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La Relatora de Pueblos Indígenas, en su informe preliminar: «El acceso a la justicia es una de las principales preocupaciones»

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La Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la sra. Victoria Tauli-Corpuz presentó el viernes 28 de noviembre, un resumen de lo constatado durante su visita a Paraguay, que se inició el 20 de este mes. Lo hizo a través de una conferencia de prensa en la oficina de las Naciones Unidades, de Asunción. a continuación, el informe preliminar completo.

«Hoy 28 de noviembre de 2014, estoy concluyendo mi visita a Paraguay en mi calidad de Relatora Especial de las Naciones unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. En los últimos ocho días, me he reunido con las autoridades gubernamentales y departamentales, los pueblos indígenas de Paraguay, organizaciones y personas en diferentes partes del país. Además de Asunción, mis reuniones me han llevado a varios lugares, incluyendo territorios indígenas en el Chaco y en la Región Oriental. Doy las gracias al Gobierno de Paraguay por su invitación y a la cooperación plena que me ha proporcionado, y por permitirme llevar a cabo mi visita libremente y de manera independiente. También me gustaría expresar mi profundo agradecimiento a los representantes de los pueblos indígenas que me invitaron a visitar sus comunidades y a las organizaciones indígenas y a las personas que me ayudaron en la organización de mi agenda.

Finalmente, quiero agradecer especialmente a los pueblos indígenas con los que me reuní y que compartieron conmigo sus situaciones, preocupaciones y esperanzas. En particular, me gustaría dar las gracias a la comunidad Nivaclé de Ujeslavos y la comunidad Mbya Guaraní, de Cheiro Ara Poty por su cálida bienvenida. Lamento profundamente que, debido a las condiciones climáticas, no he podido visitar la comunidad Ayoreo Totobiegosode de Chaidi, y la Mbya Guaraní, de Y’apo. Sin embargo, me reuní con representantes de de sus comunidades en Filadelfia y Asunción, para escuchar sus preocupaciones que tendré en cuenta en la elaboración de mi informe. También me gustaría dar las gracias al equipo de las Naciones Unidas por el apoyo brindado.

En los últimos días, he recogido una cantidad significativa de información de los pueblos indígenas y representantes gubernamentales. En las próximas semanas, revisaré la extensa información recibida durante la visita con el fin de desarrollar un informe para evaluar la situación de los Pueblos Indígenas en Paraguay y hacer una serie de recomendaciones. Este informe se hará público, y se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Espero que sea de utilidad para los pueblos indígenas, y para el Gobierno del Paraguay, para ayudar a encontrar soluciones a retos actuales que enfrentan los pueblos indígenas en el país.

Como avance de este informe, me gustaría brindar algunas observaciones y recomendaciones preliminares basadas en lo que en lo que he observado durante mi visita. Estos no reflejan toda la gama de cuestiones que se me plantearon, ni todas las iniciativas nacionales y departamentales vinculadas a los asuntos indígenas.

El gobierno de Paraguay ha ratificado todos los tratados básicos internacionales y regionales de derechos humanos, incluida la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de discriminación racial. También ha ratificado el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes Nº 169, 1989 y votó en la Asamblea General en apoyo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en septiembre de 2007. Paraguay también se ha sumado al consenso en la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas en septiembre de 2014. La Constitución de Paraguay reconoce la preexistencia y los derechos de los pueblos indígenas y también se han aprobado leyes específicas sobre tales derechos.

Paraguay es una país multicultural y plurilingüe, con dos lenguas oficiales, el español y el guaraní, en el que las lenguas indígenas se consideran parte del patrimonio cultural de la nación.

Según las conversaciones que he mantenido con los miembros de muchos de los diecinueve pueblos indígenas del Paraguay, su principal preocupación sigue siendo la seguridad sobre sus derechos a sus tierras, territorios y recursos. Esta preocupación es compartida por numerosos representantes de instituciones gubernamentales, agencias de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil. Casi la mitad de las comunidades indígenas carece de tierras, e incluso cuando sus tierras han sido tituladas a su nombre, la seguridad de la tierra no está garantizada.

Miembros de las comunidades me informaron sobre la invasión de agronegocios, empresas madereras y ganaderos, entre otros, que a veces les ha obligado a desplazarse. De acuerdo con la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Sawhoyamaxa, el Estado debe establecer mecanismos efectivos dentro de su marco jurídico nacional, para solucionar las reivindicaciones de los pueblos indígenas sobre las tierras, territorios y recursos.

Paraguay ha experimentado un excepcional crecimiento económico en los últimos años. Desafortunadamente, este crecimiento se produce a expensas de la destrucción masiva de ecosistemas como los bosques y ríos, que son esenciales para la seguridad alimentaria y medios de vida de los pueblos indígenas.

La pobreza, y la pobreza extrema, siguen siendo alarmantemente altas, un indicador de la cruda desigualdad imperante. Las tasas de pobreza entre la población general, de acuerdo con los últimos datos oficiales, se sitúan aproximadamente en el 23.8%. En el caso de la extrema pobreza, la tasa para los pueblos indígenas es del 63 %, seis veces mayor que la tasa para la población general. El periodo medio de escolarización para los pueblos indígenas es de tres años, frente a los ocho años para la población general, con una tasa de analfabetismo del 40 % entre los pueblos indígenas.

La mayoría de las comunidades indígenas carecen de servicio sociales adecuados. Cuentan con acceso limitado al agua, la atención sanitaria y la educación. El 87,8 % de los pueblos indígenas no tienen acceso a servicios de salud. Reconozco algunos avances positivos, como la Ley de Educación Indígena y la creación de la Dirección General de Educación Escolar Indígena. También espero que muy pronto se apruebe el proyecto de ley sobre Salud de los Pueblos Indígenas. Hay una necesidad de políticas públicas sostenidas y con recursos adecuados, tanto en educación como en salud.

Los pueblos indígenas también me han informado de la ausencia del Estado en sus comunidades. El Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), que es la principal institución gubernamental encargada de asuntos indígenas sigue siendo una institución débil. Se hicieron muchas recomendaciones de aumentar el rango del INDI a nivel ministerial, provisto de recursos adecuados.

Durante mi vista también tuve una reunión con mujeres indígenas, quienes compartieron problemas en relación con la tierra, la salud, la educación y el futuro de sus hijos y de sus pueblos. Voy a dedicar una especial atención a sus problemas en mi informe.

Varios representantes indígenas expresaron su frustración por la falta de consulta y participación, tal como exige el Convenio 169. Organizaciones de los pueblos indígenas han presentado una propuesta sobre consulta y consentimiento libre, previo e informado. El Gobierno paraguayo debería tenerla en cuenta para el desarrollo de un marco jurídico adecuado, de acuerdo al derecho internacional de derechos humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas

El acceso a la justicia es una de las principales preocupaciones. Se me informó de los asuntos pendientes de justicia históricos, como el desplazamiento forzado, causado por la construcción de las represas hidroeléctricas de Itaipú y Yacyreta, sin ningún tipo de reparación. También se me habló de la falta de conocimiento, por parte del poder judicial, sobre los derechos de los pueblos indígenas, lo que conduce a la inacción o a decisiones contrarias a la Constitución, la ley paraguaya y los instrumentos internacionales ratificados por el Paraguay. Reconozco algunos avances prometedores de la Corte Suprema, como su trabajo sobre derecho consuetudinario. Queda mucho por hacer, sin embargo, en términos de asegurar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas y la capacitación adecuada de los operadores de justicia en relación con el derecho internacional y nacional pertinente.

Me alegro también saber que de las medidas tomadas para el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me gustaría hacer un llamamiento a todas las instituciones paraguayas pertinentes para la plena aplicación de dichas sentencias.

En mi opinión, la discriminación y el racismo están en la raíz de muchos de los problemas que enfrentan los pueblos indígenas. Me gustaría unirme a muchos organismos e instituciones internacionales y nacionales en la petición de la pronta promulgación de una ley contra toda forma de discriminación.

En conclusión, quisiera reiterar mi agradecimiento a los funcionarios del Estado por la valiosa información que generosamente me brindaron y por las francas discusiones que mantuvimos. Me comprometo a hacer todo lo posible para elaborar un informe que pueda ser de utilidad en nuestra tarea común de lograr la plena protección, respeto y cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Paraguay».

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