Tras la Guerra de la Triple Alianza, que puso a Paraguay frente a Argentina, Brasil y Uruguay (1864-1870), el Estado paraguayo vendió gran parte del Chaco sin tener en cuenta a las comunidades indígenas que vivían en esos territorios. Un siglo después, tres comunidades originarias consiguieron que la justicia internacional reconozca que las tierras eran suyas. Aún hoy esperan que el Estado paraguayo cumpla con lo que había sentenciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Este material fue elaborado como resultado de talleres colaborativos iniciados en febrero del 2020 entre organizaciones de la sociedad civil para la elaboración del reporte “Empresas, Derechos Humanos y Medio Ambiente”, en el marco del tercer ciclo del Examen Periódico Universal de Paraguay. Posterior a la presentación del documento ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un equipo de periodistas escribieron los siguientes 20 artículos del dossier que visibilizan la relación entre las violaciones de Derechos Humanos con los derechos ambientales.
Las organizaciones que acompañaron el proceso de elaboración son: FAPI (Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas), Alter Vida, Grupo SUNU, Fundación Plurales, UCINY (Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Yshir), OMIG (Organización de Mujeres Indígenas Guaraní), Organización de Mujeres Artesanas Ayoreas 7 clanes, OMMI (Organización de Mujeres Mismo Indígena), PCI (Pro Comunidades Indígenas), Asociación Eco Pantanal, CDPI (Consejo de Pueblos Indígenas) y WWF-Paraguay.
Esta publicación fue posible gracias al apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda.
