En Paraguay existen 19 Pueblos Indígenas, cada uno con su propia cosmovisión cultural, económica, territorial, espiritual y un idioma que los identifica. Cada pueblo está organizado según sus costumbres y formas de vida.
Los Pueblos Indígenas no solo hablan de tierra sino siempre de tierras y territorio, que sería el sitio donde están sus antepasados y sitios sagrados, sus bosques, agua, donde conviven seres humanos con la naturaleza. Es también el contacto con la espiritualidad, el espacio de interacción con la biodeversidad.
El territorio es uno de los elementos fundamentales dentro de la vida y que da vida a los Pueblos Indígenas. No se puede concebir el ser indígena sin el territorio.
A tener en cuenta
– La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce a los Pueblos indígenas como iguales a todos los demás pueblos y al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales en todas sus formas de vida.
Realidad de los Pueblos Indígenas en Paraguay
En el territorio nacional habitan 19 pueblos indígenas agrupados en cinco familias lingüísticas.
Según los censos realizados en el 2022 por la DGEEC, en Paraguay existen 140.206 indígenas. Los pueblos con población mayoritaria son los Mbya Guaraní (27.835), Ava Guaraní (22.235), Nivaĉle (17.845) y Paĩ Tavytera (15.609); estos grupos viven principalmente en áreas rurales.
Por otra parte, el Censo de Comunidades Indígenas de los Pueblos Indígenas 2012 registra que el 72,4% de las comunidades censadas cuentan con tierra propia, aunque ello no signifique que estas sean en cantidad y calidad suficientes de acuerdo al mínimo establecido por ley. Siguiendo los datos del mismo informe, 148 comunidades indígenas no poseen título y/o tierra propia (27,6%). Según datos del INDI, este porcentaje se incrementa si se considera las 617 comunidades indígenas que tiene registradas en todo el país.
Este ente estatal también registra 54 núcleos de familias/barrios, que hacen referencia a asentamientos precarios de diferentes grupos étnicos desplazados de sus hábitats, generalmente viviendo en condiciones de calle o en los cinturones de pobreza de la capital, así como de otras ciudades cabeceras de otros departamentos del país. En cuanto a las dificultades que afectan a los recursos naturales de las comunidades indígenas, el informe del censo menciona que 254 comunidades declararon como la más frecuente la deforestación, lo que ocasionó la disminución de los animales silvestres, por otra parte, destaca la fumigación de agroquímicos y la contaminación de los cauces de agua.
Exclusión
Los indicadores socioeconómicos muestran el nivel de exclusión de la población indígena: en la educación formal, en promedio esta población cursó solo los tres primeros años de estudio escolar. El 41% de los niños menores de cinco años sufren de malnutrición crónica (bajo peso/edad). El 37,6% de los indígenas de 15 años y más, es analfabeto. La tasa de participación laboral, respecto de la población total en edad de trabajar es de 52,6%. El 80,5% de la PEA, trabaja en el sector primario. El 64 % cuenta con cédula de identidad. En cuanto al acceso de agua potable, solo el 2,5% de la población indígena dispone de este beneficio (la gran mayoría solo tiene acceso a tajamar o río) y el 31,2% posee luz eléctrica. El acceso a baño moderno con pozo ciego, alcanza al 3,8% de las viviendas. El 64 % de las comunidades indígenas no cuenta con local de atención a la salud, sin embargo el 75,5% de estas comunidades recibe servicios de una unidad de salud familiar.
La población se caracteriza por el limitado ejercicio de derechos civiles y políticos, lo que implica garantías mínimas para el ejercicio de derechos económicos, sociales, ambientales y culturales, así como los derechos colectivos como Pueblos Indígenas.
El modelo de desarrollo económico implementado en las últimas décadas genera una fuerte presión sobre las tierras de comunidades rurales por parte de los productores tanto de soja como de ganado. Los bosques, en territorio de Pueblos Indígenas, son deforestados a causa del interés y presión del sector agroganadero para aumentar la producción a gran escala; esta situación genera mayor pobreza, división e intranquilidad en las comunidades indígenas.
A nivel país, se registra una falta de adecuación legislativa que incorpore los estándares alcanzados a nivel internacional (CIDH) y un largo retraso en modernizar las leyes de aplicación que establezca un procedimiento idóneo, eficaz para garantizar a la población indígena el acceso a las tierras y territorios reivindicados.
La base económica y el modelo de producción privilegiado en el país representan una de las principales restricciones y amenazas que deben enfrentar los Pueblos Indígenas del Paraguay, sumado a una débil institucionalidad pública para garantizar los DD.HH. de los pueblos y comunidades indígenas.
Acceso a tierras y territorios
Pese a la existencia de instrumentos internacionales vinculantes en materia de protección de los derechos de los Pueblos Indígenas, la adopción de políticas culturalmente apropiadas es deficiente, sobre todo en lo que respecta al acceso a tierras y territorios en cantidad y calidad suficientes y a la aplicación del derecho a la consulta y consentimiento, previo, libre e informado.
Los Pueblos Indígenas en Paraguay, con mayor frecuencia se ven obligados a acudir al Sistema Interamericano de DD.HH. para formular denuncias por violación de sus derechos y la discriminación estructural a la que se enfrentan todos los días y en todos los ámbitos.
Como indicadores bastan: a) La preocupante regresión de derechos de los Pueblos Indígenas al revocar el INDI (ente rector de las políticas para Pueblos Indígenas), mediante resolución Nº 48/16, la resolución Nº 120/13 con la que el INDI reconocía los daños ocasionados al pueblo indígena Ava Guaraní con la construcción y embalse de la represa binacional Itaipú en su territorio ancestral, cancelando, con la nueva resolución, todos sus efectos jurídicos y los procesos de reparación que pudieran entablarse con la Binacional; b) El progresivo retroceso de los últimos años en cuanto asignación presupuestaria para el INDI, hecho que limita principalmente la compra de tierras y la implementación de programas y proyectos sociales que reviertan progresivamente la extrema pobreza que afecta a la población de la mayoría de las comunidades indignas.
- c) El Estado se caracteriza por la burocracia y las excesivas demoras en la justicia que afectan la seguridad jurídica de tierras comunitarias indígenas.
Lo expuesto, como muestra, refleja la persistente discriminación del Estado paraguayo hacia los Pueblos Indígenas y las insuficientes condiciones para lograr la real y efectiva participación que permita que los mismos puedan hacer valer sus intereses ante los órganos o instancias respectivas.
Aunque los pueblos y organizaciones indígenas del país emprenden diversas iniciativas para visibilizar la diversidad cultural y el importante aporte de los Pueblos Indígenas del país a la conservación biocultural de los bosques en territorios indígenas, un gran sector de la ciudadanía aun no reconoce la pluriculturalidad y multietnicidad del país, lo cual conlleva a la naturalización de prácticas de discriminación y de persistente vulneración de los derechos de los Pueblos Indígenas.
Esta situación refleja la necesidad de avanzar en la implementación de políticas públicas orientadas a revertir la situación de los Pueblos Indígenas, con su participación activa y protagónica en la tarea de construcción de un modelo de desarrollo sostenible e incluyente de los pueblos indígenas.
