Todas las decisiones que afectan a los derechos de las comunidades indígenas, ya sean legislativas, administrativas, proyectos de inversión o concesiones ambientales, tendrían que someterse a consulta y tener el consentimiento de las comunidades, según leyes internacionales y nacionales. En Paraguay, eso está solo en los papeles, porque en la realidad, ni el mismo Estado cumple con esa obligación que tiene con los Pueblos Indígenas del Paraguay.
Así lo afirmó en una entrevista Mikel Berraondo, miembro de Almáciga y del Instituto de Promoción de Estudios Sociales (IPES), de España, también asesor internacional de la FAPI. El experto en derecho internacional explicó la importancia de que el Estado garantice a los pueblos indígenas este derecho fundamental.
“El gobierno intenta confundir lo que es el proceso de consulta con meras actividades de información y de diálogo con las comunidades y pueblos indígenas. No tiene nada que ver un diálogo de un día, una tarde, con un proceso de consulta donde estableces una serie de condiciones, unas pautas, unas reglas y te das un tiempo para hacer esas consultas”, afirmó. Por otra parte, agregó que es fundamental tener clara la aplicación de este derecho fundamental porque les da pie a generar dinámicas de diálogos y participación con el Estado.
-¿Cómo ve la aplicación del derecho a la consulta y al consentimiento en Paraguay?
-Muy mal, porque prácticamente no está aplicando, nada. Es un derecho que no tiene ningún tipo de aplicación porque el gobierno está obviando todas sus obligaciones con relación a la consulta. También lo que falta es que las organizaciones sean más exigentes a la hora de reivindicar el derecho y exigir que se aplique, pero son deudas pendientes que hay ahora mismo en Paraguay, lo que tiene que ver con consulta y consentimiento.
– ¿En qué casos tendría que hacer cumplir y no lo está haciendo?
-Todas las decisiones que afectan a los derechos de las comunidades indígenas, ya sean decisiones legislativas, administrativas, proyectos de inversión, concesiones ambientales, todo tendría que ser consultado y tendrían que tener el consentimiento de las comunidades. Se siguen dando licencias ambientales a propietarios privados en base a títulos de propiedad que ellos presentan, dando más prioridad a los títulos de propiedad que a los derechos de los propios pueblos indígenas, lo cual eso va en contra de los dictámenes internacionales. Todo lo que se refiere a pueblos indígenas debería de ser consultado. Y relativamente nada se está consultando acá. Por eso te decía que hay un gran déficit porque no se hace nada. Desde cualquier decreto presidencial o cualquier Ley que salga o acción que afecta a los pueblos indígenas, necesita ser consultado.
-¿Cómo ve el movimiento desde los pueblos indígenas respecto a la exigencia de sus derechos?
-Veo que están avanzando en su definiciones internas, en su organización interna. Creo que sería bueno que las asociaciones de FAPI pisen un pasito más adelante a la hora de exigir y presionar más al Estado para que cumpla estos derechos.
-¿Cómo se puede potenciar la aplicación de este derecho?
-Lo principal es que la gente de las asociaciones sepa que este derecho se tiene que aplicar. Lo segundo, exigirle al Estado la aplicación del derecho a la consulta. Hacerle el planteamiento de que las comunidades y organizaciones no van a permitir que se sigan actuando en sus territorios sin que haya el proceso de consulta y consentimiento. Y lo siguiente, empezar a hacer denuncias contra toda acción y decisión que se realiza en territorio indígena con violación del derecho de consulta. Sería genial que el Estado voluntariamente quiera empezar a implementar el derecho a consulta y quiera respetar estos derechos pero lamentablemente sabemos que el Estado paraguayo nunca se ha caracterizado por tener mucha sensibilidad con los pueblos indígenas y menos ahora con este gobierno, que está claro que no tiene ninguna intención.
-¿Por qué los pueblos indígenas están respaldados con este derecho?
– Viene como consecuencia del desarrollo que ha habido a nivel del derecho internacional, de los estándares internacionales, y como consecuencia del reconocimiento de los pueblos indígenas como grupos vulnerables que necesitan unos derechos especiales por su condición de vulnerabilidad y aparte por su situación pueblos persistentes a la conformación del Estado y con todas las garantías mayores. Y Se reconoce como piedra angular para promover el diálogo y la participación de los pueblos indígenas en el gobierno y en la sociedad.
-¿Puede haber una consulta que no sea para el consentimiento?
– Sí, claro. La consulta y el consentimiento son distintos. Hay consultas que no tienen porqué acabar en consentimiento y hay tipo de consulta que obligatoriamente tiene que acabar con el consentimiento de las comunidades. El consentimiento se tiene que dar siempre que hay proyectos o decisiones que van a afectar de manera irreparable a la cultura, formas de vida actual y tradicional, a los territorios de las comunidades indígenas. El proceso de consulta es un proceso de diálogo, de negociación en donde se tiene que intentar llegar a acuerdos pero que si no hay acuerdos, el Estado puede seguir adelante pero teniendo en cuenta lo que se le ha dicho en el proceso de consulta. Es importante tener claro lo de las dos situaciones. El consentimiento es una garantía mayor que la consulta que protege sobretodo en situaciones de vulnerabilidad.
