Las tierras ancestrales del pueblo yshir ocupaban un poco más de 3.000.000 de hectáreas en el Pantanal paraguayo en 1932. Hoy por hoy, su población tiene acceso solo a unas 43.000 hectáreas. Algunas de sus tierras son reclamadas al Estado paraguayo desde hace tiempo, pues pasaron a manos de extranjeros pese a que la Constitución Nacional del Paraguay les garantiza el derecho a ellas.
Una antigua lucha por la tierra propia, agraviada por intereses políticos y empresariales. A eso se enfrentan hoy 100 familias de Puerto La Esperanza o “ex Puerto Sastre”, como se conoce hasta ahora a la localidad del distrito Carmelo Peralta, departamento Alto Paraguay. Son familias con ocupación y posesión de 20.000 hectáreas desde hace dos décadas, que no han podido acceder al título de propiedad.
Persecuciones a líderes, atropellos de autoridades nacionales y violaciones de derecho sobre sus tierras son algunas de las situaciones vividas en la última década por los pobladores de la Colonia Barbero Cue, de San Pedro de Ykuamandyyú, del departamento San Pedro. Las instituciones públicas que debían protegerlos se han abocado sistemáticamente a perjudicarles.
Alexis Martínez, joven líder de la comunidad Loma, del Pueblo Guaraní Ñandeva, relata que la lucha por la titulación de sus tierras se remonta al año 1981. En este entonces, los líderes impulsaron a través del extinto Instituto de Bienestar Rural -IBR- (que se convirtió en Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra - INDERT -), el proceso de adjudicación de sus parcelas. Los líderes empezaron el proceso aprovechando que la dictadura militar de Alfredo Stroessner se vio obligada a aprobar nuevas leyes que reconocían los derechos de los Pueblos Indígenas.
Una mañana palideció y se sintió muy débil. Pasaron tres días desde que comenzaron los síntomas: náuseas, vómitos, diarrea, malestar general y lesiones en la piel, unos días antes que todo lo demás. Consultó en el puesto de salud de la Colonia Yeruti, pero ni su juventud -tenía sólo 26 años- le bastó para aguantar y empeoró. Su hermana alquiló una camioneta, lo subió sobre un colchón en la carrocería y lo llevó al Hospital de Curuguaty, distante a unos 30 kilómetros. Rubén Portillo Cáceres murió en el camino bajo el sol de enero, época en que las fumigaciones sobre la soja, desde tractores y avionetas, están en su apogeo.
Este material fue elaborado como resultado de talleres colaborativos iniciados en febrero del 2020 entre organizaciones de la sociedad civil para la elaboración del reporte “Empresas, Derechos Humanos y Medio Ambiente”, en el marco del tercer ciclo del Examen Periódico Universal de Paraguay. Posterior a la presentación del documento ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un equipo de periodistas escribieron los siguientes 20 artículos del dossier que visibilizan la relación entre las violaciones de Derechos Humanos con los derechos ambientales.
Las organizaciones que acompañaron el proceso de elaboración son: FAPI (Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas), Alter Vida, Grupo SUNU, Fundación Plurales, UCINY (Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Yshir), OMIG (Organización de Mujeres Indígenas Guaraní), Organización de Mujeres Artesanas Ayoreas 7 clanes, OMMI (Organización de Mujeres Mismo Indígena), PCI (Pro Comunidades Indígenas), Asociación Eco Pantanal, CDPI (Consejo de Pueblos Indígenas) y WWF-Paraguay.
Esta publicación fue posible gracias al apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda.
