La Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) se adhirió al grupo de organizaciones que se solidarizaron con el incumplimiento de obligaciones en derechos humanos y el derecho internacional humanitario ante los sistemáticos crímenes de lesa humanidad en contra de líderes sociales de Colombia, que involucra: asesinatos, amenazas de muerte, hostigamiento y persecución, abusos y violaciones, desplazamiento forzado de poblaciones. En su mayoría, se sitúan en el marco de conflictos territoriales donde priman intereses de transnacionales extractivistas y a su vez, operan grupos mercenarios, sicarios, como también, descontroladas fuerzas de seguridad responsables de diversas acciones de violencia en contra de la población civil desarmada, principalmente rural indígena, campesina y afrodescendiente”.
En el comunicado divulgado por organizaciones de Derechos Humanos de toda Latinoamérica se exige la implementación de un estado de derecho en Colombia, que debe asumir las normas de derechos humanos en los procesos jurídicos, instituciones y normas sustantivas. «No puede existir estado de derecho si no se protegen los derechos humanos”, señala una parte del comunicado, alegando que existe una desatención por parte del presidente Iván Duque a las distintas recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos, tales como las efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos.
En el comunicado denuncia la existencia de diversos antecedentes e informes de la sociedad civil sobre crímenes de lesa humanidad y que se contraponen a los anuncios presidenciales de Duque a agencias de prensa “Que en lo corrido de su mandato el asesinato de líderes sociales ha disminuido en el país, debido a las distintas herramientas que se han implementado para atacar este fenómeno”, existiendo para ellas múltiples indicadores que dan cuenta del absoluto fracaso en la implementación del “Plan de atención oportuna” del gobierno, así como otros programas intergubernamentales”, los que para ellas no tan solo han sido infructuosos para garantizar la paz y el estado de derecho, “Más bien, en las zonas de incidencias territoriales por medio de diversos organismos públicos y privados de estos programas, los crímenes y violaciones a los DDHH han aumentado, principalmente en zonas de conflictos territoriales que involucran intereses de transnacionales extractivistas”.
Exigencias de las organizaciones internacionales:
Uno de los puntos que exigen las organizaciones, es la moratoria de concesiones para exploración y explotación extractivista de transnacionales en zonas de asesinatos de líderes sociales defensores de los territorios, con el fin que se resguarden y reparen los derechos humanos de las víctimas y se investigue la relación de los intereses de industrias mineras, petroleras e hidroeléctricas en crímenes y violaciones de derechos humanos de opositores a esos proyectos.
Otro punto dirigido al Presidente Iván Duque, es la atención e implementación de las distintas recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos, tales como las efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 15 de enero de este año, con llamados urgentes para la implementación de una serie de medidas tendiente a prevención, reparación y garantías para líderes sociales. Asimismo, las efectuadas por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst, realizadas a fines del 2018 luego de una misión, con especial atención al rol de las empresas públicas y privadas en materias de derechos humanos.
Por otro lado, invitan a los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas a atender de manera urgente la grave situación que enfrenta el territorio de la Guajira ante la crisis humanitaria que se vive y la masiva muerte de niños y niñas indígenas Wajuu a causa del hambre, salud y falta de agua, indicaron. A su vez, emplazaron al estado colombiano y sus instituciones responsables, para el desmantelantamiento y poner fin a toda asociación ilícita de bandas criminales, castigo y sanción a las redes de corrupción público y privado, en especial aquellas ligadas al narcoparamilitarimo e intereses transnacionales que buscan acaparar territorios y explotar recursos naturales atentando contra los derechos humanos de amplias poblaciones, particularmente indígena, campesina y afrodescendiente.
Por otro lado, se pide a las representaciones de las diferentes organizaciones sociales y comunidades de Colombia vinculadas a la defensa de derechos humanos y territorios a asumir una mayor responsabilidad en términos de seguridad organizacional, considerado factores individuales de derechos humanos como también de tipo colectivo, haciendose un llamado a establecer y/o revisar nuevas y urgentes medidasde seguridad.
Una de las referencias consideradas por las organizaciones, es el informe al 20 de mayo del 2019 difundido por INDEPAZ, que se refiere a un total de 837 personas asesinadas (702 líderes sociales y personas defensoras de Derechos humanos y 135 ex guerrilleros de las FARC – EP en proceso de reincorporación) entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de mayo de 2019. De las 702 personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos que han sido asesinadas en Colombia 132 de los casos ocurrieron en el año 2016, 208 en el año 2017, 282 en el año 2018 y 80 hasta el 20 de mayo del 2019.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en en presentación en Riohacha del Informe Anual de ACNUDH para los DDHH sobre Colombia (11 de junio), se indicó: “Este año, hasta el 7 de junio de 2019, nuestra oficina recibió 76 denuncias de homicidios de defensores de derechos humanos; hemos ya documentado 26 de esos casos y 3 de ellos en la región Caribe”.
Entre las organizaciones internacionales que se han manifestado en esta acción, están:
Word Rainforest Movement (WRM); Coordinadora LatinoAmericana de Cine y Comunicación Indígena (CLACPI); Observatorio Petrolero Sur (OPSur); Servicio Paz y Justicia América Latina / Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; III Misión Internacional de la Vía Campesina en Colombia; Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).
A nivel de países, desde Argentina destacan varias representaciones de la línea fundadora de las Madres de la Plaza de Mayo y el Movimiento de Mujeres indígenas por el buen vivir.
En Brasil, referentes indígenas organizacionales Ka’apor. Desde Chile, destacan la Asociación Nacional de Mujeres Indígenas y Rurales (Anamuri), El movimiento por el agua y los territorios, la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche, Comité ética contra la tortura.
Desde Catalunya, AlterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes y SETEM Catalunya. Desde México, el Nodo de Derechos Humanos. Desde Paraguay, la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas de Paraguay (FAPI), como parte de cerca del casi centenar de organizaciones y personalidades que involucran también a otros países como Bolivia, Nicaragua, Perú, Suecia, Estados Unidos, Venezuela y Uruguay, incluyendo a organizaciones de colombianos y colombianas migrantes residentes en diferentes Países desde donde abogan por la paz en sus territorios de origen.
