La Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), a través de su presidente Hipólito Acevei, envío el miércoles último una carta al Dr. José Raúl Torres Kirmser, presidente de la Corte Suprema de Justicia, para denunciar el grave atropello a los derechos colectivos e individuales de la comunidad indígena Y’apo, del pueblo Ava Guaraní, del distrito de Corpus Christi, quienes el martes 20 fueron desalojados de su asentamiento por personal policial, arguyendo el cumplimiento del mandamiento correspondiente librado por la jueza Silvia Cuevas, de dicha circunscripción.
La misiva expresa además que el caso referido es contrario a los principios del marco jurídico nacional e internacional, como además altera compromisos asumidos por la Corte Suprema de Justicia con los Pueblos Indígenas.
A continuación, el documento completo:
«Distinguido señor presidente:
Tengo a bien en dirigirme a usted en mi carácter de presidente de la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), órgano que aglutina a 12 asociaciones de ambas regiones del país, a fin de expresarle cuanto sigue:
La Asociación Indígena Ava Guaraní de Alto Canindeyú, miembro de nuestra articulación, nos ha informado de del grave atropello a los derechos colectivos e individuales de la comunidad indígena Y’apo, del pueblo Ava Guaraní, del distrito de Corpus Christi, quienes fueron desalojados de su asentamiento por personal policial, arguyendo el cumplimiento del mandamiento correspondiente librado por la jueza Silvia Cuevas de dicha circunscripción.
Esta grave situación, compromete gravemente el rol de los magistrados, cuyo deber de impartir justicia expresan un ejercicio jurisdiccional, y que el caso referido es contrario a los principios del marco jurídico nacional e internacional, como además altera compromisos asumidos por la Corte Suprema de Justicia con los Pueblos Indígenas. Como órgano del gobierno del Poder Judicial, el cual ha quedado expresada en la Acordada Nº 633/03 «Que implementan las 100 Reglas de Brasilia», con lo cual cual actos ilegales como constituyen la violación de la prohibición de traslado y/o desalojo de una comunidad indígena prevista por la Constitución y el Derecho Internacional, causan un daño por ser irreparable a la Administración de Justicia y su integridad institucional.
Ante los graves hechos sucedidos, nos permitimos elevar a VE la expresión de nuestro más firme rechazo a los actos del poder público contra el Pueblo Ava Guaraní, exponiendo a los miembros de la Comunidad Y’apo a una situación discriminatoria, dipersión involuntaria, en especial a su población más vulnerable, niños, niñas, mujeres y adultas mayores, cuya reparación inmediata debe ser motivo de inmediata atención e intervención de nuestro Máximo Tribunal, en ejercicio de sus facultades de superintendencia.
Por lo expuesto, solicitamos a VE que basado de fundamentos de medidas de mejor proveer por parte de la Presidencia de la Corte, a efectos de que, se arbitren Urgentemente todas las medidas necesarias del Poder Judicial, dirigidas a la restitución integral de los derechos de la Comunidad violentada, y revertir el daño causado a sus miembros; así como, se resuelva iniciar una profunda auditoria de gestión de las actuaciones judiciales de la zona, que dieran pie al atropello y desalojo ilegal de la Comunidad Indígena Y’apo, y en el entendimiento de la buena fe de la Corte Suprema de Justicia, respecto a los compromisos que asumiera institucionalmente en respetar, proteger y garantizar los derechos de las Comunidades y Pueblos Indígenas en el país.
Por último, apelamos a la sensibilidad de VE y dada la gravedad y urgencia del caso, pudiéramos recibir un despacho favorable en la mayor brevedad posible, confiando en su eficaz atención de siempre.
Sin otro particular, hacemos propicia ocasión para reiterar a VE, las muestras de nuestra más distinguida consideración».
