El 30 de septiembre se cumple un año del violento desalojo sufrido por miembros de la comunidad Sauce, del Pueblo Ava Guaraní, del Sub-grupo Paranaense, que se encuentra articulada como parte de la Asociación de Comunidades Indígenas Guaraníes de Alto Paraná (ACIGAP), organización miembro de la FAPI. La comunidad Sauce hasta hoy sigue sufriendo el abandono y el olvido de parte del Estado, en especial del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).
Ante esta situación, organizaciones indígenas junto a otras que apoyan y acompañan este proceso, se aliaron en la búsqueda de visibilizar esta situación y buscar encontrar una salida ante este lamentable hecho de violación a los derechos fundamentales de esta comunidad indígena. Para el efecto, se creó la plataforma http://www.tekohasauce.org/ que busca sensibilizar a las principales autoridades nacionales y a los ciudadanos sobre este caso y lograr el apoyo a través de firmas que se harán llegar a los representantes del Estado.
La página, publica además una carta abierta dirigida a las autoridades en la que se explica el proceso que se llevó adelante tras el violento desalojo ocurrido en septiembre de 2016 y la situación de abandono en la que se encuentra actualmente la comunidad.
«Luego del segundo desalojo se conformó una mesa con autoridades nacionales, en cuyo espacio decidieron participar en la esperanza de encontrar respuestas concretas a sus demandas de restitución territorial y de asistencia humanitaria. A la fecha se hicieron, numerosas reuniones pero sin avances concretos, respecto a la asistencia humanitaria con alimentos y el pedido de reconocimiento formal de Cristóbal Martínez, como líder de la comunidad», señala la misiva.
Agrega y recalca además todos los procedimientos realizados por don Cristóbal Martínez, líder de la comunidad Sauce necesarios para obtener este reconocimiento por parte de su entidad, tal como lo establece la Ley 904/81 Estatuto de las Comunidades Indígenas. «Sabemos que en febrero de 2017 el Juzgado de Garantía del Cuarto Turno de la Capital, admitió a trámite el pedido de Amparo judicial de pronto despacho de reconocimiento de Líder y ayuda humanitaria, promovido por la Comunidad».
Ante el mismo, la Corte en su causa N° 2017/127 resolvió hacer lugar al Amparo Constitucional e intima al INDI a pronunciarse sobre el reconocimiento del líder de la Comunidad.
«Sin embargo, inexplicablemente el INDI, sigue desconociendo este pedido de primario cumplimiento. Esta falta de respuesta, nos hace interpretar o que no le interesa el caso o por alguna otra razón que desconocemos, el ente rector del Ejecutivo encargado de atender los asuntos indígenas no está cumpliendo lo que en derecho corresponde, lo que le hace prisionero y responsable de esta situación».
Destaca la carta que permitir que la comunidad continúe en esta situación es extremadamente cruel y que el presente y futuro de las familias indígenas de la Comunidad Sauce está en manos del ejecutivo. Asimismo, solicitan que el INDI, como entidad rectora para atender u orientar el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el Paraguay priorice la atención a esta comunidad, hoy día abandonada a su suerte en las tierras de la “Reserva Limoy” de la Itaipú Binacional, espacio a que accedieron, luego de ser desalojados el 30 de septiembre del 2016.
Asimismo, instan respetuosamente al presiente de la República a que como máxima autoridad corrija esta gravísima vulneración de los derechos humanos a la Comunidad Indígena Tekoha Sauce y de respuesta en brevedad posible a las demandas de ayuda humanitaria y reconocimiento de líder, paralelamente al problema de fondo que es la restitución de al menos 1047 hectáreas de sus tierras ancestrales tal como lo garantiza la normativa nacional e internacional en favor de los pueblos indígenas del país.
«Sauce y las otras 35 comunidades afectadas con la construcción de la Itaipú Binacional a la fecha no fueron debidamente indemnizadas, ni reparadas ni siquiera parcialmente. Este desplazamiento forzoso y sin reparación es una deuda que alguna vez se debe saldar y reparar por parte del Estado paraguayo, dado que la violación a los derechos humanos fundamentales no prescribe ni se olvidan en el tiempo, aquí y en cualquier parte del mundo», señala el documento.
En el mismo se describe además que que la discriminación estructural que sufren los pueblos indígenas del Paraguay ha sido observada expresamente en el último año, tanto por la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, así como por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés), organismos no convencionales y convencionales de Naciones Unidas, respectivamente, además de otros órganos internacionales de monitoreo que se han expresado en términos similares. Esta discriminación se traduce en graves violaciones a los derechos humanos a los pueblos indígenas, tanto por acción u omisión, por parte del Estado paraguayo.
