Líderes y lideresas de la FAPI envían carta al Presidente de la República en la que solicitan garantizar el cumplimiento de leyes que amparan a los Pueblos Indígenas

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Lideres y lideresas de la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) enviaron una carta al Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en la que solicitaron que inste a las autoridades correspondientes a garantizar el cumplimiento de las leyes que amparan a los Pueblos Indígenas. Además, reiteraron su gran preocupación y rechazo a los crecientes desalojos que vienen sufriendo las comunidades indígenas de la región oriental.

Clic aquí para descargar la Carta al Presidente de la República

Recuerdan que durante el 2021 se han realizado 9 desalojos a comunidades indígenas, pertenecientes a los pueblos Ava Guaraní, Mbya Guaraní y Pai Tavytera, ubicadas en los departamentos Alto Paraná, Caaguazú, Canindeyú y San Pedro.

«Los desalojos violentos se realizan desconociendo los derechos de los pueblos indígenas garantizados en el Constitución Nacional, Convenios y Tratados Internacionales ratificados por Paraguay. Los mismos son ejecutados por las instituciones del Estado, sólo recaen contra indígenas y campesinos que luchan por hacer realidad su derecho a la tierra, al territorio, a una vida digna, dejando llamativamente impunes las invasiones que sufren comunidades indígenas por parte de personas con poder económico y político, quienes, con títulos falsos, usurpan y depredan los territorios tradicionales», señala la misiva.

En la carta, expresan que esta situación genera gran preocupación porque se ve que para los históricamente excluidos y marginados se aplican y se formulan aceleradamente leyes que vulneran sus derechos. «Cuando nosotros realizamos denuncias de invasiones o deforestaciones ilegales en nuestros territorios, no tenemos ninguna respuesta, a pesar que la justicia debe ser equitativa y buscar garantizar los derechos de todos y todas, no sólo para los grupos privilegiados del país».

Por otra parte, solicitan al Presidente de la República que inste a las autoridades correspondientes garantizar el cumplimiento de lo establecido por el art. 14, párrafo dos, de la Ley 234/93 que ratifica el Convenio 169 de la OIT “sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes” que textualmente dice: Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia.

Recuerdan que los miembros de las comunidades necesitan realizar sus prácticas de economía tradicional, a veces fuera de sus tierras aseguradas, sin que por ello sean criminalizados y perseguidos. «Tenemos el derecho de acceder a nuestras tierras tradicionales que hoy en su mayoría son propiedad privada. Este acceso es fundamental para garantizar nuestros medios de vida, el desarrollo de nuestra cultura y espiritualidad», afirman.

Piden además el acompañamiento del Presidente de la República y a través suyo llegar a los directores paraguayos de las hidroeléctricas, tanto de YACYRETA e ITAPU, para articular un proceso que haga efectiva la Reparación Histórica a las comunidades que fueron afectadas y trasladadas de manera involuntaria para la construcción de ambas hidroeléctricas, considerando sus cinco componentes principales: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. «Creemos que el Estado debe ver los mecanismos para reconocer y reparar las violaciones realizadas por anteriores gobiernos y conducir un proceso que devuelva la justicia y el buen vivir a los familiares y comunidades afectadas por la construcción de dichas represas».

Requieren, además, mayor compromiso de las autoridades nacionales para garantizar el cumplimiento de sus derechos y evitar violaciones a los territorios, en estos momentos en ambas regiones del país existe mucha presión sobre sus bosques y en varios casos con el apoyo de autoridades locales, que repercuten negativamente en la vida como pueblos indígenas, generando mucha intranquilidad e inseguridad.

Por último, solicitan que el Plan Nacional para Pueblos indígenas, aprobado por Decreto 5897/21, sea implementado por todas las instituciones públicas del país, a fin de que, en la brevedad, las políticas, programas y proyectos desarrollados por las mismas, tengan una coherencia en su actuar respetando los derechos colectivos e individuales.

«En la espera de que estas manifestaciones sean consideradas por el Señor Presidente e instruya a los ministros y presidentes de entes estatales a respetar y articular acciones con las comunidades y pueblos indígenas, para promover la justicia social, fortalecer la participación democrática y consolidar el Estado Social de Derecho», puntualiza la carta.

 

 

 

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