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Sin agua potable en el humedal más grande del mundo

Sin agua potable en el humedal más grande del mundo

Eshnuwerta, la diosa del agua, cuida a los Yshir Ybytoso desde hace siglos. Pero esta deidad al parecer se ve sobrepasada por la contaminación que según los yshyro viene de aguas arriba, de los campos productivos de Brasil y Bolivia, sin contar con los residuos que deja el intenso tráfico fluvial en la zona. Cuidar del agua y de todos los seres que la habitan, al parecer ya no es una tarea fácil ni para los dioses.

A pesar de ello, cinco de las seis comunidades de esta etnia viven apostadas a la vera del cauce en el departamento de Alto Paraguay, y siguen bebiendo directamente de allí. “Algunos que trabajan y pueden, compran sulfato para tratar su agua. Cada frasco cuesta 36.000 guaraníes (5,2 usd) pero la mayoría tiene que tomar agua cruda”, dice Nancy Vierci, lideresa de Karcha Bahlut – Puerto 14 de Mayo. El nombre originario significa “gran caracol sagrado”. Allí, a 30 km de Bahía Negra, viven 38 familias que lavan, beben y se bañan en el mismo río que es fuente de subsistencia mediante la pesca.

Con temperaturas que suelen sobrepasar los 40 grados, aplacar la sed tampoco es tan glorioso porque no existe energía eléctrica como para darse el lujo de refrigerar un poco el líquido vital antes de beberlo. “La gente toma agua sucia y caliente, claro que se enferma. Pero no existe otra opción”, se lamenta.

Un tratamiento peligroso

Pablo Barboza es funcionario contratado del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), desde hace ocho años y es el encargado de asistir técnicamente a las comunidades con las instalaciones de agua que llegan a sus casas. Las canillas funcionan, pero el agua que sale de ellas viene desde el río sin ningún tipo de tratamiento.

Al caminar por las calles de Puerto Diana se pueden observar desde lejos los tanques o enormes bidones de agua. Varios de ellos tienen encima un frasco de un kilo, se trata de sulfato, cuya medida es de dos cucharadas por cada tambor de 200 litros y la medida debe ser exacta ya que de lo contrario puede causar diarrea y deshidratación.

“Lo más común es que las familias compren sulfato para tratar su agua. Pero además de que la dosis debe ser muy justa, esto solo sirve para aclarar el agua, una especie de filtro que no mata los gérmenes que contiene”, explica Pablo, pero para ello se necesita cloro, un lujo que ya casi nadie puede permitirse.

Andrés Ozuna, secretario general de la Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Yshir (UCINY) reconoce que el agua es una de las necesidades más urgentes de las seis comunidades que son Puerto Diana, Puerto 14 de Mayo (Karcha Bahlut), Puerto Esperanza (Ynishta), Puerto Pollo, Puerto Caballo y Dos Estrellas. Esta última, habitada por 15 familias, es una aldea de agricultores que utilizan agua colectada de las escasas lluvias que caen en la zona.

A pesar de esto, el agua potable no es una de las prioridades de la organización en este momento: se enfoca en la titulación de las tierras en conflicto como las de Puerto Pollo y Puerto Ramos, cuyos títulos de propiedad llevan años en disputa.

Proyectos que dan esperanza

La exconcejala de Bahía Negra Leticia Rosales estuvo encargada durante el año 2020 de la consolidación del Consejo de Aguas de la Cuenca del Río Negro. Se trata de un grupo conformado por distintos sectores de la sociedad civil con el objetivo de gestionar la provisión de agua en la zona y un plan para poder costear esto desde instituciones gubernamentales o de organismos internacionales. Durante este año, se enfocaron en el diagnóstico de la situación. “Tenemos toda la documentación y un plan de trabajo con presupuesto listo. Ahora buscamos financiamiento para hacer posible esto. El centro urbano de Bahía Negra es el único que cuenta con una planta de tratamiento, pero está tan desgastada que solamente su reparación requiere alrededor de G. 500 millones (USD 71.428), con esto se cubrirá a 250 usuarios. En cambio para las comunidades indígenas donde no existe ninguna base, el presupuesto promedio es de G. 2.000 millones (USD 285.000)”, explica.

La intención del plan desarrollado por Rosales es encontrar una fuente de financiamiento, ya sea estatal o de algún organismo internacional que sea capaz de solventar la instalación de los sistemas de distribución. El mantenimiento, según explica, se podrá obtener cobrando mensualidades a los usuarios con precios que sean acordes a los ingresos promedio de la zona que son bajos.

“La mayoría de la gente no tiene sueldo fijo, viven de changas. La paga es irrisoria, oscila entre G. 400.000 a G. 800.000 en época de mucho movimiento. Eso no da para vivir con lo caro que es acá el costo de vida”, explica Nancy Vierci. La situación es preocupante porque estos montos equivalen a 60 a 120 dólares, cuando el salario mínimo en Paraguay es de 331 dólares (G. 2.112.562).

Rosales lamenta el desinterés histórico hacia estas poblaciones. “Vivimos a la vera del río, materia prima hay, lo que se nota es que nunca hubo interés real de proveer el agua a las comunidades indígenas. Anteriormente todos tomábamos directamente del río, incluso los que vivimos en el centro urbano de Bahía Negra, pero ahora ya no se puede. La gente tiene problemas de piedras en los riñones, arenillas y otras enfermedades estomacales a consecuencia de esta agua, además del típico problema de diarrea especialmente en épocas de bajante, incendios o fumigación aguas arriba”, dice.

En Puerto Diana habitan 180 familias, aproximadamente el 50% de ellas cuenta en sus hogares con las instalaciones para provisión de agua del río. En Puerto Esperanza viven otras 170 familias, más de 80 de ellas también tienen cañerías instaladas y en 14 de Mayo, tienen instalaciones unas 20 casas. “Calculamos que el ahorro con esto es importante, pero se debe gestionar los recursos para la construcción de las plantas de tratamiento y asegurar que funcionen”, señala Leticia.

Pero el Concejo de Aguas no es el único con un plan avanzado. La organización Pro Comunidades del Chaco (PCI), es otra de las organizaciones de la sociedad civil involucradas en la búsqueda de una solución concreta ante la inacción estatal. Gracias a su gestión, lograron el apoyo del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), y tiene un avanzado proyecto que pretende dotar de plantas de tratamiento a 18 comunidades indígenas del departamento de Alto Paraguay. Este avanzado proyecto sería financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con un fondo de USD 1.200.000, para las seis construcciones, según explica Derlis Martínez, de PCI.

Para César Barboza, concejal municipal de Bahía Negra y líder de Puerto Diana, la prioridad principal son los niños. “Los escueleros no pueden tomar esa agua contaminada. Les da diarrea, les debilita. Ellos tienen que estar sanos y fuertes para aprender en la escuela”, señala.

El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.

Abandonados en pandemia

En el mes de mayo de 2020 se remitió una solicitud al Gobierno Nacional para la provisión de insumos de purificación de agua para las 795 familias Yshir de Alto Paraguay. El total solicitado era de 397,5 kilos de sulfato y 795 litros de lavandina. Con estos insumos se pretendía paliar las necesidades de higiene y cuidados ante la pandemia por el covid-19. Mientras en todo el país se oían serias recomendaciones del Estado para el cuidado extremo, constante lavado de manos y limpieza, los yshiro aguardaban sus insumos para cumplir con los protocolos sanitarios. Sin embargo, estos nunca llegaron.

“Nosotros respetamos un tiempo lo que decía el Gobierno, pero somos un pueblo pobre que vive del día a día, la gente tenía que salir a pescar, tenía que vender sus productos y no tenía agua limpia para lavarse a cada rato. Seguimos nuestra vida hasta ahora y afortunadamente no hubo casos graves”, relata César Barboza.

Leticia Rosales opina que hasta ahora es una suerte que el virus no se haya propagado gravemente en la zona, ya que no se aplican medidas de bioseguridad, ni siquiera con el uso de tapabocas. Para Nancy Vierci, es una constante preocupación: “Acá no tenemos hospitales, ni siquiera hacen test para que podamos saber si hay o no casos positivos. Puede que mucha gente haya tenido el virus y ni siquiera se haya enterado”, dice.

Una cuestión de supervivencia

El cacique Bruno Barras, líder de la Nación Yshir Ybytoso, dice que es fundamental que el Gobierno apoye a las comunidades indígenas en el cumplimiento de este derecho humano. “Hace años no era necesario, los yshyro bebían directamente del río porque el agua era pura. Eshnuwerta protegía el cauce y a todos los seres que la habitaban, pero los tiempos han cambiado y la contaminación provocada por el hombre blanco trae consecuencias en la salud de nuestros pueblos. Todavía hay mucha gente que no puede acceder al agua tratada. Nuestra cultura debe preservarse y nuestro pueblo es un patrimonio por el que el Gobierno tiene que velar”, finaliza.

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Introducción

Introducción

Este dossier es una selección de sólo 20 casos, considerados representativos, a través de los cuales se pretende visibilizar las diversas situaciones que las comunidades deben afrontar día a día. Los reportajes fueron elaborados por un equipo periodístico seleccionado cuidadosamente por su compromiso con los derechos humanos y el medio ambiente.

El documento está dividido en tres columnas principales: asuntos forestales, donde se desarrollan las problemáticas de deforestación e incendios forestales; agronegocio, que abarca la fumigación de la soja y su impacto social y ambiental, las empresas y derechos humanos, así como la titulación y asuntos de la tierra. Por último, se habla sobre los derechos básicos universales, haciendo foco en el acceso al agua y su vínculo con la salud.

En la fase inicial se realizó un proceso de talleres con el objetivo de que las distintas organizaciones y asociaciones de la sociedad civil locales manifiesten, en primera voz, las distintas situaciones y problemáticas a las que se enfrentan sobre sus derechos humanos, cómo esto afecta al medio ambiente. Este proceso demostró, una vez más, como a lo largo de las últimas décadas, la deforestación se ha convertido en un elemento recurrente en lo que se refiere a violaciones a los derechos humanos. El factor común es que las víctimas principales son comunidades rurales, indígenas y campesinas de las regiones Oriental y Occidental del país, con diferentes matices.

Si bien son regiones diferentes en cuanto a biodiversidad, son parecidas en los problemas que acarrean los desmontes para las comunidades; como la pérdida de sus servicios ecosistémicos y la migración forzada a zonas urbanas. Los bosques nativos además sirven de hogar para la sobrevivencia socio-cultural y la subsistencia económica de varias comunidades indígenas.

Las actividades económicas ligadas a la agricultura y la ganadería requieren de muchas hectáreas para su crecimiento y se expanden con tanta fuerza en la región Oriental, que en 2004, con apenas 20% del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA) en pie, el Estado paraguayo se vio obligado a emitir una legislación para evitar la destrucción total de los bosques. Así nació la conocida “Ley de deforestación cero” promulgada ese mismo año y cuya última renovación se logró a finales de 2020, asegurando su vigencia hasta 2030.

El Bosque Atlántico del Alto Paraná es una ecorregión que forma parte de las 200 más importantes del mundo, identificada así por la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU). El BAAPA cubre 10 de los 14 departamentos de esta región y a pesar de normativas en contra, cada año, sigue siendo víctima de deforestación, fragmentación y degradación de los remanentes boscosos.

A pesar de la triste experiencia del BAAPA, el Gobierno paraguayo no aprendió la lección, y esta región tuvo que llegar a un punto de degradación extrema para que actuaran en su defensa. Ignorando este precedente, el Estado continúa sometiendo a ese mismo riesgo a otras regiones sensibles. En todos estos años no se previeron políticas públicas ambientales, sistemas de control y fiscalización eficientes ni la actualización de normativas ambientales que sean lo suficientemente efectivas para asegurar la conectividad de los ecosistemas, ni la restauración de ecosistemas degradados a nivel país. El Chaco-Pantanal es entre estos, el que mayor peligro corre.

En la Región Occidental, la expansión de la producción ganadera se ha convertido en la principal causa de la deforestación. Aunque en los últimos años también el agronegocio está extendiendo sus dominios en territorios chaqueños. Esta región forma parte del Gran Chaco Americano y el Pantanal, un amplio territorio compartido con Brasil, Bolivia y Argentina.

En 2019 se registraron varios focos de incendio en todo el Chaco, que afectaron a comunidades humanas asentadas históricamente en estas tierras que hoy se convierten en un hervidero, por las llamas y por el humo que impregna todo el ambiente. El gran Pantanal, que comparte territorio entre Brasil, Bolivia y Paraguay, también fue víctima de los fuegos. Solamente en este gran complejo ambiental se estima la pérdida de 768 mil hectáreas.

Los incendios forestales que se tuvieron a gran escala en 2019 y 2020 destruyeron comunidades enteras, tanto en zonas rurales como urbanas en todo el país, además de la evidente afectación a la flora y fauna local. A pesar de que el propio Ministerio del Ambiente habla de que el 99% de los incendios se da por intervención humana, también este delito queda absolutamente impune en el país. Una de las costumbres dentro de la práctica agrícola, por ejemplo, es la quema de pastizales dentro del trabajo de cambio de uso de suelo.

Si bien el principal problema con la pérdida de bosques en el país obedece al modelo de agronegocio actual, desde mediados de los años ‘90 un nuevo y violento actor entró a escena: el narcotráfico. Miles de hectáreas de bosques se perdieron en los últimos 10 años en plenas áreas protegidas del BAAPA por el cultivo de marihuana, un negocio manejado por narcotraficantes de frontera que hasta ahora no dejó ni una sola persona detenida por la destrucción de los bosques, pero sí mucho dinero para los financistas.

Este reporte también se enfoca en el derecho a la tierra. La lucha de comunidades indígenas, como los Yshir Ybytoso, un pueblo indígena que habita hace 500 años la zona de Bahía Negra, Alto Paraguay, pero que hoy encuentran que, a gran parte de sus cielos, sus tierras, ríos y bosques, le ponen un cerco con cartel de “propiedad privada”. Una situación que resulta difícil de comprender para quienes creen que el ambiente no pertenece a nadie, sino que es de todos y que, por lo tanto, lo cuidan como su hogar. A pesar de esto, los yshir se adecuan a los documentos y papeles que dictan los tiempos modernos, por lo que están luchando a través de ellos para conseguir que sus tierras ancestrales sean reconocidas y respetadas.

Estas problemáticas no se limitan a zonas rurales. Una comunidad enclavada en plena ciudad de Luque, a 14 kilómetros de Asunción, sufre desde hace tiempo lo que es vivir en una cloaca a cielo abierto por la contaminación que generan las curtiembres de la zona.

Las comunidades resisten, pese a todo. Luchan día a día por algo tan básico como el acceso al agua potable, un derecho humano universal violado en numerosos puntos del país como el Chaco, e incluso en el Pantanal, el humedal de agua dulce más grande del mundo.

El acceso al agua potable, la contaminación, la lucha por la tierra, la pérdida cultural que sufren las comunidades indígenas y el atropello a sus tierras con la deforestación, con el avance del agronegocio o la lenta muerte de las áreas protegidas, y en general, el abandono del Estado, son algunas de las situaciones que se presentan y que este material muestra con un relato detallado.

Se trata en varios de los casos, de historias de resistencia ante un sistema judicial ineficiente, que parece negar estos atropellos. Un poder legislativo que los ignora y un ejecutivo que no ha hecho más que falsas promesas. Muchos de los casos que podrán leer en este documento, pudieron solucionarse hace muchos años, pero en cada causa se podrá leer el patrón común: el desinterés de un Estado que los mantiene olvidados a su suerte.

Exponer los problemas e intentar encontrar soluciones para estos pueblos es lo que se pretende relatando cada uno de los casos, dar un alivio a aquellos valientes dirigentes que no descansan en su lucha, pero también a aquellos que no pueden más que pelear día tras día por respirar, por beber y por tener un plato de comida en su mesa.