Lideres y lideresas de la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) enviaron una carta al Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en la que solicitaron que inste a las autoridades correspondientes a garantizar el cumplimiento de las leyes que amparan a los Pueblos Indígenas. Además, reiteraron su gran preocupación y rechazo a los crecientes desalojos que vienen sufriendo las comunidades indígenas de la región oriental.
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Recuerdan que durante el 2021 se han realizado 9 desalojos a comunidades indígenas, pertenecientes a los pueblos Ava Guaraní, Mbya Guaraní y Pai Tavytera, ubicadas en los departamentos Alto Paraná, Caaguazú, Canindeyú y San Pedro.
«Los desalojos violentos se realizan desconociendo los derechos de los pueblos indígenas garantizados en el Constitución Nacional, Convenios y Tratados Internacionales ratificados por Paraguay. Los mismos son ejecutados por las instituciones del Estado, sólo recaen contra indígenas y campesinos que luchan por hacer realidad su derecho a la tierra, al territorio, a una vida digna, dejando llamativamente impunes las invasiones que sufren comunidades indígenas por parte de personas con poder económico y político, quienes, con títulos falsos, usurpan y depredan los territorios tradicionales», señala la misiva.
En la carta, expresan que esta situación genera gran preocupación porque se ve que para los históricamente excluidos y marginados se aplican y se formulan aceleradamente leyes que vulneran sus derechos. «Cuando nosotros realizamos denuncias de invasiones o deforestaciones ilegales en nuestros territorios, no tenemos ninguna respuesta, a pesar que la justicia debe ser equitativa y buscar garantizar los derechos de todos y todas, no sólo para los grupos privilegiados del país».
Por otra parte, solicitan al Presidente de la República que inste a las autoridades correspondientes garantizar el cumplimiento de lo establecido por el art. 14, párrafo dos, de la Ley 234/93 que ratifica el Convenio 169 de la OIT “sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes” que textualmente dice: Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia.
Recuerdan que los miembros de las comunidades necesitan realizar sus prácticas de economía tradicional, a veces fuera de sus tierras aseguradas, sin que por ello sean criminalizados y perseguidos. «Tenemos el derecho de acceder a nuestras tierras tradicionales que hoy en su mayoría son propiedad privada. Este acceso es fundamental para garantizar nuestros medios de vida, el desarrollo de nuestra cultura y espiritualidad», afirman.
Piden además el acompañamiento del Presidente de la República y a través suyo llegar a los directores paraguayos de las hidroeléctricas, tanto de YACYRETA e ITAPU, para articular un proceso que haga efectiva la Reparación Histórica a las comunidades que fueron afectadas y trasladadas de manera involuntaria para la construcción de ambas hidroeléctricas, considerando sus cinco componentes principales: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. «Creemos que el Estado debe ver los mecanismos para reconocer y reparar las violaciones realizadas por anteriores gobiernos y conducir un proceso que devuelva la justicia y el buen vivir a los familiares y comunidades afectadas por la construcción de dichas represas».
Requieren, además, mayor compromiso de las autoridades nacionales para garantizar el cumplimiento de sus derechos y evitar violaciones a los territorios, en estos momentos en ambas regiones del país existe mucha presión sobre sus bosques y en varios casos con el apoyo de autoridades locales, que repercuten negativamente en la vida como pueblos indígenas, generando mucha intranquilidad e inseguridad.
Por último, solicitan que el Plan Nacional para Pueblos indígenas, aprobado por Decreto 5897/21, sea implementado por todas las instituciones públicas del país, a fin de que, en la brevedad, las políticas, programas y proyectos desarrollados por las mismas, tengan una coherencia en su actuar respetando los derechos colectivos e individuales.
«En la espera de que estas manifestaciones sean consideradas por el Señor Presidente e instruya a los ministros y presidentes de entes estatales a respetar y articular acciones con las comunidades y pueblos indígenas, para promover la justicia social, fortalecer la participación democrática y consolidar el Estado Social de Derecho», puntualiza la carta.
