La Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) envío una carta a Don Emilio Álvarez Icaza L., Secretario Ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitando que responda con urgencia la solicitud de medidas cautelares a favor de los Ayoreo Totobiegosode, habitantes originarios del Chaco Paraguayo y se exija al gobierno de Paraguay la protección eficaz del territorio ancestral reconocido como Patrimonio Natural y Cultural (tangible e intangible), «protección que necesariamente deberá implicar la prohibición absoluta de todo tipo de innovación en el mismo».
El espacio territorial, en cuanto a trámite, titulación, regularización y protección ambiental está siendo reivindicado desde 1993 a la fecha ante los tres poderes del Estado paraguayo, quien sigue incumpliendo las garantías establecidas en la norma vigente en el Paraguay.
Ante esta situación, los miembros de FAPI manifiestan en la misiva que «estos bosques constituyen área de desplazamiento de los Jonoine – urasade, Ayoreo Totobiegosode en situación de aislamiento y en ellos se ubican, a la vez, los sitios de asentamiento de los familias en contacto reciente, espacios que se encuentran muy gravemente amenazados por la extendida carencia de protección y el avance de la deforestación, como la intervención de extraños».
Asimismo, señalan que la situación del pueblo Ayoreo Totobiegosode es de extremada vulnerabilidad a consecuencia de la ocupación de su territorio, sus bosques, y la falta de protección ante todos los abusos que sufren y la posible desaparición física y cultural de estos grupos exige respuestas urgentes, rápidas y eficaces de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, del sistema interamericano de derechos humanos.
«Por ello, solicitamos a la CIDH, responda con urgencia la solicitud de medidas cautelares a favor de los Ayoreo Totobiegosode, habitantes originarios del Chaco paraguayo y se exija al gobierno de Paraguay la protección eficaz del territorio, protección que necesariamente deberá implicar la prohibición absoluta de todo tipo de innovación en el mismo».
