La Federación por la Autodeterminación de los Pueblos indígenas (FAPI), organización que aglutina a 13 asociaciones indígenas de ambas regiones del país, se dirige a las autoridades nacionales y a la opinión pública nacional e internacional para manifestar preocupación y repudio al violento desalojo contra la comunidad 15 de Enero, del Pueblo Mbya Guaraní, del departamento de Caaguazú, distrito de Nueva Toledo, colonia Margarita, asentada en sus tierras tradicionales y ancestrales, reclamando la legalización de parte ínfima de su territorio. Sus reclamos lo hacen amparados por el marco legal nacional e internacional, ratificado por el Estado Paraguayo.
La comunidad indígena viene realizando desde hace más de una década las gestiones de reivindicación territorial, ante el Instituto Paraguayo del Indígena – INDI. No obstante, no tuvieron respuesta a sus pedidos, ni protección a sus derechos humanos esenciales.
Con todas la normativas y hechos facticos que demuestran que están en su territorio tradicional y ancestral que justifican sus derechos territoriales son desalojados violentamente, golpeados, apresados. La fuerte contingencia de dotación policial de más de 400 agentes no tuvo la mínima consideración con mujeres -muchas embarazadas-, ni con los niños, niñas y ancianos presentes. Para las autoridades nacionales primó los intereses de los dueños de la estancia “Santa Amalia”, menoscabando los derechos consagrados de los Pueblos Indígenas.
En el desalojo arbitrario ordenado por la Agente Fiscal Norma Salinas y ejecutado el pasado día 19 de octubre, intervinieron agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y otras dependencias de la Policía Nacional, en acompañamiento con representantes del Ministerio Público de Caaguazú. También estuvieron representantes del Instituto Paraguayo del Indígena – INDI. El atropello a la comunidad 15 de Enero dejó como consecuencia heridos, detenidos y sobre todo mujeres, niñas, niños y ancianos, golpeados física y emocionalmente golpeados. Los miembros de la comunidad seguirán reclamando sus derechos y resistiendo hasta que el Estado Paraguayo dé respuestas positivas a sus justos reclamos.
Instamos a los tres poderes del Estado que suspendan cualquier acto que atente contra los pueblos indígenas en general y en particular contra la comunidad 15 de Enero, del pueblo Mbya Guaraní. Debe ser prioridad del gobierno nacional atender los reclamos de esta comunidad, obtener la inmediata libertad a los detenidos, la atención a los heridos y, sobre todo, garantizar el acceso a sus tierras en cantidad y calidad suficiente como lo garantiza la Constitución Nacional.
Expresamos nuestra solidaridad con nuestros hermanos de la Comunidad 15 de Enero, y hacemos un llamado a todas las organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales para exigir el cese de violencia contra nuestros hermanos indígenas.
