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Cuarentena sin agua y sin dinero

Cuarentena sin agua y sin dinero

Ocho meses después de esos terribles momentos, Aquino habla aliviado por las lluvias que cayeron en el último mes de ese año y dieron un respiro a la calamitosa falta de agua. “Hace tiempo que esperamos a las autoridades para hacer la excavación de un pozo, de manera a tener agua segura para la comunidad. Yo escuché de un programa de Acueducto aquí en el Chaco Central, pero finalmente sólo llegó a las zonas urbanas de Filadelfia, y salieron a decir que habían llegado a los pueblos indígenas, pero no fue verdad”, reclama el líder de Campo Loro.

El mismo indica que la gobernación de Boquerón distribuye agua en los municipios de Mariscal, Loma Plata, Neuland y Filadelfia, pero no a las comunidades indígenas, por lo que siguen buscando una salida al problema del agua, que suelen solucionar pidiendo ayuda a la Municipalidad o la Gobernación, y en algunos casos ayudan y en otros, no. “Nuestra comunidad crece y nuestras necesidades también”, expresa, detallando que por el alto número de familias en la comunidad, ésta es la más afectada.

Aquino llegó a enfrentar a los funcionarios técnicos de la comuna, indicándoles que para los animales que se crían en esta zona eminentemente ganadera, copada en su mayoría por productores de colonias menonitas, no falta comida. El ganado tiene suficiente pastura y agua, y si se enferman son atendidos por los veterinarios, a diferencia de ellos, que sufren de falta de comida, de agua y de atención médica, a lo que los asesores solo respondieron con miradas entre ellos.

“Nos instalaron acá una bomba para que la gente pueda tomar agua de los tajamares, pero la gente no quiere tomar eso porque esos tajamares son muy viejos y el agua no es agua potable”, reclamaba Aquino al inicio de la cuarentena a través de la organización Iniciativa “Amotocodie”.

Las políticas de subsidios del Gobierno Nacional tampoco llegaron a la comunidad, según detalla. “Acá en nuestra zona hay muchas dificultades para recibir a algunos pagos,  porque (el subsidio) Tekopora siempre pagaba el Banco Nacional de Fomento (BNF). El BNF siempre trajo dinero para pagar a los beneficiarios, pero la última vez ellos le dieron al Correo Paraguayo y el correo hizo más desastre que el BNF. Un ejemplo que puedo contar, porque pasó en mi familia, es que una de mis hijas siempre cobró Tekopora cuando trajo el BNF, pero cuando el Correo Paraguayo llegó, le dijeron que no va a cobrar, porque ella trabaja en la municipalidad de Filadelfia y tiene un salario de 900.000 guaraníes. No le pagaron. ¿De dónde sale que ella gana ese dinero en la municipalidad?”, cuestiona.

La cuarentena golpeó duramente la economía de la comunidad al no haber más disponibles trabajos temporales que dan los colonos menonitas a los indígenas en las estancias, y los reclamos a las autoridades no se hicieron oír, en palabras de Aquino, por el desprecio que les tienen a los indígenas.

La dependencia exclusiva de la lluvia

Mateo Sobode Chiqueno es uno de los fundadores de Campo Loro hace más de 40 años, y recuerda que el primer año intentaron construir ellos mismos un pozo de agua, pero que no lograron hacer efectivo el sueño del agua propia por la falta de herramientas acordes y equipos adecuados.

Relata que la fundación de la comunidad se dio con la iglesia evangélica estadounidense Misión Nuevas Tribus, y que en la actualidad, de dicho grupo, solamente quedó dentro de la comunidad Campo Loro una familia norteamericana ocupando una casa con otros indígenas de la etnia Yshir (etnia de la misma familia lingüística que los Ayoreo, el Zamuco).

Mateo es miembro del Consejo de Campo Loro, y subraya que necesitan ayuda para poder construir un pozo con los elementos que garanticen el agua potable para todas las familias. Se muestra molesto porque las autoridades locales se llenan la boca diciendo que ayudan a los indígenas, pero que no dicen qué comunidad es la que recibe ayuda, porque ellos, que también son indígenas,no reciben hasta ahora una solución real a sus problemas, comenta.

“El agua es buena por acá, hay un lugar donde se puede realizar el pozo, pero no tenemos los recursos ni el apoyo real de las instituciones… Acá hay un tanque grande que puso el Gobierno Nacional hace más de 30 años, y está ahí sin ser utilizado, porque no tenemos cómo cargar”, explicó.

Contó que en el 2018 se culminó la construcción de unas 96 viviendas sociales de la entonces Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) -hoy Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat-, cuyo proyecto incluía la construcción de aljibes para cada casa, pero que estos aljibes son muy pequeños (5 mil litros cada uno) y algunos ya se rompieron.

El reclamo sobre los aljibes se debe a que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo estimado de agua por persona al día debe ser de unos 100 litros. Según la organización Pacto Global en Paraguay, en el departamento Central, el consumo promedio es de entre 150 y 200 litros al día, pero en el Chaco esta cifra baja a 60 litros por día entre consumo y la higiene personal y del hogar.

Ronald Picanerai, docente y actualmente supervisor de las escuelas indígenas ayoreas de la zona, cuenta que se mudó a vivir a Campo Loro en el año 2017, tras abandonar la comunidad de Tunucojnai debido a la falta de energía eléctrica y otras situaciones precarias. “Los primeros años que nos mudamos en el 2017 tuvimos agua suficiente pero después de la larga sequía de este año (2020) tuvimos una difícil situación. La gente tenía que pedir ayuda a la gobernación y la municipalidad, que acarreaban agua de aljibes comunitarios, pero si no, teníamos que comprar agua de las comunidades vecinas, que tienen aljibes de 30 mil litros o más”, explica.

Detalla que la sequía en el 2020 duró nueve meses y que recién a fin de año, en diciembre, se dieron lluvias importantes que lograron cargar algo los aljibes de la comunidad y los tajamares, pero que antes la situación era desesperante. Sobre todo en medio de la pandemia, cuando varios indígenas dieron positivo y algunos  murieron.

“En los últimos meses, antes de que lleguen las lluvias, la gente estaba muy preocupada, pensando en cómo iba a traer agua, porque es muy peligroso también buscar agua de las estancias vecinas, porque hay algunos patrones que no dejan entrar en su campo”, detalló.

Dijo que finalmente, gracias a la gestión del líder y el Consejo, lograron que la Municipalidad de Filadelfia, la Gobernación de Boquerón y hasta la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) consiguieran camiones cisternas que acarrearon agua de las comunidades vecinas hasta Campo Loro.

Ronald señala que en algún momento llegaron funcionarios de una institución que realizó un relevamiento de los aljibes de las casas de Senavitat que se encontraban rotos, y que prometieron volver para las reparaciones, pero que a la fecha no han vuelto.

Entre los documentos que guardan relación con este proyecto, se encuentra la Declaración DGCCARN Nº 1112/2016, donde la entonces Secretaría del Ambiente (SEAM) – hoy Ministerio del Ambiente – aprobaba el estudio de Impacto Ambiental para la obra y en la misma señala que la superficie intervenida es de 228 viviendas rurales con dos dormitorios de 41,25 m2 cada uno, correspondientes a 9.405 m2.

Sin embargo, la Resolución Nº1.788 del 2017 de la Senavitat, donde se aprueba el número de beneficiarios, señala que el número total de viviendas sería de 96, lo cual da una diferencia de 132 viviendas menos que el documento anterior. El mismo documento autoriza el desembolso a la empresa Arquitectónica SRL, responsable del trabajo, detallando que el monto total a ser abonado por la institución es de G. 5.901.609.740, y el aporte de los beneficiarios (los indígenas), de G. 310.611.039 (ya que varios programas de viviendas de la cartera de Estado prevé un aporte Estatal más contrapartida de la familia beneficiaria).

En búsqueda de una salida sostenible

Tanto Aquino como Mateo manifiestan que hasta diciembre no han tenido ninguna propuesta concreta de solución al problema de suministro de agua potable para las casi mil personas que componen la comunidad de Campo Loro.

Indicaron que fueron a golpear muchas puertas de instituciones públicas, y que solamente escucharon sus problemas, sin dar respuesta alguna a la cuestión de fondo, que es la necesidad de un pozo que suministre permanentemente agua potable.

Pero el problema de la necesidad de agua potable es un denominador común para las poblaciones del Chaco paraguayo, y en este sentido, existen ya varios estudios realizados, como por ejemplo el publicado por el Centro Paraguayo de Ingenieros (CPI) de la consultoría hecha en el 2003 por los ingenieros Guido Duarte, Silvano Frutos, José Ortíz Guerrero y el doctor Juan H. Palmieri, denominado “Estudio de Alternativas de Abastecimiento de Agua para el Chaco Central“, financiado por el BID y la Secretaría Técnica de Planificación (STP).

El trabajo incluye a la comunidad de Campo Loro, en el desarrollo del Acueducto Rio Paraguay – Chaco Central, como uno de los objetivos a largo plazo. “El acueducto es una obra trascendental, que apunta a satisfacer de agua potable a toda la región del Chaco Central, y a largo plazo deberá desarrollarse en todo su potencial, extendiéndose mediante la construcción de los ramales a Lolita, Mcal. Estigarribia y Campo Loro, integrándose con los sistemas existentes”, señala el estudio.

El 13 de noviembre de 2020, se presentó el anteproyecto del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT) de Filadelfia a la mesa conformada por distintos sectores de la sociedad, entre ellos dirigentes de los barrios latinos (paraguayos), de las aldeas y barrio Centro de los Descendientes europeos, líderes de las comunidades indígenas, además de organizaciones de la sociedad civil, PCI, ASEC, Cruz Roja, Cooperación Vecinal Fernheim y representante de la Cooperativa.

Este emprendimiento es impulsado por la Municipalidad de Filadelfia y cuenta con el apoyo de la “Alianza para el Desarrollo” con fondos de la USAID, administrados por la WWF y cuenta con un equipo técnico de un Consorcio Geam, Alter Vida y Mingara. La elaboración del proyecto tuvo un costo de USD 140.000.

Mingara es la organización que llevó adelante talleres de diagnóstico con las comunidades indígenas, y en lo que refiere a Campo Loro, la misma se realizó el 19 de febrero de 2020, y como primer punto de los problemas señalados, figura el agua.

Julio Rodas, de la organización Mingara, manifiesta que no tiene conocimiento de un proyecto puntual o detallado que plantee la solución definitiva al problema del agua potable en la comunidad de Campo Loro.

“El Plan de ordenamiento no tiene jurisdicción sobre las tierras indígenas, porque ellos se rigen por el Estatuto Indígena… lo que se incluyó es que alrededor de las comunidades indígenas haya un área de protección y no se practiquen cultivos con uso de agrotóxicos, por ejemplo”, explica Rodas.

Indica que existen varias opciones que se manejan ante la problemática del agua en la zona del Chaco Central, como un reservorio grande de agua, aljibes más grandes, y los pozos someros, donde se filtra el agua.

“Todas estas soluciones son complementarias, porque también necesitan para cultivos, animales y subsistencia, no hay un sistema que solucione todos los problemas… Las cañerías del Acueducto se supone que van a llegar en algún momento… La primera fase va de Puerto Casado hasta Loma Plata, otra segunda que va de Loma Plata a Filadelfia y Neuland, y otro ramal que va por Teniente Irala Fernández hasta Lolita, y ahora hay una tercera etapa que se van a construir redes internas en las comunidades, y una cuarta etapa de las cañerías que van a subir de Filadelfia hasta Mariscal Estigarribia, donde también hay varias comunidades indígenas en el camino”, detalla, pero aclara que Campo Loro no se encuentra entre estas.

Mientras los técnicos y los indígenas señalan que no tienen conocimiento de un proyecto puntual para Campo Loro sobre su problema de agua potable, la Fundación Aquae publicó en noviembre de 2020 que el Premio al Mejor Trabajo Fin de Máster, valorado en 2.500 euros, lo ha recibido Loisa Lariño Mora, de la Universidad de Santiago de Compostela, en España, por su trabajo “Desarrollo de una Comunidad Sostenible en la comunidad ayoreo de Campo Loro: diseño de un sistema fotovoltaico de bombeo y tratamiento de agua como parte de una Acción de Buena Voluntad”.

Tanto indígenas de Campo Loro como los técnicos de las distintas organizaciones locales no están al tanto del citado trabajo ni del premio otorgado por la citada Fundación. En conclusión, pese a los estudios preliminares y la identificación plena por parte de los organismos del Estado de un problema de acceso al agua de una numerosa comunidad indígena, no hay indicios mínimos de que este problema será abordado como corresponde para ser solucionado, por lo tanto, el derecho del acceso al vital líquido sigue sin tener respuesta.

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Pandemia en Paraguay: un dilema en torno al acceso al agua

Pandemia en Paraguay: enfermar o no enfermar, un dilema en torno al acceso al agua

Tanto en Facebook, Twitter e Instagram, personas de distintos barrios de Asunción y Gran Asunción, relataban su situación y en la mayoría de los casos, adjuntaban fotografías y videos como prueba de la falta de agua potable. Las críticas disparadas contra la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP), que es una corporación estatal, fueron contundentes, porque no era un problema nuevo, sino que se trataba, de acuerdo con los relatos, de un drama de larga data que empeoró apenas comenzó la pandemia, aumentando el riesgo de enfermar de la gente.

En las denuncias había puntos en común, entre ellos, resaltaba que la falta de agua no era algo puntual de una manzana, un barrio o zona, y tampoco era cuestión de eventos aislados. Susana Sartorio, que vive en la capital del país, señaló que en su caso el problema de falta de agua venía desde hacía al menos tres meses, que el agua se cortaba durante al menos ocho horas de cada día y que en la entidad encargada del servicio alegaban que ella vive en una zona alta y ese era el motivo del problema. “Es una verdadera vergüenza”, sentenció.

“Baja presión desde siempre, no sube al segundo piso, cansados de esa situación compramos un tanque de mil litros con motor y ahora hace más de una semana que estamos con cortes constantes. Antes por lo menos había (agua) de madrugada, ahora ya ni eso. Y como consecuencia de la falta de agua ya ni el tanque se puede recargar”, detalló la señora Romina Fernández, quien reside en el departamento Central, específicamente en la zona sur de la ciudad de Fernando de la Mora.

Además de los inconvenientes para el aseo y la protección de la salud en la vida diaria, algunas personas explicaron que además la falta de agua supone gastos importantes y en algunos casos incluso pérdidas de ingresos, lo que generó aún mayor molestia de la gente dado que el gobierno actual, apenas inició su periodo, había aumentado en un 22% el costo del servicio.

“Tres meses sin agua, perdimos nuestro inquilino porque ya no salía agua en el departamento que le alquilábamos. Es inhumano, cruel, lo que está haciendo la ESSAP con nosotros, perjudica nuestra salud y nuestra economía”, resaltó Rosa Méndez, quien reside en el barrio Tacumbú de Asunción.

Otras personas pusieron el foco sobre el riesgo que suponía recoger y reservar agua en distintos tipos de recipientes, como botellas de plástico, ollas, baldes, tachos, ya sea para beber, cocinar o asearse mínimamente, ya que en ese momento Paraguay se encontraba en pleno desarrollo de una de las peores epidemias de dengue de los últimos tiempos.  Por otro lado, algunos usuarios del servicio apuntaron a la salud mental, asegurando que vivir pendientes de juntar agua de madrugada o de no poder asearse, realizar los quehaceres, modificar las rutinas diarias según el horario en que hubiese agua para cuidarse de enfermedades, suponía altos niveles de estrés al igual que sobreesfuerzo físico.

Los y las usuarias en general manifestaron sentirse desamparados ante una situación que calificaron como “inhumana” y que además está invisibilizada, ya que la ESSAP simplemente no da respuestas a los reclamos e incluso a las manifestaciones que se han hecho en distintos barrios para reclamar un buen servicio.

“La factura viene como si fuera que tenemos agua todos los días. Llegar a tener que comprar tanques de agua, cuando pagamos por un servicio no es justo y es una vergüenza”, soltó una usuaria en Facebook, en medio del torrente de fotos, videos y relatos que daban cuenta de la gravedad de la situación.

El problema afectó a miles de usuarios en un momento en que las autoridades de salud alertaban sobre la potencia de expansión del virus y la catástrofe que podía generar al sistema de salud. En medio del caos, la gente se vio sola, sin respuestas concretas ni inmediatas, con su salud mental y física afectadas y con gastos evitables, sobre todo en un contexto de pandemia, que tanto afectó la capacidad económica de la gente.

Hasta el 20 de febrero de 2021, se tuvieron 151.718 casos de Covid-19 en Paraguay y la mayoría de los casos se dieron en Central y Asunción, con 54.883 y 29.736 casos, respectivamente. Justamente estas son las zonas más castigadas por el deficiente sistema de distribución de agua potable, un drama que tampoco parece ser prioridad para el gobierno.

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Como vivir en el desagüe cloacal

Como vivir en el desagüe cloacal

Es el mismo cauce hídrico, que a lo largo de los kilómetros cruza los asentamientos San Pedro II, San Pedro I y otras comunidades, llevando a su paso no solo agua, sino también basura, restos de animales que varias empresas depositan en bolsas  y luego son tiradas al arroyo.

Doña Irma, del asentamiento San Pedro II, se levanta temprano e inicia su jornada de madre soltera, trabajadora y en el 2020, también de maestra de sus hijos mellizos, José y Cristofer, de siete años, debido a la suspensión de clases presenciales por la pandemia. Su vivienda, ubicada al costado del arroyo, es tomada por las aguas con cada crecida varias veces al año y por el olor insoportable, cada vez que una empresa de la zona arroja los despojos de animales directamente al agua, sin tratar previamente sus desechos y ante la omisión de sanciones severas por parte de la Municipalidad y del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

Nos recibe en su casa y nos muestra hasta dónde llega el agua cuando hay crecida o bien, cuando las basuras tapan las zonas estrechas del arroyo y al no poder continuar su curso normal, esa mezcla de agua, basura y restos de animales se desborda sobre los patios de las precarias viviendas ribereñas.

“Cuando viene la crecida, se tranca y se desborda. Y una vez a la semana, la matadería suelta sus desechos”, nos cuenta, mientras señala el cauce que pasa al lado de su casa. Suspira. “Inetereí”, agrega, en un guaraní descriptivo (huele muy mal). Y así, en un tradicional jopara (una mezcla de español y guaraní), nos va contando lo que ella y sus vecinos sufren permanentemente. “Yo a veces no puedo ni comer. Demasiado mal olor hay. Hasta dolor de panza me da. Esto siempre fue así. Yo estoy acá desde hace siete años y siempre fue así”, añade.

José y Cristofer juegan en el patio, sin estar conscientes del problema ambiental y social que tienen frente a sus rostros. Hoy pueden hacerlo, esta mañana no se ve actividad en la matadería San Jorge, de Félix Santiago Candia, pero no siempre es así. Doña Irma nos explica que hay ocasiones en que deben estar encerrados para tratar de no aspirar lo que parecería el olor de la cloaca, como si vivieran exactamente dentro de ella. “A veces, les tengo encerrados a mis hijos para que no se bajen al arroyo”, cuenta la joven madre.

El matadero San Jorge es uno de los que arrojan sus desechos en el arroyo y es al que la pobladora hace referencia. Tiene una canaleta que utiliza para que los despojos de vacunos, según cuentan los vecinos, lleguen al Paso Carreta.

Las lideresas del asentamiento están organizadas y visitan permanentemente la Municipalidad de Luque y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), pues hay un proyecto de mejoramiento del barrio que beneficiaría a 12 territorios sociales y que incluye la descontaminación de las aguas, instalación de desagües, planta de tratamiento general, plazas, puentes y otras infraestructuras, de acuerdo con los testimonios recogidos. También se enteraron de una intervención del Ministerio del Ambiente ante la contaminación de las aguas, a inicios de 2020, que no tuvo el efecto esperado, pues las empresas continuaron depositando sus desechos al arroyo.

Olga Saldívar, presidenta de la comisión vecinal en el asentamiento San Pedro II, que está compuesto por 143 familias, nos recibe en su casa, ubicada a unas cuadras más hacia el Norte. Cuenta que está al frente de la organización desde hace dos años y que en todo este tiempo, el Ministerio del Ambiente ni una sola vez se ha comunicado con ella para hablar del problema ambiental.

Esperanzada en que se lleve adelante el proyecto “Mejoramiento del Arroyo Paso Carreta en la Ciudad de Luque”, a cargo del Ing. Jorge Pusineri del MOPC, comenta que es un plan diseñado por el Ministerio de Obras tras la lucha vecinal, que podría entrar en el presupuesto 2021 de la cartera, requiere de un financiamiento de US$ 15 millones y la aprobación depende del Congreso, indica, mientras muestra los planos de la obra.

Ana Jara, secretaria de la comisión vecinal, y Marta Flores, síndica, se unen a las voces anteriores para sumar sus testimonios.

Ana señala que Frigo Luque, de Felipe Acuña, tiene una zanja donde tira sus desperdicios y que “el olor agarra cuadras”. “Nosotros siempre denunciábamos en la municipalidad. Después los dueños hablaban con las autoridades y quedaba todo en la nada”, relata.

Ana y Marta, así como Olga, nos acompañan en un recorrido en la zona del arroyo, para graficar lo que previamente nos contaron. Cuentan que injustamente, la sociedad culpa a los lugareños de tirar sus basuras en el arroyo, pero que en realidad, las que lo hacen son las empresas, ante la impunidad de la justicia paraguaya y ante la resignada mirada de los ribereños, que impotentes sólo pueden convivir con el problema.

Precisamente, periódicos de alcance nacional publicaron al respecto en más de una ocasión. Uno de ellos fue el Diario ABC Color, que el 31 de enero del 2020 informaba sobre la noticia de intervenciones del Ministerio del Ambiente en tres mataderos de la zona que operaban irregularmente. “Los mataderos J&M, La Milagrosa y Tío Kele, ubicados en la compañía Ykua Karanda’y de esta ciudad, fueron los intervenidos por los funcionarios del MADES  luego de denuncias de pobladores de la zona. Los lugareños expresaron que el hedor de los establecimientos es insoportable, y a eso se suman los buitres que se posan en los árboles, los techos y las murallas de las casas”, se lee en el artículo periodístico de referencia.

Pero lo que más se destaca en el material es que al parecer todas las denuncias fueron corroboradas. Por ejemplo, que los hechos son de pleno conocimiento de las autoridades municipales y aún así éstas no intervienen; que no hay planta de tratamiento en las empresas (al menos no en funcionamiento), que algunas de éstas usan zanjas como lugar de acumulación de cueros de caballos y burros, también vísceras agusanadas y en estado de putrefacción. Se llegó a encontrar, además, un horno donde al parecer queman los huesos de los animales, el pelaje desechado y parte del cuero y esto precisamente es lo que estaría provocando en gran medida el olor nauseabundo, de acuerdo con la nota periodística.

Los datos indican que el Ministerio del Ambiente ordenó en enero de 2020 el cese de actividades de las empresas intervenidas, hasta tanto regularicen sus documentaciones.

En otra publicación del diario La Nación, de julio de 2020, se evidencia que el problema seguía vigente a mediados de año. Fiscalizadores del Ministerio del Ambiente volvieron a intervenir uno de los mataderos y hallaron que la empresa incumplía su plan de gestión ambiental, según se lee en la nota. La inadecuada disposición de residuos sólidos, la instalación de obras no previstas en el permiso ambiental, entre otras anomalías, se suman a la lista de irregularidades que persisten.

De hecho, los pobladores coinciden en que si bien desconocen qué documentos habrá proporcionado el empresariado desde inicio de año a diciembre, hay algo que saben muy bien y es que la situación continúa siendo la misma. Lo saben cada vez que llega hasta sus casas el fétido olor que proviene de los mataderos y del arroyo. Lo constatan al llegar hasta el cauce y ver cómo esos desechos son arrojados al mismo, sin tratamiento previo.

Pero, ¿qué dicen al respecto desde la Municipalidad de Luque?

En defensa de las empresas

En la Municipalidad de Luque minimizan las denuncias de los vecinos sobre el funcionamiento irregular de las mataderías, pues sostienen que el terrible hedor que deben soportar los pobladores es por la carencia de un sistema cloacal, no por el desecho de residuos directamente al arroyo Paso Carreta por parte de estas empresas.

El director de Salubridad de la comuna local, Pedro González, sostiene que todas las mataderías ubicadas en Ykua Karanday cuentan con un sistema de tratamiento de efluentes, y están habilitadas por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

“Ellos (dueños de las mataderías) no desembocan desperdicios en el canal como hacen creer los vecinos. Incluso hay una empresa que todos los días retira desechos, como sangre. Ellos no tiran sus desechos directamente al arroyo. El problema es cloacal, no de las mataderías”, insiste.

Pero deja entrever que no está del todo seguro de esa afirmación, pues deslinda responsabilidades de la Comuna. Precisamente, González alega que la municipalidad cumple un rol “administrativo, no operativo”. Eso responde al ser consultado si la municipalidad realmente controla que los mataderos de animales vacunos y equinos cumplan con las normas ambientales.

Finalmente, añade que la Comuna no puede cerrar estas empresas, sino más bien suspenderlas temporalmente en caso de que sea detectada alguna irregularidad.

El MADES sí habla de anomalías detectadas

Contrariamente a la defensa del directivo municipal hacia las empresas, desde el MADES sí reconocen que se detectaron anomalías. Varias intervenciones realizadas por inspectores ambientales a lo largo de 2020 comprueban las denuncias de los vecinos sobre el manejo irregular en que funcionan estos mataderos.

El ingeniero Julio Marecos, director de Fiscalización del MADES, explica que el equipo del ministerio pudo corroborar que “muchas mataderías no cumplían con las medidas de mitigación de descarga de efluentes” y que estas arrojan sus desechos sin tratar al cauce hídrico, conocido como Paso Carreta. “Eso hizo que muchas sean multadas y otra cerrada, como la matadería Maidana”, explica.

Algunos mataderos, como el caso de “Tío Kele”, recibió a inicios de 2020 una multa de 60 millones de guaraníes (unos 10 mil dólares americanos) por arrojar los desperdicios de equinos faenados directamente al arroyo local, y, aún así, una semana después de la sanción pecuniaria se constató que la empresa seguía con la misma práctica, por lo que nuevamente fue intervenida.

El ingeniero Marecos indica que estas empresas cuentan con piletas de tratamientos de efluentes, pues gracias a eso fueron habilitadas, pero que muchas de ellas simplemente dejan de usarlas por diversos motivos, lo que genera un grave daño ambiental.

“Muchas ponen como excusa que no funciona el sistema de bombeo. Sea voluntario o involuntario, hay un daño ambiental y el MADES sanciona porque está estipulado en la declaración de impacto ambiental que ellos tienen un compromiso de velar por el buen funcionamiento de sus mataderos. Además de ser un delito ambiental, es un delito penal”, asevera el fiscalizador ambiental.

De acuerdo con las explicaciones, el Ministerio de Ambiente interviene un matadero cuando se realizan denuncias de vecinos o cuando existe una solicitud de la Intendencia. En cuanto a la problemática ambiental vivida en la zona de Paso Carreta, Marecos cree que la Comuna debe impulsar mayores controles y definir su ordenamiento territorial, pues varios barrios hoy día rodean las mataderías y padecen del olor nauseabundo. Así, las declaraciones del referente del MADES muestran el descontento con el rol de la municipalidad y dejan también entrever el deslinde de responsabilidades y sobre todo, esto indica la falta de coordinación entre ambas instituciones estatales que deberían trabajar de manera conjunta ante el problema socioambiental en la zona.

No obstante, el ingeniero del MADES coincide en algo con el directivo municipal. Y es en lo referente a que el arroyo Paso Carreta no solo sufre la contaminación de los mataderos, sino también la falta de una red cloacal para que viviendas ubicadas a los lados del arroyo no arrojen sus desechos directamente al curso hídrico.

“Lastimosamente este arroyo sufre una contaminación muy alta. Cruza por barrios donde, antes de que lleguen a las mataderías, ya viene con una contaminación porque los mismos vecinos tienen sus cañerías de cloacas directamente conectadas al cauce hídrico, o negocios como lavaderos de vehículos, que descargan sus aguas al arroyo”, precisa.

El ingeniero considera que hay mucho por hacer aún desde la Municipalidad de Luque y el Ministerio del Ambiente para desarrollar una red sanitaria que permita tratar los afluentes y así frenar el daño ambiental que se registra en Ykua Karanday desde hace décadas. Los vecinos están de acuerdo con esto y depositan sus esperanzas en un proyecto que, de ejecutarse, promete mejorar su calidad de vida.

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Los indígenas que dependen de la voluntad de estancieros para subsistir

Los indígenas que dependen de la voluntad de estancieros para subsistir

Cuando indígenas de la comunidad La Patria del pueblo Angaité marcharon en agosto de 2020 fue porque en el Chaco pasaban hambre. Durante cinco días, hombres, mujeres, niñas y niños se manifestaron para reclamar víveres a un gobierno que les pedía quedarse en casa, pero no les daba alternativas de subsistencia. Habían pasado cuatro meses desde la última vez que las autoridades llevaron alimentos.

La pandemia de covid-19 no era lo más preocupante para las mil familias que se quedaron sin fuente de ingresos durante el confinamiento en esta comunidad de Puerto Pinasco, Presidente Hayes, ubicada a 462 kilómetros de Asunción, capital de Paraguay. Desde marzo, los estancieros dejaron de darles changas. También limitaron el acceso de los indígenas a sus establecimientos para que puedan pescar, mariscar (cazar) o recolectar miel.

La Patria tiene 22.520 hectáreas y está rodeada de estancias. Las tierras ancestrales de los Angaité están más allá de los límites de su comunidad, lo que significa que las estancias están en su antiguo dominio. La ley garantiza a los indígenas el acceso a esas tierras para que puedan realizar sus actividades de subsistencia. Pero en la práctica, dependen de la buena voluntad de los estancieros.

Indígenas no tienen garantías para ejercer su derecho a la subsistencia

«Una vez a la semana los muchachos salen. Los ganaderos tienen lagunas lindas, si les dan permiso de entrar, entran, si no, no entran» comenta Amancio Pinasco, líder y comunicador de la aldea Karoa’i, esposo y padre de tres niños.

Situaciones así vulneran el derecho de los indígenas a ejercer su economía tradicional. Esto está previsto en la ley 234 que aprobó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas en su artículo 14: «En los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia».

Las autoridades simplemente no intervienen. El cumplimiento de las leyes que buscan salvaguardar los derechos de las y los indígenas quedan así al arbitrio de los dueños de establecimientos ganaderos. La investigadora Tina Alvarenga explica que en estos casos deberían intervenir la policía, la fiscalía y el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). «Pero si las instituciones que deben hacer cumplir la ley no lo hacen, es muy difícil», lamenta.

Por otro lado, los recursos para abastecer esa economía de subsistencia desaparecen a medida que la ganadería extensiva y el agronegocio avanzan. La deforestación para pastura tiene un alto impacto sobre la pérdida de bosques y de biodiversidad: el Chaco abarca 78% de toda la superficie deforestada en 2019. Mientras, los efectos de este modelo de producción extensivo agrícola ganadero conlleva un gran cambio de uso de suelo.

Esto implica la disminución o pérdida de hábitat para la biodiversidad. El cambio de uso de suelo a su vez, está vinculado a los eventos climáticos extremos como las sequías intensas, inundaciones e incendios forestales recurrentes.

Sea para cazar en el monte o trabajar en la chacra, los indígenas dependen en gran medida de los estancieros.

«Trabajo por víveres cuando sale algo, ¡qué vamos a hacer! Tengo siete hijos, el menor tiene dos años y el mayor 15», cuenta Felipe Fernández de la aldea Tres Quebrachos, una de las 18 aldeas de la comunidad, y presidente de la Asociación Angaité para el Desarrollo Comunitario (Asadec). Dice que le puso ese nombre a la aldea en honor a tres grandes quebrachos que había cuando llegó.

Felipe y sus vecinos caminan al menos cinco kilómetros para llegar a una laguna donde todavía pueden pescar. Tienen que conformarse con los peces que agonizan en el lodazal para llevar el sustento a casa, «porque no hay otra cosa».

La pobreza es una condición de riesgo en la pandemia

Hasta el 5 de diciembre, La Patria no registra casos confirmados de la covid-19. La enfermedad más frecuente sigue siendo el resfriado común. Los indígenas resaltan que tienen un puesto de salud equipado en La Leona, que es una de las aldeas de la comunidad, pero faltan médicos y medicamentos.

Según datos de la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), el departamento más afectado por covid-19 ha sido Boquerón, Chaco, donde se registraron 20 de los 25 fallecimientos por la enfermedad hasta diciembre de 2020. Con una población indígena de 117.150 personas, los casos confirmados llegan a 250 en 14 de los 19 pueblos indígenas.

FAPI señala que aunque la propagación del virus y las muertes entre las comunidades indígenas de Paraguay son de las más bajas de la región, la pandemia ha tenido un severo impacto sobre ellas por condiciones preexistentes como la pobreza. En el país, seis de cada 10 indígenas vive en la pobreza. Esto ha agravado la inseguridad alimentaria durante el confinamiento.

Agua, caminos y vivienda: Derechos que en La Patria son privilegios

La prolongada sequía de 2020 empeoró la situación en La Patria. Como casi no llovió en un año, los aljibes estaban vacíos. Los indígenas cuentan que los camiones cisterna del gobierno traían agua para cargar los aljibes, pero resultó que era agua de tajamar, que no es potable. Como si ellos no fueran a darse cuenta. Por eso dejaron de pedir auxilio y ellos mismos van al tajamar.

«Los chaqueños sabemos cómo es el agua de tajamar. Se queda amansado el pira (pez), yacaré, un ky’a kua (sucio). Si no estás acostumbrado no vas a tomar. Pero así se sirven los compañeros, no hay otra cosa», dice Amancio.

La recomendación del Ministerio de Salud de lavarse las manos constantemente para prevenir contagios es de cumplimiento imposible en La Patria. Sin embargo, el cierre de la comunidad que implementan desde marzo ha tenido éxito para mantener el virus afuera. Solo dejan ingresar a los macateros, que son los vendedores ambulantes que les llevan provistas.

Para comprar víveres y productos básicos, la comunidad depende de los macateros que vienen cada 15 días. Les venden cinco kilos de arroz a G. 20.000, la bolsa de fideos a 25.000, medio litro de aceite a 10.000 y el combustible también a 10.000. Lo último es muy importante para quienes tienen moto. Para las familias de La Patria, estos productos son caros.

«Vienen los macateros, el que tiene plata compra, el que no, mira» bromea Amancio, aunque después aclara que así pasa en la vida real. Comenta que hay aldeas tan inaccesibles que ni siquiera los vendedores se animan a ir.

Moverse dentro de la propia comunidad es difícil, sobre todo para las aldeas que están al fondo. Casi no hay caminos internos, solo las picadas que se van marcando por el uso. Es el caso de la aldea Laguna Teja, donde ni siquiera llegan los macateros. Lo mismo en Monte Cue, Carpincho, Tatare, Colonia 24 y Laguna Hu. Para llegar a esta zona se debe cruzar el riacho González, algo imposible cuando hay crecida. Por eso los indígenas piden la construcción de caminos internos.

La necesidad de una vivienda digna es otra condición preexistente a la pandemia. La propia Constitución Nacional establece que el acceso a una vivienda digna es un derecho de “todos los habitantes de la República” y un deber del Estado buscar los mecanismos para hacer realidad ese derecho.

Sin embargo, los indígenas reclaman que el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH)-anteriormente Senavitat- termine las casas en las nueve aldeas que faltan. Denuncian que las obras quedaron paradas hace más de dos años. Explican que la ex Senavitat construyó viviendas en las aldeas que son visibles desde la ruta, «entonces parece que la comunidad está demasiado bien, pero no es así». La mayoría se hace de techo con remiendos de karanda’y, chapas y carpas. También piden la electrificación de seis aldeas que están al fondo.

El subsidio a las madres y la miel dan un respiro a la comunidad

Amancio cuenta que algunas familias pudieron sobrellevar la pandemia gracias a las transferencias monetarias de Tekoporã. Este programa social del Gobierno Central consiste en un bono familiar de G. 450.000 (USD 68) de pago bimestral, cuando el salario mínimo actual en Paraguay es de G. 2.192.839 (USD 331). Con esto, las madres compran víveres para sus hijos, aunque a veces los pagos se retrasan incluso tres meses.

La incidencia de este subsidio, sin embargo, es mínima para la necesidad que hay en La Patria. Por eso los indígenas reclaman que el Gobierno se olvidó de ellos: la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) les llevó provistas dos veces en nueve meses: 18 kilos por familia en abril y 40 kilos por familia en agosto, tras la manifestación de una semana. Nada más.

Desde septiembre, las familias de La Patria comenzaron a recolectar miel. Amancio cuenta que la «miel multifloral angaité» se convirtió en una fuente de ingresos para la comunidad.

«Nos estamos dedicando solo a la miel. Los compañeros van a las estancias a pedir permiso para recolectar, algunos se niegan, pero la mayoría nos permite entrar. Así está pasando la gente ahora».

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Los incendios y la destrucción del Bosque Atlántico Alto Paraná

Los incendios y la destrucción del Bosque Atlántico Alto Paraná

La científica Fátima Mereles, botánica, profesora y exploradora por la Universidad Nacional de Asunción (UNA), asegura que el daño en cuanto a especies perdidas en el Bosque Atlántico es incalculable por la deforestación que ha sufrido en los últimos años, y lo que se agravó con los incendios del último año. Desde Guyrá Paraguay, organización que trabaja hace décadas en la conservación e investigación de vida silvestres y áreas protegidas del país, señalaron que hay un equipo que sigue trabajando en la recolección de los datos para tener el mayor registro posible sobre lo que se ha perdido por estos incendios, pero que definitivamente, el daño ambiental en cuanto a la pérdida de especies es enorme.

La tragedia del Bosque Atlántico

Desde el cielo gris caen las cenizas por todas partes. El humo que sale de los bosques de la Reserva San Rafael, en el departamento de Itapúa, a lo largo y ancho de toda la serranía, es espesa y no permite ni siquiera ver lo que hay a más de 50 metros de distancia. El viento por momentos aparece como un remolino descontrolado y los hilos de fuego toman altura hasta llegar a la copa de los árboles secos. Es imposible luchar contra la voracidad de las llamas que van consumiendo todo. En pocas horas, árboles nativos de 100 a 200 años terminan hechos cenizas.

Según un informe del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), dicha área protegida perdió 29.650 hectáreas por los incendios forestales. Es decir, el 40% de todo su territorio, que tiene unas 73 mil hectáreas. “Solamente dan ganas de llorar”, dice Celia Garayo, coordinadora de la organización Pro Cordillera San Rafael (PRO COSARA), que trabaja desde hace años en la conservación de la reserva. Garayo dice que durante semanas han peleado como pudieron contra los incendios, pero que es imposible si no se tiene equipamientos más avanzados, sobre todo, por la fuerza con que esta vez se propagaron los incendios.

Este año el país soportó, además de la pandemia, una dura sequía alcanzando nueve o diez meses sin lluvias en varias zonas, lo que facilitó multiplicar los posibles incendios, a través de focos de calor detectados por satélites. Entre agosto y octubre se tuvo entre 2.500 a 3.000 focos semanales en todo el territorio paraguayo, según datos satelitales del Ministerio del Ambiente. Esos focos rápidamente se transformaron en grandes incendios y la situación fue dramática en varios puntos del territorio paraguayo. La humareda fue una constante, cubriendo durante días zonas urbanas y rurales. Incluso, los asuncenos y quienes viven en la zona metropolitana, como no había ocurrido antes, sufrieron las consecuencias con un ambiente cargado de humo.

Pero quienes pasaron por peores situaciones fueron las familias que viven en las regiones donde se generaron estos incendios. En ese sentido, el fuego que azotó a gran parte del Bosque Atlántico Alto Paraná (BAAPA) donde tiene como víctimas, además de la fauna y flora, a las comunidades que viven dentro de los remanentes boscosos. En Alto Verá, donde está ubicada una parte importante de la Reserva San Rafael -dentro del BAAPA-, el fuego devoró comunidades campesinas e indígenas. Las familias campesinas que viven en Santa Ana, colindante con la reserva, tuvieron que ser evacuadas de manera provisoria en la sede operativa de Pro Cosara. En el salón multiuso, al menos 25 familias tuvieron un techo donde refugiarse tras perder sus casas. Diosme Garay, uno de los pobladores de la comunidad Santa Ana, relata que desde hace varios días soportan el calor intenso y la humareda. Hay días de intenso sol, con poco viento, y el humo se queda durante horas en el ambiente, cuenta Garay.

En el interior de la Reserva San Rafael hay una comunidad indígena denominada Arroyo Morotĩ, que es del pueblo Mbya Guaraní, y al que ellos llaman el “tekoha guasu”. Allí, el fuego consumió las plantaciones de yerba mate que formaban parte de un programa de producción de yerba mate orgánica de los indígenas. Lo único que les queda hoy es el aroma a cocido que se percibe en todo el ambiente.

Eusebio Chaparro es el líder de esta comunidad sumida en la pobreza y que, a pesar de estar ubicada sobre el acuífero Guaraní, es una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo, no tiene ni siquiera agua potable para sus 50 familias. “Tenemos que ir a tomar agua de algún arroyo cerca”, relata don Chaparro.

El líder Chaparro perdió 12 hectáreas que ya tenían un tiempo de trabajo y que estaban como para progresar con el proyecto. Ahora es empezar de cero, dice. Chaparro, de pies descalzos y mirada dura, habla sobre las necesidades de su comunidad. Menciona la falta de apoyo por parte de las autoridades, que no  aparecieron en esta pandemia y menos después de los incendios. Es como un descargo ante tanta desidia que sufren en una tierra que apenas décadas atrás, era el hogar de sus ancestros y estaba lejos de sufrir las amenazas actuales.

Ramón Benítez, de la comunidad Pykasu’i, ubicada a unos kilómetros de Arroyo Morotĩ, perdió toda su vivienda en los incendios. Don Benítez muestra incluso cómo se achicharraron sus utensilios por la intensidad del fuego. No le quedó siquiera una olla utilizable. Al igual que en Arroyo Morotĩ, en esta comunidad la ayuda de las instituciones del Estado ha sido escasa, pero Benítez alberga  una mínima esperanza de que al menos caiga la lluvia para eliminar los focos de incendio que todavía rodean a su comunidad y a toda la reserva.

Según el sistema satelital Global Forest Watch (GFW), entre octubre y noviembre de 2020, el Departamento de Caazapá registró 1.500 alertas de incendios forestales. En Itapúa, señala que hubo cerca de 2.997 alertas de incendios en ese mismo periodo. De esta cantidad, 1580 alertas se registraron en la localidad de Alto Verá.

Para los bomberos forestales que trabajan en esta región del país, la lucha contra el fuego se volvió casi imposible. Con poco personal y una logística que no alcanzaba para hacer frente a todos los focos, este puñado de personas tuvo un trabajo muy pesado para frenar los incendios. En el caso de la reserva San Rafael, los técnicos de Pro Cosara trabajaron también en la evacuación de las familias afectadas, e incluso, tuvieron que buscar recursos para conseguir alimentarlos. Algunos productores de la zona acercaron alimentos como leche, galletas y otros como para que puedan repartir a la gente evacuada. Las lluvias que cayeron entre los últimos días de noviembre y los primeros de diciembre trajeron calma y ayudó a bajar la intensidad de focos. Para la segunda semana de diciembre, los posibles focos de incendios se redujeron a 300 más o menos en toda la región Oriental, según GFW.

Alicia Eisenkölbl, directora ejecutiva de PRO COSARA, dice que el hecho puntual que genera toda esta cadena de situaciones desfavorables es la indefinición legal de la Reserva. “El San Rafael es un área que no está consolidado como Parque Nacional y ese es un gran problema. Por ejemplo, cuando tenemos estos incendios es que se puede aprovechar para hacer el cambio de uso de suelo. Y eso es una problemática que surge y no hay un control por parte de las autoridades de aplicación. La pérdida de biodiversidad que tenemos con los incendios y con los desmontes después es muy importante”, comenta Alicia.

“Se está haciendo carbón del bosque más rico y biodiverso del país” agrega a su vez José Luis Cartes, directivo de la Organización Guyrá Paraguay. “El bosque solamente se puede quemar cuando ya está muy degradado y con condiciones climáticas extremas. Lastimosamente tuvimos esa condición de sequía histórica y la gente, mucha gente aprovechó para atacar al bosque… hubo una guerra (y sigue) declarada contra el bosque en San Rafael con el objetivo de exterminar esos bosques” señala Cartes.

El Gran Chaco

Al otro extremo de Paraguay, en la región Occidental, en el gran Chaco, los incendios también causaron estragos en los últimos tiempos, en un área donde  la ganadería se ha impuesto y donde también, de a poco, la agricultura mecanizada va ganando terreno. Apenas del otro lado de la frontera paraguaya, en el territorio de la Chiquitania boliviana, las autoridades calculan la destrucción de unos cuatro a cinco millones de hectáreas arrasadas por las llamas, una verdadera catástrofe ambiental.

Del lado paraguayo, los registros hablan de unas 300 mil hectáreas destruidas por los incendios en el 2019. En el mes de mayo de 2020, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) intervino cinco establecimientos ganaderos en la localidad de Tacuara, Benjamín Aceval, bajo Chaco, donde los incendios destruyeron unas 10 mil hectáreas. La intervención del MADES obedeció a que se sospechaba que los incendios se hicieron para convertir bosques en pasturas, para la ganadería. En este sentido, un informe de GFW señala que el 93% de la pérdida de masa forestal en Paraguay en el 2019 se dio por actividades ligadas a la producción de materia prima como la carne vacuna, la soja y la madera.

La Plataforma Nacional de Commodities Sustentables señala en su página web que la producción de soja abarca actualmente unas 3.380.000 hectáreas en nuestro país. Menciona también que la soja es el producto agrícola que genera más ingresos a la economía local, con un poco más de US$ 3.000 millones al año; además de cubrir el 62% de las exportaciones y de contribuir con cerca del 17% del PIB, según esta plataforma.

En cuanto a la producción vacuna, hasta el 2019, Paraguay estaba en el top 10 de mayores exportadores de carne en el mundo. Al cierre de ese año, nuestro país  comercializó unas 320.000 toneladas (peso carcasa) de carne bovina, según datos de la Cámara Paraguaya de la Carne.  Además, el Chaco registró un crecimiento ganadero exponencial: De 3,5 millones de cabezas que tenía el hato ganadero en el 2009, diez años después, la población bovina del Chaco cerró con  6.473.531 cabezas, según datos de la propia Asociación Rural del Paraguay (ARP).

Para el ingeniero Luis Codas, ex congresista paraguayo y hombre vinculado al mundo ganadero del Chaco, es un despropósito pensar que todos los incendios registrados en el país sean ocasionados intencionalmente para ganar pastura. “¿Quién es el ganadero que va a incendiar a propósito, cuando con eso arriesga la vida de sus animales, quién va a quemar su propio terreno?, plantea.

Sin embargo, habla de la inconsciencia o la ignorancia de la gente como un factor clave a la hora de encontrar responsables de los incendios, ya que se habla de que la mayoría se genera por intervención humana. “La gente tira su colilla de cigarrillos sin pensar en el perjuicio que eso puede ocasionar. Imaginate con la pastura seca, con un vientito, eso se vuelve incontrolable”, señala. Sin embargo, asegura que no duda que haya gente que lo haga también con otras intenciones. Atendiendo esta situación, Codas habla de la importancia de un Estado presente.

En ese sentido, menciona que lastimosamente las instituciones del Estado que deben velar o controlar estas situaciones están sin muchos recursos. “Tenemos que buscar ser más previsibles. De qué sirve venir cuando ya se quemó todo. Nos falta mayor logística para enfrentar situaciones difíciles” dice Codas.

En el Pantanal paraguayo, una zona de riquísima biodiversidad que forma parte del gran Pantanal (tiene unas 16 millones de hectáreas e incluye territorios de Brasil, Bolivia y Paraguay) los fuegos continuaron este año. Un informe de la Fundación Amigos por la Naturaleza (FAN) de Bolivia, señala que del 1 de enero al 4 de agosto de 2020,  los incendios afectaron un total de 768 mil hectáreas en el Gran Pantanal. De esta cantidad, 86 mil hectáreas (11%) correspondió a territorio paraguayo, 147 mil (19%) hectáreas al boliviano y 534 mil (70%) hectáreas al territorio brasileño.

“Por suerte este año los incendios no afectaron a nuestras comunidades, pero el problema es que se queman los bosques y se pierden los animales silvestres, que son nuestros alimentos”, expone César Barboza, concejal indígena de Bahía Negra, en el Departamento de Alto Paraguay, y poblador de la comunidad de Puerto Diana, del pueblo Yshir, que vive hace unos 500 años en la zona del Pantanal paraguayo y son considerados los habitantes ancestrales de estas tierras.

Los incendios no afectaron directamente las comunidades indígenas en la zona de Bahía Negra pero sí los bosques que los rodean que en la tradición representa parte de la vida, enraizada en las costumbres y creencias que tienen.