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Informe sombra sobre los DDHH y su relación con el medio ambiente

Informe sombra sobre los DDHH y su relación con el medio ambiente

Las ONG abajo firmantes acogen con satisfacción la oportunidad que les brinda la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de presentar un informe de las partes interesadas para el tercer Examen Periódico Universal (EPU) de la República del Paraguay.

Debido a nuestros objetivos y misiones estatutarias, nos centramos en las cuestiones ambientales y el desarrollo sostenible en relación con los derechos humanos.

Expresamos nuestra sincera esperanza de que las conclusiones de este informe fomenten un diálogo abierto y constructivo, que conduzca a una pronta resolución de las deficiencias identificadas y a un mayor respeto, protección y aplicación de los derechos humanos por parte de todos los actores del Paraguay en favor de las generaciones presentes y futuras.

Recomendaciones anteriores del EPU

El Paraguay recibió varias recomendaciones relacionadas con cuestiones ambientales, indígenas y de desarrollo sostenible en el país en su anterior ciclo del EPU en 2016. En el anexo A del presente informe figura un panorama general.

Todas las recomendaciones, 102.26 (de Haití), 102.27 (Perú), 102.118 y 102.178 (Australia), 102.133 (Noruega), 102.177 y 102.182 (Líbano), 102.179 (Canadá), 102.181 (Alemania) y 102.186 (Egipto), fueron aceptadas y para todas estas recomendaciones, pero la 102.177, Paraguay declaró que “ya se han aplicado o están en proceso de aplicación”.

Lamentablemente, como se verá en el presente informe, estas recomendaciones no se aplicaron. Aunque se han establecido ciertas leyes y mecanismos, la falta de aplicación, control y cumplimiento da lugar a que los derechos humanos y ambientales sigan sin realizarse. Hacemos un llamamiento a los países que hicieron estas recomendaciones para que exijan un seguimiento correcto y, por lo tanto, les damos las gracias por adelantado.

Informe completo disponible para descarga aquí.
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Los indígenas del Chaco y sus históricos logros sobre el Estado paraguayo

Los indígenas del Chaco y sus históricos logros sobre el Estado paraguayo

Las comunidades Yakye Axa, Sawhoyamaxa (pueblo énxet) y Xákmok Kásek (pueblo sanapaná) decidieron iniciar estrategias jurídicas y políticas para recuperar sus territorios tradicionales y sus derechos, con el acompañamiento de organizaciones locales como Tierraviva e internacionales como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Las tres están ubicadas en el departamento de Presidente Hayes: Sawhoyamaxa está en el kilómetro 375 de la ruta Pozo Colorado-Concepción; Yakye Axa en el kilómetro 350 de la misma ruta; y Xákmok Kásek, en el desvío del kilómetro 340 de la ruta Transchaco, que conecta Paraguay con Bolivia.

Con todas las puertas de la justicia local cerradas, recurrieron a la CIDH y lograron tres históricas sentencias. En 2005, 2006 y 2010 la CIDH condenó al Estado paraguayo por haber violado los derechos a su propiedad tradicional, a la identidad cultural y la vida digna.

Su lucha frente a los invasores, en los tres casos empresarios ganaderos vinculados a los partidos políticos mayoritarios, el colorado (ANR) y liberal (PLRA), les mantuvo más de 25 años viviendo casi en la indigencia a la vera de la Transchaco, la ruta internacional que cruza todo el horizonte chaqueño. Aún hoy siguen luchando para que el Estado acate la totalidad de las sentencias.

Los Sawhoyamaxa fueron expulsados de sus tierras en 1993 por Heribert Roedel, un terrateniente llegado de Alemania, donde había sido condenado a seis años de prisión por falsificación de documentos y fraude a 157 inversionistas alemanes. Medio millar de personas que hasta entonces habían vivido de la recolección, la agricultura y la caza en un vasto terreno de la región del Chaco paraguayo se vieron obligados a subsistir en precarias condiciones al borde de un camino.

“El Estado ha hecho mucho daño a la comunidad, a mi familia, han muertos muchos miembros por el camino en esta lucha”, rememora Leonardo González, líder de la comunidad.

El Congreso paraguayo aprobó en 2014 la expropiación de 14.404 hectáreas de tierra de Roedel, “una decisión histórica” porque fue una de las mayores extensiones de tierras que se ha devuelto a una comunidad indígena en la era democrática en Paraguay, según Julia Cabello Alonso, abogada de la ONG local Tierraviva, que representa a los nativos. Hasta hoy siguen esperando las inversiones del Gobierno para ser independientes en suministro de agua potable, electricidad y caminos de todo tiempo; además de los mínimos servicios de salud y educación previstos.

Otro caso es el de los Xakmok Kasek, quienes desde la sentencia de 2010 de la Corte IDH esperaban reingresar a sus tierras ancestrales, unas 10.700 hectáreas, repartidas entre una empresa agrícola y la propiedad de un gran terrateniente, el estadounidense Roberto Eaton, quien les expulsó a principios de la década de 1980.

La Corte sentenció al Estado paraguayo a restituir toda esa extensión a los indígenas antes de 2014. En marzo de 2015 seguían esperando la restitución. La comunidad, formada por miembros de los pueblos sanapaná y énxet, no aguantaba más.

Durante 30 años han sobrevivido en un reducto de tierra prestada, de suelo improductivo, donde apenas podían cultivar o tener ganado y carecían de acceso a servicios públicos básicos como agua, luz, educación o salud.

En 2015, en una larga asamblea que reunió a ancianos, hombres, mujeres y niños, los Xákmok Kásek hicieron recuento de todos sus pasos judiciales a nivel nacional e internacional, y de sus esfuerzos de comunicación con la prensa y el Gobierno. Y concluyeron que nada de eso les había ayudado a volver a su hogar, por lo que decidieron ocupar las tierras.

Embolsaron sus pocas pertenencias: útiles de cocina, colchones, mantas, poca ropa y algunos animales domésticos y caminaron los 18 kilómetros de trecho embarrado que les separaba del exilio. “Volvimos porque este es nuestro lugar, necesitamos esta tierra para estar juntos, pase lo que pase, vamos a entrar y no vamos a retroceder, queremos trabajar y cultivar”, contó entonces Castorina Dermos Delarrosa, una de las líderes comunitarias. Delarrosa recuerda que su marido nació y creció en la estancia ganadera Salazar, propiedad de Eaton, quien estuvo por décadas en poder de las 7.701 hectáreas de tierra de las 10.700 pertenecientes al territorio ancestral de los Xákmok Kásek. Aseguró que durante décadas Eaton obligaba a los hombres “a trabajar de sol a sol a cambio de nada. Comida y nada más, no a cambio de salario”.

“El Estado debe acatar la sentencia”, dijo Milcíades González Ruiz, otro miembro de la comunidad. “Esta tierra nos pertenece y en ella conseguiremos el desarrollo que queremos”, manifestó.

El origen de las actuales violaciones de derechos territoriales indígenas en Paraguay se remonta a la Guerra de la Triple Alianza, cuando Paraguay fue arrasado por Argentina, Brasil y Uruguay.

Veinte años después de la derrota, el Estado paraguayo vendió en la bolsa de valores de Londres dos tercios del Chaco, que ocupa la mitad occidental del país, para financiar la deuda impuesta tras el conflicto bélico.

La división y venta de esos territorios fue realizada con desconocimiento de la población que los habitaba, que en ese entonces era exclusivamente indígena, recuerda la Corte IDH en su sentencia.

El proceso de colonización de Paraguay en el Chaco afectó a todos los pueblos indígenas que como la comunidad Xákmok Kásek vieron desaparecer su territorio milenario entre vallas para ganado de los nuevos terratenientes paraguayos y extranjeros.

En la región del Chaco hay presencia de hasta 17 de las 20 etnias indígenas que existen en Paraguay, divididas en cinco familias lingüísticas diferentes.

Yakye Axa, la primera comunidad en obtener la sentencia fue la última en recibir sus tierras

La última comunidad en lograr acceso a sus tierras fue Yakye Axa, paradójicamente, la primera que obtuvo la sentencia a su favor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en junio de 2005.

El fallo de la Corte IDH estableció que el Estado paraguayo debía restituir las tierras a estas cerca de 300 personas, en su mayoría niñas, niños y adolescentes, y garantizar las condiciones para que la comunidad pueda vivir de forma adecuada en el territorio, uno de los puntos fundamentales establecidos era la construcción de un camino público y de todo tiempo para ingresar a sus tierras.

Pero cuando ya poseían el título de sus hectáreas comunitarias, no podían entrar en ellas por la falta de un camino público. Como en el feudalismo, el dueño de las tierras que rodean a las suyas decidió impedirles pasar durante décadas sin que ni el Gobierno, ni la Justicia ni el Congreso intervengan. Los propietarios de dos haciendas ganaderas, incluida la familia del exvicepresidente paraguayo Oscar Denis Sánchez, rechazaban la construcción de un camino por sus estancias para que los nativos lleguen a su terreno, recuerda Albino Gómez, un líder de la comunidad Yakye Áxa, “isla de palmeras” en idioma énxet.

Solo 15 años después y tras muchas acciones de exigencia por parte de la comunidad, el Ministerio de Obras Públicas comenzó los trabajos para la construcción del camino. El trazado consta de aproximadamente 30 kilómetros desde la Ruta Pozo Colorado-Concepción hasta las tierras de Yakye Axa, una primera parte del camino ya está construido y atraviesa la comunidad Sawhoyamaxa, también del pueblo énxet, por lo que sólo restan por construir aproximadamente 20 kilómetros.

“Por eso no podemos decir gracias a las autoridades”, dice la también lideresa de Yakye Axa, Verónica Fernández. “Fue demasiado larga la lucha y de mucho sacrificio. Si bien estamos muy contentos por el avance de las obras sentimos profundamente que muchos indígenas ancianos hayan fallecido sin poder acceder a sus tierras por la falta de un camino”, cuenta Fernández.

El siguiente paso en la comunidad debe ser la construcción de viviendas, de los caminos internos, electricidad y agua potable; al igual que la instalación de sistemas de salud y educación; todos elementos que deben contar con el apoyo económico del Gobierno, como estipula la sentencia. “Nada de estos derechos aún no se concretaron para los indígenas quienes de a poco ya se trasladan a sus tierras adquiridas”, explica la ONG Tierraviva.

Julia Cabello destacó que para recuperar su territorio, la Comunidad Yakye Axa recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2002 y en el 2003 el caso fue elevado a la Corte IDH. Acompañada por Tierraviva y el CEJIL, logró un fallo favorable. En 2012, el Estado paraguayo adquirió las tierras para la comunidad, pero las 60 familias de Yakye Axa nunca pudieron acceder a ellas hasta hoy por falta de camino.

Esta calzada también beneficiará a otras comunidades cercanas como Payseyamexyempa’a, Kelyenmagategma y Sawhoyamaxa, todas del pueblo enxet, creando un territorio indígena continuo de unas 40 mil hectáreas.

En 2017 el Estado había cumplido 6 reparaciones de un total de 36, varios años después y con todos los plazos vencidos. En noviembre de ese año una comitiva de la Corte IDH visitó Paraguay para verificar en las comunidades el grado de cumplimiento, además se entrevistó con líderes, abogados y autoridades estatales para acordar compromisos.

“Estas sentencias no pueden demorar más tiempo. Los pueblos, las comunidades indígenas viven en condiciones muy complejas, para su salud, su vida, su educación. Y es necesario y urgente tomar medidas. Eso es lo que se ha hecho, se han fijado compromisos, se han fijado plazos, y yo como juez encargado de vigilar el cumplimiento de estas sentencias estaré muy pendiente de que se cumplan”, dijo entonces el juez de la Corte IDH Patricio Pazmiño, que encabezó la visita. Desde entonces no hubo avances significativos en el cumplimiento integral de las medidas.

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Barbereños resisten ante los sistemáticos atropellos a sus tierras y sus líderes

Barbereños resisten ante los sistemáticos atropellos a sus tierras y sus líderes

Tras décadas de ocupación y posesión, con las tierras donadas vía tratado internacional y numerosas acciones judiciales, más de 5.000 habitantes de la Colonia Barbero Cue, conocidos normalmente como barbereños, siguen sin acceder a los títulos de propiedad que les corresponde. Se trata de un inmueble de 17.343 hectáreas ubicado en la zona de Aguaraymí, del distrito de San Pedro del Ycuamandyyú (departamento San Pedro), que la República de Italia donó el 12 de junio de 2012 al Estado Paraguayo para contribuir con la reforma agraria. Fue vía tratado internacional, ratificado por la ley 4.732/12.

El nombre de “Barbero Cue” proviene de la historia que tuvo el científico y humanista Andrés Barbero (1877 – 1951) con la zona. Hijo de inmigrantes italianos, Barbero también fue un notable médico, filántropo y un enamorado total de la cultura indígena paraguaya. Compró las 17.000 hectáreas – hoy en disputa aún – y las donó al estado Italiano para que campesinos de ese país perjudicados por la segunda guerra mundial pudieran vivir, rehaciendo sus vidas en estas tierras. Finalmente, Italia donó el inmueble a Paraguay en 2012, con el objetivo de destinarlo a la reforma agraria.

La comisión vecinal “Un Pedacito de Italia” viene peleando jurídicamente desde entonces para conseguir los títulos de propiedad, pero la lucha social comenzó hace al menos 40 años, según cuenta doña Celia Candia, una de las lideresas de la comunidad.

Con el logro de la donación, los pobladores no imaginaban los sucesivos atropellos que se iban a venir, añade. De hecho, uno de los intentos de sacarles sus tierras comenzó en un proceso dos años antes del tratado, en 2010, y tuvo como protagonista al entonces  intendente de San Pedro de Ykuamandyyú, Pastor Vera Bejarano (PLRA[1]), hoy diputado nacional (2018-2023).

Durante su gestión como jefe comunal, Vera Bejarano había vendido irregularmente una deuda que el gobierno italiano tenía con el municipio en concepto de impuesto inmobiliario impago. La venta se hizo a favor de los ciudadanos Luis Ortigoza, que años después sería presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), y Benjamín Adaro Monzón, a menudo publicado en medios de prensa nacionales por negociados de tierras.

En el tratado del año 2012 se lee que “Paraguay no requerirá a la República Italiana el pago de impuestos, tasas u otras contribuciones que pudieran pesar sobre el citado inmueble”. Aún así, en el año 2014, Ortigoza, ya como titular del INDERT, solicitó al juez de San Pedro, Guillermo Lezcano, que dicte sentencia de embargo ejecutivo para llevar adelante el remate judicial de las tierras, a lo que el magistrado respondió favorablemente. Este remate fue frenado gracias a acciones judiciales promovidas por la comisión vecinal de Barbero Cue, pero la lideresa de la comunidad sufrió una denuncia por difamación que promovió en su contra Vera Bejarano, cuando éste ya tenía el cargo de diputado nacional.

“Las tierras se fueron al remate y todo. Defendimos con inteligencia ese juicio de remate y ganamos, pero yo gané además una querella criminal. Una lucha muy desigual, porque te podés imaginar, él ya era diputado en ese entonces y yo apenas una pobladora. Al final yo gané el juicio en todas las instancias y no me pagó las costas hasta hoy (2020)”, relata doña Celia.

Pero ese no fue el único atropello que sufrieron los barbereños debido a acciones de Ortigoza. Durante su presidencia en INDERT, entre 2012 y 2013, promovió una mensura judicial de la colonia. El resultado fue que, supuestamente, el inmueble sólo tenía 14.090 hectáreas, una dimensión distinta a la oficial que se lee en el título de propiedad, hasta hoy a nombre de Italia en Registros Públicos, identificado como finca 231 padrón 682 de 17.343 hectáreas. ¿Qué pasó con las 3.253 hectáreas restantes? Los documentos muestran que algunas empresas dijeron tener derechos sobre esa superficie y el perito de la mensura, en lugar de asentar en la tierra lo que dice el título y solo tomar nota al margen de las afirmaciones de los supuestos afectados, benefició a los agroganaderos que se presentaron, pese a que solo una sentencia tras un proceso judicial puede definir quién tiene mejor derecho sobre una propiedad, cuando existe superposición de títulos. La mensura es solo una medición técnica (Art. 668 del Código Procesal Civil).

Esa no fue la última actuación de un presidente del INDERT en detrimento de los derechos de campesinos de Barbero Cue. Años después, entre 2013 y 2018, estuvo al frente del instituto agrario Justo Cárdenas, quien procedió a finiquitar los trámites de la citada mensura y posteriormente a inscribirla en los Registros Públicos.

Así, Cárdenas llevó adelante la transferencia de la finca 231 por escritura pública ante la entonces escribana mayor de gobierno Marta Narvaja, sin la participación de Italia, lo que se tradujo en la amputación de las 3.253 hectáreas donadas para los campesinos.

“Sufrimos todo tipo de atropellos. Llevamos siete años de lucha consecutivos con esta estructura mafiosa que enfrentamos pidiendo justicia. Estas tierras fueron donadas por el Gobierno italiano para los campesinos, pero el INDERT actuó a favor de ganaderos, sojeros y terratenientes. Así inscribió la mensura mau[2] y la directora de Registros Públicos inscribió. También la escribana mayor de gobierno”, relata doña Celia.

Para la abogada Leticia Almada Paoli, representante legal de la comisión vecinal Un Pedacito de Italia, la “conducta delictual” de Luis Ortigoza y Justo Cárdenas ha dado lugar a varias acciones y medidas cautelares promovidas por sus mandantes contra estos actos, para impedir la repartición de tierras sobre la base de esa transferencia irregular. Son acciones que han tenido sentencias favorables y están firmes. De esta manera, la batalla jurídica con la que los campesinos respondieron a los atropellos consiguió anular lo que en la comunidad bautizaron como “la mensura de la vergüenza”.

Almada cuenta además que Cárdenas protagonizó otro negociado con las tierras de Barbero, al comprar vía excepción una fracción de la finca 231, después de que la misma ya había sido donada al Estado. Es decir, pagó más de G. 14.000 millones por tierras que ya eran del Estado y como si fuera poco, los beneficiarios potenciales que estaban en una lista ni siquiera eran de la colonia y además, en dicha nómina se encontró nombres de personas fallecidas, añade (proceso con ID Nº  297227 en Contrataciones Públicas).

“La corrupción siempre fue sistemática y de décadas en este caso. 40 años lleva esta lucha de todos ellos. La corrupción ha sido tan imperante en el país que ha deteriorado el nivel de la vida de la población y particularmente de los pobladores de Barbero Cue, que han sido privados de asistencia del Estado en materia de Salud, Educación, infraestructura. Los poderes fácticos y políticos han pretendido, además de todo lo que ya sufrieron, arrebatarles sus tierras, sometiéndose a una justicia corrompida”, resalta la abogada.

Según subraya, los campesinos siempre han respetado los derechos, no han invadido, mientras que sus tierras sí fueron invadidas. “La corrupción socava todos los cimientos de la democracia. Incluso los fallos judiciales. Siempre hubo detrás una asociación criminal, empresarial, política y gubernamental, de distintas instituciones, todas en complicidad. Los logros que obtuvimos no los hubiéramos tenido sin la participación de la prensa, sin la participación ciudadana, las protestas, todo eso fue fundamental”, asegura.

Los líderes de la comisión vecinal “Un Pedacito de Italia” cuentan que se sienten avasallados desde todo punto de vista. Además de la problemática de tierra, sufren fumigaciones de los sojeros, precisamente a los que los extitulares del INDERT beneficiaron. Las fumigaciones les perjudica su producción de cedrón capi’i, cedrón Paraguay, sésamo, que al exportar a Europa, no debe tener alto contenido de agroquímicos, lo cual no es posible cuando los productores de soja rocían toda la zona. Pero su principal objetivo es tener títulos de propiedad, según apunta Víctor Caballero, presidente de la comisión vecinal.

Agrega que el encargo legal del Estado Paraguayo es apoyar a los campesinos, precautelar sus intereses y recibir en su forma íntegra la donación de Italia para transmitirles después a los campesinos; hacer lo contrario es ilegal y nulo, y eso es lo que ha ocurrido hasta ahora, afirma. “Luchamos incansablemente contra un poderoso que es el Estado Paraguayo: La intendencia, el INDERT, la Procuraduría, el Registro Público, Catastro y el Poder Judicial. Lo más doloroso es que hasta hoy siguen violando nuestro derecho porque las costas nosotros tenemos que pagar a nuestro abogado y no tenía que ser así. Somos avasallados”, indica el líder campesino.

Caballero, al igual que los demás miembros de la comisión, esperan que la actual presidenta del INDERT, Gail González Yaluff[3], tome cartas en el asunto y resuelva de una vez la distribución de los lotes a los campesinos, con los títulos respectivos. Para ello, el Poder Ejecutivo debe aceptar la donación de Italia con la inscripción de una mensura correcta en los Registros Públicos y transferencia del título al Estado. Se reunieron con ella este año, pero la funcionaria solo les dijo que “va a ver qué puede hacer”.

“Tenemos un poquito de esperanza, pero vamos a ver qué pasa. Nosotros no somos violentos, ellos son los violentos. Y vamos a ver hasta cuándo sigue así”, puntualiza el líder de la comisión, al momento de advertir que no cesarán en su lucha.

Desde el equipo jurídico que acompaña a los barbereños identifican numerosos derechos violentados en todos estos años de batalla jurídica. “Se ha violado el derecho de igualdad ante la ley en la no aplicación estricta de la ley. El derecho de propiedad también fue vulnerado al ser rapiñada por el ente regulador de la reforma agraria, causando graves daños a los barbereños. El derecho de la libertad de expresión en el caso Ña Celia, y yo también sufrí persecución, como persona y en mi condición de profesional por defender a los barbereños, con la amenaza de cancelarme mi matrícula”, subraya la abogada del caso y coincide con Caballero en que, aunque Paraguay es un país “donde impera el dinero, el poder y la corrupción”, no van a retroceder ni un centímetro en la lucha, y seguirán resistiendo hasta que se haga justicia en favor de los beneficiarios de la donación de Italia, que son los campesinos de Barbero Cue.

[1] Partido Liberal Radical Autentico

[2] Palabra perteneciente a la jerga popular paraguaya. Proviene del portugués “Mal” /’maw/ y se utiliza para hacer referencia a algo que es falso, ilegal, pirata, trucho, corrupto, robado, etc.

[3] Designada como titular de la institución en Octubre del 2020.

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La lucha por la tierra

La lucha por la tierra

De hecho, ese mismo año, se había aprobado el Estatuto Indígena, vigente hasta hoy día, donde se reconocía el derecho a la tierra y que esta sea otorgada por el Estado paraguayo de manera gratuita, una vez la comunidad esté reconocida jurídicamente por el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).

A través del expediente número 5.687/81, los Guaraní Ñandeva de Loma esperaban conseguir un pedazo de tierra en su territorio ancestral, ubicado en la frontera con Bolivia, cerca de la frontera con Argentina. Tres años después, el IBR emitió la Resolución Nº 640/84 donde declaraba Colonia Nacional Indígena y adjudicaba un total de 10.079 hectáreas en Infante Rivarola, distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.

*El Instituto de Bienestar Rural (IBR) funciona hoy con el nombre de Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).

La adjudicación del IBR no vino acompañada de ningún tipo de ayuda, ni siquiera del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), que tampoco dio el seguimiento siquiera para la titulación de las tierras a favor de la comunidad, por lo que hasta la fecha en los registros figura a nombre del Estado, es decir, del actual Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).

Juan Mozo, uno de los miembros de la comunidad, habló de las penurias que pasaron tratando de lograr condiciones de desarrollo en el lugar, pero que la falta de agua no permitió sostener la permanencia estable en las tierras. “Nosotros íbamos y veníamos, no importaba que hacía mucho calor, porque es acá donde nos hallamos, y con un pozo de agua ya podemos estar tranquilos para poder vivir y cultivar”, manifestó bajo el sol intenso del Chaco, con la esperanza puesta en el pozo recién construido y en lograr en algún momento energía eléctrica.

INVASIÓN Y CONFLICTO

Miño Ordoñe, vocero de la comunidad Loma, relató que la falta de agua los tuvo yendo y viniendo a las tierras que el IBR les había adjudicado, y que en este lapso de tiempo fue que los tres ganaderos, Miguel Angel Muñoz, Kurt Friesen Schroeder y Óscar Hein Ratzlaff, invadieron sus tierras, en total 3.307 hectáreas de las 10.079.

“Ellos pidieron en el 2010 al INDERT que se les adjudique nuestras tierras, como si fueran tierras fiscales libres, pero estas tierras son nuestras por resolución del IBR y no puede ser adjudicadas, por eso fuimos a exigir al presidente que no adjudique las tierras, y conseguimos que vengan a verificar y corroborar que son nuestras tierras”, explicó Ordoñe.

La abogada de la comunidad Loma, Emilia Cano, detalló que los ganaderos aprovecharon la poca capacidad de los indígenas de defender su territorio que según el Art. 64 de la Constitución Nacional, son irrenunciables; es decir que no pueden cederlas ni venderlas. Pero debido a su falta de asesoramiento y al nulo control del Estado, los productores lograron que algunos firmen supuestos documentos de renuncia de las tierras (personas sin representación), con lo que fueron hasta el INDERT a solicitar la adjudicación.

Las gestiones de la comunidad para defender legalmente sus tierras llevó a que el INDERT reconsidere la solicitud de los ganaderos y finalmente emita una resolución, la número 2.413 del año 2011, que sentenció el rechazo a las pretensiones de los tres empresarios.

Sin embargo, con las copias de los documentos de gestión en el INDERT, los ganaderos lograron licencias ambientales del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a pesar de que ya se les había rechazado la solicitud.

Esto abrió la puerta a una serie de conflictos entre los indígenas y los ganaderos por la deforestación sistemática que se dio con los bosques dentro del territorio de 10.079 hectáreas. Según el Instituto Forestal Nacional (INFONA), tras atender la denuncia por deforestación de tierras de los indígenas Guarani Ñandéva presentada contra los tres ganaderos, se confirmó una pérdida de 3.307 hectáreas de cobertura forestal sin permiso alguno.

Los miembros de la comunidad llegaron a retener las máquinas de los ganaderos que realizaban tareas de deforestación, ante la inacción de la Fiscalía a las denuncias presentadas. Pero esto motivó la denuncia de los ganaderos contra los indígenas, quienes cuentan con procesos abiertos por el fiscal Andrés Arriola.

Los ganaderos iniciaron juicios de interdicto de retener la posesión con lo que lograron medidas cautelares de no innovar que afectan los intereses de los indígenas, como por ejemplo la llegada de la energía eléctrica, clave para poder extraer agua.

“Pedimos encarecidamente al juez que levante la medida cautelar para poder tener energía eléctrica y acceso al agua, porque es un derecho humano y necesitamos para vivir y regar nuestros cultivos”, reclamó Ordoñe.

La comunidad sufrió el ataque de varios medios de comunicación que siguieron la línea de los ganaderos y falsearon datos, señalando que los indígenas fueron manipulados por una oenegé, de nombre Alter Vida, utilizando a indígenas que no eran de la comunidad, sino de otra, según lo reveló el propio líder de la comunidad Timoteo, Bernabé Flores, que reconoció a los miembros de su comunidad simulando pertenecer a la comunidad Loma.

Ciro Rojas, uno de los técnicos de la oenegé Alter Vida, explicó que desde el 2019 iniciaron un proceso de producción hortícola con la comunidad Loma, a partir de la construcción del pozo de agua y el uso de un generador de energía, pero que a la larga, esto genera inconvenientes por la falta de energía eléctrica.

“Este mes vamos a traer aves, unas 20 para cada familia, de manera que tenga huevo para consumir, y también la parte agrícola que no podemos extender por la falta de energía. Tenemos ahora agua, pero cuando falla el generador debemos enviar a Filadelfia a reparar y mientras tanto los cultivos ya se quedan sin agua, y por eso no se puede tener una producción contínua. Una vez que entre la energía eléctrica vamos a poder extender el cultivo agrícola”, explicó, indicando que ya habría un dictamen favorable de la ANDE (Administración Nacional de Electricidad) para el ingreso de la energía eléctrica.

Miño Ordoñe indicó que gracias a la ayuda de Alter Vida, lograron asentarse oficialmente desde el 8 de noviembre del 2018 en unas 200 hectáreas de las 10.079 que ocupaban históricamente, inicialmente con unas 45 familias. Si bien se menciona que en total son 62 las familias interesadas en vivir en Loma, la precaria realidad, la falta de agua y luz, genera que los grupos se vayan alternando entre la ocupación del territorio y otras comunidades del Pueblo Ñandeva de la zona.

La esperanza está puesta en que el INDERT finalmente culmine el traspaso de la documentación de la mensura judicial realizada a las 10.079 hectáreas, ya con el aval de la Dirección de Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para que posteriormente el INDI culmine los trámites de titulación a favor de la comunidad Loma.

Sin embargo, un problema aún latente son las acciones judiciales iniciadas por los tres ganaderos que pretenden forzar la adjudicación al IDERT. Los mismos iniciaron un juicio de retención de inmueble por mejoras introducidas, solicitando un pago de G. 6.000 millones cada uno, o sea G. 18.000 millones como indemnización por supuestos daños y perjuicios.

En total son tres juicios ordinarios en el Juzgado Civil de la Región Occidental, donde los ganaderos solicitan la retención de las fracciones y el pago de indemnización por mejoras introducidas, y, por otro lado, accionaron en el Tribunal de Cuentas contra la resolución del INDERT que rechazó sus solicitudes de adjudicación.

La Comisión de Pueblos Indígenas del Senado lleva el seguimiento de estos casos y ya ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que, a través de la Superintendencia. El titular de dicha comisión, el senador Miguel Fulgencio Rodríguez, manifestó que una de las causas ya se ha logrado destrabar.

El escenario ideal para los indígenas es que las causas presentadas por los ganaderos contra el INDERT finiquiten de una vez a favor del ente estatal, de manera a que no generen trabas para el proceso de titulación que vienen reclamando hace años a través de cierres de ruta y otras acciones.

Este caso es un fiel ejemplo de cómo las instituciones del Estado paraguayo actúan de manera negligente en su rol de hacer cumplir los derechos de los pueblos indígenas. El proceso de lucha por el derecho a la tierra de la comunidad Guaraní Ñandeva cobra fuerza recién en 1981, cuando la dictadura militar de Alfredo Stroessner se vio obligada a aprobar un Estatuto Indígena, según lo exigían los tratados internacionales.

Y si bien la comunidad consiguió en 1984 que el Estado resuelva adjudicarles 10.079 hectáreas, esta adjudicación nunca se formalizó en 36 años, ni se garantizó la ocupación y acceso a derechos fundamentales en el territorio, lo cual denota el abandono de varias instituciones del Estado como el INDERT, el INDI, y por otro lado, las instituciones del Poder Judicial que fueron y son utilizados para perseguir a los indígenas y beneficiar a sectores ganaderos que pretenden las tierras.

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Los defensores de la laguna que se convirtió en sangre

Los defensores de la laguna que se convirtió en sangre

Herminia Valdez no había visto una invasión de moscas así en sus 60 años. A fines de marzo de 2020, los vecinos del barrio Santa Lucía de Limpio tenían que mantener las ventanas cerradas a causa de los insectos y el olor a podrido. Ventilar espacios para evitar contagios de covid-19 como pedían en la tele era imposible.

Pronto comenzaron a sentir picazón en los ojos, dolor de cabeza, náuseas. Los vecinos recorrieron el barrio en busca de la fuente de ese malestar colectivo. Y encontraron peces muertos en la laguna Cerro. Tantos, que no los podían contar.

«Mortandad de peces en laguna Cerro. Vecinos aseguran haber hecho varias denuncias y nadie responde» informaba el canal C9N el domingo 26 de abril. Al día siguiente, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) respondió en un comunicado que verificaron una fuga de efluentes de la curtiembre Waltrading SA que se dirigía a la laguna, lo que pudo afectar a los peces. También que la empresa tenía un sumario por otro caso.

La laguna Cerro queda a unos 300 metros del riacho San Francisco, que es uno de los brazos del río Paraguay. Abarca parte de los barrios Santa Lucía y San Francisco de Piquete Cué, Limpio, a casi 30 kilómetros de la capital Asunción.

La intervención del MADES no cambió el rumbo de las cosas. Los pobladores siguieron padeciendo la invasión de moscas y olores fétidos que arruinaban el almuerzo familiar.

Cuatro meses después, el deterioro de la laguna iba más allá de los bagres muertos.

La laguna contaminada que atrae a turistas

«La laguna Cerro, en la ciudad paraguaya de Limpio, está marcadamente dividida en dos partes: una púrpura y una azul. Una emite mal olor; la otra, no». Con este epígrafe, el actor Leonardo Di Caprio compartió en Instagram a mediados de agosto una foto de la laguna tomada por Jorge Saenz, fotógrafo de Associated Press (AP).

La división que menciona es un camino de tierra que empresarios de la zona de Piquete Cué mandaron construir sobre la laguna para el paso de sus camiones areneros y de transporte de cuero. Para ellos fue más práctico hacer un terraplenado encima del espejo de agua antes que un puente. También les fue más práctico arrojar sus desechos a la laguna y contaminar a toda una comunidad.

Rufino Leguizamón, un poblador de 50 años que vive en Santa Lucía desde que nació, recuerda que la publicación de la estrella de Hollywood se tradujo en un repentino interés hacia la laguna:

«La laguna se hizo famosa. “¿Dónde queda la laguna que salió en la publicación de Leonardo Di Caprio?” preguntaba la gente. Venían todos los domingos a sacarse fotos como si fuera algo lindo y acá la gente sufría por el olor nauseabundo».

También recuerda que antes de la contaminación, las personas iban a pescar a la laguna Cerro; que había garzas, mbiguás, kyja (falsa nutria), yacaré yrupe.

El 21 de agosto el MADES canceló la declaración de impacto ambiental – licencia ambiental – de Waltrading, una firma de capital brasileño. Seis días después de la foto que compartió Di Caprio; cuatro meses después de las denuncias de vecinos. Fue un alivio para la comunidad, aunque los problemas siguieron.

«Así estamos, vigilando todo el tiempo porque a ellos ya se les prohibió trabajar y siguen haciendo. A eso de las doce de la noche comienzan, nos damos cuenta por el olor. Desesperante es» dice Rufino.

Es un domingo caluroso de fines de noviembre. Rufino acompaña a Herminia en la entrevista que conceden ambos en la capilla Santa Lucía, la patrona del barrio. Son los pioneros de los «Defensores de la laguna Cerro», una comisión vecinal que el intendente de Limpio Carlos Palacios se niega a reconocer, pero que tiene el reconocimiento de la gente más allá de la ciudad.

Los defensores reivindican el derecho de la comunidad a vivir en un ambiente sano. Quieren que la laguna vuelva a ser un atractivo turístico, pero no por la contaminación.

El lucro a costa del ambiente y la salud de las personas

La laguna de Piquete Cué está rodeada de las curtiembres Waltrading y Lecom SA. En Paraguay, la industria del cuero movió un promedio de 110 millones de dólares al año en el periodo 2015-2019, pese a que el valor de las exportaciones disminuyó 60% en el último quinquenio. El sector forma parte del agronegocio de la carne, uno de los ejes de la actividad económica del país en continua expansión y de mayor rentabilidad, lo que explica su vigencia a pesar de los daños ambientales.

El lucro a costa del ambiente es el alto precio que pagan unas 200 familias afectadas por la contaminación de la laguna Cerro. El análisis del agua hecho por el laboratorio del MADES arrojó resultados de alta contaminación con sales utilizadas para la conservación de cuero, tales como cloruro de sodio y sulfato de sodio. También detectó alto contenido de nitrógeno por la descomposición de desechos sólidos del cuero y de los peces muertos por la contaminación.

«Este aumento de la concentración de los químicos extraños al ecosistema y en tiempos relativamente cortos no dio tiempo ni siquiera a las reacciones de autodepuración y se produjo un total desequilibrio en el sistema» detalla el informe.

Explica que el color rojizo que tomó la laguna fue provocado por la invasión de cianobacterias. Estos organismos que se alimentan de nitrógeno y fósforo pueden resultar letales tanto para animales como humanos, según el grado de concentración y exposición.

El impacto de las curtiembres va más allá de lo que se puede ver. Una alta concentración de cloruros puede causar la salinidad de aguas subterráneas, que es una preocupación de los vecinos por los pozos de algunas viviendas. Otro problema son los olores desagradables que liberan. Niveles elevados de sulfuro de hidrógeno en el aire pueden producir irritación de ojos y vías respiratorias. Herminia dice que pidieron al Mades un análisis de la calidad del aire, pero no tuvieron respuesta.

El MADES permitió que la curtiembre opere pese a que sabía el riesgo

Cuando el río Paraguay sube, el agua alcanza la casa de Rufino. Teme que la próxima inundación traiga los desechos de la laguna Cerro.

«Va a ser una catástrofe ambiental si viene la crecida con la contaminación. Esa es la preocupación acá de los pobladores» dice mientras se acomoda la mascarilla de Cerro Porteño (un club de fútbol popular a nivel nacional).

MADES sabía de este riesgo pero permitió que Waltrading opere igual. La afirmación se desprende de un análisis del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) a los documentos del sumario a la empresa. Señala que en mayo de 2019, cuando la fábrica aún estaba en construcción, los fiscalizadores advirtieron que la planta de tratamiento estaba inundada por el riacho San Francisco y que se debía replantear la instalación. Una inundación podría dispersar la contaminación.

El principal cuestionamiento de la ong especializada en derecho ambiental es que el MADES no tomó muestras de los efluentes de Waltrading para demostrar su responsabilidad, teniendo en cuenta que cerca también está la curtiembre Lecom. Los técnicos solo tomaron muestras del agua, que arrojó resultados de contaminación con conservantes de cuero (cloruro de sodio y sulfato de sodio).

De hecho el abogado de la empresa, Bernando Villalba, sostiene que su cliente no utiliza esas sustancias para curtir el cuero. En declaraciones a medios de prensa, citó un análisis realizado por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) que concluyó que «no existen en la laguna cal y sulfuro de sodio, que son los que utiliza Waltrading». El exdiputado cartista indicó que los resultados de este estudio forman parte de la carpeta de investigación fiscal.

Waltrading se vale de ese argumento para rechazar los cargos que le impuso el MADES al concluir el sumario por la contaminación en Piquete Cué. Las medidas consisten en una multa de 1.600 millones de guaraníes (USD 227 mil) y la presentación de un plan de remediación de la laguna. Esa multa representa 20% de las exportaciones de la empresa el año pasado, que fue de 1.140.345 dólares. El dinero recaudado en concepto de multa es destinado al presupuesto general de la institución, e ingresa como “Fuente 30”.

Los vecinos consideran que la empresa tiene derecho a defenderse, pero ratifican que contaminó las aguas. Todo con anuencia del MADES y el intendente de Limpio, a quien acusan de usar Piquete Cué como el «basurero» de la ciudad.

«Estamos seguros en un 99% que Waltrading es responsable. Tenemos fotos y videos de cuando ellos comenzaron a tirar sus desechos a la laguna. La empresa comenzó a trabajar en febrero de este año y en dos meses notamos la contaminación. Veíamos que ellos estaban trabajando incluso en dos turnos desde que empezó la pandemia» dice Rufino.

La Fiscalía imputó al empresario Rogelio Ferreira Martins, propietario de Waltrading, que se expone a 10 años de prisión por procesamiento ilícito de desechos y perjuicio a reservas naturales. La empresa tiene otra curtiembre en San Antonio, que fue suspendida en 2016 por la entonces SEAM (hoy MADES) por contaminar el Arroyo Guasu. En marzo de este año, los fiscalizadores volvieron a constatar que la firma y otras más vertían sus desechos al cauce.

También fue imputada la directora de Evaluación de Impacto Ambiental del MADES Carolina Pedrozo, en este caso por el terraplenado. Pedrozo había respondido a la «Comisión Vecinal Pro Camino Industrial del Barrio San Francisco» que no requerían licencia ambiental para abrir un camino de uso público en propiedad privada, que terminó partiendo en dos la laguna Cerro.

Recuperar la laguna para las personas

Es casi mediodía del domingo 22 de noviembre. Herminia camina sobre el terraplén que partió en dos la laguna Cerro, que en una parte ya no tiene el color rojizo ni huele a podrido. Nos dice que las lluvias de los últimos días ayudaron. Hace notar que del otro lado de la laguna, que sigue sin agua tras meses de sequía, comienza a brotar vegetación. Tiene la esperanza de que esa laguna se vuelva a llenar de yacarés yrupe como antes.

Pero para eso falta presupuesto. El director de Biodiversidad del MADES, Darío Mandelburger, dice que la institución no tiene recursos para la recuperación de la laguna y que por eso pidieron financiamiento a las binacionales. El gobierno anunció que Itaipú apoyaría con sus especialistas en cauces hídricos la remediación en la laguna y la Procuraduría seguiría con las acciones judiciales contra Waltrading para recuperar lo invertido en esos trabajos con el dinero recaudado en esas multas.

«Ya llevamos ocho meses en esta lucha y vamos a ir hasta el final, hasta recuperar nuestra laguna y hasta que esa empresa se vaya de acá» dice Herminia contundente.

Un motociclista pregunta cómo llegar a un asentamiento del barrio. «Lugar porãite vaekue – Era un lugar tan lindo» dice al contemplar la laguna. Herminia espera que vuelva a ser así.

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Huber Duré, donde los cultivos valen más que la vida

Huber Duré, donde los cultivos valen más que la vida

Adelaida Álvarez falleció antes de ver a un médico. La Unidad de Salud Familiar del pueblo no contaba con personal ni equipamiento, según admitió después el entonces ministro de Salud, Antonio Barrios (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 2014), mientras que su hermana, Adela, falleció el 22 de julio luego de que en el Hospital de Curuguaty se le negara la internación, bajo el argumento de que su cuadro era leve, según relata su padre Benito Álvarez.

El asentamiento de Huber Duré, parte de la organización Federación Nacional Campesina (FNC), de donde ambas niñas eran oriundas, se encuentra en el Departamento de Canindeyú, y en él viven aproximadamente unas 300 familias. En la semana del fallecimiento de las niñas, Tomás Castillo, dirigente de la FNC y poblador del asentamiento relata que la comunidad tuvo contacto con las fumigaciones aéreas de agrotóxicos, provenientes de las estancias productoras de cultivos transgénicos colindantes como el maíz, trigo y la soja. Otras 40 personas de Huber Duré terminaron consultando en el hospital de Curuguaty en la misma semana del 21 de julio, 22 de ellas quedaron internadas según relatos de campesinos y campesinas refrendados por la comisión parlamentaria y técnica que visitó el lugar a raíz de los fallecimientos. La comunidad también denunció que, luego del entierro de las niñas, 319 gallinas, 43 vacas y 30 cerdos fallecieron de manera súbita.

A raíz de las fumigaciones y el fallecimiento de las niñas, Castillo relata que hicieron una denuncia por posibles delitos ambientales en el Ministerio Público, la investigación estuvo a cargo del fiscal Benjamín Maricevich. A raíz de la denuncia, la Fiscalía pidió una autopsia de las dos niñas. El informe final, a cargo del forense Pablo Lemir, dictaminó que la causa de muerte fue una «asfixia por insuficiencia respiratoria por bronconeumopatía». Y que la muerte de las vacas fue por «tristeza bovina».

El informe forense, aceptado por el Ministerio de Salud y el Ministerio Público, es cuestionado tanto por la comunidad como por otros especialistas, como la doctora e investigadora Stela Benitez Leite y el doctor José Barreto, patólogo. Benitez Leite es autora del estudio que concluyó la existencia de daño genético en niños y niñas expuestos a fumigaciones en otra comunidad rural del mismo departamento donde se encuentra Huber Duré (DNA damage induced by exposure to pesticides in children of rural areas in Paraguay, Indian Journal of Medical Research, 2019) y critica que «el informe (de autopsia) se hizo con una macroscopía». Es decir, se hizo una descripción del estado de los órganos en la autopsia. Al acceder a la documentación de la autopsia realizada por Lemir para la Fiscalía, la doctora Benítez buscó la opinión de su colega José Barreto. Luego de la lectura del informe, la opinión de Barreto es que «todo lo que hizo el forense fue determinar si hubo o no una intoxicación por organofosforados (como el glifosato). No se investigaron otros compuestos potencialmente tóxicos. No existe un informe sobre los estudios histológicos». Es decir, no se buscó la posible existencia de otros agroquímicos, como el paraquat, el segundo herbicida más utilizado en Paraguay y prohibido en los países de donde se importa. Tampoco se hizo un análisis microscópico de los tejidos de las niñas. El doctor Barreto definió esa ausencia como una «vergüenza». «Sin el análisis microscópico no es suficiente para saber si hubo intoxicación», según la doctora Benítez, quien fue parte de la comitiva de comunicadores, especialistas, miembros de organizaciones sociales y senadores que relevaron denuncias en la comunidad en 2014.

También es criticada la rapidez con la cual el ministro de salud Barrios, aún antes de la existencia de los resultados del informe final, prácticamente deslindó la posibilidad de que se tratase de una intoxicación por  agrotóxicos, bajo el argumento de que según su par del Ministerio de Agricultura, Jorge Gattini, “en esta época del año y este me dijo que no se realizan fumigaciones, porque lo que actualmente se puede plantar es maíz, que no es soja y no es la época” (Declaraciones oficiales en el sitio del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 2014).

Aunque es cierto que durante el mes de julio no se realiza la gran zafra de soja, si se realiza el de maíz transgénico como parte de cultivos rotativos en la misma tierra generalmente adoptados en la agricultura mecanizada de Paraguay. También, hasta junio, se realiza en muchas ocasiones una zafriña de soja, una plantación a menor escala que se da entre la rotación de cultivos. Y según la guía técnica de cultivo realizada por la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA[1] en 2019, el maíz transgénico utiliza glifosato, el agroquímico más utilizado en Paraguay y por el cual su empresa productora y principal exportadora a Paraguay, Bayer/Monsanto, tiene unas 125 mil demandas en todo el mundo. Los campesinos y campesinas entrevistados en Húber Duré hablan de glifosato y hablan también de los carbamatos, que se usan para el control de plagas.

Otro organismo que realizó una investigación cuestionada es el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), principal organismo público responsable del cumplimiento de la Ley N° 3742 de control de productos fitosanitarios en Paraguay. Junto al fiscal Maricevich, técnicos de la Senave visitaron el asentamiento. Según Benito Álvarez, padre de Adela y Adelaida, “hicieron un rastrillaje gua’u (de mentira) en las tierras de los brasileños (cercanas a Huber Duré). No revisaron si tenían venenos falsos» (sic). Por «venenos falsos» se refiere a agroquímicos utilizados sin receta legal exigida por el Senave.

Los productores denunciados por las fumigaciones ilegales fueron Ulises Rodrígues Teixeira, Pío Ramírez, Marcelo Abente y Basilio Ramírez. El presidente de Senave, Regis Mereles, dijo que no había registro de fumigaciones en la zona, que no es lo mismo que decir que no había fumigaciones en la zona. Según la ley fitosanitaria, las fumigaciones aéreas están prohibidas en zonas cercanas a asentamientos humanos, o cuando existan vientos por encima de los 20 kilómetros por hora, por el peligro que conlleva la dispersión. Las declaraciones de Mereles son cuestionadas puesto que antes de ser titular del ente público, presidió la Asociación de Productores de Soja (APS), por lo que la Federación Nacional Campesina sospecha de conflicto de intereses. Uno de los productores acusados de fumigar ilegalmente, Pío Ramirez, era entonces titular de la Asociación de Productores Agropecuarios de Canindeyú, parte de la APS.

Con el informe forense y de la Senave, el Ministerio Público no realizó investigaciones adicionales sobre las muertes. Los familiares de Adela y Adelaida y la Federación Nacional Campesina exigen, sin embargo, la reapertura del caso, sobre todo luego de que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas haya fallado en 2019 contra el Estado paraguayo por no investigar de manera imparcial un caso similar, la muerte de un joven campesino bajo sospechas de intoxicación por agroquímicos en la Colonia Yerutí, también en el departamento de Canindeyú, en 2011. «Paraguay es responsable de violaciones de derechos humanos en contexto de fumigaciones masivas con agroquímicos», reza el fallo.

Una de las dificultades que encuentran comunidades campesinas como Huber Duré es la falta de datos y criterios del Ministerio de Salud, que no reporta cuántos casos denunciados como intoxicación de agroquímicos llegan a hospitales, unidades de salud familiar o puestos de salud. Según la doctora Benitez Leite, «existe una “Ficha de Notificación de Intoxicación Aguda por Plaguicidas” por parte del ministerio que se encuentra en los servicios de urgencia. Pero no todos los casos llegan a los hospitales, excepto los graves, y por ello es probable que exista un subregistro de intoxicaciones que no llegan a los diferentes servicios». Mas la ficha no está socializada por el Ministerio de Salud, por lo que hoy queda a criterio subjetivo de los profesionales decidir si lo que tiene un paciente es una intoxicación. Así, los síntomas que fueron registrados como posible intoxicación por plaguicidas en el caso Yerutí no fueron reconocidos como tales en el caso Adela y Adelaida, pese a sus amplias similitudes. Un reclamo persistente de organizaciones como la Federación Nacional Campesina es la existencia de un protocolo más claro para reportar, denunciar e investigar casos sospechosos de intoxicación por plaguicidas.

Otro problema es la práctica inexistencia de investigaciones científicas sobre posibles efectos de agroquímicos en Paraguay, pese a su utilización extendida por parte de la agricultura mecanizada  y las, cada vez más, documentadas denuncias de mal uso de agroquímicos, como el glifosato y el paraquat, muchas veces prohibidos en los países de origen. Debido a conflicto de intereses, el agronegocio no tiene intención de apoyar ese tipo de estudios. Y luego de la publicación de la investigación de la doctora Benitez Leite, que fuera financiada por el Estado paraguayo, representantes del agronegocio fungiendo también de representantes en el órgano científico público[2] modificaron el mecanismo de selección de proyectos para que prime el  criterio parcialista a la hora de decidir qué investigaciones apoyar. Además, existe un problema metodológico «No podemos hacer ensayos clínicos doble ciegos porque a un grupo no podemos darle venenos y a otro grupo no darle y luego buscar los efectos o resultados. Lo mismo pasaba con el tabaquismo. Lo que corresponde, según ella, es realizar estudios epidemiológicos y de cohortes para indagar efectos en la salud humana y en la biodiversidad.

Seis años después del fallecimiento de las niñas, sus familiares y demás miembros del Asentamiento Huber Duré siguen denunciando la presencia de fumigaciones que violan la ley fitosanitaria y afectan a animales, personas y cultivos en la comunidad.

[1] Universidad Nacional de Asunción

[2] Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

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Sobrevivir entre el polvo y la soja

Sobrevivir entre el polvo y la soja

Doña Antolina González, a la que de cariño llaman “Ña Tola”, es una reconocida lideresa indígena, miembro de la comisión directiva de la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI). Su testimonio de vida no cabría en un reportaje, pero aún así ella no escatima en palabras para relatar un resumen del objetivo de la asociación a la que pertenece, contar retazos de su lucha e insistir en su principal preocupación: la conservación de los bosques nativos.

“Ore la ore problema en la Asociación Tekoa Yma Jehe’a Pave rodefendese la ore ka’aguy, ore rakate’ỹ pe ambientere. Ha péa la Asociación Teko Yma Jehe’a Pave objetivo. Pero ndaikuaái mba’éicha rupípa umi sojero imbarete, porque la sojero imbarete rupi oitypaitéma la ka’aguy. Solamente la Asociación Teko Yma Jehe’a Pave roime nueve asociados ha péantema la ika’aguya. El resto, soja memete”, comienza contando en su idioma guaraní, con el que cada palabra parece transmitir hechos y sentimientos: “La lucha de la Asociación Tekoa Yma Jehe’a Pave es por la defensa de nuestros bosques. Somos celosos de nuestro ambiente. Ese es el objetivo de la Asociación Tekoa Yma Jehe’a Pave. Lo que no sé es cómo esos sojeros tienen tanto poder, porque el sojero, por el poder que tiene, ya deforestó todos los bosques. Solamente en las nueve comunidades miembros de la Asociación Tekoa Yma Jehe’a Pave tenemos bosques. El resto ya es todo soja”, es la traducción de lo que señala Ña Tola, que habló para este reportaje durante su estadía en Asunción, donde estuvo a fines de noviembre de 2020 participando de talleres para comunicadores indígenas organizado por FAPI.

Describe cómo las fumigaciones de sojales inundan su comunidad, matando los pocos animales que intentan criar, así como a los peces de los arroyos. Pero no es lo único que mata. Las nacientes de agua que antes tenían, hoy ya no existen, porque las plantaciones de soja avanzaron sobre los bosques y arrasaron con todo lo que había a su paso. Es por eso que solo donde viven las comunidades indígenas siguen habiendo bosques nativos, pero rodeados del verde de la soja, que desde hace unas tres décadas comenzó a ser el principal problema de las comunidades y sobre el que las denuncias de indígenas no surten efectos.

“La sojero oñepyruhague ojapoma 28 años. Pero oreko péa la hasyvéa oreve, por lo menos ore rodefendese la ka’aguy, ore yvumi, orerakate’ỹa. Roho rojapo denuncia, ndaipóriko mba’éve. Roho Fiscalíape romombe’ú roikuaáva, rohecháva, roñandúva. Ndaha’e jero romoinguea Fiscalíape. Ndaipóri mba’éve porque ha’évoingo por lo menos oñoentende umi sojerondi, umi rollerondi. Sojero ha rollero peteĩcha ombyai ore ka’aguy”, apunta la lideresa (Desde hace 28 años hay presencia de sojeros en la zona. Eso es lo que más nos duele. Por lo menos queremos defender nuestros bosques, nuestras nacientes por las que tanto celamos. Hacemos las denuncias, pero no pasa nada. Nos vamos a la Fiscalía a contar lo que sabemos, lo que escuchamos, lo que sentimos. No vamos con rumores a la Fiscalía. No hay respuestas porque parecería que ellos se entienden con los sojeros, con los rolleros. El sojero y el rollero destruyen de la misma forma nuestros bosques).

Y esa defensa de los bosques no es solo de palabras. Mujer menuda pero valiente, Ña Tola hasta apeligra su integridad física al defender el hábitat donde vive, un regalo que no lo hace solo para los suyos, sino para toda la sociedad paraguaya. Ella incluso llegó a ser golpeada en un conflicto por una mensura judicial en otra comunidad indígena. Relata cómo le rompieron la cabeza en una ocasión, le robaron sus pertenencias y le causaron un gran perjuicio económico. “Ha upéa rogueraha Fiscalíape, ndojepenái lo mismonte avei. Ojehecha, ojekuaa mba’épa ojejapóva. Péa ojapóma ocho años. Pero siempre oĩ ore gente upépe”, agrega (Todo eso llevamos a la Fiscalía, igual no nos hicieron caso. Se vio, se sabe todo lo que ocurrió. Ese episodio fue hace 8 años. Igual tenemos gente allá), en el “Tekoha Guasu”, como llaman a la Reserva San Rafael.

Escuchar la historia de Ña Tola nos permite imaginar una situación, pero solamente visitando su comunidad Ypeti se puede dimensionar lo que ella cuenta. Ypeti se encuentra en el distrito Aba’i, a 80 Km de San Juan Nepomuceno, y en este caso, tiene título de propiedad sobre sus 1.526 hectáreas, donde viven 160 familias.

César Centurión, hijo de Ña Tola y comunicador de la Comunidad Ypeti de Caazapá, nos acompaña en un viaje de acercamiento a su realidad. Desde San Juan a Ypeti, dos horas de viaje en camioneta, suelo mojado por recientes lluvias, bastan para entender parte de esta historia. La soja está a ambos lados del camino, inundando todo el paisaje, sin ningún tipo de barrera de protección para el transeúnte, como exige la ley 3.742/09 “De control de productos fitosanitarios de uso agrícola” en su capítulo XV, artículo 71, inciso “c” (habla de contar con barreras vivas de protección de un ancho mínimo de cinco metros y altura mínima de dos metros, o bien, los cultivos deberán estar a al menos 50 metros de distancia del camino para la aplicación de plaguicidas).

Cada tanto se cruza con nosotros una camioneta. No hay vivienda. Prácticamente no hay árboles. Solo soja. En una parte del trayecto, pasamos frente a una comunidad campesina, después todo es igual, solo sojales.

Llegamos por fin a Ypeti y donde se inicia la comunidad indígena, comienza a verse de nuevo el bosque. No hay barrera de protección que divida la propiedad privada de los indígenas de las tierras privadas de la empresa agrícola, con lo que se verifica que ahí tampoco se cumple el inciso “a” del artículo 71, capítulo XV, de la citada ley 3.742/09. Una fumigación en la zona, claramente entraría a las precarias viviendas.

César habla en castellano, además de su guaraní nativo. Relata cómo se vive en días de fumigación. Dolor de cabeza es lo mínimo que les provoca, ya que la población adolece de enfermedades respiratorias a causa de esto y las llaman “resfrío”, una palabra con la que simplifican las afecciones pulmonares y reacciones alérgicas. Cuenta también que temen la contaminación del arroyo Ypeti, pero el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) no se ha ido a verificar la condición del cauce, a pesar de las denuncias. Tampoco el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), órgano de aplicación de la ley 3.742/09, ha tomado intervención de las transgresiones por parte de firmas sojeras.

No muy lejos de Ypeti aunque en otro departamento, la comunidad “Arasa Poty” sufre situaciones idénticas.

Marcelino Ferreira, comunicador de la Asociación de Comunidades Indígenas de Itapúa (ACIDI), vive en la comunidad “Arasa Poty” en el distrito Carlos Antonio López con 30 familias, donde él es el líder. Este distrito se encuentra a 188 kilómetros de Encarnación, la capital del departamento de Itapúa.

Don Marcelino cuenta que en el pasado, los indígenas vivían tranquilos. Ellos tenían todo lo que necesitaban, agua, comida, tierras, bosques. Hoy, la realidad es distinta.

“Del bosque sacábamos la comida, la medicina tradicional, remedio de cualquier tipo, era  nuestro supermercado. Antes vivíamos felices”, describe el comunicador. Lo acompaña Rodrigo Vera, también comunicador de la ACIDI y miembro de la comunidad “Paraiso”, distrito de Pirapó; va asintiendo mientras don Marcelito relata, como confirmando que eso mismo también sucede en su comunidad.

Relata que hace 15 años comenzaron a migrar las familias indígenas de su zona. Describe el éxodo hacia las ciudades, forzado por el avance de la soja. “Los extranjeros vienen y echan montes para plantar soja. La sequía e incendios complican aún más. Y no sabemos si los incendios son provocados, pero las propiedades de los alrededores se fueron quemando hasta hoy”, cuenta.

Explica que para subsistir, en su comunidad Arasa Poty se dedican a la agricultura de autoconsumo, como mandioca, maíz, poroto, batata. Pero la sequía del año 2020 fue muy agresiva y muchos perdieron sus cultivos. Incluso hay quienes no tuvieron más opción que trabajar para los brasileños ante “la seca”, como llaman al fenómeno climático, y la necesidad de acceder a alimentos.

En esta comunidad no tienen el problema de la invasión por parte de sus vecinos, pero hay otras comunidades indígenas que sí lo tienen, donde los sojeros ingresan a las tierras, sobre todo las que no poseen título de propiedad, revela don Marcelino. En su caso, tienen el documento sobre la propiedad de 230 Ha.

La ACIDI aglutina 24 comunidades Mbya Guaraní, que viven realidades similares. Y en esa comparación del pasado versus el presente, también comunicadores de la Asociación de Comunidades Indígenas Ava Guaraní de Alto Canindeyú (AAGAC) -que aglutina a las comunidades Arroyo Mokoi, Tatukue, Y’apo 3, Y’apo 1, Colonia Cerro Candia y San Juan-, aportan sus testimonios y coinciden en que con el paso del tiempo, todo su hábitat y la vida como la conocían, los perdieron. Ismael López y don Sindulfo Acosta viven en la comunidad “Arroyo Mokói” del distrito Ybyrarovaná de Canindeyú, donde habitan 43 familias en una propiedad de 1.986 hectáreas, con título de propiedad. Este distrito dista 86 kilómetros de la capital departamental que es Salto del Guairá.

Se dedican a la agricultura de autoconsumo pero antes, en los años 70, la realidad era diferente. “Antes teníamos todo lo que necesitábamos del bosque. La comida, remedios. Todo lo obteníamos naturalmente. El bosque era grande y no hacía falta dividir la comunidad. Estábamos en un grupo grande. Después se vendieron los bosques, dividieron las tierras y vinieron los perjuicios; la comida natural se terminó (caza, pesca, recolección) y tuvimos que comenzar a comprar la comida”, relata, describiendo cómo se vieron obligados a buscar su alimento de otra forma con la pérdida de sus territorios ancentrales.

La soja hoy está completamente alrededor de su comunidad, refiere. Califica de “veneno” que les perjudica. La producción mecanizada se desarrolla alrededor de sus tierras, contamina tierra y los dos arroyos que se encuentran dentro de la propiedad. Afecta a los recursos naturales en general.

Las fumigaciones perjudican las plantaciones y producen dolencias físicas, como reacciones alérgicas, tos y estornudo constante. Este testimonio es común entre las comunidades. Aunque no sea natural, penosamente se volvió parte de su realidad “normal”. A algunos indígenas que consumen el agua del arroyo les da otros tipos de afecciones, inclusive, según los testimonios.

“No podemos atajar la contaminación porque algunos demasiado cultivan el lugar, pero el perjuicio existe. Muchos de nuestros cultivos no crecen porque el veneno de la fumigación (de la soja) los secan”, ejemplifica.

Añade que presentaron denuncias pero nadie los escucha, ni  el Ministerio del Ambiente ni el Instituto Nacional del Indígena (INDI). ¿Habrá en Paraguay algún sector tan discriminado y desatendido por parte de los organismos competentes, como ocurre con las comunidades indígenas?, es la pregunta que nos hacemos. Al verse desamparados, algunos indígenas están trabajando para los brasileños para hacer ciertos mantenimientos en las fincas, porque en general allí se trabaja con tractores, cuenta don Sildulfo. “Algunos que tienen licencia de chofer conducen vehículos allí para poder mantenerse. Pero solo son algunos pocos”, acota.

Este año de pandemia, no es el coronavirus lo que perjudicó a las comunidades indígenas, sino principalmente la sequía y los incendios, que se sumaron a las secuelas y perjuicios de las plantaciones y fumigaciones de sojales. Ramón López, líder de la Comunidad Arroyo Mokói, y padre de Ismael López, llegó a presentar una denuncia fiscal en 2014 por tala ilegal por parte de obreros de una empresa dentro de la comunidad indígena. Pasaron seis años de eso y no tuvo ninguna repercusión.

Las plantaciones de soja se volvieron una amenaza para la naturaleza. Lo dijo una autoridad de la Iglesia Católica a fines de noviembre de 2020, en la homilía del segundo día del novenario de la Festividad de Caacupé. “Es un pecado que una planta tan nutritiva y valiosa como es y era la soja, se haya transformado en un peligro para la tierra, el agua, el aire, animales y hasta el mismo ser humano”, dijo el religioso, y de esto se hicieron eco varios medios de comunicación de alcance nacional.

Es lo mismo que vienen denunciando los indígenas, sin ser oídos, mientras protegen sus bosques, defendiéndolos incluso con sus vidas, porque la Justicia y el Estado paraguayo no están para defenderlos. En esto coinciden todos los testimonios recogidos.

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Fumigación y muerte: o cómo se desaparece una colonia mediante la inacción del Estado

Fumigación y muerte: o cómo se desaparece una colonia mediante la inacción del Estado

Rubén y su pareja Isabel se encontraban trabajando en la chacra cuando fueron alcanzados por agrotóxicos que se lanzaron desde una avioneta. Esa mañana, Rubén le había dicho a su madre, doña Hermenegilda Cáceres, que el veneno estaba muy fuerte y por eso abandonaron lo que estaban haciendo, cuenta la mujer en el documental “Rubén Portillo: la muerte de un campesino”, estrenado el 3 de diciembre del 2020, fecha en que se recuerda el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas.

La madre de Rubén y su familia siguen viviendo en Yeruti, colonia campesina habilitada por el entonces Instituto de Bienestar Rural -hoy Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)- en 1991. La colonia fue establecida sobre 1.225 hectáreas que fueron devueltas al Estado paraguayo por parte de Juan Emigdio Riveros, alto funcionario del Ministerio de Educación durante la dictadura de Stroessner, época en que se entregaban de manera ilegal tierras del Estado a altos mandos y afines al gobierno, detalla el Informe Agresiones al Derecho a la Alimentación, Situación en comunidades campesinas e indígenas. A pesar de habilitar la colonia, el Estado no brindó garantías para el desarrollo de la comunidad, dejándolos sin acceso a servicios básicos, asistencia técnica para el desarrollo, entre otros, explica el abogado Hugo Valiente, quien representó a la familia ante instancias internacionales.

De acuerdo a pobladoras de la zona, como Norma e Inocencia Portillo, hermana y prima de Rubén respectivamente, hasta el 2011 todavía eran muchas las familias que poblaban Colonia Yeruti, creen que allí vivían unas 400 personas. Hoy resisten no más que siete familias, asfixiadas por la expansión de monocultivos genéticamente modificados, negocio que tiene impacto directo en sus vidas.

La problemática de los monocultivos además se resiente cada vez más de manera global, con el cambio climático, dice Valiente, preocupado porque Paraguay existe aislado de las discusiones globales relacionadas, por ejemplo, al impacto que los modelos de producción actual tienen y tendrán en nuestras vidas.

“Los sojeros empezaron a entrar a la colonia mediante presiones y plata. Empezaron a comprar las derecheras o lotes de los campesinos -hecho que está prohibido por ley – destinados a la reforma agraria, que directamente se convertían en grandes extensiones de soja. Así esa comunidad que tenía alguna vez mucha población quedó diezmada y la mayoría de los lotes que antes estaban ocupados por familias campesinas, hoy día los acaparan los sojeros”, cuenta Valiente.

La muerte de Rubén y la intoxicación de una veintena de personas por efectos de los agrotóxicos, fue denunciada en ese momento por la propia directora del Hospital de Curuguaty, Dra. Angie Duarte, y mediante ello se inició una intervención del Ministerio de Salud, de la Secretaría del Ambiente (SEAM) y del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE). El informe de la SEAM -según reprodujo un periódico en esa época- señala que los establecimientos intervenidos en el marco de la investigación fueron Cóndor Agrícola S.A. y Hermanos Galhera Agrovalle del Sol S.A. De acuerdo con el documento, ninguna de los emprendimientos agrícolas contaba con licencia ambiental y en el primero había mala disposición de los envases de agroquímicos. Ninguno de los establecimientos tenía la franja antideriva reglamentaria ni tampoco los bosques de reserva requeridos en la ley.

Una persona que formó parte del equipo interventor y prefiere no revelar su identidad por miedo a represalias, comentó que cuando llegaron a la comunidad verificaron el agua de pozos y de un arroyo que estaba cerca. Exhibe una fotografía impresa que guarda de ese trabajo donde se puede apreciar el agua del arroyo con un color blanquecino pálido.

“Era soja y más soja sin barreras vivas, era soja por donde mirábamos. La casa de Rubén estaba rodeada de soja, nunca me voy a olvidar (…) el olor a veneno se sentía a leguas al entrar allí, entramos y el arroyito que está antes de la casa de Rubén tenía color blanquecino y se tomó muestra de eso. En ese entonces estaba vivo don Pablo Medina y él se fue a hacer seguimiento y justo frente al silo se estaba levantando vuelo para fumigar y está prohibido fumigar así nomás, tienen que haber las condiciones climáticas, la humedad, el viento….”, recuerda.

Valiente explica que en Paraguay las normas para mitigar el impacto de estas fumigaciones están muy bien delimitadas, la velocidad del viento, el nivel de humedad, etcétera. Sin embargo, nada se respeta. No hay voluntad política ni capacidad institucional, concluye. Norma Portillo, dice que esas mismas empresas y personas siguen operando en la zona, que nada ha cambiado a pesar de la enorme – y a veces solitaria – lucha que emprendió desde la muerte de su hermano.

La toma de muestras de agua fue clave, en el resultado aparecieron residuos de agroquímicos prohibidos, entre ellos Aldrín y Lindano, este último prohibido en Paraguay desde 1993 en todas sus formulaciones y usos por ser altamente tóxico; así como Endolsufan, cuya importación y uso fue prohibida gradualmente desde fines de 2010 hasta aproximadamente dos años después.

¿Cómo un plaguicida altamente tóxico prohibido desde la década de los 90’ estaba presente en el agua que utilizaban los miembros de la comunidad en 2011, casi veinte años después? Ni esta ni ninguna otra pregunta fue respondida por la investigación que la Unidad Especializada de Delitos Ambientales se vio obligada a iniciar ante las denuncias.

La Fiscalía no ordenó la autopsia del cuerpo de Rubén Villalba, no llamó a ninguna persona a declarar en la investigación, extravió el informe médico que contenía todas las historias clínicas de las personas que habían llegado al hospital de Curuguaty con síntomas de intoxicación y también los resultados de las pruebas del agua en la zona donde ocurrieron los hechos.

“La carpeta fiscal de Yeruti es un monumento a la impunidad y con certeza a la corrupción institucionalizada. La manera en que el fiscal del caso se dedicó a malograr pruebas fundamentales, es muy esclarecedor de la voluntad que tuvo el Ministerio Público de evitar que se esclarecieran los hechos y se establecieran responsabilidades”, afirma Valiente, quien considera que existen elementos suficientes para sospechar que el entonces fiscal Miguel Ángel Rojas, bajo motivaciones indebidas, podría haber incurrido en una negligencia deliberada que después le valdría a Paraguay una demanda y ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, puesto que aquí, no se hizo justicia.

En agosto de 2019, dicho comité dictaminó que el Estado paraguayo violó los derechos a la vida, a la inviolabilidad del domicilio y el derecho al acceso a un recurso judicial efectivo en el caso Rubén Portillo.

Abel Irala, abogado y miembro de la organización Base Investigaciones Sociales, que ha estudiado ampliamente el efecto de la soja en los derechos de las personas en el campo, señaló que hoy el problema que suponen los agrotóxicos traspasan las fronteras de lo rural. Quienes se ven afectados ya no son solamente las personas que están en sus chacras, sino la población urbana, que sufre los problemas ambientales y de salud derivados de la expansión del modelo de negocio que apuesta a la expansión del monocultivo.

A pesar de la condena que recibió el Estado paraguayo, a más de un año de la sentencia no se avanzó en el acuerdo de reparación, que supone hacer cumplir las leyes ambientales y de la tierra que ya existen, para evitar que casos como el de Rubén se repitan.

Actualmente la situación en la Colonia Yeruti sigue igual de difícil según cuenta Norma Portillo. Recientemente cerraron la escuela, a pesar de que aún hay niños en edad escolar, comenta. “Seguimos todo igual (…) ellos siempre siguen con su trabajo de fumigación, ellos hacen su fumigación sin compasión de nosotros. Todo sigue igual. A mí y estoy pidiendo que la justicia que no llega todavía, y estoy esperando hace muchísimo tiempo ya (…) Yo no tengo donde irme por eso sigo acá”, lamenta.

Menciona que si la respuesta del gobierno no llega pronto, y de conseguir los recursos, se juntarán entre familiares y llegarán hasta Asunción, distante a unos 300 kilómetros de Yerutí, para manifestarse y exigir que el Estado paraguayo cumpla con lo establecido por el Comité de DD.HH. de Naciones Unidas.

“Acordate de mi que no va a suceder eso más todavía viniendo de este señor que es descendiente de -nada más y nada menos- que un ex secretario de Stroessner, acordate de mí que jamás va a suceder. Lastimosamente tenemos que decir as, es un mita’i (niño) prepotente que se subió ahí, le digo mita’i porque no tiene madurez (…) por la forma en que se comporta y es terrible como esta manejando nuestro país”, sentencia Inocencia sobre la posibilidad de que el acuerdo de reparación avance durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, hijo de Mario Abdo Benítez, uno de los pilares de la dictadura militar de Alfredo Stroessner.

Para Valiente, lo que el Estado debe hacer no es nada extraordinario, sino hacer cumplir la ley del INDERT, para recuperar los lotes destinados a producción campesinas y las leyes ambientales, que, como citan más arriba, son claras, pero no se cumplen. “Estas personas sobre todo lo que están exigiendo es la recuperación de la colonia, ellos quieren volver a vivir en la colonia como se vivía antes, con vecinos y no rodeados de soja”, describe.

La muerte de Rubén Portillo de la Colonia Yeruti es un caso emblemático, por ser la primera vez que un organismo internacional condena a un estado en el mundo, por una cuestión ambiental vinculada a la expansión de cultivos genéticamente modificados y a las consecuencias ambientales y de derechos humanos que implican, dice.

La historia de Yeruti es dolor e impunidad, memoria y resistencia, es pasado, presente y futuro. Un futuro en el que, de seguir por esta senda, más personas podrán (podremos) correr con la suerte de Rubén, y más pueblos, desaparecerán (desapareceremos) como la Colonia Yeruti.

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Introducción

Introducción

Este dossier es una selección de sólo 20 casos, considerados representativos, a través de los cuales se pretende visibilizar las diversas situaciones que las comunidades deben afrontar día a día. Los reportajes fueron elaborados por un equipo periodístico seleccionado cuidadosamente por su compromiso con los derechos humanos y el medio ambiente.

El documento está dividido en tres columnas principales: asuntos forestales, donde se desarrollan las problemáticas de deforestación e incendios forestales; agronegocio, que abarca la fumigación de la soja y su impacto social y ambiental, las empresas y derechos humanos, así como la titulación y asuntos de la tierra. Por último, se habla sobre los derechos básicos universales, haciendo foco en el acceso al agua y su vínculo con la salud.

En la fase inicial se realizó un proceso de talleres con el objetivo de que las distintas organizaciones y asociaciones de la sociedad civil locales manifiesten, en primera voz, las distintas situaciones y problemáticas a las que se enfrentan sobre sus derechos humanos, cómo esto afecta al medio ambiente. Este proceso demostró, una vez más, como a lo largo de las últimas décadas, la deforestación se ha convertido en un elemento recurrente en lo que se refiere a violaciones a los derechos humanos. El factor común es que las víctimas principales son comunidades rurales, indígenas y campesinas de las regiones Oriental y Occidental del país, con diferentes matices.

Si bien son regiones diferentes en cuanto a biodiversidad, son parecidas en los problemas que acarrean los desmontes para las comunidades; como la pérdida de sus servicios ecosistémicos y la migración forzada a zonas urbanas. Los bosques nativos además sirven de hogar para la sobrevivencia socio-cultural y la subsistencia económica de varias comunidades indígenas.

Las actividades económicas ligadas a la agricultura y la ganadería requieren de muchas hectáreas para su crecimiento y se expanden con tanta fuerza en la región Oriental, que en 2004, con apenas 20% del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA) en pie, el Estado paraguayo se vio obligado a emitir una legislación para evitar la destrucción total de los bosques. Así nació la conocida “Ley de deforestación cero” promulgada ese mismo año y cuya última renovación se logró a finales de 2020, asegurando su vigencia hasta 2030.

El Bosque Atlántico del Alto Paraná es una ecorregión que forma parte de las 200 más importantes del mundo, identificada así por la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU). El BAAPA cubre 10 de los 14 departamentos de esta región y a pesar de normativas en contra, cada año, sigue siendo víctima de deforestación, fragmentación y degradación de los remanentes boscosos.

A pesar de la triste experiencia del BAAPA, el Gobierno paraguayo no aprendió la lección, y esta región tuvo que llegar a un punto de degradación extrema para que actuaran en su defensa. Ignorando este precedente, el Estado continúa sometiendo a ese mismo riesgo a otras regiones sensibles. En todos estos años no se previeron políticas públicas ambientales, sistemas de control y fiscalización eficientes ni la actualización de normativas ambientales que sean lo suficientemente efectivas para asegurar la conectividad de los ecosistemas, ni la restauración de ecosistemas degradados a nivel país. El Chaco-Pantanal es entre estos, el que mayor peligro corre.

En la Región Occidental, la expansión de la producción ganadera se ha convertido en la principal causa de la deforestación. Aunque en los últimos años también el agronegocio está extendiendo sus dominios en territorios chaqueños. Esta región forma parte del Gran Chaco Americano y el Pantanal, un amplio territorio compartido con Brasil, Bolivia y Argentina.

En 2019 se registraron varios focos de incendio en todo el Chaco, que afectaron a comunidades humanas asentadas históricamente en estas tierras que hoy se convierten en un hervidero, por las llamas y por el humo que impregna todo el ambiente. El gran Pantanal, que comparte territorio entre Brasil, Bolivia y Paraguay, también fue víctima de los fuegos. Solamente en este gran complejo ambiental se estima la pérdida de 768 mil hectáreas.

Los incendios forestales que se tuvieron a gran escala en 2019 y 2020 destruyeron comunidades enteras, tanto en zonas rurales como urbanas en todo el país, además de la evidente afectación a la flora y fauna local. A pesar de que el propio Ministerio del Ambiente habla de que el 99% de los incendios se da por intervención humana, también este delito queda absolutamente impune en el país. Una de las costumbres dentro de la práctica agrícola, por ejemplo, es la quema de pastizales dentro del trabajo de cambio de uso de suelo.

Si bien el principal problema con la pérdida de bosques en el país obedece al modelo de agronegocio actual, desde mediados de los años ‘90 un nuevo y violento actor entró a escena: el narcotráfico. Miles de hectáreas de bosques se perdieron en los últimos 10 años en plenas áreas protegidas del BAAPA por el cultivo de marihuana, un negocio manejado por narcotraficantes de frontera que hasta ahora no dejó ni una sola persona detenida por la destrucción de los bosques, pero sí mucho dinero para los financistas.

Este reporte también se enfoca en el derecho a la tierra. La lucha de comunidades indígenas, como los Yshir Ybytoso, un pueblo indígena que habita hace 500 años la zona de Bahía Negra, Alto Paraguay, pero que hoy encuentran que, a gran parte de sus cielos, sus tierras, ríos y bosques, le ponen un cerco con cartel de “propiedad privada”. Una situación que resulta difícil de comprender para quienes creen que el ambiente no pertenece a nadie, sino que es de todos y que, por lo tanto, lo cuidan como su hogar. A pesar de esto, los yshir se adecuan a los documentos y papeles que dictan los tiempos modernos, por lo que están luchando a través de ellos para conseguir que sus tierras ancestrales sean reconocidas y respetadas.

Estas problemáticas no se limitan a zonas rurales. Una comunidad enclavada en plena ciudad de Luque, a 14 kilómetros de Asunción, sufre desde hace tiempo lo que es vivir en una cloaca a cielo abierto por la contaminación que generan las curtiembres de la zona.

Las comunidades resisten, pese a todo. Luchan día a día por algo tan básico como el acceso al agua potable, un derecho humano universal violado en numerosos puntos del país como el Chaco, e incluso en el Pantanal, el humedal de agua dulce más grande del mundo.

El acceso al agua potable, la contaminación, la lucha por la tierra, la pérdida cultural que sufren las comunidades indígenas y el atropello a sus tierras con la deforestación, con el avance del agronegocio o la lenta muerte de las áreas protegidas, y en general, el abandono del Estado, son algunas de las situaciones que se presentan y que este material muestra con un relato detallado.

Se trata en varios de los casos, de historias de resistencia ante un sistema judicial ineficiente, que parece negar estos atropellos. Un poder legislativo que los ignora y un ejecutivo que no ha hecho más que falsas promesas. Muchos de los casos que podrán leer en este documento, pudieron solucionarse hace muchos años, pero en cada causa se podrá leer el patrón común: el desinterés de un Estado que los mantiene olvidados a su suerte.

Exponer los problemas e intentar encontrar soluciones para estos pueblos es lo que se pretende relatando cada uno de los casos, dar un alivio a aquellos valientes dirigentes que no descansan en su lucha, pero también a aquellos que no pueden más que pelear día tras día por respirar, por beber y por tener un plato de comida en su mesa.