
A pesar de la gravedad de la situación de los líderes indígenas y los defensores de los derechos humanos medioambientales en Perú, el país aún no ha ratificado el acuerdo de Escazú a la vez que sigue emitiendo normas y políticas públicas que dan marcha atrás en derechos indígenas y protecciones medioambientales clave. El acuerdo de Escazú es un mecanismo jurídicamente vinculante que exige a los gobiernos participantes de América Latina que garanticen el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos medioambientales (incluidos los defensores del medio ambiente y de los derechos sobre la tierra).
El asesinato del apu Quinto es un caso emblemático que pone de manifiesto la situación de vulnerabilidad de los defensores y defensoras indígenas de los derechos humanos en Perú en general, así como la urgente necesidad de una protección efectiva para quienes arriesgan sus vidas por defender sus territorios, sus vidas y sus comunidades.
