La Organización Indígena de Antioquía (OIA), de Colombia, emitió un comunicado para visibilizar el estado de emergencia humanitaria en el que se encuentran especialmente dos de los resguardos indígenas del municipio de Murindó (Colombia), denominados Río Murindó y Río Chageradó, donde residen varias comunidades. Las personas provenientes de pueblos indígenas de estos resguardos son víctimas constantes de tensiones entre actores armados ilegales que no dejan de presionarles.
También, los miembros de la OIA difundieron una carta abierta dirigida al Ejercito de Liberación Nacional (ELN) en la que expresaron que sus alguaciles y guardias indígenas seguirán haciendo su trabajo, a pesar de los fusiles con los que ustedes les amedrantan y la siembra de minas que vienen adelantando en su detrimento, en nombre de una «liberación nacional que es de dudar. Como si el mundo nos necesitara amputados. Cuando no muertos».
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ASAMBLEA MUNICIPAL (RESPUESTA PARA ELN)
En otra misiva, denuncian que desde el 2019 a la fecha han venido sembrando cada vez más minas antipersona en las inmediaciones de sus comunidades y sus caminos. En los cultivos y en sus embarcaderos. «Evitamos que nuestros niños vayan a la escuela temerosos de que activen un artefacto explosivo y sus vidas se vean truncadas. No habría prótesis que reemplazara sus extremidades en caso de que las perdieran. Hemos empezado a integrar sus listas, que crecen a medida que se expanden y la gravedad de sus acciones aumenta. Nos incluyen ahí por desobedecer sus disposiciones, que restringen nuestra movilidad en territorios que nos pertenecen. No somos sus anfitriones y se volvieron nuestros huéspedes. Irrumpieron por la puerta principal de nuestras viviendas. No pidieron permiso y no los invitamos a pasar. Se tomaron atribuciones que no les hemos dado», indican.
Asimismo, recuerdan en el comunicado, que este año sus transgresiones se recrudecieron. A comienzos de febrero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) difundió un audio donde se se les obligaba a permanecer en sus casas, bajo pena de muerte. Su disposición fue antecedida por minas antipersona que sembraron por doquier. Plinio, de 12 años, perdió hace poco su pierna izquierda, después de pisar una de las tantas que enterraron. En cada una de nuestras 11 comunidades les amenazan hundiendo las bocas de
sus fusiles en sus caras y sus señalamientos abundan. En el Resguardo Indígena río Murindó, en las comunidades de Bachidubi, Chimiadó, Coredó e Isla, ha habido desplazamientos internos precipitados por sus operaciones criminales. En el de río Chageradó, la comunidad de Turriquitadó Alto fue desplazada por completo. Se halla en este momento en Turriquitadó Llano, hacinada y hacinando. En todos los casos fueron dejados atrás casas construidas con esfuerzo familiar y otras por las que se pagaron varios millones de pesos, además de cultivos, semovientes, cerdos, perros y gallinas.
«¿Quién responde por la suerte de estas pertenencias?», preguntan en el comunicado. La institucionalidad encargada de la atención de víctimas de conflicto armado tardó cinco semanas en hacer la entrega de los mercados que constituyen lo que llaman ayuda
humanitaria. En un comienzo, el Ejército Nacional se comprometió a hacer su entrega. No obstante, su distribución fue efectuada por el Consejo Noruego de Refugiados. «En la asamblea que nos convoca las restricciones que pesan sobre nuestra integridad física fueron pasadas por alto. Los mercados que nos entregaron no bastan. Duraron tres días. Las minas antipersona siguen donde fueron enterradas.
De esta reunión, el ELN espera que tomemos una determinación. Nos sitúa frente a una disyuntiva. Que sigamos transcurriendo bajo sus condiciones o que nos desplacemos masivamente. Ninguna es mejor», afirman.
«Ellos y AGC anuncian que nos utilizarán como escudo toda vez que el Ejército Nacional cobre presencia en el lugar», denunciaron. Ante esta situación, las autoridades indígenas de Murindó, reunidas en asamblea en la sede del Cabildo Mayor los días 20, 21 y 22 de marzo del presente, han acordado, en virtud de los retos que les desafían internamente y de la situación de orden público que les aqueja:
PRIMERO. Exigen que la seguridad de la población indígena del municipio de Murindó sea garantizada, lo que implica que el Ejército Nacional desaloje de nuestros territorios a los grupos armados ilegales que nos están vulnerando.
SEGUNDO. Exigen que el desminado iniciado por el Ejército Nacional en el Resguardo Indígena de río Murindó un mes atrás, que se efectuará también en el del río Chageradó, culmine a la mayor de las brevedades. Deberá seguir siendo realizado en río Murindó, pero
debe ser llevado a cabo ya en Turriquitadó Alto.
TERCERO. Exigen que las zonas desminadas permanezcan libres de minas antipersona, lo que es posible en la medida en que en nuestras comunidades se asegure la presencia institucional correspondiente.
CUARTO. Exigen el retorno inmediato de todos los comuneros a las zonas de las que fueron desplazados, tanto en el Resguardo Indígena de río Murindó como en el de Chageradó, donde la comunidad de Turriquitadó Alto sufrió un éxodo total y se encuentra hacinada y hacinando. Este retorno implica un desminado previo y la reposición de todo lo que se haya perdido, desde construcciones y animales hasta cultivos y cosechas.
QUINTO. Exigen que una brigada de salud de cuenta del estado en que se halla toda la población indígena del municipio de Murindó, dando prioridad a las comunidades que han recibido desplazados en río Murindó y principalmente en río Chageradó, donde su
hacinamiento es mayor. Sus resultados deben ser presentados antes de que su retorno se realice.
SEXTO. Exigen que la Unidad Nacional de Protección tramite en su nombre medidas de protección colectiva y que la Procuraduría General de la Nación active el Comité Departamental de Justicia Transicional, con el propósito de que el municipio de Murindó sea
provisto con los recursos que son requeridos en la atención de la emergencia humanitaria por la que estamos atravesando.
SÉPTIMO. Instan a la Organización de las Naciones Unidas, en especial a su oficina de Derechos Humanos, y a la Cruz Roja Internacional, para que orienten, garanticen y acompañen de comienzo a fin este proceso de restitución de nuestra dignidad y condiciones
materiales de existencia, en el que la institucionalidad nacional deberá participar, contribuyendo con una disposición favorable y recursos que viabilicen la reparación integral que necesitamos y su mantenimiento en el tiempo.
OCTAVO. Exigen que el Estado colombiano no se manifieste más en nuestros territorios a partir de oportunidades afectas a la guerra, por las cuales nuestra juventud termina en filas de los grupos armados ilegales que arremeten en nuestra contra. A este fin, ha de dejar de
insertarse en el mercado mundial como exportador de materias primas y productos primarios y desarrollarse por fin internamente, que es lo único que puede frenar el desarraigo a que nos ha expuesto. ¡No a la minería! ¡No a los monocultivos lícitos e ilícitos!
Por otra parte, también emitieron un posicionamiento dirigido a los
