El presidente de la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), que articula 12 asociaciones de ambas regiones del país, remitió en la mañana de este jueves al titular de la cámara de Senadores, Julio César Velázquez una carta de apoyo al justo reclamo de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa del Pueblo Enxet. Desde hace dos décadas, la misma se encuentra reclamando la legalización de parte de sus tierras tradicionales.
«Es sumamente importante que el Estado Paraguayo cumpla con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)que con justicia da lugar al genuino reclamo planteado. Creemos que el Paraguay, debe resarcir parte de su deuda histórica con el pueblo Enxet y expropiar las tierras reclamadas como acto de justicia para reivindicarse como un País respetuoso de los Derechos Humanos y se inicie la construcción de un verdadero Estado Social de Derecho», señala la misiva.
Histórico: Media sanción en Senadores
Tras más de 20 años de lucha, y una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2006), este jueves 25 de abril los senadores aprobaron por mayoría rotunda al proyecto de ley que busca expropiar 14.404 hectáreas de tierras, ubicadas en el departamento de Villa Hayes, a favor de la comunidad Sawhoyamaxa. El documento pasa ahora a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
Según publica el diario local Última Hora, durante la sesión ordinaria, varios legisladores defendieron los derechos de los pueblos originarios y resaltaron la necesidad de aprobar el proyecto de ley para reparar un daño histórico, producido a las comunidades indígenas.
La senadora liberal Blanca Fonseca mencionó que la bancada del PLRA apoyaba por unanimidad la aprobación del proyecto.
Dijo que se debía poner fin a muchos años de discriminación y violación de los derechos de los pueblos originarios. También hizo referencia a que se cumpliría con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Su colega del Frente Guasu, Carlos Filizzola, criticó las peripecias que debieron sufrir los nativos durante 20 años con la reivindicación de esas tierras que ancestralmente les pertenece y lamentó que una Corte internacional nuevamente debió emitir una sentencia para obligar al Estado paraguayo a cumplir con los tratados internacionales sobre derechos ancestrales.
Adelantó que el bloque de izquierda estaba a favor de hacer justicia con «uno de los sectores más discriminados».
El senador de Avanza País, Miguel López Perito, valoró la posición mayoritaria de los legisladores para acompañar el proyecto, porque de esta forma se estaría reparando un daño histórico causado a la comunidad indígena, que incluso tiene establecidos sus derechos antes de la Constitución Nacional.
El oviedista José Manuel Bóbeda también apoyó la reivindicación de los indígenas argumentando que en la Carta Magna habla claramente sobre los derechos indígenas y que fueron explotados por las personas que compraron esas tierras.
El Unace acompañó la aprobación del proyecto, mientras que el colorado Luis Alberto Castiglioni dijo que apoyar la expropiación de las tierras tiene una profunda connotación moral y ética, que va más allá del cumplimiento de los acuerdos internacionales.
Antecedentes
Unas 150 familias nativas reclaman el título de propiedad de las tierras ubicadas en el km 370 de la ruta Coronel Rafael Franco, que va de Concepción a Pozo Colorado. La propiedad está dividida por la ruta, por un lado se encuentran más de 11.000 hectáreas y, por el otro, alrededor de 3.000.
Desde el 2006, el Estado enfrenta una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que lo obliga a restituir sus tierras a la comunidad indígena.
El Estado tenía 3 años de plazo para devolver esas tierras, sin embargo, aún no se solucionó el conflicto. Entre los gobiernos de Fernando Lugo y Federico Franco se intentó negociar la compra de las tierras, pero no se llegó a un acuerdo.
Al acabarse todas las instancias, el Estado solicitó la expropiación de las 14.404 hectáreas, pero, ante tantos años de espera, los Sawhoyamaxa decidieron recuperar sus tierras desde agosto del año pasado.
La sentencia de la Corte contempla 14 puntos, además de la devolución de las tierras, asistencia en materia de salud y educación. Establece que una vez que se restituya la propiedad, la comunidad debe recibir USD 980.000 para proyectos de desarrollo para posteriormente poder sostenerse en forma independiente.
