Unas 28 organizaciones de la sociedad civil y del medioambiente de diferentes países, entre ellas la FAPI, firmaron una carta de pedido de no criminalización a defensores y defensoras de derechos humanos.
Esta carta abierta insta a las empresas de bienes de consumo a revelar y explicar plenamente su proceso de diligencia debida en la cadena de suministro con respecto a Energy & Palma, una empresa ecuatoriana de aceite de palma. Energy & Palma ha abierto una Demanda Estratégica contra la Participación Pública (SLAPP) contra los líderes de la comunidad de Barranquilla de San Javier después de que intentaran defender sus tierras de la invasión de la empresa de aceite de palma.
Después de que las protestas fueran violentamente reprimidas, la empresa presentó una demanda judicial contra los líderes de la comunidad para obtener una compensación de 320.000 dólares por la supuesta pérdida de la cosecha de palma, y un juez ordenó posteriormente a cuatro defensores de los derechos de la tierra de la comunidad que pagaran 151.000 dólares a Energy & Palma.
La carta, firmada por 28 organizaciones de la sociedad civil y del medio ambiente, destaca que empresas multinacionales como Nestlé, Pepsi, Kellogg y General Mills tienen relaciones directas de abastecimiento con Energy & Palma y el grupo La Fabril y, por tanto, tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y las normas medioambientales.
A continuación, la carta in extensa.
Carta abierta de la sociedad civil a las empresas de bienes de consumo en relación con la demanda estratégica contra la participación pública de una empresa de aceite de palma en Ecuador
Les escribimos para solicitar su compromiso en relación con los graves daños ambientales y de derechos humanos que se están produciendo en relación con las operaciones de Energy & Palma, que forma parte del grupo La Fabril, su planta de aceite de palma Extractora San Carlos y sus proveedores y socios comerciales. Entendemos que varias empresas multinacionales, como Nestlé, Pepsi, Kellogg y General Mills, tienen relaciones directas de abastecimiento con Energy & Palma y el Grupo Fabril y, por tanto, tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y las normas medioambientales.
Grupos de la sociedad civil de Ecuador nos han planteado su preocupación por las acciones legales emprendidas por la empresa de aceite de palma Energy & Palma contra los defensores de los derechos humanos de los afrodescendientes en la provincia de Esmeraldas.
La comunidad afroecuatoriana de Barranquilla de San Javier se constituyó como comuna en 1997. En el año 2000 se le concedieron títulos de propiedad sobre 1500 hectáreas de territorio comunal. Los miembros de la comunidad empezaron a defender su territorio ancestral de las empresas de aceite de palma que estaban deforestando zonas del bosque del Chocó. La comunidad se ha visto seriamente afectada porque sus fuentes de sustento, principalmente relacionadas con el bosque, han desaparecido tras la deforestación provocada por la empresa para sustituirla por el monocultivo de palma. La comunidad ha denunciado que los ríos de los que dependen han sido contaminados por los efluentes tanto de la plantación como de la fábrica de aceite de palma, causando impactos permanentes en su salud.
A finales de 2019, los miembros de la comunidad de Barranquilla de San Javier realizaron protestas pacíficas, incluyendo el bloqueo de una ruta de acceso, para exigir que la empresa de aceite de palma Energy & Palma se retirara de las 251 hectáreas que había invadido dentro del territorio de la comuna, devolviera la tierra, dejara de contaminar sus fuentes de agua y dejará de deforestar el Bosque del Chocó.
Después de que las protestas fueron reprimidas violentamente, la empresa presentó una demanda judicial contra los líderes de la comunidad, exigiendo una indemnización de 320.000 dólares, por su cosecha de palma supuestamente perdida durante la acción llevada a cabo por la comunidad de Barranquilla de San Javier. El 8 de septiembre de 2021, el juez Fernando Saldarriaga, de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, ordenó a cuatro defensores del derecho a la tierra de la comunidad de Barranquilla de San Javier el pago de 151.000 dólares a Energy & Palma.
Los acusados mantienen su inocencia, habiendo demostrado en el juicio que Energy & Palma tenía al menos cuatro alternativas para sacar la palma de su plantación. La comunidad y las organizaciones locales han denunciado este caso como un acto de intimidación destinado a impedir que lleven a cabo las denuncias medioambientales contra la empresa, las reclamaciones legales que tienen sobre su territorio y el agotamiento de los recursos de la comunidad. Al convertirse en firme la sentencia, sentaría un preocupante precedente para los defensores y las comunidades afectadas por las operaciones e inversiones de la agroindustria en todo el país y tendría un efecto amedrentador más amplio, disuadiendo a los líderes comunitarios y a otras personas de denunciar los abusos contra los derechos humanos cometidos por las empresas de plantaciones industriales y de extracción.
Dados los graves daños y riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente relacionados con las operaciones de Energy & Palma, solicitamos respetuosamente que Nestlé, Pepsi, Kellogg y General Mills revelen y expliquen plenamente su proceso de diligencia debida en la cadena de suministro con respecto a Energy & Palma, la planta de aceite de palma Extractora San Carlos, el Grupo Fabril y sus proveedores y socios comerciales, prestando especial atención a la protección de los derechos humanos, los derechos de las comunidades a la tierra y los defensores del medio ambiente. Les instamos a que suspendan inmediatamente el abastecimiento de Energy & Palma y a que lleven a cabo una investigación sobre las acciones emprendidas contra los defensores de los derechos humanos medioambientales. Las empresas multinacionales de bienes de consumo deben tomar las siguientes medidas
- instar a Energy & Palma a retirar todos los cargos contra los defensores de los derechos humanos
- investigar la propiedad legal y consuetudinaria de las tierras reclamadas por Barranquilla de San Javier, y restituir estas tierras a los demandantes de la comunidad, en caso de que se encuentren irregularidades;
- articular y adoptar un conjunto claro de políticas y procedimientos para exigir al Grupo La Fabril y a todos los proveedores que garanticen la Tolerancia Cero con la violencia, la intimidación y la criminalización de los defensores de los derechos humanos medioambientales.
Organizaciones e individuos adherentes:
- Amazon Watch
- Asia Indigenous People’s Pact (AIPP)
- ASM Law Office, Indonesia
- Comisión de Justicia y Paz, Colombia
- COSPE, Italy
- CRED-GIGI, Italy
- La Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), Paraguay
- Forest People’s Programme (FPP), UK
- Friends of the Earth USA
- Front Line Defenders
- Indigenous Peoples Partnership (IPP), Myanmar
- Indigenous Peoples Rights International (IPRI)
- International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)
- ISCOS-CISL, Italy
- The Lawyers’ Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples (LAHURNIP), Nepal
- Michel Forst, Former UN Special Rapporteur on the Situation for Human Rights Defenders
- Observatorio Ciudadano, Chile
- Project HEARD, Netherlands
- Rainforest Action Network (RAN)
- Sierra Leone Land Alliance, Sierra Leone
- Sin Olvido Tierra, Colombia
- Somos Génesis, Colombia
- Un Ponte Per, Italy
- YAKU, Italy
- Tebtebba (Indigenous Peoples International Center for Policy, Research and Education)
- Salva la Selva, España
- Rettet den Regenwald, Alemania
- Entrepueblos-Entrepobles-Herriarte-Entrepobos, Estado Español
