El presidente de la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), don Hipólito Acevei, remitió una misiva a Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO, que expresa la situación de la comunidad Sauce, del pueblo Ava Guaraní Paranaense, miembro de la Asociación de Comunidades Indígenas Guaraníes de Alto Paraná (ACIGAP), una de las organizaciones miembros de la FAPI.
En la misma, explica primeramente como la comunidad Sauce, ha sido víctima del traslado involuntario de su asentamiento en sus tierras ancestrales, en los años ’70, para la construcción de la Central Hidroeléctrica Binacional (Brasil e Paraguay) Itaipú.
Agrega que la comunidad Sauce, desde hace ya más de tres décadas se encuentra reclamando al Estado paraguayo la reparación del daño sufrido por este hecho, sin recibir respuestas satisfactorias, «lo cual hoy claramente constituye un acto internacionalmente ilícito de la República del Paraguay, a la luz de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, que recoge los estándares jurídicos comúnmente reconocidos por los Estados parte de la ONU».
Contextualiza que la comunidad de manera provisoria se encuentra asentada al costado del área protegida, denominada Reserva Limoy, de propiedad de la Itaipú Binacional, desde donde sigue reclamando una respuesta al pedido de reparación de sus derechos.
«La única respuesta que, indirecta y oficiosamente, han recibido de la Itaipú mis hermanos indígenas, ha sido que son usurpadores de tierras de las Reservas de la Biosferas de la UNESCO», explica.
Agrega que es muy grave que tras esta respuesta se trasunte implícita la falacia que defender el ambiente y las áreas protegidas de un daño presente o potencial, se asocie a la presencia indígena en este espacio geográfico, dado que se trata de un pueblo que no tiene intención de invadir dicho espacio a los efectos de apropiarse de él – de lo contrario no estaría reivindicando sus tierras ancestrales por las vías legales del derecho interno paraguayo-, mucho menos depredarlo.
«Asumir esta postura, es asumir un paradigma claramente racista basada en un prejuicio étnico al cual la Unesco ya ha condenado por carecer absolutamente de algún tipo de sustento racional o científico», señala la misiva.
Añade que existen sí, normas internacionales ambientales que deben ser leídas a la luz del principio de integralidad e indivisibilidad de los Derechos Humanos, sean estos los de carácter colectivo, como en el caso de los Pueblos Indígenas, o los de solidaridad, como los DESCA.
Explica que la Itaipú Binacional ha iniciado acciones judiciales argumentando la defensa de su patrimonio, en el proceso individualizado como “Juicio de desalojo contra Juan Cristóbal Martínez, Amada Martínez Benítez y otros ocupantes precarios”, tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Noveno turno, Secretaría N° 38.
«Cabe destacar que esta persecución a la comunidad y a sus líderes va a ser asimismo comunicada, a la Relatora Especial para Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, Sra. Victoria Tauli Corpuz, a quien respetuosamente elevamos copia de la presente nota, considerando que desde hace años la Sra. Relatora se encuentra supervisando la situación de la comunidad TEKOHA SAUCE», indica.
Por otra parte dice que por lo expuesto precedentemente, no queda sino evaluar la actuación de la ITAIPU, como una clara política institucional de desconocimiento del reclamo genuino de la citada Comunidad.
«Nosotros, desde la FAPI, como organización indígena, estamos acompañando a todos nuestros hermanos y hermanas de Sauce, como también a sus líderes que son defensores de derechos humanos conforme la Declaración de la ONU adoptada por Resolución A/RES/53/144 de la Asamblea General; y que con motivo de las actividades que realizan bajo protección del Derecho Internacional en su estado de evolución actual. Si esta persecución persiste, tendremos que solicitar la activación de mecanismos de protección de Derechos Humanos, tanto de Naciones Unidas, como de la Unión Europea y del Sistema Interamericano», puntualiza.
Por último recalca que la defensa de los derechos humanos, y en especial los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, es un compromiso de las Agencias de Naciones Unidas y a la cual se está apelando.
