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Informe sombra sobre los DDHH y su relación con el medio ambiente

Informe sombra sobre los DDHH y su relación con el medio ambiente

Las ONG abajo firmantes acogen con satisfacción la oportunidad que les brinda la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de presentar un informe de las partes interesadas para el tercer Examen Periódico Universal (EPU) de la República del Paraguay.

Debido a nuestros objetivos y misiones estatutarias, nos centramos en las cuestiones ambientales y el desarrollo sostenible en relación con los derechos humanos.

Expresamos nuestra sincera esperanza de que las conclusiones de este informe fomenten un diálogo abierto y constructivo, que conduzca a una pronta resolución de las deficiencias identificadas y a un mayor respeto, protección y aplicación de los derechos humanos por parte de todos los actores del Paraguay en favor de las generaciones presentes y futuras.

Recomendaciones anteriores del EPU

El Paraguay recibió varias recomendaciones relacionadas con cuestiones ambientales, indígenas y de desarrollo sostenible en el país en su anterior ciclo del EPU en 2016. En el anexo A del presente informe figura un panorama general.

Todas las recomendaciones, 102.26 (de Haití), 102.27 (Perú), 102.118 y 102.178 (Australia), 102.133 (Noruega), 102.177 y 102.182 (Líbano), 102.179 (Canadá), 102.181 (Alemania) y 102.186 (Egipto), fueron aceptadas y para todas estas recomendaciones, pero la 102.177, Paraguay declaró que “ya se han aplicado o están en proceso de aplicación”.

Lamentablemente, como se verá en el presente informe, estas recomendaciones no se aplicaron. Aunque se han establecido ciertas leyes y mecanismos, la falta de aplicación, control y cumplimiento da lugar a que los derechos humanos y ambientales sigan sin realizarse. Hacemos un llamamiento a los países que hicieron estas recomendaciones para que exijan un seguimiento correcto y, por lo tanto, les damos las gracias por adelantado.

Informe completo disponible para descarga aquí.
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Veneno que se hereda a los hijos

Veneno que se hereda a los hijos

Aviones agrícolas recorren hasta hoy en día los sojales que rodean la casa familiar en donde vivía Sofía, fumigando los cultivos. Ahora hay una barrera viva de yuyales, que es obligatorio por ley ambiental para alejar a las comunidades de los sojales y luego están las plantaciones, aunque ya es demasiado tarde. No solo hubo contaminación del aire mediante las fumigaciones con avionetas, sino también del pozo de donde la familia sacaba el agua para consumo. Sin darse cuenta, el veneno se iba acumulando de a poco en su cuerpo.

Sofía Talavera tenía en su sangre cantidades elevadas de glifosato y otros tipos de plaguicidas como fenol y carbamatos cuando, a los 16 años, dio a luz a Vidal Samuel Ocampo Talavera, en 2006. Tras semanas en incubadora y luego de meses de internación, el pequeño murió a los siete meses de edad por una hidrocefalia congénita producto de la exposición de la madre a estos agroquímicos. Su muerte sigue impune y probablemente quedará así, ya que la Fiscalía ni ninguna institución del Estado se interesa en actuar de oficio.

Además de la constante exposición, dos años antes de su embarazo el sojero Herman Schelender, manipulando una fumigadora, roció y contaminó una bolsa con carne y fideos que se usó para preparar un almuerzo que afectó a Sofía, a sus hermanos y a su madre Petrona Villasboa, según se comprobó en juicio. Fue lo que desencadenó una serie de tragedias familiares que luego de 17 años sigue afectando a sus hermanos, padres e hijo.

Sofía vivía con sus nueve hermanos en la compañía Pirapey, a 35 kilómetros del centro de Edelira y a 145 de Encarnación. En el lugar aún vive Petrona, mamá de Sofía y abuela de Vidal.

“Cuando nosotros sufrimos ese envenenamiento, acá a quince metros de mi casa ellos echaron el veneno cuando había viento fuerte. Y ahí rociaron todo en nuestra casa, todo”, cuenta la abuela, quien decidió no callar y enfrentarse a los sojeros y a las transnacionales.

Es que la muerte del pequeño Vidal fue la segunda tragedia de la familia, pues en el 2003, tres años antes, Silvino Talavera, hermano de Sofía, falleció cuando tenía 11 años de edad por intoxicación con agroquímicos. El niño fue empapado con plaguicida cuando llegaba a su casa con una bolsa con la carne y los fideos que Petrona utilizó para preparar una comida y que terminó por intoxicar y enviar a internación a casi toda la familia. El niño venía de hacer compras y recibió en todo su cuerpo el veneno de la fumigadora. En un principio la familia no dimensionó las consecuencias de la imprudencia criminal de los empresarios de la soja.

El Estado no actuó con diligencia. Doña Petrona denunció, se manifestó e insistió en la Fiscalía para que se abra una investigación. Lo hizo por su hijo. Y en la muerte de su nieto respeta la decisión de su hija de no lidiar con la dilación y la burocracia del servicio de justicia y con los amedrentamientos de los empresarios y sojeros.

Cuando la familia comenzó a sentir los estragos de la contaminación, en 2003, varios de sus integrantes se hicieron pruebas de sangre y Sofía dio positivo a varios tipos de agroquímicos, recuerda doña Petrona. A pesar de que todos quedaron hospitalizados y Silvino estaba grave, otro sojero, Alfredo Laustenlager, volvió a fumigar sus cultivos de soja a escasos 15 metros de la casa de la familia Talavera.

“Hicimos el análisis a tres de mis hijos y mi hija tenía tres clases de veneno en su sangre. Nos fuimos a hacer en la ex-Lacimet, pero no a toda la familia porque son (pruebas) muy caras. Pero sabemos que todos tenemos veneno en nuestra sangre”, cuenta Petrona.

Como Sofía sabía que fue expuesta a plaguicidas, durante su embarazo tomó recaudos y siguió tratamientos médicos. De igual forma, no sorprendió cuando los médicos le indicaron que el feto tenía complicaciones.

“La criatura nació por cesárea. Entró en incubadora por cuatro días y después, durante dos semanas, lloraba y lloraba desesperado mientras le crecía su cabecita”, recuerda. Si bien la hidrocefalia puede ser por predisposición genética, también es ocasionada por influencias ambientales durante el desarrollo del feto, como el caso de la exposición a plaguicidas.

El pequeño estuvo internado varios meses en el Hospital Materno Infantil de San Lorenzo y se sometió a dos operaciones en las que los médicos intentaron tratar la acumulación excesiva del líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo. Fue en vano. Murió el 11 de septiembre de 2006. “Tenía mucha presión alta. No iba a vivir luego”, acota.

La muerte de su primer hijo no fue lo único que sufrió Sofía Talavera. Quedó con secuelas de la intoxicación y tuvo que seguir un régimen de fertilidad para poder concebir otra vez. En el 2019 dio a luz. El hermano de Vidal tiene en su sangre rastros de los plaguicidas y el bebé sigue un tratamiento médico que busca garantizarle una mejor calidad de vida.

Y si bien la muerte de Vidal Samuel quedó impune, la de su tío, Silvino, es el primer caso con condena por una muerte asociada al uso de agroquímicos. Petrona denunció y se mantuvo firme en su lucha para pedir justicia por su hijo. Cuando parecía que los responsables iban a ser castigados, la tragedia de su nieto volvió a enlutar a la familia.

Nueve meses antes del nacimiento de Vidal, en julio de 2005, los sojeros Schelender y Laustenlager fueron condenados a dos años de prisión -pena excarcelable- acusados de “utilizar en forma desproporcionada agrotóxicos en cultivos de soja” según el Tribunal, lo que ocasionó la muerte del niño Silvino Talavera. También fueron condenados a pagar una indemnización de G. 50 millones. Sin embargo, nunca pisaron la cárcel y tampoco fueron procesados por la muerte del hijo de Sofía.

El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) es el órgano encargado de autorizar y controlar la comercialización y uso de fertilizantes, insecticidas, herbicidas y otros productos afines, de acuerdo a la Ley Nº 3742/08.

La normativa establece en los casos de pulverización aérea la obligatoriedad de una franja de protección de 200 metros entre la zona de fumigación y todo establecimiento humano. En el rociado terrestre debe ser de 100 metros, de acuerdo a los artículos 70 y 71.

También es una obligación que antes de la fumigación se haga una inspección de la zona para comprobar que no haya personas, animales o cursos de que puedan ser afectados. La ley hasta contempla sanciones y multas para los infractores.

Petrona y todos en Edelira saben que en la práctica estas disposiciones poco se cumplen. Sus vecinos sojeros se adecuaron a las normativas después de que los llevó ante la Justicia. La contaminación sigue siendo constante y si no hay denuncias, el SENAVE ni el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) toman cartas en el asunto, lamentó.

“Yo conozco muchas criaturas que salieron así, con hidrocefalia o que no tienen pierna. Hay muchas criaturas que nacen con malformaciones y es por el veneno de los sojeros. Pero las familias no hablan porque tienen miedo. Yo, por ejemplo, no tengo miedo de los dueños de los cultivos, de las empresas transnacionales y eso que hasta ahora sufro amenazas de muerte. Igual nomás yo no tengo miedo para hablar y denunciar las cosas”, dice enfáticamente doña Petrona.

Y es que los casos de Vidal Samuel  y de su tío Silvino no son aislados. La docente y pediatra del Hospital Regional de Encarnación, Stela Benítez Leite, se percató de un aumento de los nacimientos de niños con deformaciones congénitas en este hospital público, cabecera del departamento de Itapúa. Se abocó a estudiar las posibles causas y confirmó una conexión de las patologías con los plaguicidas.

El 34,61% de los niños nacidos en el Hospital de Itapúa con malformaciones congénitas entre marzo de 2006 y febrero de 2007 eran hijos de madres que vivían a menos de un kilómetro de los campos fumigados. Son datos de la investigación liderada por Benítez Leita que concluyó que vivir cerca de campos fumigados representó en ese periodo dos veces más riesgo de tener hijos con malformaciones, comparado con aquellas mujeres que no vivían cerca. El paper se publicó en agosto de 2009 en una Revista Chilena de Pediatría.

Igualmente, la investigación de Stela Benítez no se limitó a Encarnación e Itapúa, ya que encabezó otros estudios relacionados al tema. Uno publicado en 2017 reveló daño genético en niños expuestos a agroquímicos. En este último trabajo se detectó daño en el material genético analizado de 43 niños de una población rodeada por cultivos de soja, en Canindeyú, que se comparó con el de 41 chicos de una comunidad que no estaba expuesta a plaguicidas ni cerca de campos de monocultivo.

Las malformaciones congénitas también pueden tener otros perjuicios y no solo son en el campo de la salud. Por ejemplo, se estima que los niños y adolescentes con estas patologías podrían tener dificultades escolares. En esa línea, los estudios sobre las consecuencias de los agroquímicos en áreas de monocultivo continúan en Paraguay.

En Alto Paraná un equipo de docentes investigadores analiza la relación entre problemas de aprendizajes con las malformaciones congénitas asociadas al uso de plaguicidas, trabajo que se publicaría pronto.

Cada nueva investigación que sale a la luz confirma y reconfirma que las muertes y enfermedades no son accidentes. Vidal y Silvino murieron por la avaricia de productores que se niegan a adecuarse a las normativas sobre el uso de plaguicidas y por vivir en un país en el cual el Estado no garantiza los derechos de su gente, no impone multas ni muestra un mínimo interés en el resguardo de la población.

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El arroz que mata a un río

El arroz que mata a un río

El dorado y el surubí, las piezas de oro para todo pescador de agua dulce, ya no se encuentran en este río, porque la fauna ictícola de la Cuenca del Tebicuary está siendo destruida. Una de las principales causas es la extracción de agua para arrozales. Ahora las especies que se suelen sacar son mbatás o bogas, especies pequeñas, y éstas también ya empiezan a escasear.

Los pescadores de la zona de influencia no pierden la esperanza de que tras la veda pesquera del 2020 puedan aumentar su promedio de piezas. Pero el nivel del agua es tan bajo que son conscientes que el pique no se comparará a años anteriores, cuenta Matilde Ferreira, presidente de la Asociación de Pescadores de Yuty, que aglutina a  63 pescadores formales.

Sus ingresos fueron decayendo inversamente al crecimiento de las arroceras. Hace 10 años sacaban entre G. 1.500.000 a G. 2.000.000 a la semana; hace como cinco años, la suma ya caía a G. 400.000 y este año, apenas llegaron a los G. 100.000 semanal, monto que no les alcanza para el sustento diario.

“La extracción de los arroceros elimina la cría de peces. Cada vez hay más arrozales y menos peces en el río Tebicuary. Con suerte sacamos 20 a 30 kilos por semana. Esperamos que en octubre del próximo año aumente el nivel del agua y los peces suban desde el río Paraguay”, indica Ferreira al momento de acotar que una década  atrás llegaban a sacar hasta 150 kilos.

Si bien la sequía incide en la cantidad de peces, como también la violación de la veda pesquera o la aparición de más pescadores de otros ríos que acuden al Tebicuary y a Yuty, éstos no son los únicos y más preocupantes factores. El constante bombeo de agua para el riego de arroceras en la zona contribuye a un bajo nivel del río y también daña la fauna silvestre del Tebicuary y toda su cuenca, sostiene el Ing. Rober Monte Domec, docente investigador de hidrología en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y en la Universidad Católica (UCA).

El profesional en medio ambiente y planificación y gestión de recursos hídricos recalca que es insostenible extraer agua sin criterio ambiental. Para la producción de arroz previamente se tiene que caracterizar la cuenca y medir los caudales de donde se pretende obtener el agua, la extracción debe ser en función al comportamiento del río. “Si está en periodo de bajante hay que reducir el bombeo, pues el río debe mantener un caudal ecológico, un caudal ambiental, que es una cantidad mínima para mantener la vida, para que se mantengan los peces en el agua”, detalla.

Tras años de uso indiscriminado del río, la vida silvestre fue afectada, golpeando también a los pescadores que dependen del Tebicuary y de toda la cuenca. “No vamos a poder recuperar el daño ambiental ni en 10 años”, enfatiza Gustavo Barboza, poblador de Yuty e impulsor del primer Consejo de Agua, específicamente de la Cuenca Alta del Tebicuary.

Como resultado de una década de lucha social de pescadores, pobladores y ecologistas de Caazapá con denuncias, solicitud de intervenciones a instituciones públicas, organización de mesas de diálogo y hasta manifestaciones, en 2014 consiguieron que la entonces Secretaría del Ambiente (SEAM) – hoy Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) – establezca reglamentaciones y regulaciones para las arroceras. En papeles, se limitó la cantidad de agua de bombero, dependiendo de la llanura del río, factores estacionales, del periodo de aguas medias, bajas y altas, y también se exige que las arroceras cuenten con tajamares y otros reservorios de agua, explica Monte Domec.

El MADES estima que las arroceras necesitan 10.000 metros cúbicos de agua por hectárea al año, distribuidos en seis meses en diferentes proporciones. Asimismo, de acuerdo a datos oficiales, hay unas 86.000 hectáreas de cultivos de arroz en el área de influencia de esta Cuenca, integrada por las cuencas alta, media y baja del río Tebicuary y de las subcuencas del río Tebicuarymí, río Pirapó, arroyo Mbuyapey y arroyo Yaquary.

La cantidad de agua bombeada de forma escalonada la declaran los propios arroceros. A pesar de estas nuevas regulaciones, la extracción irregular continúa y el control de las instituciones encargadas de velar por el agua es pobre y no detiene la práctica. El Consejo de Agua llegó a contabilizar en 2018 unos 32 arrozales en las márgenes de ambos ríos y la cantidad actualmente es mucho mayor, según indicó Barboza.

“Los arroceros tienen que tener reservorios de agua suficientes para utilizar en época de sequía. Con la SEAM se estableció una regla en el nivel del río y por debajo de ella se pone en alerta. Hay un volumen único de agua que no se puede pasar”, detalla.

La regla en cuestión se puede observar en esta época del año totalmente descubierta, debajo del puente que conecta la comunidad de Yuty con el municipio de Fulgencio Yegros, por debajo del nivel “0”. En Yuty, el cese del bombeo se ordena cuando el caudal del río baja a 15 metros cúbicos por segundo, lo que representan alrededor de 55 centímetros del nivel, de acuerdo al “Informe Cuenca del Río Tebicuary” del MADES.

La regla no se respeta y el problema es que resulta difícil comprobar el incumplimiento de las medidas de mitigación. Se necesitan de embarcaciones para moverse por los cauces hídricos y constatar el bombeo. Los pescadores, quienes se adentran por los ríos, son los que mayormente detectan la extracción irregular de agua.

“Nosotros denunciamos, pero no podemos hacer más nada. Acá con los empresarios es demasiado difícil. Las autoridades no hacen nada. Nosotros los pescadores tampoco podemos ir de pesca demasiado dentro del río. Yo tengo una embarcación con un motorcito pequeño y apenas puedo avanzar con el nivel tan bajo del agua”, cuenta también Matilde Ferreira.

Cada vez que pescadores y pobladores constatan que las arroceras están bombeando con el caudal de agua debajo de la regla, se denuncia el daño ambiental a la Fiscalía del Medio Ambiente y al MADES. Al momento que llega una comitiva, las bombas ya están paradas y en la mayoría de los casos las verificaciones no conducen a nada y el Ministerio Público tampoco llega a procesar a los responsables.

Si bien el MADES cuenta con estaciones, sensores y radares para detectar bombeos irregulares, solamente se entera oficialmente cuando hay una denuncia formal. Un claro ejemplo ocurrió a principios de noviembre de 2020, cuando el fiscal del Medio Ambiente de Villarrica, Erico Ávalos, dispuso el cese del bombero de una arrocera en la localidad de Iturbe, a orillas del Tebicuarymí, parte de la Cuenca del Tebicuary. La denuncia la presentó el intendente Darío Cabral y pudo ser fundamentada ya que funcionarios municipales se adentraron al río y tomaron fotografías y grabaron videos.

Asimismo, Barboza recuerda otras denuncias fructíferas. Por ejemplo, en 2013 los productores Martín Lukac de Itapúa y Pablo Arrúa del distrito de Yuty, abrieron un canal y desviaron agua del Tebicuary a sus cultivos de arroz. El canal fue evidencia suficiente, aunque recién se intervino y se cerró cuando el caso tomó estado público a través de los medios de prensa.

Otro detalle de la reglamentación es que el MADES se comprometió a rechazar permisos para nuevos cultivos de arroz en zona de influencia de la cuenca del Tebicuary, ya que el uso racional está calculado con la cantidad actual de hectáreas cultivadas. “Nadie podía instalarse más a orillas del Tebicuary y del Pirapó. Pero se siguieron expidiendo licencias. El MADES conoce perfectamente la situación y no hace nada para evitar el colapso del río”, añade.

“Actualmente hay arroceros que están escarbando el lecho para tomar una remansada, un lugar profundo donde el agua hace remolinos, para bombear. Están cavando en lugares donde estiran el agua porque ya ni a ellos les alcanza su bomba debido al nivel crítico del Tebicuary”, explica también Gustavo Barboza.

Además, los arrozales se están expandiendo río abajo, hacia sus brazos y hacia sus afluentes, como en Villa Florida, departamento de Misiones, al igual que hacia el Tebicuarymí, en el departamento de Guairá, incluso hacia el río Paraguay, denunció.

Y en medio de la sequía que hubo en 2020, el caudal del río Tebicuary seguía descendiendo. En septiembre el promedio del nivel del río Tebicuary en Yutý fue de 9,85 centímetros sobre el nivel de referencia, de acuerdo a datos de la Dirección de Hidrología. En octubre bajó a 4,6 cm y en la primera quincena de noviembre, el promedio cayó a -3,75 centímetros. A mediados de diciembre el nivel subió a 0,04 centímetros y tras las lluvias de enero el nivel pudo repuntar a los 3 metros, según el reporte actualizado al 10 de febrero.

Los pescadores y activistas de los consejos de agua y hasta autoridades municipales y departamentales exigen al MADES las verificaciones, la protección del río, multas para los infractores, como también piden a la Fiscalía y a la Justicia sanciones penales para los responsables.

La Ley N° 3239/07 establece que la gestión de los recursos hídricos debe darse en el marco del desarrollo sustentable y prohíbe su uso agrícola sin la concesión del Ministerio del Ambiente. En tanto que a Ley N° 5146/14 y su reglamentación – el decreto N° 2598/14 – faculta al MADES a aplicar multas y otras sanciones por utilizar aguas del dominio público en cantidades mayores a las autorizadas, provocar daño a los cauces hídricos o al ecosistema, y causar o contribuir a la alteración del suministro de agua a la población.

La Dirección de Asesoría Jurídica del MADES informó que siete arroceras fueron amonestadas y sancionadas en el 2020 y enero de 2021. Tras un sumario se corroboró que violaron las regulaciones en explotaciones, proyectos, sistema de riego y cultivo de arroz; como también un caso denunciado fue sobreseído por falta de pruebas. Rainer María Bendlin Beyersdorff y la empresa Cimexpar SA en Caapucú (Paraguarí); Oscar Daniel Rolin (Establecimiento San Florencio SA) en  San Juan Bautista (Misiones) y Fulvio César Franco en Santa Rosa del Aguaray (San Pedro) fueron amonestados. En tanto que fueron multados Luis Komarek en el distrito de Yabebyry (Misiones) con 1.500 jornales mínimos  (G. 126.510.000), la Agroganadera Santiago SA con 800 jornales (G. 67.472.000) y María Martis Martino de Corrales (Agroforestal Caapucumí SA) en la localidad de San Ignacio (Misiones) con 500 jornales (G. 42.170.000).

Los que dependen de la pesca para subsistir esperan que los peces del río Paraguay suban por el Tebicuary en el 2021, pero no lo harán si el nivel vuelve a bajar en los próximos meses y si las arroceras no se adecuan a las medidas ecológicas que buscan un equilibrio entre la producción de alimentos y la preservación del medio ambiente, enfatiza finalmente el pescador Matilde Ferreira.

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Cuarentena sin agua y sin dinero

Cuarentena sin agua y sin dinero

Ocho meses después de esos terribles momentos, Aquino habla aliviado por las lluvias que cayeron en el último mes de ese año y dieron un respiro a la calamitosa falta de agua. “Hace tiempo que esperamos a las autoridades para hacer la excavación de un pozo, de manera a tener agua segura para la comunidad. Yo escuché de un programa de Acueducto aquí en el Chaco Central, pero finalmente sólo llegó a las zonas urbanas de Filadelfia, y salieron a decir que habían llegado a los pueblos indígenas, pero no fue verdad”, reclama el líder de Campo Loro.

El mismo indica que la gobernación de Boquerón distribuye agua en los municipios de Mariscal, Loma Plata, Neuland y Filadelfia, pero no a las comunidades indígenas, por lo que siguen buscando una salida al problema del agua, que suelen solucionar pidiendo ayuda a la Municipalidad o la Gobernación, y en algunos casos ayudan y en otros, no. “Nuestra comunidad crece y nuestras necesidades también”, expresa, detallando que por el alto número de familias en la comunidad, ésta es la más afectada.

Aquino llegó a enfrentar a los funcionarios técnicos de la comuna, indicándoles que para los animales que se crían en esta zona eminentemente ganadera, copada en su mayoría por productores de colonias menonitas, no falta comida. El ganado tiene suficiente pastura y agua, y si se enferman son atendidos por los veterinarios, a diferencia de ellos, que sufren de falta de comida, de agua y de atención médica, a lo que los asesores solo respondieron con miradas entre ellos.

“Nos instalaron acá una bomba para que la gente pueda tomar agua de los tajamares, pero la gente no quiere tomar eso porque esos tajamares son muy viejos y el agua no es agua potable”, reclamaba Aquino al inicio de la cuarentena a través de la organización Iniciativa “Amotocodie”.

Las políticas de subsidios del Gobierno Nacional tampoco llegaron a la comunidad, según detalla. “Acá en nuestra zona hay muchas dificultades para recibir a algunos pagos,  porque (el subsidio) Tekopora siempre pagaba el Banco Nacional de Fomento (BNF). El BNF siempre trajo dinero para pagar a los beneficiarios, pero la última vez ellos le dieron al Correo Paraguayo y el correo hizo más desastre que el BNF. Un ejemplo que puedo contar, porque pasó en mi familia, es que una de mis hijas siempre cobró Tekopora cuando trajo el BNF, pero cuando el Correo Paraguayo llegó, le dijeron que no va a cobrar, porque ella trabaja en la municipalidad de Filadelfia y tiene un salario de 900.000 guaraníes. No le pagaron. ¿De dónde sale que ella gana ese dinero en la municipalidad?”, cuestiona.

La cuarentena golpeó duramente la economía de la comunidad al no haber más disponibles trabajos temporales que dan los colonos menonitas a los indígenas en las estancias, y los reclamos a las autoridades no se hicieron oír, en palabras de Aquino, por el desprecio que les tienen a los indígenas.

La dependencia exclusiva de la lluvia

Mateo Sobode Chiqueno es uno de los fundadores de Campo Loro hace más de 40 años, y recuerda que el primer año intentaron construir ellos mismos un pozo de agua, pero que no lograron hacer efectivo el sueño del agua propia por la falta de herramientas acordes y equipos adecuados.

Relata que la fundación de la comunidad se dio con la iglesia evangélica estadounidense Misión Nuevas Tribus, y que en la actualidad, de dicho grupo, solamente quedó dentro de la comunidad Campo Loro una familia norteamericana ocupando una casa con otros indígenas de la etnia Yshir (etnia de la misma familia lingüística que los Ayoreo, el Zamuco).

Mateo es miembro del Consejo de Campo Loro, y subraya que necesitan ayuda para poder construir un pozo con los elementos que garanticen el agua potable para todas las familias. Se muestra molesto porque las autoridades locales se llenan la boca diciendo que ayudan a los indígenas, pero que no dicen qué comunidad es la que recibe ayuda, porque ellos, que también son indígenas,no reciben hasta ahora una solución real a sus problemas, comenta.

“El agua es buena por acá, hay un lugar donde se puede realizar el pozo, pero no tenemos los recursos ni el apoyo real de las instituciones… Acá hay un tanque grande que puso el Gobierno Nacional hace más de 30 años, y está ahí sin ser utilizado, porque no tenemos cómo cargar”, explicó.

Contó que en el 2018 se culminó la construcción de unas 96 viviendas sociales de la entonces Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) -hoy Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat-, cuyo proyecto incluía la construcción de aljibes para cada casa, pero que estos aljibes son muy pequeños (5 mil litros cada uno) y algunos ya se rompieron.

El reclamo sobre los aljibes se debe a que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo estimado de agua por persona al día debe ser de unos 100 litros. Según la organización Pacto Global en Paraguay, en el departamento Central, el consumo promedio es de entre 150 y 200 litros al día, pero en el Chaco esta cifra baja a 60 litros por día entre consumo y la higiene personal y del hogar.

Ronald Picanerai, docente y actualmente supervisor de las escuelas indígenas ayoreas de la zona, cuenta que se mudó a vivir a Campo Loro en el año 2017, tras abandonar la comunidad de Tunucojnai debido a la falta de energía eléctrica y otras situaciones precarias. “Los primeros años que nos mudamos en el 2017 tuvimos agua suficiente pero después de la larga sequía de este año (2020) tuvimos una difícil situación. La gente tenía que pedir ayuda a la gobernación y la municipalidad, que acarreaban agua de aljibes comunitarios, pero si no, teníamos que comprar agua de las comunidades vecinas, que tienen aljibes de 30 mil litros o más”, explica.

Detalla que la sequía en el 2020 duró nueve meses y que recién a fin de año, en diciembre, se dieron lluvias importantes que lograron cargar algo los aljibes de la comunidad y los tajamares, pero que antes la situación era desesperante. Sobre todo en medio de la pandemia, cuando varios indígenas dieron positivo y algunos  murieron.

“En los últimos meses, antes de que lleguen las lluvias, la gente estaba muy preocupada, pensando en cómo iba a traer agua, porque es muy peligroso también buscar agua de las estancias vecinas, porque hay algunos patrones que no dejan entrar en su campo”, detalló.

Dijo que finalmente, gracias a la gestión del líder y el Consejo, lograron que la Municipalidad de Filadelfia, la Gobernación de Boquerón y hasta la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) consiguieran camiones cisternas que acarrearon agua de las comunidades vecinas hasta Campo Loro.

Ronald señala que en algún momento llegaron funcionarios de una institución que realizó un relevamiento de los aljibes de las casas de Senavitat que se encontraban rotos, y que prometieron volver para las reparaciones, pero que a la fecha no han vuelto.

Entre los documentos que guardan relación con este proyecto, se encuentra la Declaración DGCCARN Nº 1112/2016, donde la entonces Secretaría del Ambiente (SEAM) – hoy Ministerio del Ambiente – aprobaba el estudio de Impacto Ambiental para la obra y en la misma señala que la superficie intervenida es de 228 viviendas rurales con dos dormitorios de 41,25 m2 cada uno, correspondientes a 9.405 m2.

Sin embargo, la Resolución Nº1.788 del 2017 de la Senavitat, donde se aprueba el número de beneficiarios, señala que el número total de viviendas sería de 96, lo cual da una diferencia de 132 viviendas menos que el documento anterior. El mismo documento autoriza el desembolso a la empresa Arquitectónica SRL, responsable del trabajo, detallando que el monto total a ser abonado por la institución es de G. 5.901.609.740, y el aporte de los beneficiarios (los indígenas), de G. 310.611.039 (ya que varios programas de viviendas de la cartera de Estado prevé un aporte Estatal más contrapartida de la familia beneficiaria).

En búsqueda de una salida sostenible

Tanto Aquino como Mateo manifiestan que hasta diciembre no han tenido ninguna propuesta concreta de solución al problema de suministro de agua potable para las casi mil personas que componen la comunidad de Campo Loro.

Indicaron que fueron a golpear muchas puertas de instituciones públicas, y que solamente escucharon sus problemas, sin dar respuesta alguna a la cuestión de fondo, que es la necesidad de un pozo que suministre permanentemente agua potable.

Pero el problema de la necesidad de agua potable es un denominador común para las poblaciones del Chaco paraguayo, y en este sentido, existen ya varios estudios realizados, como por ejemplo el publicado por el Centro Paraguayo de Ingenieros (CPI) de la consultoría hecha en el 2003 por los ingenieros Guido Duarte, Silvano Frutos, José Ortíz Guerrero y el doctor Juan H. Palmieri, denominado “Estudio de Alternativas de Abastecimiento de Agua para el Chaco Central“, financiado por el BID y la Secretaría Técnica de Planificación (STP).

El trabajo incluye a la comunidad de Campo Loro, en el desarrollo del Acueducto Rio Paraguay – Chaco Central, como uno de los objetivos a largo plazo. “El acueducto es una obra trascendental, que apunta a satisfacer de agua potable a toda la región del Chaco Central, y a largo plazo deberá desarrollarse en todo su potencial, extendiéndose mediante la construcción de los ramales a Lolita, Mcal. Estigarribia y Campo Loro, integrándose con los sistemas existentes”, señala el estudio.

El 13 de noviembre de 2020, se presentó el anteproyecto del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT) de Filadelfia a la mesa conformada por distintos sectores de la sociedad, entre ellos dirigentes de los barrios latinos (paraguayos), de las aldeas y barrio Centro de los Descendientes europeos, líderes de las comunidades indígenas, además de organizaciones de la sociedad civil, PCI, ASEC, Cruz Roja, Cooperación Vecinal Fernheim y representante de la Cooperativa.

Este emprendimiento es impulsado por la Municipalidad de Filadelfia y cuenta con el apoyo de la “Alianza para el Desarrollo” con fondos de la USAID, administrados por la WWF y cuenta con un equipo técnico de un Consorcio Geam, Alter Vida y Mingara. La elaboración del proyecto tuvo un costo de USD 140.000.

Mingara es la organización que llevó adelante talleres de diagnóstico con las comunidades indígenas, y en lo que refiere a Campo Loro, la misma se realizó el 19 de febrero de 2020, y como primer punto de los problemas señalados, figura el agua.

Julio Rodas, de la organización Mingara, manifiesta que no tiene conocimiento de un proyecto puntual o detallado que plantee la solución definitiva al problema del agua potable en la comunidad de Campo Loro.

“El Plan de ordenamiento no tiene jurisdicción sobre las tierras indígenas, porque ellos se rigen por el Estatuto Indígena… lo que se incluyó es que alrededor de las comunidades indígenas haya un área de protección y no se practiquen cultivos con uso de agrotóxicos, por ejemplo”, explica Rodas.

Indica que existen varias opciones que se manejan ante la problemática del agua en la zona del Chaco Central, como un reservorio grande de agua, aljibes más grandes, y los pozos someros, donde se filtra el agua.

“Todas estas soluciones son complementarias, porque también necesitan para cultivos, animales y subsistencia, no hay un sistema que solucione todos los problemas… Las cañerías del Acueducto se supone que van a llegar en algún momento… La primera fase va de Puerto Casado hasta Loma Plata, otra segunda que va de Loma Plata a Filadelfia y Neuland, y otro ramal que va por Teniente Irala Fernández hasta Lolita, y ahora hay una tercera etapa que se van a construir redes internas en las comunidades, y una cuarta etapa de las cañerías que van a subir de Filadelfia hasta Mariscal Estigarribia, donde también hay varias comunidades indígenas en el camino”, detalla, pero aclara que Campo Loro no se encuentra entre estas.

Mientras los técnicos y los indígenas señalan que no tienen conocimiento de un proyecto puntual para Campo Loro sobre su problema de agua potable, la Fundación Aquae publicó en noviembre de 2020 que el Premio al Mejor Trabajo Fin de Máster, valorado en 2.500 euros, lo ha recibido Loisa Lariño Mora, de la Universidad de Santiago de Compostela, en España, por su trabajo “Desarrollo de una Comunidad Sostenible en la comunidad ayoreo de Campo Loro: diseño de un sistema fotovoltaico de bombeo y tratamiento de agua como parte de una Acción de Buena Voluntad”.

Tanto indígenas de Campo Loro como los técnicos de las distintas organizaciones locales no están al tanto del citado trabajo ni del premio otorgado por la citada Fundación. En conclusión, pese a los estudios preliminares y la identificación plena por parte de los organismos del Estado de un problema de acceso al agua de una numerosa comunidad indígena, no hay indicios mínimos de que este problema será abordado como corresponde para ser solucionado, por lo tanto, el derecho del acceso al vital líquido sigue sin tener respuesta.

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Pandemia en Paraguay: un dilema en torno al acceso al agua

Pandemia en Paraguay: enfermar o no enfermar, un dilema en torno al acceso al agua

Tanto en Facebook, Twitter e Instagram, personas de distintos barrios de Asunción y Gran Asunción, relataban su situación y en la mayoría de los casos, adjuntaban fotografías y videos como prueba de la falta de agua potable. Las críticas disparadas contra la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP), que es una corporación estatal, fueron contundentes, porque no era un problema nuevo, sino que se trataba, de acuerdo con los relatos, de un drama de larga data que empeoró apenas comenzó la pandemia, aumentando el riesgo de enfermar de la gente.

En las denuncias había puntos en común, entre ellos, resaltaba que la falta de agua no era algo puntual de una manzana, un barrio o zona, y tampoco era cuestión de eventos aislados. Susana Sartorio, que vive en la capital del país, señaló que en su caso el problema de falta de agua venía desde hacía al menos tres meses, que el agua se cortaba durante al menos ocho horas de cada día y que en la entidad encargada del servicio alegaban que ella vive en una zona alta y ese era el motivo del problema. “Es una verdadera vergüenza”, sentenció.

“Baja presión desde siempre, no sube al segundo piso, cansados de esa situación compramos un tanque de mil litros con motor y ahora hace más de una semana que estamos con cortes constantes. Antes por lo menos había (agua) de madrugada, ahora ya ni eso. Y como consecuencia de la falta de agua ya ni el tanque se puede recargar”, detalló la señora Romina Fernández, quien reside en el departamento Central, específicamente en la zona sur de la ciudad de Fernando de la Mora.

Además de los inconvenientes para el aseo y la protección de la salud en la vida diaria, algunas personas explicaron que además la falta de agua supone gastos importantes y en algunos casos incluso pérdidas de ingresos, lo que generó aún mayor molestia de la gente dado que el gobierno actual, apenas inició su periodo, había aumentado en un 22% el costo del servicio.

“Tres meses sin agua, perdimos nuestro inquilino porque ya no salía agua en el departamento que le alquilábamos. Es inhumano, cruel, lo que está haciendo la ESSAP con nosotros, perjudica nuestra salud y nuestra economía”, resaltó Rosa Méndez, quien reside en el barrio Tacumbú de Asunción.

Otras personas pusieron el foco sobre el riesgo que suponía recoger y reservar agua en distintos tipos de recipientes, como botellas de plástico, ollas, baldes, tachos, ya sea para beber, cocinar o asearse mínimamente, ya que en ese momento Paraguay se encontraba en pleno desarrollo de una de las peores epidemias de dengue de los últimos tiempos.  Por otro lado, algunos usuarios del servicio apuntaron a la salud mental, asegurando que vivir pendientes de juntar agua de madrugada o de no poder asearse, realizar los quehaceres, modificar las rutinas diarias según el horario en que hubiese agua para cuidarse de enfermedades, suponía altos niveles de estrés al igual que sobreesfuerzo físico.

Los y las usuarias en general manifestaron sentirse desamparados ante una situación que calificaron como “inhumana” y que además está invisibilizada, ya que la ESSAP simplemente no da respuestas a los reclamos e incluso a las manifestaciones que se han hecho en distintos barrios para reclamar un buen servicio.

“La factura viene como si fuera que tenemos agua todos los días. Llegar a tener que comprar tanques de agua, cuando pagamos por un servicio no es justo y es una vergüenza”, soltó una usuaria en Facebook, en medio del torrente de fotos, videos y relatos que daban cuenta de la gravedad de la situación.

El problema afectó a miles de usuarios en un momento en que las autoridades de salud alertaban sobre la potencia de expansión del virus y la catástrofe que podía generar al sistema de salud. En medio del caos, la gente se vio sola, sin respuestas concretas ni inmediatas, con su salud mental y física afectadas y con gastos evitables, sobre todo en un contexto de pandemia, que tanto afectó la capacidad económica de la gente.

Hasta el 20 de febrero de 2021, se tuvieron 151.718 casos de Covid-19 en Paraguay y la mayoría de los casos se dieron en Central y Asunción, con 54.883 y 29.736 casos, respectivamente. Justamente estas son las zonas más castigadas por el deficiente sistema de distribución de agua potable, un drama que tampoco parece ser prioridad para el gobierno.

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Como vivir en el desagüe cloacal

Como vivir en el desagüe cloacal

Es el mismo cauce hídrico, que a lo largo de los kilómetros cruza los asentamientos San Pedro II, San Pedro I y otras comunidades, llevando a su paso no solo agua, sino también basura, restos de animales que varias empresas depositan en bolsas  y luego son tiradas al arroyo.

Doña Irma, del asentamiento San Pedro II, se levanta temprano e inicia su jornada de madre soltera, trabajadora y en el 2020, también de maestra de sus hijos mellizos, José y Cristofer, de siete años, debido a la suspensión de clases presenciales por la pandemia. Su vivienda, ubicada al costado del arroyo, es tomada por las aguas con cada crecida varias veces al año y por el olor insoportable, cada vez que una empresa de la zona arroja los despojos de animales directamente al agua, sin tratar previamente sus desechos y ante la omisión de sanciones severas por parte de la Municipalidad y del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

Nos recibe en su casa y nos muestra hasta dónde llega el agua cuando hay crecida o bien, cuando las basuras tapan las zonas estrechas del arroyo y al no poder continuar su curso normal, esa mezcla de agua, basura y restos de animales se desborda sobre los patios de las precarias viviendas ribereñas.

“Cuando viene la crecida, se tranca y se desborda. Y una vez a la semana, la matadería suelta sus desechos”, nos cuenta, mientras señala el cauce que pasa al lado de su casa. Suspira. “Inetereí”, agrega, en un guaraní descriptivo (huele muy mal). Y así, en un tradicional jopara (una mezcla de español y guaraní), nos va contando lo que ella y sus vecinos sufren permanentemente. “Yo a veces no puedo ni comer. Demasiado mal olor hay. Hasta dolor de panza me da. Esto siempre fue así. Yo estoy acá desde hace siete años y siempre fue así”, añade.

José y Cristofer juegan en el patio, sin estar conscientes del problema ambiental y social que tienen frente a sus rostros. Hoy pueden hacerlo, esta mañana no se ve actividad en la matadería San Jorge, de Félix Santiago Candia, pero no siempre es así. Doña Irma nos explica que hay ocasiones en que deben estar encerrados para tratar de no aspirar lo que parecería el olor de la cloaca, como si vivieran exactamente dentro de ella. “A veces, les tengo encerrados a mis hijos para que no se bajen al arroyo”, cuenta la joven madre.

El matadero San Jorge es uno de los que arrojan sus desechos en el arroyo y es al que la pobladora hace referencia. Tiene una canaleta que utiliza para que los despojos de vacunos, según cuentan los vecinos, lleguen al Paso Carreta.

Las lideresas del asentamiento están organizadas y visitan permanentemente la Municipalidad de Luque y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), pues hay un proyecto de mejoramiento del barrio que beneficiaría a 12 territorios sociales y que incluye la descontaminación de las aguas, instalación de desagües, planta de tratamiento general, plazas, puentes y otras infraestructuras, de acuerdo con los testimonios recogidos. También se enteraron de una intervención del Ministerio del Ambiente ante la contaminación de las aguas, a inicios de 2020, que no tuvo el efecto esperado, pues las empresas continuaron depositando sus desechos al arroyo.

Olga Saldívar, presidenta de la comisión vecinal en el asentamiento San Pedro II, que está compuesto por 143 familias, nos recibe en su casa, ubicada a unas cuadras más hacia el Norte. Cuenta que está al frente de la organización desde hace dos años y que en todo este tiempo, el Ministerio del Ambiente ni una sola vez se ha comunicado con ella para hablar del problema ambiental.

Esperanzada en que se lleve adelante el proyecto “Mejoramiento del Arroyo Paso Carreta en la Ciudad de Luque”, a cargo del Ing. Jorge Pusineri del MOPC, comenta que es un plan diseñado por el Ministerio de Obras tras la lucha vecinal, que podría entrar en el presupuesto 2021 de la cartera, requiere de un financiamiento de US$ 15 millones y la aprobación depende del Congreso, indica, mientras muestra los planos de la obra.

Ana Jara, secretaria de la comisión vecinal, y Marta Flores, síndica, se unen a las voces anteriores para sumar sus testimonios.

Ana señala que Frigo Luque, de Felipe Acuña, tiene una zanja donde tira sus desperdicios y que “el olor agarra cuadras”. “Nosotros siempre denunciábamos en la municipalidad. Después los dueños hablaban con las autoridades y quedaba todo en la nada”, relata.

Ana y Marta, así como Olga, nos acompañan en un recorrido en la zona del arroyo, para graficar lo que previamente nos contaron. Cuentan que injustamente, la sociedad culpa a los lugareños de tirar sus basuras en el arroyo, pero que en realidad, las que lo hacen son las empresas, ante la impunidad de la justicia paraguaya y ante la resignada mirada de los ribereños, que impotentes sólo pueden convivir con el problema.

Precisamente, periódicos de alcance nacional publicaron al respecto en más de una ocasión. Uno de ellos fue el Diario ABC Color, que el 31 de enero del 2020 informaba sobre la noticia de intervenciones del Ministerio del Ambiente en tres mataderos de la zona que operaban irregularmente. “Los mataderos J&M, La Milagrosa y Tío Kele, ubicados en la compañía Ykua Karanda’y de esta ciudad, fueron los intervenidos por los funcionarios del MADES  luego de denuncias de pobladores de la zona. Los lugareños expresaron que el hedor de los establecimientos es insoportable, y a eso se suman los buitres que se posan en los árboles, los techos y las murallas de las casas”, se lee en el artículo periodístico de referencia.

Pero lo que más se destaca en el material es que al parecer todas las denuncias fueron corroboradas. Por ejemplo, que los hechos son de pleno conocimiento de las autoridades municipales y aún así éstas no intervienen; que no hay planta de tratamiento en las empresas (al menos no en funcionamiento), que algunas de éstas usan zanjas como lugar de acumulación de cueros de caballos y burros, también vísceras agusanadas y en estado de putrefacción. Se llegó a encontrar, además, un horno donde al parecer queman los huesos de los animales, el pelaje desechado y parte del cuero y esto precisamente es lo que estaría provocando en gran medida el olor nauseabundo, de acuerdo con la nota periodística.

Los datos indican que el Ministerio del Ambiente ordenó en enero de 2020 el cese de actividades de las empresas intervenidas, hasta tanto regularicen sus documentaciones.

En otra publicación del diario La Nación, de julio de 2020, se evidencia que el problema seguía vigente a mediados de año. Fiscalizadores del Ministerio del Ambiente volvieron a intervenir uno de los mataderos y hallaron que la empresa incumplía su plan de gestión ambiental, según se lee en la nota. La inadecuada disposición de residuos sólidos, la instalación de obras no previstas en el permiso ambiental, entre otras anomalías, se suman a la lista de irregularidades que persisten.

De hecho, los pobladores coinciden en que si bien desconocen qué documentos habrá proporcionado el empresariado desde inicio de año a diciembre, hay algo que saben muy bien y es que la situación continúa siendo la misma. Lo saben cada vez que llega hasta sus casas el fétido olor que proviene de los mataderos y del arroyo. Lo constatan al llegar hasta el cauce y ver cómo esos desechos son arrojados al mismo, sin tratamiento previo.

Pero, ¿qué dicen al respecto desde la Municipalidad de Luque?

En defensa de las empresas

En la Municipalidad de Luque minimizan las denuncias de los vecinos sobre el funcionamiento irregular de las mataderías, pues sostienen que el terrible hedor que deben soportar los pobladores es por la carencia de un sistema cloacal, no por el desecho de residuos directamente al arroyo Paso Carreta por parte de estas empresas.

El director de Salubridad de la comuna local, Pedro González, sostiene que todas las mataderías ubicadas en Ykua Karanday cuentan con un sistema de tratamiento de efluentes, y están habilitadas por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

“Ellos (dueños de las mataderías) no desembocan desperdicios en el canal como hacen creer los vecinos. Incluso hay una empresa que todos los días retira desechos, como sangre. Ellos no tiran sus desechos directamente al arroyo. El problema es cloacal, no de las mataderías”, insiste.

Pero deja entrever que no está del todo seguro de esa afirmación, pues deslinda responsabilidades de la Comuna. Precisamente, González alega que la municipalidad cumple un rol “administrativo, no operativo”. Eso responde al ser consultado si la municipalidad realmente controla que los mataderos de animales vacunos y equinos cumplan con las normas ambientales.

Finalmente, añade que la Comuna no puede cerrar estas empresas, sino más bien suspenderlas temporalmente en caso de que sea detectada alguna irregularidad.

El MADES sí habla de anomalías detectadas

Contrariamente a la defensa del directivo municipal hacia las empresas, desde el MADES sí reconocen que se detectaron anomalías. Varias intervenciones realizadas por inspectores ambientales a lo largo de 2020 comprueban las denuncias de los vecinos sobre el manejo irregular en que funcionan estos mataderos.

El ingeniero Julio Marecos, director de Fiscalización del MADES, explica que el equipo del ministerio pudo corroborar que “muchas mataderías no cumplían con las medidas de mitigación de descarga de efluentes” y que estas arrojan sus desechos sin tratar al cauce hídrico, conocido como Paso Carreta. “Eso hizo que muchas sean multadas y otra cerrada, como la matadería Maidana”, explica.

Algunos mataderos, como el caso de “Tío Kele”, recibió a inicios de 2020 una multa de 60 millones de guaraníes (unos 10 mil dólares americanos) por arrojar los desperdicios de equinos faenados directamente al arroyo local, y, aún así, una semana después de la sanción pecuniaria se constató que la empresa seguía con la misma práctica, por lo que nuevamente fue intervenida.

El ingeniero Marecos indica que estas empresas cuentan con piletas de tratamientos de efluentes, pues gracias a eso fueron habilitadas, pero que muchas de ellas simplemente dejan de usarlas por diversos motivos, lo que genera un grave daño ambiental.

“Muchas ponen como excusa que no funciona el sistema de bombeo. Sea voluntario o involuntario, hay un daño ambiental y el MADES sanciona porque está estipulado en la declaración de impacto ambiental que ellos tienen un compromiso de velar por el buen funcionamiento de sus mataderos. Además de ser un delito ambiental, es un delito penal”, asevera el fiscalizador ambiental.

De acuerdo con las explicaciones, el Ministerio de Ambiente interviene un matadero cuando se realizan denuncias de vecinos o cuando existe una solicitud de la Intendencia. En cuanto a la problemática ambiental vivida en la zona de Paso Carreta, Marecos cree que la Comuna debe impulsar mayores controles y definir su ordenamiento territorial, pues varios barrios hoy día rodean las mataderías y padecen del olor nauseabundo. Así, las declaraciones del referente del MADES muestran el descontento con el rol de la municipalidad y dejan también entrever el deslinde de responsabilidades y sobre todo, esto indica la falta de coordinación entre ambas instituciones estatales que deberían trabajar de manera conjunta ante el problema socioambiental en la zona.

No obstante, el ingeniero del MADES coincide en algo con el directivo municipal. Y es en lo referente a que el arroyo Paso Carreta no solo sufre la contaminación de los mataderos, sino también la falta de una red cloacal para que viviendas ubicadas a los lados del arroyo no arrojen sus desechos directamente al curso hídrico.

“Lastimosamente este arroyo sufre una contaminación muy alta. Cruza por barrios donde, antes de que lleguen a las mataderías, ya viene con una contaminación porque los mismos vecinos tienen sus cañerías de cloacas directamente conectadas al cauce hídrico, o negocios como lavaderos de vehículos, que descargan sus aguas al arroyo”, precisa.

El ingeniero considera que hay mucho por hacer aún desde la Municipalidad de Luque y el Ministerio del Ambiente para desarrollar una red sanitaria que permita tratar los afluentes y así frenar el daño ambiental que se registra en Ykua Karanday desde hace décadas. Los vecinos están de acuerdo con esto y depositan sus esperanzas en un proyecto que, de ejecutarse, promete mejorar su calidad de vida.

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Sin agua potable en el humedal más grande del mundo

Sin agua potable en el humedal más grande del mundo

Eshnuwerta, la diosa del agua, cuida a los Yshir Ybytoso desde hace siglos. Pero esta deidad al parecer se ve sobrepasada por la contaminación que según los yshyro viene de aguas arriba, de los campos productivos de Brasil y Bolivia, sin contar con los residuos que deja el intenso tráfico fluvial en la zona. Cuidar del agua y de todos los seres que la habitan, al parecer ya no es una tarea fácil ni para los dioses.

A pesar de ello, cinco de las seis comunidades de esta etnia viven apostadas a la vera del cauce en el departamento de Alto Paraguay, y siguen bebiendo directamente de allí. “Algunos que trabajan y pueden, compran sulfato para tratar su agua. Cada frasco cuesta 36.000 guaraníes (5,2 usd) pero la mayoría tiene que tomar agua cruda”, dice Nancy Vierci, lideresa de Karcha Bahlut – Puerto 14 de Mayo. El nombre originario significa “gran caracol sagrado”. Allí, a 30 km de Bahía Negra, viven 38 familias que lavan, beben y se bañan en el mismo río que es fuente de subsistencia mediante la pesca.

Con temperaturas que suelen sobrepasar los 40 grados, aplacar la sed tampoco es tan glorioso porque no existe energía eléctrica como para darse el lujo de refrigerar un poco el líquido vital antes de beberlo. “La gente toma agua sucia y caliente, claro que se enferma. Pero no existe otra opción”, se lamenta.

Un tratamiento peligroso

Pablo Barboza es funcionario contratado del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), desde hace ocho años y es el encargado de asistir técnicamente a las comunidades con las instalaciones de agua que llegan a sus casas. Las canillas funcionan, pero el agua que sale de ellas viene desde el río sin ningún tipo de tratamiento.

Al caminar por las calles de Puerto Diana se pueden observar desde lejos los tanques o enormes bidones de agua. Varios de ellos tienen encima un frasco de un kilo, se trata de sulfato, cuya medida es de dos cucharadas por cada tambor de 200 litros y la medida debe ser exacta ya que de lo contrario puede causar diarrea y deshidratación.

“Lo más común es que las familias compren sulfato para tratar su agua. Pero además de que la dosis debe ser muy justa, esto solo sirve para aclarar el agua, una especie de filtro que no mata los gérmenes que contiene”, explica Pablo, pero para ello se necesita cloro, un lujo que ya casi nadie puede permitirse.

Andrés Ozuna, secretario general de la Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Yshir (UCINY) reconoce que el agua es una de las necesidades más urgentes de las seis comunidades que son Puerto Diana, Puerto 14 de Mayo (Karcha Bahlut), Puerto Esperanza (Ynishta), Puerto Pollo, Puerto Caballo y Dos Estrellas. Esta última, habitada por 15 familias, es una aldea de agricultores que utilizan agua colectada de las escasas lluvias que caen en la zona.

A pesar de esto, el agua potable no es una de las prioridades de la organización en este momento: se enfoca en la titulación de las tierras en conflicto como las de Puerto Pollo y Puerto Ramos, cuyos títulos de propiedad llevan años en disputa.

Proyectos que dan esperanza

La exconcejala de Bahía Negra Leticia Rosales estuvo encargada durante el año 2020 de la consolidación del Consejo de Aguas de la Cuenca del Río Negro. Se trata de un grupo conformado por distintos sectores de la sociedad civil con el objetivo de gestionar la provisión de agua en la zona y un plan para poder costear esto desde instituciones gubernamentales o de organismos internacionales. Durante este año, se enfocaron en el diagnóstico de la situación. “Tenemos toda la documentación y un plan de trabajo con presupuesto listo. Ahora buscamos financiamiento para hacer posible esto. El centro urbano de Bahía Negra es el único que cuenta con una planta de tratamiento, pero está tan desgastada que solamente su reparación requiere alrededor de G. 500 millones (USD 71.428), con esto se cubrirá a 250 usuarios. En cambio para las comunidades indígenas donde no existe ninguna base, el presupuesto promedio es de G. 2.000 millones (USD 285.000)”, explica.

La intención del plan desarrollado por Rosales es encontrar una fuente de financiamiento, ya sea estatal o de algún organismo internacional que sea capaz de solventar la instalación de los sistemas de distribución. El mantenimiento, según explica, se podrá obtener cobrando mensualidades a los usuarios con precios que sean acordes a los ingresos promedio de la zona que son bajos.

“La mayoría de la gente no tiene sueldo fijo, viven de changas. La paga es irrisoria, oscila entre G. 400.000 a G. 800.000 en época de mucho movimiento. Eso no da para vivir con lo caro que es acá el costo de vida”, explica Nancy Vierci. La situación es preocupante porque estos montos equivalen a 60 a 120 dólares, cuando el salario mínimo en Paraguay es de 331 dólares (G. 2.112.562).

Rosales lamenta el desinterés histórico hacia estas poblaciones. “Vivimos a la vera del río, materia prima hay, lo que se nota es que nunca hubo interés real de proveer el agua a las comunidades indígenas. Anteriormente todos tomábamos directamente del río, incluso los que vivimos en el centro urbano de Bahía Negra, pero ahora ya no se puede. La gente tiene problemas de piedras en los riñones, arenillas y otras enfermedades estomacales a consecuencia de esta agua, además del típico problema de diarrea especialmente en épocas de bajante, incendios o fumigación aguas arriba”, dice.

En Puerto Diana habitan 180 familias, aproximadamente el 50% de ellas cuenta en sus hogares con las instalaciones para provisión de agua del río. En Puerto Esperanza viven otras 170 familias, más de 80 de ellas también tienen cañerías instaladas y en 14 de Mayo, tienen instalaciones unas 20 casas. “Calculamos que el ahorro con esto es importante, pero se debe gestionar los recursos para la construcción de las plantas de tratamiento y asegurar que funcionen”, señala Leticia.

Pero el Concejo de Aguas no es el único con un plan avanzado. La organización Pro Comunidades del Chaco (PCI), es otra de las organizaciones de la sociedad civil involucradas en la búsqueda de una solución concreta ante la inacción estatal. Gracias a su gestión, lograron el apoyo del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), y tiene un avanzado proyecto que pretende dotar de plantas de tratamiento a 18 comunidades indígenas del departamento de Alto Paraguay. Este avanzado proyecto sería financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con un fondo de USD 1.200.000, para las seis construcciones, según explica Derlis Martínez, de PCI.

Para César Barboza, concejal municipal de Bahía Negra y líder de Puerto Diana, la prioridad principal son los niños. “Los escueleros no pueden tomar esa agua contaminada. Les da diarrea, les debilita. Ellos tienen que estar sanos y fuertes para aprender en la escuela”, señala.

El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.

Abandonados en pandemia

En el mes de mayo de 2020 se remitió una solicitud al Gobierno Nacional para la provisión de insumos de purificación de agua para las 795 familias Yshir de Alto Paraguay. El total solicitado era de 397,5 kilos de sulfato y 795 litros de lavandina. Con estos insumos se pretendía paliar las necesidades de higiene y cuidados ante la pandemia por el covid-19. Mientras en todo el país se oían serias recomendaciones del Estado para el cuidado extremo, constante lavado de manos y limpieza, los yshiro aguardaban sus insumos para cumplir con los protocolos sanitarios. Sin embargo, estos nunca llegaron.

“Nosotros respetamos un tiempo lo que decía el Gobierno, pero somos un pueblo pobre que vive del día a día, la gente tenía que salir a pescar, tenía que vender sus productos y no tenía agua limpia para lavarse a cada rato. Seguimos nuestra vida hasta ahora y afortunadamente no hubo casos graves”, relata César Barboza.

Leticia Rosales opina que hasta ahora es una suerte que el virus no se haya propagado gravemente en la zona, ya que no se aplican medidas de bioseguridad, ni siquiera con el uso de tapabocas. Para Nancy Vierci, es una constante preocupación: “Acá no tenemos hospitales, ni siquiera hacen test para que podamos saber si hay o no casos positivos. Puede que mucha gente haya tenido el virus y ni siquiera se haya enterado”, dice.

Una cuestión de supervivencia

El cacique Bruno Barras, líder de la Nación Yshir Ybytoso, dice que es fundamental que el Gobierno apoye a las comunidades indígenas en el cumplimiento de este derecho humano. “Hace años no era necesario, los yshyro bebían directamente del río porque el agua era pura. Eshnuwerta protegía el cauce y a todos los seres que la habitaban, pero los tiempos han cambiado y la contaminación provocada por el hombre blanco trae consecuencias en la salud de nuestros pueblos. Todavía hay mucha gente que no puede acceder al agua tratada. Nuestra cultura debe preservarse y nuestro pueblo es un patrimonio por el que el Gobierno tiene que velar”, finaliza.

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Pueblos Yshir no dan tregua para la recuperación de sus tierras ancestrales

Pueblos Yshir no dan tregua para la recuperación de sus tierras ancestrales

Esta población indígena, que por autodeterminación decidió llamarse la “gran Nación Yshir” y antes era denominada como la de los chamacocos, tiene siete comunidades entre los distritos de Bahía Negra y Fuerte Olimpo, del departamento de Alto Paraguay, dentro del área conocida como el Pantanal paraguayo; y una en la ciudad de Luque, en Central, según la organización Tierra Viva. De todas, cuatro tienen problemas con sus tierras.

Tal es el caso de Puerto Ramos, llamado Eshmá en lengua yshir que significa “abundancia”. Las familias de este lugar se manifestaron en agosto de 2020 para exigir avances en la gestión para la restitución de 8.500 hectáreas de sus territorios ancestrales, que están a nombre de la empresa Paraverde SRL, perteneciente a Mustafa Arpaci, de nacionalidad turca. Para los yshir, Mustafa es simplemente “El turco”.

A pesar de que en Puerto Ramos los yshir viven desde hace 500 años, en el 2010 apareció la firma Paraverde SRL con un supuesto título de propiedad del predio. Desde entonces, la situación con los indígenas fue de tensión constante. Hay denuncias en las que los indígenas hacen constar que los guardias que se instalaron en el lugar dispararon contra ellos cuando pasaban por el lugar.

Paraverde SRL fue beneficiada en 2015 con una licencia ambiental por la entonces Secretaría del Ambiente (SEAM) -ahora Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)- para desmontar 3.230 hectáreas de la propiedad para la explotación ganadera.

Sin embargo, el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) accionó judicialmente contra la licencia de la SEAM. Además, el INDI inició un juicio de reconocimiento territorial a favor de los Yshir, exigiendo además una medida de no innovar contra el territorio. Esto significa que Paraverde no podía hacer una compra-venta, ni realizar ningún tipo de proyectos de obras en el predio. En setiembre de 2016, el Juzgado de Primera Instancia de la Capital aceptó el pedido del INDI. Paraverde SRL apeló rápidamente esta medida.

En agosto de 2019, el tribunal de Apelación Civil y Comercial de la Capital, primera sala, decidió ratificar la medida de no innovar que había planteado el Juzgado de Primera Instancia y de esta manera, ratificar el territorio de Puerto Ramos a favor de los Yshir.

César Barboza, concejal indígena de Bahía Negra y miembro de la UCINY, dice que actualmente la propiedad no es habitada por indígenas, pero sí hay hombres de las comunidades Yshir que trabajan como peones de la empresa, lo cual no deja de parecerle estratégico de parte del empresario turco, que hace cinco años ni siquiera les dejaba pasar por el lugar. Barboza recuerda los casos en los que fueron amenazados por los guardias de “el turco” para no ingresar a Puerto Ramos. Cuenta que incluso hubo ocasiones en que los guardias hacían disparos al aire para asustar a los suyos, cuando veían que estaban dentro de Puerto Ramos. Dice que las denuncias que se hicieron en su momento no tuvieron repercusión, ya que el Ministerio Público nunca tomó intervención.

Puerto Ramos es considerada una tierra sagrada por los indígenas debido a su vasta biodiversidad que permite encontrar alimentos todo el tiempo y porque es un paraíso para la pesca.

El Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) envió una nota con fecha 5 de julio de 2020 dirigida a Paraverde SRL solicitando la remisión de una carta oferta “en caso de que estuviera dispuesta la venta de la propiedad”. Para los yshir, hablar de propiedad privada sobre los bosques o los ríos que ellos, desde sus antepasados, habitaron siempre, resulta extraño.

César Barboza relata que hasta el momento no se resolvió nada y al mismo tiempo repudió que la tierra que defendieron sus ancestros en la Guerra del Chaco (1932-1935) ahora tenga que estar en manos de un extranjero.

El director de Ordenamiento Territorial del INDI, Osmar Ubeda, señala que Paraverde SRL no contestó con documentos al pedido de oferta que hizo la cartera estatal. La empresa hizo saber, a través de su representante legal, que no tiene interés en poner a la venta la propiedad reclamada por los indígenas, incluso solicitó al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) una mediación para llegar a una solución al respecto. Para los yshir, sin embargo, la cuestión es simple. Para ellos, Puerto Ramos es tierra ancestral.

***

Antes de que iniciara el conflicto bélico por el territorio chaqueño entre Paraguay y Bolivia en 1932, los yshir ocupaban 3.460.000 hectáreas de la Región Occidental de Paraguay, dato que registró el antropólogo y militar ruso Juan Belaieff hace 88 años cuando trazó un mapa de las tierras indígenas, según un informe de la organización Tierraviva.

Otras comunidades como Puerto Pollo, Puerto Diana y Puerto La Esperanza también enfrentan el peligro de perder las tierras de sus ancestros, debido a la ausencia del Estado para garantizar sus derechos territoriales en el departamento de Alto Paraguay.

Sin embargo, la Constitución Nacional paraguaya sostiene en su artículo 64 que los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida.

“El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales, ni de ser arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributos. Se prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos”, señala.

Puerto Pollo, a la espera de la recuperación

En una situación similar a la de Puerto Ramos se encuentra Puerto Pollo, de 918 hectáreas. Documentos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) señalan que estas tierras tienen como propietario a Blas Roque Gadea y un informe del MADES, cita como apoderado a João Vieira de Medeiros Neto, de nacionalidad brasileña, identificado como el “dueño” por parte de los indígenas.

Sin embargo, los yshir aseguran que Puerto Pollo también es tierra ancestral. En el Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA) del padrón Nº 468 con Matrícula Nº 58R02, del año 2013, reza que los dos solicitaron la habilitación del predio para la explotación ganadera, con una inversión de USD 350.000.

Varias familias yshir habitaban en este lugar, pero a partir del momento que comenzaron los conflictos por la titulación territorial, una gran parte decidió migrar a otras comunidades de la misma etnia, de los alrededores. La mayoría fue a la más cercana, que es Puerto Diana, donde el mismo brasileño en cuestión es también denunciado por invasión y deforestación.

Lo cierto es que datos la Dirección Nacional de Catastro aseguran que Puerto Pollo desde hace siglos fue habitado por indígenas, quienes le dan un valor incluso espiritual al sitio, porque su tradición sostiene que ahí peleó en la Guerra del Chaco el Capitán Pintura, considerado un héroe por la Nación Yshir. Cuenta la leyenda que él era un guía espiritual que fue a la contienda con el cuerpo pintado para unirse a las tropas paraguayas. Dicen que con sus vastos conocimientos del terreno ayudó a los soldados a conseguir agua y alimentos de la naturaleza para sobrevivir en la zonas inhóspitas y soportar las altas temperaturas del Chaco.

En el caso de Puerto Pollo también intervino el Estado tras los reclamos, a través del Instituto Paraguayo del Indígena, que frenó la intención de explotar el inmueble para la ganadería. Se presentó un interdicto de posesión en agosto de 2017 para que los yshir lo puedan recuperar. Asimismo, se pidieron oficios al Indert y al Ministerio del Ambiente sobre esos bloques territoriales en relación a esa propiedad y la titulación, de los que no se tuvieron más novedades.

Mientras el proceso sigue, se va despoblando el territorio que por derecho les corresponde a los indígenas, y actualmente ya solo quedan cinco familias.

El INDI debía entablar una segunda demanda respectivamente para la restitución de tierra, debido a que la primera no prosperó. La Justicia paraguaya rechazó por la falta de documentación original que acredite la legalidad de las tierras a favor de los pobladores originarios.

El camino que atraviesa Puerto Diana

La comunidad más poblada de toda la Nación Yshir en el Chaco es Puerto Diana, donde viven 287 familias y tiene una superficie de 2.345 hectáreas. Su población está pegada, prácticamente, al casco urbano del distrito de Bahía Negra, en el que hay acceso a algunos servicios del Estado paraguayo.

Es donde se centralizan varias de las actividades indígenas debido a que en el lugar cuentan con el local de la Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Yshir (UCINY), hay una especie de pequeña cooperativa que ayuda a buscar mercados del extranjero para las artesanías, una escuela, incluso un estadio de fútbol que pertenece al Club Capitán Pintura (CCP).

Entre Puerto Diana y Bahía Negra se instaló un embarcadero de la firma Frigorífico Concepción en 2016. Los pobladores esperaban que fuera una fuente de trabajo local, pero la idea quedó solo en expectativas. Al menos instalaron un surtidor de combustible en el predio de la empresa, el único hasta hoy en toda la zona.

Marciano Barboza, ex líder de la comunidad, denuncia que propietarios de una estancia colindante, ubicada en la zona Dos Estrellas, abrieron un camino dentro de sus territorios ancestrales en 2017, cerca de un lugar sagrado para los indígenas: el cementerio de sus ancestros.

Funcionarios de la Dirección Étnica del Ministerio Público se constituyeron en el lugar tras las denuncias presentadas a la institución y el denunciado alegó que contó con la autorización de uno de los líderes para hacer el trabajo. En varias comunidades muchas veces se da con frecuencia que los ganaderos o invasores de tierras indígenas alegan que tuvieron la “autorización” de otros líderes para operar en tierras que son consideradas ancestrales. Se trata de una práctica que se va haciendo más común, debido a la falta de control de las autoridades competentes que deben regular y controlar con mayor rigurosidad las tierras indígenas. En el caso de Dos Estrellas, hasta ahora el camino sigue estando en territorio de los indígenas.

En consecuencia de este tipo de situaciones, después de nueve años de trabajo de diferentes comunidades indígenas, se logró que el Poder Ejecutivo promulgue en 2018 el Protocolo de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado con los Pueblos Indígenas que habitan en el Paraguay, mediante el cual es posible la participación de una o varias comunidades indígenas en cualquier ley o proyecto de empresas públicas o privadas que puedan afectar a sus tierras.

Sin embargo, previo a la ley promulgada, los estancieros tampoco solicitaron a la Municipalidad de Bahía Negra la apertura del camino ni a la Gobernación de Alto Paraguay. De todos modos, el INDI, ex SEAM y la Comuna cuando tomaron conocimiento del hecho intentaron solucionar el conflicto, pero no se avanzó en el tema.

Ocupación en tierras de Puerto La Esperanza

Además de Puerto Diana, otra comunidad que tiene un problema de invasión de tierras es Puerto La Esperanza, de 21.330 hectáreas. El concejal indígena de Bahía Negra, César Barboza, dice que un estanciero, también de nacionalidad brasileña, ocupa desde hace unos 20 años cerca de 2.700 hectáreas de este territorio, por ello la comunidad se encuentra finalizando un plano con apoyo de la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) para reclamar la restitución de sus tierras.

Puerto Esperanza, donde viven 80 familias, perdió en enero de 2019 alrededor de 2.000 hectáreas de sus montes, según constató el propio Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible tras denuncias. Los intervinientes responsabilizaron del desmonte a la estancia El Dorado, propiedad de Pablo César Medeiros.

Los fiscalizadores del Gobierno afirmaron a medios locales que la extensión de tierra fue transformada a pastura para ganado, y que los encargados no contaban con licencia ni plan de gestión ambiental en el momento de la intervención. Aún así, 10 meses después los responsables no fueron sancionados. Las autoridades pertinentes alegaron en su momento que estaban definiendo el monto de la multa.

Medeiros presentó ante un requerimiento fiscal una mensura judicial y títulos del inmueble con lo que justificó solo 1.376 hectáreas a su nombre, menos que las 2.000 hectáreas verificadas como presuntamente deforestadas.

La pérdida de territorio para las comunidades indígenas también significa perder la propia posibilidad de mantener viva la espiritualidad, su tradición y costumbre. En los bosques realizan sus ritos y se abastecen de agua y alimentos de la naturaleza para la subsistencia. “Nosotros trabajamos gracias al bosque, de ahí sacamos el Karanda’y para nuestros productos, de ahí sacamos la miel y la materia prima para nuestra artesanía”, expone Barboza.

Los yshir también se dedican a la artesanía, un sector que en mayor parte es ocupado por las mujeres, quienes trabajan en productos que sacan de los montes, para crear collares, pulseras, canastas y pantallas para soplar. Los hombres, en su mayoría, se dedican a la pesca y algunos optan por el trabajo en las estancias.

Un ejemplo que grafica la desidia estatal con respecto al cuidado de las tierras ancestrales es que la ley que regula y delimita el “régimen para la regularización de los asentamientos de las comunidades indígenas” data de 1989. Nunca se actualizó. La normativa tiene consideraciones o términos que ya no se adecuan a los tiempos actuales, como por ejemplo esto de mencionar “asentamientos” a los que hoy se considera territorios ancestrales.

La debilidad estatal también se ve en el incumplimiento de los derechos indígenas en la comunidad Virgen Santísima, ubicada en Fuerte Olimpo, en la viven 71 familias, y está en condición de “cedido” por la Municipalidad local. Es decir, la titulación está en manos del gobierno local y no en manos de sus verdaderos dueños.

La Nación Yshir habita hace más de 500 años un vasto territorio del Chaco, y para no perder sus territorios tiene que afrontar burocráticos procesos judiciales y la falta de cumplimiento de las leyes indígenas. No da tregua en la lucha por la recuperación de sus tierras ancestrales, aunque esto le cueste grandes peleas jurídicas-sociales.

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Un pueblo del agua

Un pueblo del agua

Los Avá Guaraní Paranaenses no conocían el hambre, las enfermedades ni las fronteras hasta finales de la década del setenta, según contó Carmen Sixta Martínez, una de las mujeres que vivió en la otra comunidad de Puerto Sauce, en el departamento de Alto Paraná en ese tiempo, y que hoy lucha por recuperar esas tierras, refundando la comunidad de Tekoha Sauce.

Hablando en guaraní la mayor parte del tiempo, explicó que en ese tiempo, la vida era tranquila y con mucha abundancia en peces y alimentos. En un momento dado le salió el portugués, y detalló que transitaban al lado brasilero a visitar parientes y viceversa, así como también hacían de taxis fluviales en sus canoas, además de intercambiar productos con las demás aldeas a través del sagrado río Paraná, con el que mantenían una estrecha relación de dependencia material y espiritual.

Recordó que algunos trabajan en los obrajes de los alrededores, pero que principalmente la abundancia de sus chacras, de los montes y del río, le daban un buen vivir. Con lágrimas en los ojos, dijo que volver a sus tierras y morir allí era lo único que quería hacer, ya que allí se encontraban sus antepasados.

Los estudios históricos y antropológicos ordenados por Itaipú antes del inicio de las obras tuvieron en su primera etapa al antropólogo Bartomeu Melià, pero él mismo contó que solamente logró realizar un par de viajes y participar de un informe, ya que luego fue exiliado por la propia dictadura militar de Alfredo Stroessner (1954-1989).

Fueron las dictaduras militares de Paraguay y Brasil, quienes iniciaron el proceso de destierro de los Ava Guaraní en ambos países, a partir del Acta de Foz de Iguazú en 1966 y luego el Tratado de Itaipú en 1973, firmado para construir la mayor represa hidroeléctrica del mundo.

En cumplimiento de dicho tratado, Paraguay aprobó en 1979 la Ley Nº 752, por el cual expropiaba 165.000 hectáreas de tierras entre Hernandarias y Salto de Guairá (departamentos de Canindeyú y Alto Paraná) como área de aprovechamiento y obras de la hidroeléctrica, afectando así a varios sectores de la población, entre ellas, 38 comunidades indígenas, una de ellas, Puerto Sauce, según los estudios antropológicos de Mariblanca Barón.

Los estudios preliminares a la gran obra de ingeniería se encuentran en la biblioteca de Itaipú, y detallan[1] que en 1975, Puerto Sauce estaba compuesta por 36 familias (190 individuos), en una zona conocida como Paraguay Pyajhú, en tierras pertenecientes al Estado bajo el título de Reserva 8, del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR).

Respecto a la tenencia de la tierra, el informe habla de la compleja situación de los indígenas a la hora de lograr títulos de propiedad de sus tierras, y de cómo funcionarios del Estado intentaron engañarlos.

“En Puerto Sauce se ha orientado hacia un régimen de equiparar al indígena con el colono paraguayo, en una cesión de tierras hecha por un funcionario, sin embargo no competente ni autorizado para efectuar ese tipo de trabajo. En algunos casos, prácticamente no se han hecho gestiones de ningún tipo. Solamente algunas personas de paso por los lugares, dan alguna esperanza a los indígenas, y en el mejor de los casos, insisten en la recomendación que no abandonen sus lugares, que se hagan fuertes en la ocupación, única manera que pueden dar base a sus exigencias”[2].

El propio Melià manifestó que el estudio de Itaipú nunca fue completo y que los indígenas Avá Guaraní Paranaenses merecían ser restituidos en sus derechos luego del destierro. La propia binacional no reconoce el número total de comunidades afectadas, que según los estudios fueron 38 comunidades[3].

El destierro y la diáspora

La traumática historia de destierro de los avá guaraní paranaenses se da a principios de los años ochenta, durante la dictadura militar del general Alfredo Stroessner en Paraguay, y del general João Baptista de Oliveira Figueiredo en Brasil.

Paraguay y Brasil habían firmado el Tratado de Itaipú en 1973, documento por el cual se establecieron las condiciones para construir la mayor hidroeléctrica del mundo en ese entonces, y una de esas, el del artículo 17, establecía la expropiación de tierras en la denominada Área de Aprovechamiento Hidroeléctrico.

En el lado paraguayo, esto consistió en una zona de 1.524 kilómetros cuadrados que va desde Hernandarias, departamento de Alto Paraná, hasta Salto del Guairá, en el departamento de Canindeyú. Las expropiaciones se establecieron a través de la Ley 752/79, que determinó una superficie de 165.000 hectáreas en total y entre los cientos de afectados, se encontraban las comunidades Avá Guaraní que vivían a orillas del río Paraná.

Cristóbal Martínez, actual líder de la comunidad Tekoha Sauce, contó que él era un niño cuando llegaron los del denominado “Proyecto Guaraní”, responsables de los traslados de las comunidades afectadas por Itaipú. Su padre era el líder de la comunidad en ese entonces, y recuerda que no querían irse, que fueron los últimos en ser trasladados en los camiones porque no creían en las amenazas de que todo se inundaría y no tendrían a dónde ir.

Carmen Sixta recordó que los del Proyecto Guaraní les prometieron que iban a volver si no se inundaban totalmente las tierras, como de hecho pasó, pero nunca se cumplió esa promesa, que en ese momento de desesperación era una luz de esperanza, explica.

Subieron a los camiones que proveía Itaipú para el desalojo con lo poco que podían llevar a cuestas de sus pertenencias, llenos de miedo porque no sabían adónde los llevaban, miedo que iba en aumento a medida que se iban alejando del río cientos de kilómetros tierra adentro. Según el relato de Julio Martínez, los del Proyecto Guaraní llegaron a dar dinero a algunos indígenas para que salgan, pero montos ínfimos comparados a la tierra que abandonaron.

El estudio ordenado por Itaipú recomendaba crear 23 nuevos asentamientos, pero lo que hizo la binacional fue distribuir a las 38 comunidades en ocho asentamientos donde ya existían otros grupos, y en tierras compradas en su mayoría por la Iglesia Católica, según la investigación de Mariblanca Barón, publicada por el Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica de Asunción (Ceaduc), en el 2017.

La ley Nº 63/68, que ratificó el Convenio relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas, establecía en ese momento que los indígenas debían ser trasladados en tierras de las mismas características que poseían, en este caso ribereñas, pero el relato de los mismos es que los arrojaron sin nada a kilómetros del río, en una zona seca y sin montes.

Carmen Martínez relató que todo fue un gran engaño, detallando que los bajaron a la noche, en medio de la oscuridad, en un lugar llamado  Vacareta, y de allí tuvieron que caminar varios kilómetros hasta Yukyry, una comunidad de 3.200 hectáreas (actualmente habitado por 40 familias y con varios intentos de ocupación por parte de campesinos y hasta políticos) donde no había agua, montes ni comida, y ya estaba ocupado por otros grupos.

“Sinceramente nos engañaron muy grande, porque nos llevaron a un lugar a morir, murieron muchos ancianos y niños”, dijo, detallando que apenas a los 15 días murió la primera mujer llamada Ña Juana, y a ella le siguieron un gran número de personas a quienes ni siquiera podían enterrar en cajón, porque no tenían madera, por lo que usaban la corteza de un árbol para envolver los cuerpos.

“Yo tenía anotado el nombre de todos los muertos, pero de tantas veces que nos mudamos perdí todos los papeles”, relató.

Es importante resaltar que los Ava Guaraní, así como otros Pueblos Indígenas de la región Oriental del Paraguay, comenzaron a perder territorios desde la época de la Colonia Española, y sobre todo luego de la gran venta de tierras públicas tras la Guerra Grande (1864-1870), donde empresarios extranjeros compraron del Estado paraguayo miles de hectáreas con poblaciones dentro, tanto indígenas como campesinas.

La diáspora de los Avá Guaraní Paranaenses, así como de otros pueblos, se agudizó con la caída del negocio de la yerba mate, momento en que los empresarios extranjeros, propietarios de grandes extensiones, comenzaron a vender las tierras en partes a productores brasileños en su mayoría.

Los hoy llamados brasiguayos obtenían créditos del propio Estado Brasilero para comprar tierras arables en Paraguay, en este caso, Alto Paraná y Canindeyú, según señala Alberto Alderete, ex presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra. La destrucción del Bosque Atlántico del Alto Paraná y otros ecosistemas de la región acabó con el hábitat natural de los indígenas, y la ausencia de políticas públicas concretas permitió y permite la violación de sus derechos humanos fundamentales.

El regreso y la búsqueda del Tekoha

Cristóbal cuenta que la gente moría de tristeza, porque no eran felices en un lugar totalmente diferente al que estaban acostumbrados, y recalca que en el lugar también vivía un grupo Aché Guaraní, otro grupo reasentado, que no aguantó y se fue.

Relata que, años después, cuando se hizo adulto, decidieron mudarse a Arroyo Guasu, una comunidad que también recibió indígenas Avá Paranaenses afectados por Itaipú, dijo que lo hicieron con la promesa de que iban a volver a sus tierras originales, ya que sabían que no se había inundado todo y que incluso varios sojeros se quedaron con tierras donde estaban los Avá Paranaenses, como el caso de Kiritó.

Kiritó es otra de las 38 comunidades indígenas Ava Guaraní que fueron desplazadas por Itaipú, y cuyas tierras, al igual que Sauce, no se inundaron finalmente, pero quedaron en manos de sojeros brasiguayos, según relatan los miembros de dicha comunidad. En Paraguay, los títulos falsos avalados por la Justicia generan que en el Servicio Nacional de Catastro (SNC) estén registradas más superficies de tierra de las que posee el territorio nacional.

En el año 2015, luego de identificar el lugar donde había quedado el antiguo cementerio de la comunidad de Puerto Sauce antes de Itaipú, y animados por la información de que en la zona había un excedente fiscal, Cristóbal y su grupo ingresaron en las tierras que posteriormente reclamó el empresario sojero German Hutz, pariente político del ex vicepresidente de la República (2013-2018) y actual senador (2018-2023) por el partido colorado (ANR) Juan Afara.

El excedente fiscal saltó por la mensura judicial realizada por el propio Hutz, donde se evidenció que en su propiedad habían restos de tierras públicas en esta zona de Alto Paraná, lo cual implicaba que podía ser reclamado por sujetos de la reforma agraria, como lo son los campesinos e indígenas.

La comunidad logró asentarse un año en este lugar, montar sus casas, su templo y escuela, así como sus chacras y animales, consultando en paralelo si había alguna denuncia en el Ministerio Público o Juzgado respecto a su estadía, según detalló Amada Martínez, docente y lideresa en la comunidad.

Pero al poco tiempo de celebrar un año, el viernes 30 de setiembre del 2016, llegó la orden de desalojo que no escatimó en recursos, ya que fueron utilizadas doce patrulleras, agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional, un escuadrón de la Policía Montada y funcionarios del (Instituto Nacional del Indígena (INDI), quienes arrasaron con todo lo que habían construido, quemaron sus casas y robaron sus pertenencias.

No muy lejos de las supuestas tierras de Hutz (ya que una mensura señala que ocupa tierras fiscales)[4], la comunidad decidió refugiarse en otro punto antes de que lleguen los policías, y llegaron así hasta el lugar donde se encuentran hasta ahora, que es una pequeña porción de la franja de seguridad de Itaipú, cerca de la Reserva Limoy, en el distrito de San Alberto, departamento de Alto Paraná.

La Itaipú Binacional inició entonces un proceso judicial buscando desalojar a los indígenas, sin escuchar sus reclamos, como ya lo había hecho con las notas presentadas años anteriores, pero el escándalo por la fuerza desmedida con que se había desalojado a la comunidad Sauce, la repercusión en los medios de comunicación y las redes sociales, así como la intervención de miembros del Parlamento, obligó a postergar esta intención.

Las distintas publicaciones en medios locales e internacionales llevaron a un estado público al caso Sauce, que se convirtió en punta de lanza para un reclamo histórico que afectó a miles de familias Avá Guaraní Paranaenses.

Actualmente el caso sigue en estudio con el acompañamiento de la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado, Amnistía Internacional, la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), entre otros. La posición de Itaipú es que la comunidad ya fue reasentada en su momento, aunque no coincide su versión con la de los indígenas en el lugar, y sostienen que no son merecedores de una indemnización, por lo que los consideran invasores.

La propuesta de la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado, que se encuentra actualmente en estudio, es modificar por ley la categoría de unas 5.000 hectáreas de la Reserva Limoy para ceder a los indígenas, manteniendo la categoría de reserva silvestre y utilizando un Plan de Manejo especial, propuesta a la que Itaipú mantuvo sus reservas.

Dicha Reserva se encuentra dentro del territorio ancestral de los Avá Guaraní Paranaense de Puerto Sauce, quienes hoy se autodenominan Tekoha Sauce. El temor de la binacional es que de pie a otros reclamos, ya que tan solo es una comunidad de las 38 afectadas, si bien las familias originales terminaron dispersas y se formaron nuevos núcleos con las nuevas generaciones, cada una conoce su historia y su causa.

Según los estudios antropológicos, unos 20 mil indígenas en Paraguay y 40 mil en Brasil fueron los afectados por la hidroeléctrica. En Paraguay, la historia de lucha organizada se remonta a la conformación de la Asociación Avá Guaraní del Alto Paraná y Canindeyú, que presentó una nota el 29 de abril de 1997 al entonces director paraguayo de Itaipú, Miguel Luciano Giménez Boggiano.

La nota pedía que la Itaipú  devuelva las tierras indígenas, y si bien la aún débil organización finalmente retiró la nota en octubre de 1997, marcó el inicio de una reivindicación histórica que luego cobraría otras formas.

La reivindicación territorial y denuncia de violación de derechos humanos sufrido por los Avá Guaraní Paranaenses aparece en el Informe de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), que inició su trabajo en el 2004 y presentó su informe final en el 2008, detallando las violaciones a los Derechos Humanos cometidos por la Dictadura Militar de Alfredo Stroessner (1954-1989).

[1] Investigaciones Históricas, Socioculturales y Arqueológicas del Área de Itaipú. Informe Final Primera Etapa, Asunción, 1975. Biblioteca de Itaipú Binacional. Pág 70.

[2] Ibid. Pág 74.

[3] “Los Avá Guaraní Paranaenses. Un etnocidio sistemático”. Mariblanca Barón. Ceaduc. Asunción, 2017.

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Un pedazo de tierra propia, la larga lucha que enfrenta ex Puerto Sastre

Un pedazo de tierra propia, la larga lucha que enfrenta ex Puerto Sastre

“Hay muchos políticos interesados en nuestras 20.000 hectáreas”, cuenta Héctor Acosta, expresidente de la “Comisión Vecinal Colonia Puerto La Esperanza”, haciendo referencia a solo una parte de la larga historia de lucha de las familias, que son originarias del lugar ya que anteriores generaciones fueron poblando el territorio de propiedad estatal, hasta entonces no habitado.

El distrito Carmelo Peralta se ubica a unos 730 km de Asunción, capital del Paraguay, y allí se encuentra el ex Puerto Sastre, cuyo nombre oficial hoy es Puerto La Esperanza, donde la población campesina se dedica principalmente a la pequeña ganadería y cría de otros animales, y en menor medida al comercio. Muy pocas familias son indígenas, aunque también las hay y viven de la recolección de miel y caza, cuenta por su parte Derlis Martínez, un docente de la zona.

La propiedad está registrada en la Dirección General de Registros Públicos como Finca N° 14.565 Padrón N° 10.509 a nombre del Ministerio del Interior y a través de la ley 4.230 del año 2010, se transfirió “a título gratuito” al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), institución encargada de administrar inmuebles del Estado paraguayo en las áreas rurales y adjudicarlos a las familias campesinas, conforme al Estatuto Agrario (Ley 1.866).

Tanto Derlis Martínez como Héctor Acosta narran las innumerables trabas que vienen soportando los pobladores, desde enfrentamientos políticos porque varias autoridades quieren “adueñarse de la causa” hasta intereses económicos, pues van apareciendo supuestos “dueños” de porciones de sus tierras. Un problema común en Paraguay, donde principalmente los sectores vulnerables como de los campesinos e indígenas son los que más dificultades enfrentan para el acceso a la tierra propia, derecho garantizado en la Constitución Nacional pero violado ante la inacción del INDERT y otros entes estatales.

Para graficar la complejidad de la problemática, basta con recordar los datos del Servicio Nacional de Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, donde tienen registrados inmuebles que totalizan una extensión territorial de más de 550.000 km2, mientras que la superficie oficial de Paraguay en total es de 406.752 Km2. Eso, debido a que personas inescrupulosas del sector privado, en connivencia con funcionarios públicos corruptos, consiguen títulos con origen ilegítimo.

Y a esos datos y los relatos de lugareños se suman los documentos que dibujan la historia completa: Hay fuertes intentos por que, en lugar de 20.000 hectáreas, a los pequeños productores les quede una propiedad “mutilada”. A través de una mensura judicial, el INDERT quiso inscribir solo 17.237 hectáreas en los registros oficiales pero el Servicio Nacional de Catastro lo impidió, porque encontró inconsistencias y realizó observaciones. Y además del intento de despojo, dentro de las 17.237 hectáreas se encuentran políticos que dicen ser dueños de partes de la propiedad.

El expediente judicial 66/2015 para esa medición lo tramitó el propio INDERT durante la presidencia del extitular Justo Cárdenas y fue ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Sexto Turno de la Capital, a cargo de la Abog. Gizela María Palumbo Arambulo, Secretaría 11.

Resulta que “no encontraron” 2.762 hectáreas y por eso solo quedaron las 17.237 que intentaron inscribir. ¿Cómo “desaparecen” casi 3.000 hectáreas? ¿Solo en Paraguay ocurre que las tierras “se pierden”? Son algunas preguntas que se hacen los pobladores. El topógrafo Gustavo Caballero Riveros fue el profesional responsable de la mensura y como en otras mediciones que se llevan a cabo en Paraguay, en lugar de asentar en el terreno lo que dice el título -pues una mensura es eso, asentar exactamente lo que indica el título de propiedad-, este topógrafo también decidió descartar miles de hectáreas porque encontró otros supuestos derechos sobre 2.762 hectáreas. Se trata de un proceso que, según el Código Civil, debe definirse en los estrados judiciales. Solamente una sentencia puede definir legítimamente quién tiene más derecho sobre una propiedad cuando hay títulos superpuestos, no un agrimensor, como en este y tantos otros casos se dan. De hecho, la mensura no puede afectar la posesión o la propiedad sobre un inmueble; es una operación técnica para determinar la extensión del título sobre un terreno (Art. 668 del Código Procesal Civil).

“Esperábamos tener tierras a partir de la mensura, pero eso no fue posible”, apunta Martínez mientras va comentando los pormenores de la lucha por los títulos para las familias.

Desde la ley de transferencia en 2010 se trató de hacer la mensura judicial y después, el correspondiente loteamiento. En 2011 se avanzó con el censo de la población y cuando por fin lograron la ansiada medición, resultó en un trabajo considerado irregular, porque no arrojó lo que decía el título.

“Siempre venía gente adinerada, familiares de políticos y trababan la mensura. Tenemos campos comunales que vienen a invadir. Vienen incluso de hacia Filadelfia. No sabemos quién les manda. Nadie vino nunca mostrando título, pero hay gente que consiguió mensura particular del INDERT. Un ingeniero estaba solicitando 8.000 hectáreas y después retrocedió el señor cuando los pobladores se enteraron”, comenta el docente.

Tanto él como Acosta, el expresidente de la Comisión Vecinal, coinciden en mencionar a los mismos políticos como usurpadores de sus tierras. Daniel D’Ecclesiis, pariente del diputado colorado de San Pedro, Freddy D’Ecclesiis, se habría adueñado de unas 3.500 hectáreas. También está el diputado colorado Clemente Barrios, con 300 hectáreas, así como Nardi Gómez, el exdiputado colorado de Presidente Hayes, con 800 hectáreas. Los tres nombres figuran efectivamente en el expediente del Indert sobre el caso (Exp. N° 7.596/08).

“Ellos se nos adelantaron. El problema es que nosotros estamos dispersos. 60% de la población que está hacia el río tiene sus lotes bien amojonados. El otro 40%, no. Y cuando le reclamábamos al INDERT (esta situación), nos decía que no podía hacer nada porque no está inscripto todavía (el inmueble a nombre del INDERT) y nos íbamos al Ministerio del Interior y nos decían: ‘Pero nosotros ya transferimos’. Se pasan la pelota”, comenta Acosta.

El plano de la mensura muestra otros datos que aportan complejidad a la historia, ya que indica quiénes son colindantes e incluso, algunos también se encuentran dentro de la propiedad en disputa. Están: Los Fariña hacia el Norte; Rancho Alegre hacia el Sur; hacia el Oeste el Grupo Cartes del expresidente de la República con su estancia Cerro Guazú hoy Niña Pora; hacia el Este, Estancia Campo Verde.

Acosta apunta además que José Domingo Adorno, gobernador de Alto Paraguay, es miembro de la Junta Asesora del INDERT en representación del Consejo de Gobernadores “y lastimosamente no dice nada, él no hizo nada por nosotros durante su mandato. Solamente por Casado que es su localidad”. Y como si el intento de robo de sus tierras fuera poco, los pequeños productores deben soportar las rencillas políticas en la zona, donde las autoridades se disputan quién se embandera con la causa para captar eventuales votantes. “Lastimosamente en nuestro departamento hay puja política, entre el gobernador (José Domingo Adorno) y la diputada Marlene Ocampos. Si le pedimos favor a uno, el otro ya se enoja. Y al final ninguno de los dos está”, añade.

Por ahora, la regularización de las tierras sigue postergada, pues el caso está varado en INDERT, donde ni siquiera autorizaron la renovación de la comisión vecinal solicitada en febrero de 2020 a través de una nota. Los pobladores creen que eso no es casualidad, pues la comisión impulsa la regularización pero eso va en contra de otros poderosos intereses.

En la dirección de la Región Occidental del Indert se encuentra el expediente N° 7.596 del año 2008 “Comisión Colonia Puerto La Esperanza”. En la carpeta constan denuncias contra algunos de esos ocupantes irregulares, como la que se hizo en 2016 contra Daniel D’Ecclesiis por supuestamente haber mandado quemar viviendas de lugareños. Sobre esto hubo publicaciones periodísticas en medios de alcance nacional.

La directora general de la Región Occidental del Indert, Liz González, señala sobre el expediente que efectivamente se encuentra paralizado. El último movimiento registrado fue la designación como encargada del caso a la abogada Blanca Arana, directora jurídica, el 9 de junio, comenta. “Por la pandemia también se estaban atrasando todos los trámites y quedó hasta ahora prácticamente parado. Hoy nos encontramos con un cambio de autoridades (en la Dirección Occidental) y estamos con trámites paralizados hasta nuevo aviso, así que por ahora el expediente no se va a mover”, señala.

No es una respuesta que los pobladores del ex Puerto Sastre desconocieran y ante esta realidad, hoy no saben a qué instancias recurrir, pues casi todas las puertas les fueron cerradas. Ya vivieron lo mismo en 2019, durante el actual Gobierno, cuando la Comisión de Tierras de la Cámara de Diputados pidió al INDERT informe sobre el caso. El ente agrario respondió, enviando un breve resumen, pero los trámites quedaron allí en simple intercambio de información, sin que sirviera para ayudar a los pequeños productores, que siguen esperando el loteamiento de 100 hectáreas por familia, tal y como establece la ley que los hizo “beneficiarios”.