La pandemia empeoró las condiciones de pobreza en la comunidad La Patria del pueblo Angaité, en Puerto Pinasco, donde los indígenas están sujetos a la voluntad de estancieros para poder alimentarse.
Tras la Guerra de la Triple Alianza, que puso a Paraguay frente a Argentina, Brasil y Uruguay (1864-1870), el Estado paraguayo vendió gran parte del Chaco sin tener en cuenta a las comunidades indígenas que vivían en esos territorios. Un siglo después, tres comunidades originarias consiguieron que la justicia internacional reconozca que las tierras eran suyas. Aún hoy esperan que el Estado paraguayo cumpla con lo que había sentenciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Alexis Martínez, joven líder de la comunidad Loma, del Pueblo Guaraní Ñandeva, relata que la lucha por la titulación de sus tierras se remonta al año 1981. En este entonces, los líderes impulsaron a través del extinto Instituto de Bienestar Rural -IBR- (que se convirtió en Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra - INDERT -), el proceso de adjudicación de sus parcelas. Los líderes empezaron el proceso aprovechando que la dictadura militar de Alfredo Stroessner se vio obligada a aprobar nuevas leyes que reconocían los derechos de los Pueblos Indígenas.
El 21 de julio de 2014, Adelaida Álvarez, de tres años, empezó a desarrollar síntomas como vómitos, goteo de nariz, dificultades para respirar y fiebre. Al mismo tiempo, su hermana pequeña de 6 meses, Adela, era llevada por su madre Fabiola Cabrera por síntomas similares al hospital de Curuguaty, Departamento de Canindeyú. El hospital se ubica a 70 kilómetros del asentamiento Huber Duré, donde vivían las niñas.
Polvo, tierra colorada y soja, un océano de soja. Así es el paisaje que observa Ña Tola, desde San Juan Nepomuceno hasta su comunidad Ypeti de Caazapá. Son 80 kilómetros de un camino de tierra en medio de sojales que la lideresa de la Asociación de Comunidades Indígenas Mbya Guaraní “Tekoa Yma Jehe’a Pavë” transita a menudo, mientras lucha en defensa de los bosques.
Este material fue elaborado como resultado de talleres colaborativos iniciados en febrero del 2020 entre organizaciones de la sociedad civil para la elaboración del reporte “Empresas, Derechos Humanos y Medio Ambiente”, en el marco del tercer ciclo del Examen Periódico Universal de Paraguay. Posterior a la presentación del documento ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un equipo de periodistas escribieron los siguientes 20 artículos del dossier que visibilizan la relación entre las violaciones de Derechos Humanos con los derechos ambientales.
Las organizaciones que acompañaron el proceso de elaboración son: FAPI (Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas), Alter Vida, Grupo SUNU, Fundación Plurales, UCINY (Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Yshir), OMIG (Organización de Mujeres Indígenas Guaraní), Organización de Mujeres Artesanas Ayoreas 7 clanes, OMMI (Organización de Mujeres Mismo Indígena), PCI (Pro Comunidades Indígenas), Asociación Eco Pantanal, CDPI (Consejo de Pueblos Indígenas) y WWF-Paraguay.
Esta publicación fue posible gracias al apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda.
