Acuerdo de Escazú: Clic aquí para descargar el documento completo
Varios países de la región ya han ratificado el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú. El último en hacerlo fue Panamá, el pasado martes 14 de enero, sumándose así a otros que ya lo hicieron como Guyana, Uruguay, Bolivia, Nicaragua, Saint Kitts & Nevis y San Vicente y las Granadinas. Se espera que el Ejecutivo envíe de nuevo al congreso paraguayo para su ratificación.
El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Fue adoptado en la ciudad de Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.
Paraguay lo firmó el 27 de septiembre de ese mismo año en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, cuando se abrió a la firma de los 33 países de América Latina y el Caribe, coincidiendo con el Debate General Anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas (NNUU).
¿Por qué es importante el acuerdo Escazú?
El Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) explica que Escazú ayuda a tener una mejor calidad de vida, ejerciendo el derecho de los ciudadanos a vivir en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado.
También porque da herramientas para obligar a las autoridades a informar sobre cuestiones ambientales que inciden en el día a día, así como para lograr una participación relevante en los procesos de toma de decisiones sobre cuestiones ambientales. Porque también facilita el acceso a la justicia cuando no queda otra alternativa que acudir al Poder Judicial para defender el ambiente de quienes lo depredan o contaminan.
