La Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), en representación de 15 organizaciones de la sociedad civil, presentó este viernes 26 de marzo, su informe, que incluye declaraciones y recomendaciones para que sean tenidas en cuenta para el Tercer Examen Periódico Universal (EPU) al que será sometido el gobierno de la República del Paraguay, en mayo próximo. El espacio durante una de las pre-sesiones del EPU fue posible gracias a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El objetivo de las Pre-sesiones es proporcionar una plataforma internacional para que las organizaciones de la sociedad civil y de las instituciones nacionales de derechos humanos aboguen directamente ante las delegaciones de los Estados antes del Examen Periódico Universal (EPU). Además, son una ocasión para proporcionar a las delegaciones de los Estados información de primera mano, según la página oficial del UPR (The Universal Periodic Review – Examen Periódico Universal, en su traducción al español).
En la ocasión, don Hipólito Acevei, presidente de la FAPI, entregó a los presentes de la pre-sesión el documento elaborado por las 15 organizaciones no gubernamentales con el fin de fomentar un diálogo abierto y constructivo, que conduzca a una pronta resolución de las deficiencias identificadas y «a un mayor respeto, protección y aplicación de los derechos humanos por parte de todos los actores del Paraguay en favor de las generaciones presentes y futuras».
En recomendaciones anteriores del EPU, Paraguay recibió varias recomendaciones relacionadas especialmente con cuestiones ambientales, de Pueblos indígenas y de desarrollo sostenible en el país en su anterior ciclo del EPU (2016). Entre los anexos del informe entregado, figura un panorama general. Así como todas las recomendaciones, 102.26 (de Haití), 102.27 (Perú), 102.118 y 102.178 (Australia), 102.133 (Noruega), 102.177 y 102.182 (Líbano), 102.179 (Canadá), 102.181 (Alemania) y 102.186 (Egipto), fueron aceptadas y para todas estas recomendaciones, pero la 102.177, Paraguay declaró que «ya se han aplicado o están en proceso de aplicación».
Lamentablemente, indica el informe, estas recomendaciones no se aplicaron. «Aunque se han establecido ciertas leyes y mecanismos, la falta de aplicación, control y cumplimiento da lugar a que los derechos humanos y ambientales sigan sin realizarse», sentencia. El informe hace un llamado especial a los países que hicieron estas recomendaciones para que exijan un seguimiento correcto y, por lo tanto, les damos las gracias por adelantado.
Las organizaciones que conformaron esta coalición para analizar el cumplimiento o no de las anteriores recomendaciones realizadas a Paraguay en el 2016, en el marco del EPU, y a partir de allí proponer algunas recomendaciones y sugerencias, se encuentran la FAPI, WWF – Paraguay (World Wildlife Fund- Paraguay Office Country), la Asociación Guyra Paraguay, IDEA (Instituto de Derecho y Economía Ambiental), Fundación Plurales y la UCINY (Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Yshir). Así también Altervida, Grupo SUNU, Organización Mujeres Indígenas Guaraní (OMIG), Organización de Mujeres Artesanas Ayoreas 7 clanes, OMMI (Organización de Mujeres Mismo Indígena), PCI Pro Comunidades Indígenas, ROAM (Red de Organizaciones Ambientalistas del Paraguay), Asociación Eco- Pantanal y CDPI (Consejo de Pueblos Indígenas).
Presentación
Durante su intervención en la pre-sesión, don Hipólito Acevei, recordó, entre otras cosas, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó que el Paraguay debe “Establecer mecanismos especiales rápidos y eficaces para solucionar los conflictos existentes sobre el dominio de las tierras, con miras a garantizar y dar certeza jurídica a las comunidades indígenas respecto del dominio de sus propiedades”. Aunque destacó, que como organizaciones creen que también se deben reflejar acciones tangibles para la defensa efectiva de las tierras, que ya fueron legalizadas pero que permanentemente son amenazadas, por situaciones como el avance de la frontera agrícola-ganadera extensiva.
Acevei, destacó durante su participación, que los habitantes del Paraguay se enfrentan a la falta de aplicación efectiva de las leyes ambientales, lo que ocasiona también daños importantes en la vida de los Pueblos Indígenas, al igual que en los campesinos, «quienes sufren el efecto de la deforestación y la contaminación de suelos y cauces hídricos por agrotóxicos. «Al respecto, creemos que el Paraguay debe cumplir con las normas internacionales establecidas por la OMS, con relación a la regulación de la utilización de agrotóxicos y fertilizantes. Se debe precautelar la salud de las personas y ver mecanismos de prevención de riesgos en la producción, venta y aplicación de estos químicos cuando no se haya demostrado su inocuidad para los seres humanos y el medio ambiente.
El presidente de la FAPI destacó la necesidad de que se cumpla la Ley 6.676de Deforestación Cero, vigente para la región oriental, y que se construyan mecanismos efectivos de aplicación de sanciones correspondientes a los que la incumplen. En el contexto de Pandemia identificamos con mayor fuerza que los bosques son fundamentales para la vida de los pobladores de comunidades locales e indígenas, no sólo porque dependen de los mismos para su alimentación, sino además para su medicina tradicional, su cultura y su espiritualidad propia.
«En cuanto a los bosques de la región occidental o Chaco paraguayo, son ecosistemas frágiles que necesitan cuidado y protección gubernamental y de todos sus habitantes, debiendo desarrollarse actividades productivas que sean sostenibles, precautelando la biodiversidad y la vida de los pueblos en aislamiento voluntario», indicó.
Agregó que respecto a este punto en concreto, preocupa la situación de las personas pertenecientes a pueblos indígenas que se encuentran viviendo por su libre determinación sin contacto con la sociedad envolvente, ellos están permanente amenazados por el avance de la
deforestación de sus bosques ancestrales, como el caso del pueblo Ayoreo Totobiegosode. «Precisamos que de manera urgente se garanticen su vida, autonomía y territorio y haya una definición favorable de protección integral del Patrimonio Natural Cultural Ayoreo Totobiegosode. También se deberían implementar acciones penales contra terceros que violan el territorio del pueblo Ayoreo en aislamiento ingresando de manera furtiva en su territorio», afirmó Avecei.
Destacó que uno de los derechos fundamentales como Pueblos Indígenas es a la Consulta y Consentimiento. «Por ello celebramos que contemos con el Decreto 1039/18 con el que se aprueba el «Protocolo para el Proceso de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado con los Pueblos Indígenas que habitan en el Paraguay» y aprovechó a instar a que el Estado paraguayo avance con su efectiva
aplicación en todas las acciones a ser emprendidas respetando la particularidades culturales, sociales y espirituales de cada Pueblo.
«La vigencia de los Derechos Humanos, es un derecho y obligación de todos, por eso hoy estamos aquí para colaborar para construcción de un Estado respetuoso donde se garantice el derecho de todos sin discriminación», señaló, para agregar luego que en esta tarea conjunta, tienen también un rol y responsabilidad las Empresas, en particular las internacionales, que tienen sedes en el país y que tienen
responsabilidad en la vulneración de derechos humanos y ambientales.
«Por ello hacemos un llamado al gobierno nacional de que vea los mecanismos pertinentes para desarrollar los principios rectores sobre Empresa y Derechos Humanos, para que en la brevedad posible se pueda construir participativamente un Plan de Acción Nacional sobre Empresa y DDHH». Así también la realidad de las poblaciones vulnerabilizadas por la pobreza, la ausencia de Estado y los efectos adversos del Cambio Climático son preocupantes, «y por ello creemos que el Gobierno Nacional debe trabajar con todos los sectores que vivimos en el Paraguay».
Para finalizar, señaló que desde las organizaciones se puede aportar con propuestas válidas en el proceso de construcción de Políticas Públicas inclusivas que tengan como marco rector la promoción y la vigencia de los DDHH y los DESC.1
Factsheet #1 – Human rights, bussiness and environment – FORESTRY ISSUES
Factsheet #2 – Human rights, bussiness and environment – AGRIBUSINESS
Factsheet #3 – Human rights, bussiness and environment – BASIC RIGTHS
Sobre el EPU
El Examen Periódico Universal (EPU) es un único mecanismo del Consejo de Derechos Humanos (el Consejo) con el objeto de mejorar la situación de derechos humanos en el terreno de cada uno de los 193 Países miembros de la ONU.
Bajo este mecanismo, la situación de derechos humanos de todos los Países miembros de ONU es revisada cada 5 años. 42 Estados son revisados cada año durante 3 sesiones del Grupo de Trabajo dedicadas a 14 Estados cada una. Estas 3 sesiones se celebran normalmente en enero/febrero, mayo/junio y octubre/noviembre.
El resultado de cada revisión es reflejado en un «informe final» que lista las recomendaciones que el Estado examinado tendrá que implementar antes de la próxima revisión.
El EPU es un proceso circular que comprende 3 etapas claves:
- El examen de la situación de derechos humanos del Estado examinado.
- La implementación entre dos revisiones (5 años) por el Estado examinado de las recomendaciones recibidas y las promesas y compromisos voluntarios hechos;
- Informar en la próxima revisión de la implementación de esas recomendaciones y promesas y de la situación de derechos humanos en el país desde la revisión anterior.
