La Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) denuncia y repudia públicamente la grave violación de los derechos humanos sufrida en fecha viernes 30 de setiembre, por los miembros de la Comunidad Indígena Sauce, del Pueblo Ava Guaraní, del Sub-grupo Paranaense, que se encuentra articulada como parte de la Asociación de Comunidades Indígenas Guaraníes de Alto Paraná (ACIGAP) miembro de nuestra federación; siendo sus perpetradores efectivos de la Policía Nacional, funcionarios judiciales, fiscales y del Poder Ejecutivo, acompañados de civiles que ejercitaban violencia con su aquiescencia.
Desde la FAPI, iniciamos acciones contra este repudiable hecho, siendo una de ellas una comunicación de urgencia a la Relatora Especial para Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, Victoria Tauli Corpuz, enviada en la fecha de este domingo 2 de octubre; y durante el transcurso de esta semana estaremos realizando otras comunicaciones a diferentes órganos de la ONU, así como también a nivel local.
Los hechos
Respecto a los hechos sucedidos, la Comunidad Indígena Sauce se encontraba asentada sobre las Fincas Nº 1381 del distrito de San Alberto y Nº 8771 del de Hernandarias, en una superficie de 1047 Has que forman una parte del territorio reivindicado por los Avá Guaraní, y sobre las cuales desde hace bastante tiempo se encuentran reclamando la legalización de parte de su territorio en reparación por el desplazamiento y despojo sufridos por la construcción de la Hidroeléctrica Itaipú. En el contexto de la lucha que sostienen, con anterioridad al desalojo han sido constantemente coaccionados por el personal y quien se presenta como propietario de los inmuebles reivindicados, el Señor German Hutz, a que desalojen dichas tierras.
El día viernes 30 de setiembre señalado, la comunidad ha sido desalojada en cumplimiento de una Orden de Desahucio, identificada como S.D. N° 107 de fecha 10 de agosto del presente año, emitida por el Juzgado de Primera Instancia Interino e Interinante en lo Civil y Comercial, Laboral, de la Niñez y la Adolescencia de la Circunscripción Judicial del Alto Paraná, en los autos caratulado “GERMAN HUTZ S/ INTERDICTO DE RETENER LA POSESION”. Dicho proceso judicial fue tramitado con claras y absolutas violaciones de derechos fundamentales de la Comunidad Sauce consagrados en nuestras normativas de carácter constitucional, como el de la defensa en juicio; por ello la Comunidad hace un par de semanas ha iniciado una acción autónoma de nulidad contra la susodicha sentencia.
Empero la acción interpuesta por la Comunidad, la orden de Desalojo fue llevada adelante por el Cuerpo de Élite de la Policía Nacional, especializado para dicho fin, con el acompañamiento fiscal y de funcionarios del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), órgano dependiente del Poder Ejecutivo, paradójicamente establecido para la protección de los derechos indígenas. Los agentes del Estado como los particulares que acompañaron el desalojo, actuaron con total arbitrariedad, no habiendo adoptado medida alternativa alguna con anterioridad que no comporte el uso de la fuerza pública, o la de buscar algún acuerdo con los miembros de la Comunidad Sauce a fin evitar la traumática situación; sino al contrario, funcionarios del INDI apenas han acompañado a la comitiva que debía realizar el desalojo para otorgar apoyo logístico para el eminente traslado de los indígenas de su asentamiento.
A mediados de setiembre del 2015, justamente la Relatora Tauli Corpuz ha enviado sus recomendaciones al Estado Paraguayo. Fruto de su visita y estadía realizadas en nuestro país, en esa misma oportunidad, la Cancillería del Paraguay como portavoz del Gobierno nacional, se ha comprometido en concretar grupos de trabajo para iniciar un proceso de diálogo en relación a los impactos y víctimas de traslado forzoso por las construcciones de las Hidroeléctricas. Estecompromiso nunca fue honrado por parte de este Gobierno. La única respuesta real recibida por parte de las víctimas de las hidroeléctricas ha sido el desalojo, despojo y violencia.
Peor aún, el director jurídico del Instituto Paraguayo del Indígena ha acompañado este procedimiento policial para el cumplimiento del Oficio de Desahucio, que desde todo punto de vista ha sido ilegal conforme el Derecho Interno a la vez que un ilícito internacional, resultó en la violación una vez más por parte del Estado de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas, y de los compromisos libremente asumidos por el gobierno ante la Relatoría Especial para Pueblos Indígenas.
Este caso no es un episodio aislado sino se sitúa en un contexto en el que el INDI, en especial esta administración, se ha caracterizado por violar los reconocimientos asumidos, contraviniendo la garantía de progresividad en derechos humanos que ha conquistado el Pueblo Ava Guaraní, en especial los paranaense, pues a principio de año se ha derogado a través de una Resolución emanada en el 2016 1 un reconocimiento de la Deuda histórica del Estado Paraguayo con los Ava Guaraní por la construcción de la represa Itaipú . El pueblo se encuentra recurriendo en instancias administrativa de revisión y revocación de la Resolución que viola sus derechos humanos.
Como se puede observar con este hecho, la discriminación estructural sigue vigente en el país, visibilizándose en acciones que afectan a los Pueblos Indígenas, y hasta se puede afirmar que los mecanismos de supervisión de las recomendaciones no se efectivizan en el Paraguay.
