Este informe se centra específicamente en las cuestiones ambientales, el desarrollo sostenible y el acceso a las necesidades básicas y sus vínculos con los derechos humanos. Es una contribución conjunta de las ONG al tercer Examen Periódico Universal (EPU) realizado a Paraguay en 2021, procedimiento impulsado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Tras la Guerra de la Triple Alianza, que puso a Paraguay frente a Argentina, Brasil y Uruguay (1864-1870), el Estado paraguayo vendió gran parte del Chaco sin tener en cuenta a las comunidades indígenas que vivían en esos territorios. Un siglo después, tres comunidades originarias consiguieron que la justicia internacional reconozca que las tierras eran suyas. Aún hoy esperan que el Estado paraguayo cumpla con lo que había sentenciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Persecuciones a líderes, atropellos de autoridades nacionales y violaciones de derecho sobre sus tierras son algunas de las situaciones vividas en la última década por los pobladores de la Colonia Barbero Cue, de San Pedro de Ykuamandyyú, del departamento San Pedro. Las instituciones públicas que debían protegerlos se han abocado sistemáticamente a perjudicarles.
Alexis Martínez, joven líder de la comunidad Loma, del Pueblo Guaraní Ñandeva, relata que la lucha por la titulación de sus tierras se remonta al año 1981. En este entonces, los líderes impulsaron a través del extinto Instituto de Bienestar Rural -IBR- (que se convirtió en Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra - INDERT -), el proceso de adjudicación de sus parcelas. Los líderes empezaron el proceso aprovechando que la dictadura militar de Alfredo Stroessner se vio obligada a aprobar nuevas leyes que reconocían los derechos de los Pueblos Indígenas.
Una comunidad de Limpio lucha contra la industria del cuero para recuperar la laguna Cerro de la contaminación.
El 21 de julio de 2014, Adelaida Álvarez, de tres años, empezó a desarrollar síntomas como vómitos, goteo de nariz, dificultades para respirar y fiebre. Al mismo tiempo, su hermana pequeña de 6 meses, Adela, era llevada por su madre Fabiola Cabrera por síntomas similares al hospital de Curuguaty, Departamento de Canindeyú. El hospital se ubica a 70 kilómetros del asentamiento Huber Duré, donde vivían las niñas.
Polvo, tierra colorada y soja, un océano de soja. Así es el paisaje que observa Ña Tola, desde San Juan Nepomuceno hasta su comunidad Ypeti de Caazapá. Son 80 kilómetros de un camino de tierra en medio de sojales que la lideresa de la Asociación de Comunidades Indígenas Mbya Guaraní “Tekoa Yma Jehe’a Pavë” transita a menudo, mientras lucha en defensa de los bosques.
Una mañana palideció y se sintió muy débil. Pasaron tres días desde que comenzaron los síntomas: náuseas, vómitos, diarrea, malestar general y lesiones en la piel, unos días antes que todo lo demás. Consultó en el puesto de salud de la Colonia Yeruti, pero ni su juventud -tenía sólo 26 años- le bastó para aguantar y empeoró. Su hermana alquiló una camioneta, lo subió sobre un colchón en la carrocería y lo llevó al Hospital de Curuguaty, distante a unos 30 kilómetros. Rubén Portillo Cáceres murió en el camino bajo el sol de enero, época en que las fumigaciones sobre la soja, desde tractores y avionetas, están en su apogeo.
La violación de los derechos básicos universales vinculados al medio ambiente tiene un lazo común en Paraguay: se relaciona con los asuntos forestales y el agronegocio. Las comunidades campesinas y principalmente las indígenas, sufren constantes atropellos a sus derechos, además de soportar necesidades básicas insatisfechas como agua potable, el acceso a la tierra y seguridad alimentaria.
Este material fue elaborado como resultado de talleres colaborativos iniciados en febrero del 2020 entre organizaciones de la sociedad civil para la elaboración del reporte “Empresas, Derechos Humanos y Medio Ambiente”, en el marco del tercer ciclo del Examen Periódico Universal de Paraguay. Posterior a la presentación del documento ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un equipo de periodistas escribieron los siguientes 20 artículos del dossier que visibilizan la relación entre las violaciones de Derechos Humanos con los derechos ambientales.
Las organizaciones que acompañaron el proceso de elaboración son: FAPI (Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas), Alter Vida, Grupo SUNU, Fundación Plurales, UCINY (Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Yshir), OMIG (Organización de Mujeres Indígenas Guaraní), Organización de Mujeres Artesanas Ayoreas 7 clanes, OMMI (Organización de Mujeres Mismo Indígena), PCI (Pro Comunidades Indígenas), Asociación Eco Pantanal, CDPI (Consejo de Pueblos Indígenas) y WWF-Paraguay.
Esta publicación fue posible gracias al apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda.
