Líderes de las asociaciones que integran la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) presentaron una carta al Fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón, en la que expresan su preocupación por el atropello sufrido por la comunidad Ysaty 3 de julio, en el distrito de Ytakyry, departamento de Alto Paraná, a manos de particulares armados que usurparon roles de las fuerzas policiales quienes desalojaron, sin ninguna orden judicial a los hermanos indígenas.
«Con estos actos se pone en riesgo el Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución Nacional», expresaron.
Por otra parte, instaron a que el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), la Procuraduría General de la República y otros órganos gubernamentales realicen los esfuerzos necesarios para precautelar el territorio indígena adquirido con fondos del Estado Paraguayo.
Por último, piden al fiscal dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución Nacional en relación a la promoción de la acción penal en defensa de los Pueblos Indígenas.
