La Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), órgano que aglutina a 13 organizaciones indígenas de ambas regiones del país, siendo una de ellas la Asociación de Comunidades Indígenas de Alto Canindeyú, cuya comunidad miembro es CRISTO REY, del pueblo Ava Guaraní, del distrito de Corpus Christi, ha sido violentada y desalojada por autoridades del Estado Paraguayo el 14 de agosto, y por este medio manifestamos nuestro repudio al deleznable hecho.
Repudiamos la actuación de la Policía Nacional que procedió con violencia, quebrantado a toda la comunidad que en este tipo de situaciones trae angustias y desesperación, en especial a niños de la comunidad.
Requerimos una investigación y auditoría a las acciones que ha realizado la Jueza Josefina Gunsett Melgarejo, de primera instancia en lo civil, comercial, laboral, de la Niñez y adolescencia de Katueté, de la circunscripción Judicial de Canindeyú, considerando que es vital el derecho de la defensa de todas las partes intervinientes y la participación efectiva del INDI en caso de tratarse de comunidades indígenas. Estaremos solicitando al Poder Judicial mayores datos al respecto.
Además, creemos que la Defensoría del Pueblo, debería tomar intervención inmediatamente a fin de precautelar los derechos fundamentales de dicha comunidad Cristo Rey y realizar las acciones pertinentes establecidas en nuestra Constitución Nacional.
Hacemos un llamado a los directores de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, en especial del Ministerio del Interior, para impulsar acciones para precautelar la vida y la integridad de los miembros de la comunidad.
Creemos importante que el INDI pueda constituirse en la comunidad Cristo Rey, a fin de realizar un relevamiento de las condiciones de sus miembros y articular con sus autoridades las acciones que realizarán en su defensa.
