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Presidente de la ACIDI en la ONU: «Recomiendo a los Estados de Paraguay, Brasil, Bolivia y Argentina reconocer la existencia de la Nación Guaraní»

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Alberto Vazquez, presidente de la Asociación de Comunidades Indígenas de Itapúa (ACIDI), organización miembro de la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), se encuentra participando desde ayer, miércoles 18 de septiembre, en representación de la Nación Guaraní, de Paraguay, de la 42ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra (Suiza).

Durante su discurso, felicitó a la Relatora, Victoria Tauli Corpuz, por su informe de acceso a la justicia indígena y por hablar de los derechos de los Pueblos Indígenas más allá de las fronteras.

«Como representante de la Nación Guaraní, de Paraguay recomiendo a los cuatro estados partes que han ratificado el Convenio 169, de la OIT, Paraguay, Brasil, Bolivia y Argentina, que reconozcan, a través de su cancillería la existencia de la Nación Guaraní», señaló Vázquez.

Agregó que si ese reconocimiento se diera se podría iniciar así y articular un proceso de diálogo y decisión para garantizar los derechos fundamentales de la Nación Guaraní en los siguientes puntos:

Reconocimiento de los territorios ancestrales, que guardan los lugares sagrados, ríos, bosques, humedales, medicinas tradicionales y el Acuífero Guaraní, la segunda reserva de agua dulce más grande del mundo, entre otros.

El reconocimiento del libre tránsito como pueblo transfronterizo, para que puedan libremente andar a través de su propia identidad.

El reconocimiento oficial desde los Estados partes, de la deuda histórica que tienen con los pueblos guaraníes por el daño ocasionado por dos grandes Represas Hidroeléctricas: Itaipú, entre Paraguay y Brasil y Yacyretá, entre Paraguay y Argentina.

«En este sentido, vemos como un logro en este proceso que la procuraduría general de Brasil reconozca oficialmente la deuda que tiene la hidroeléctrica Itaipú con los pueblos guaraníes. Por último, solicito que los Estados garanticen un acceso total a la justicia igualitaria con otros de la sociedad dentro del estado de Derecho».

 

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