La Mesa de Desarrollo Sostenible, integrada por las Pastorales Sociales Diocesanas, la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena, las organizaciones indigenistas, y las Organizaciones No Gubernamentales emitió un comunicado a la opinión pública para denunciar graves falencias en el operativo que está realizando el INDERT en el asentamiento Santa Lucía, distrito de Itakyry. El mismo pretende trasladar a 540 familias pertenecientes a la Comisión Vecinal de Ñacunday, Alto Paraná.
«Las comunidades indígenas Ava Guaraní de YUKYRY, Ko´eju y Pilikokue-Arroyo Guazú, se sienten amenazadas por el peligro real de que sus tierras sean ocupadas por el INDERT, pues 3120 (tres mil ciento veinte) hectáreas, pertenecientes a dichas comunidades están dentro de las tierras que el INDERT pretende utilizar para el traslado y asiento de campesinos de Ñancunday.
Pese a los reiterados pedidos realizados por dichas comunidades indígenas al Presidente del INDERT para dar una salida, documentada e inmediata al problema planteado, no ha habido respuesta favorable, solamente promesas verbales que se van diluyendo en el tiempo. Las 3.120 hectáreas pertenecientes a las Comunidades indígenas señaladas, se encuentran dentro del mapeo/demarcación realizado por la institución estatal y que corresponden a las fincas 23874 y 25367 pertenecientes al distrito de Itakyry, que el INDERT pretende destinar a las quinientas cuarenta familias de Ñacunday, esta superficie sería totalmente insuficiente, por lo que existe un peligro real de que el área faltante para los campesinos, sean completadas con una invasión a dichas tierras, teniendo en cuenta de que se pretende otorgar seis hectáreas por familia, lo que equivale a tres mil cuatrocientos cincuenta hectáreas, sin contar los espacios públicos necesarios, con lo cual, el Presidente del INDERT Justo Cárdenas estaría propiciando la invasión de territorios indígenas.
Así mismo, causa una enorme preocupación el procedimiento legal utilizado para el efecto, y en especial la manipulación del Poder Judicial, en el sentido de que a través de un juicio, cuyo procedimiento se halla claramente establecido en el Código Procesal Civil, el Poder Judicial, sin notificación, ni sustanciación alguna, le haya otorgado al INDERT la posesión de una extensa superficie, totalmente poblada, sin haber dado intervención a ninguno de los poseedores, tanto campesinos como indígenas, violando claramente el precepto constitucional del derecho a la defensa.
El procedimiento y la sentencia en consecuencia son totalmente arbitrarios, más aún tratándose de pobladores antiguos, que no pueden pasar desapercibidos. Los juicios de Interdictos son contenciosos y no voluntarios.
El operativo del Presidente del INDERT se parece más a un plan de liberar de ocupantes las tierras de Tranquilo Favero y de esa manera, alejar el peligro de que el estado descubra los orígenes irregulares y falsos de dichas tierras. Ese sería el motivo real disfrazado de un plan de recuperación de tierras del Estado detentados en forma ilegal por sojeros brasileños. Esa sospecha se acentúa si se tiene en cuenta que, además del caso Santa Lucía, no existen otras acciones del INDERT para recuperar tierras del Estado detentadas en forma irregular por especuladores nacionales y brasileños. Así el gobierno actual, a través del INDERT no estaría recuperando tierras malhabidas sino blanqueándola. A eso debemos agregar la inexplicable urgencia de sacar a cualquier precio a los campesinos de las tierras que Favero detentaría en forma ilegal, en tierras que no tienen ninguna infraestructura como caminos, agua, energía eléctrica y mínimos planes de producción. Para llevarlos apresuradamente a los campesinos de Ñacunday a Santa Lucía, el Presidente del INDERT Justo Cárdenas sacrifica y utiliza en forma irregular la zona urbana del asentamiento Santa Lucía, zona destinada a los servicios públicos básicos como escuelas, sistemas de salud, agua potable, centros de recreación, iglesias, etc. Existe el peligro de que las familias trasladadas de Ñacunday se queden solamente con una hectárea de la zona urbana y sin las tierras para la zona rural que estará destinada a las chacras y cultivos, lo que sería ilegal y violatorio del Estatuto Agrario, que prohíbe al INDERT la creación de minifundios, insostenibles en lo económico, productivo y social.
La MESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE está integrada por Pastorales Sociales Diocesanas Indígenas, Pastorales Diocesanas campesinas, Coordinación Nacional de Pastoral Indígena de la CEP, Organizaciones No Gubernamentales que trabajan con pueblos indígenas y campesinos.
Exigimos al Presidente del INDERT:
- Abstenerse de adoptar medidas que obstaculicen, impidan, toleren o auspicien, directa o indirectamente, sólo o en asociación con otros, la ocupación, apropiación o invasión de los territorios indígenas afectados;
- Adoptar medidas que protejan dichos territorios
- Recibir y escuchar los planteamientos y reclamos de las comunidades indígenas Ava Guaraní;
- Continuar con la investigación de los orígenes de los títulos de Tranquilo Favero en Ñacunday, cuyas tierras pertenecerían al estado;
- Garantizar el acceso a la tierra a las familias de la comisión vecinal de Ñacunday
- La ejecución de acciones coherentes de recuperación de las tierras del estado del poder de terratenientes y adjudicatarios ilegales».
