La Revista Acción, del Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch (CEPAG) publica un artículo elaborado por el área de comunicación de la FAPI, sobre la realidad que viven las comunidades indígenas en Paraguay en este tiempo de pandemia. A continuación, el texto completo:
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Esta pandemia sacó a la luz situaciones concretas de exclusión social vividas desde hace mucho tiempo por las comunidades indígenas de Paraguay. En este contexto empeoró la situación que ya estaba mal y totalmente invisibilizada. Hoy, más que el Covid 19, los virus que amenazan con fuerza a las comunidades son el hambre, la falta de agua, la discriminación y el acceso a políticas públicas claves que han sido postergadas y cuyo incumplimiento hoy golpea más fuerte que nunca.
Guillermo Fernández es líder de la comunidad Paz del Chaco, del pueblo Enlhet Norte, ubicada en el distrito de Teniente Irala Fernández (departamento de Presidente Hayes, Chaco). Está preocupado, angustiado, ya no sabe qué hacer. Porque además de la situación de hambre, de la falta de trabajo que se acentuó desde el inicio de esta pandemia en su comunidad, debe lidiar con la falta de agua. Desde hace seis meses no llueve en su zona, lo que significa que en todo este tiempo no se pudieron llenar sus aljibes. Allí ese mensaje que insta a “lavarse las manos frecuentemente” es una idea lejana, que no se cruza para nada con la realidad. Las 278 familias que viven en Paz del Chaco toman agua del tajamar, sin ningún tipo de tratamiento. Así de contaminado y sucio como esté ese líquido vital. Esa misma agua la gente utiliza para lavar su ropa y bañarse.
“Nosotros no tenemos miedo del coronavirus. Lo que nos da miedo es lo que está pasando en nuestras comunidades ahora y cómo vamos a terminar. Lo que nos da miedo es ese decreto del gobierno que prohíbe salir de la comunidad, porque desde entonces muchos se quedaron sin trabajo, y tampoco el gobierno nos dio una respuesta efectiva ante el hambre, la falta de agua y la necesidad que hay en la comunidad”, señala don Guillermo con mucha indignación.
Agrega que siempre busca la forma de lograr que su comunidad pueda consumir agua potable, pero hasta hoy eso sigue siendo una utopía. “Tomamos agua sucia, así como está en el tajamar”, dice como rendido don Guillermo, cuya comunidad está dentro del 85% de la población total de personas pertenecientes a los 19 Pueblos Indígenas de Paraguay (117.000 personas) que no tienen acceso a agua corriente (Censo Indígena 2012).
Del otro lado del país, hacia el sur, en el departamento de Itapúa, Alberto Vázquez, presidente de la Asociación de Comunidades Indígenas de Itapúa (ACIDI), que aglutina a 25 comunidades indígenas de la zona, coincide con don Fernández en que con esta pandemia los Pueblos Indígenas están en una situación de abandono y que el gobierno no da ninguna respuesta concreta al respecto. “El gobierno está produciendo más pobreza extrema. No puede ser que de los 1.600 millones de dólares del préstamo que hizo no hayan previsto una asistencia plena para las comunidades, por lo menos para entregar víveres una vez por mes. Desde que entramos en cuarentena en Paraguay (el 11 de marzo de 2020) solo una vez recibimos kits de alimentos, que alcanzó para 20 días”, dice Vázquez.
Agrega que ya se trata de una situación extrema la de dejar abandonados a los Pueblos Indígenas en este tiempo de pandemia. “Tenemos incertidumbre general. No hay una aclaración de la situación o de la existencia de alguna estrategia por parte del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) o de alguna entidad del gobierno. Los miembros de nuestras comunidades aún no pueden salir a hacer changa y el autoconsumo es limitado. Es realmente preocupante la situación que estamos viviendo en las comunidades indígenas de Paraguay”, denuncia Vázquez.
Por su parte, Cándido Vinz, presidente de la Organización del Pueblo Enlhet Norte (OPEN), del Chaco, quien vive en la comunidad Armonía, vaticina que si el virus llegara a entrar a las comunidades sería el fin. “Si llegara el coronavirus a nuestras comunidades estamos fritos, porque no hay un centro de salud, ni medicamentos, ni mucho menos terapia intensiva, ni la manera de llegar rápido al hospital”.
El anuncio de Vinz no está lejos de la realidad en cuanto a lo que se refiere al acceso al derecho a la salud de los Pueblos Indígenas en Paraguay. En su investigación “Desigualdades que enferman y matan” (diciembre de 2018) el doctor Guillermo Sequera señala que la esperanza de vida de la población indígena es de 37 años, en tanto que la media de vida de los no indígenas es de 68 años, habiendo 30 años de diferencia. Además, demuestra que las causas de las muertes de la población indígena para el 2015 guardaron similitud con una lista de los principales motivos de defunción de la población general del Paraguay pero del año 1930.
Un doloroso panorama
La realidad que se vive en las comunidades golpea fuerte. Don Felipe Fernández, presidente de la Asociación Angaité, de la comunidad La Patria, ubicada en el departamento Presidente Hayes, Chaco, lo testimonia. Para llegar a su comunidad se debe entrar una hora y media de camino de tierra desde la ruta. Desde que se inició la cuarentena ya no hay trabajo. Ante ese panorama de necesidad las instituciones del Estado tampoco dieron una respuesta. Comenta don Felipe, que la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) les entregó en el mes de mayo, 18 kilos de alimentos para cada una de las familias de las 18 aldeas que conforman la comunidad La Patria, pero que se terminó muy pronto. Fue la primera y la última vez que recibieron los kits de ayuda de parte del gobierno.
Realidad sin agua y con discriminación
Osorio Losa, presidente de la Federación Regional Indígena del Chaco Central (FRICC), quien reside en la comunidad indígena Yalve Sanga, donde viven 2.200 personas, señala que la situación que más les está afectando actualmente es la falta de agua, que no es un tema propio de esta pandemia sino de cada año.
“Usamos nuestro propio tractor para acarrear el agua, que es un sistema muy lento. Y lo hacemos así cuando no conseguimos que la Gobernación de Boquerón nos preste su camión cisterna. Con el tractor llevamos el agua de tajamar y a los siete aljibes, de 10.000 litros cada uno, que tenemos en la comunidad. Es diferente el gusto, pero ya nos acostumbramos. De allí la gente quita su agua para tomar y para bañarse. Tres días más o menos dura el agua de cada aljibe ya que se utiliza mucho”.
Añade que desde hace diez años escuchan que estará garantizada el agua en las comunidades del Chaco, a través del proyecto Acueducto, del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), pero esa propuesta jamás llegó para ellos. Además de la falta de agua, en este tiempo de pandemia vivieron situaciones de emergencia alimentaria y también de racismo y discriminación. “Eso me duele un poco”, señala Osorio.
A inicios de mayo un miembro de la comunidad de Osorio fue a cazar palomas en la propiedad de un menonita de la zona para poder alimentar a su familia ante la difícil situación de hambre por la que estaban atravesando desde que se inició la cuarentena. Pero antes de salir del lugar llegó la Policía y, según la denuncia, comenzaron a efectuar disparos contra él. Lo arrestaron y le llevaron preso a la comisaría, donde estuvo por tres horas, lo despojaron de su escopeta y de una moto. Tuvo que padecer toda esta situación pese a que los Pueblos Indígenas tienen derecho a ejercer su economía tradicional en sitios que son parte de su territorio ancestral.
Así también en el mes de abril una persona de nombre Dennis Kehler, de Loma Plata (Boquerón, Chaco), publicó un mensaje en el Facebook considerando a los Pueblos Indígenas “una plaga” y donde también cuestiona la ayuda que se les da: “ellos no hacen una mierda… solo venden su cédula para las elecciones”, señalaba entre otros reclamos.
El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), de la ONU, había llamado la atención al Estado paraguayo, en su informe de agosto de 2016, por la discriminación estructural que siguen sufriendo los Pueblos Indígenas en Paraguay. En ese entonces había recomendado al Estado que adopte “una política nacional integral de lucha contra el racismo y la discriminación racial que promueva la inclusión social y reduzca la desigualdad y pobreza que afectan a los pueblos”. Hasta hoy esa recomendación sigue en los papeles.
Un desafío
El 36% de la población indígena no lee ni escribe, el 31,2% no tiene energía eléctrica… Detrás de esas cifras desalentadoras y dolorosas y de las historias presentadas en este artículo hay personas de carne y hueso que están sufriendo el contexto que hay detrás de esa exclusión, de esa postergación del cumplimiento de sus derechos básicos.
Esas historias no merecen ser vividas por seres humanos, por personas, de carne y hueso, con sueños, sentimientos, sobre todo, con derechos. Se necesita un cambio estructural para que la realidad, la vida de las personas que pertenecen a los diferentes Pueblos Indígenas en Paraguay, sea diferente, plena y digna.
Artículo publicado en la Revista Acción, del mes de julio.
Texto: María José Centurión-FAPI.
